Marcelo Ostria Trigo
No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que en la Bolivia del Movimiento al Socialismo, MAS, para evitar ser castigado políticamente con un proceso judicial, no hay que contrariar al “orwelliano” Gran Hermano ni a su cohorte de partidarios. Los que no perciben esto, seguramente van a ser, tarde o temprano, enjuiciados con la complicidad de funcionarios “funcionales” –así se llama ahora a quienes están dispuestos a desempeñar ese papel reprochable.
Parece que la condición de militante del oficialismo libra de este tipo de castigo político ahora en boga, y es una coraza protectora para los que forman parte de los llamados movimientos sociales. Claro que se dirá que también se ha enjuiciado –está en la cárcel– a un pez gordo de la corrupción organizada, que fue senador y alto dirigente del Movimiento al Socialismo: el ex presidente de Yacimientos Fiscales Bolivianos, Santos Ramírez. Pero una sola golondrina no hace verano; es la excepción que confirma la regla.
Para la persecución judicial de adversarios políticos y aun de los que son antipáticos para los encumbrados, el régimen necesitaba dominar dos espacios: los tribunales de justicia y el Ministerio Público que, hasta hace unos años, comenzaba a actuar con independencia. Este plan de dominar al poder judicial, se hizo notorio con la designación irregular de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, por el presidente, obviando la necesaria intervención del poder legislativo.
No es extraño, entonces, que los recién electos gobernadores de Santa Cruz, Tarija y Beni, y la ex prefecta de Chuquisaca, todos opositores al gobierno, sean los únicos funcionarios de tal rango en ser enjuiciados por un gran número de delitos imaginarios supuestamente cometidos durante sus gestiones. Sus colegas “masistas” en similares funciones no tienen juicios, por lo que serían, entonces, ejemplos de corrección. Pero éste no es el caso, ya que equivaldría a afirmar disparatadamente que todos los malos son opositores y todos los buenos son oficialistas, o a la inversa.
Pero hay más: si alguien con trayectoria pública tuviera la intención de actuar en la política nacional con una propuesta distinta al socialismo que proclama el gobierno –lo que sería ejercitar un derecho consagrado- debería saber que se usaran contra él toda clase de armas innobles: se le inventará delitos y se distorsionarán hechos para someterlo a un proceso judicial impulsado por el gobierno, con todas la ventajas; y no habrá el debido proceso, ni se lo someterá al juez natural. Se llegará a la torpeza de ordenar que se hurgue todo y que se tuerzan supuestos hallazgos e indicios, para “castigar”, con un juicio, la osadía de ser opositor. En los casos de ex altos funcionarios del estado, el abuso es ostensible. Parece que hay afanes de revancha por inexistentes agravios.
En todo esto hay un profundo desprecio por el honor de las personas. Al final, se pensará: qué más da si a los acusados no se les puede probar delito alguno, si de todas maneras se les daña la dignidad, y así se les puede bloquear cualquier aspiración política.
En esto no hay errores, como el que sufrió el capitán Dreyfus. Se trata de acciones deliberadas. Algunas aceleradas y otras intencionalmente lentas para hacer que la incertidumbre sea la que mine voluntades.
En esta situación los bolivianos seguramente se preguntan: ¿a quien le tocará el turno de enfrentar una acusación falsa, un juicio injusto, una vendetta perversa, o una calumnia sin sentido?