UN enjuiciará a Llorenti y Nina por los linchamientos de Uncía

El Ministro, la Policía y la Fiscalía habrían incumplido sus deberes según la oposición. La diputada Elizabeth Reyes dijo que UN se constituirá en parte del proceso penal contra estas autoridades.

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Los «ayllus» (clanes) indígenas del departamento de Potosí que asesinaron a los agentes entregaron los cadáveres a sus familias el viernes en Uncía, donde se perpetró el crimen.



EL DÍA, 5 de Junio, 2010

Acusan a Llorenti de incumplir su función

El Ministro, la Policía y la Fiscalía habrían incumplido sus deberes según la oposición.

Los legisladores de la oposición afirmaron ayer que las autoridades del Ministerio de Gobierno, la Policía y Fiscalía, «incumplieron sus deberes» al permitir que hayan sido los familiares de los 4 policías asesinados en Saca Saca, Uncía, quienes posibilitaron la recuperación de los cadáveres, tras comprometerse a no iniciar un juicio a los comunarios responsables de esas muertes.

La diputada de Convergencia Nacional y abogada penalista, Norma Piérola, calificó de negligente la posición asumida en este caso por el ministro Sacha Llorentty y el Ministerio Público, pues con estos crímenes se ha creado un nefasto antecedente, pues a título de justicia comunitaria se encubrirán los asesinatos.

Por su parte, la diputada de Unidad Nacional, Elizabeth Reyes, aseguró, que su partido se constituirá en parte coadyuvante para iniciar un proceso penal en contra del ministro de Gobierno, Sacha Llorentty y el Comandante de la Policía, Óscar Nina por permitir a las familias asumir las negociaciones.

Por su parte, el dirigente del Consejo de Ayllus y Marcas del Qullasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, aclaró que el asesinato de cuatro policías en Saca Saca norte de Potosí el pasado 23 de mayo «no es justicia comunitaria, sino es una consecuencia de la falta de presencia del Estado Plurinacional y de autoridad» /ANF

El cuarto murió hace tres días

Un informe preliminar del forense de Oruro, Vilma Gabriel, quien estuvo a cargo de las autopsias a los cuerpos de los cuatro policías linchados en Uncía, reveló ayer que uno de los efectivos recién perdió la vida hace tres días. “La forense pudo establecer preliminarmente que tres de las víctimas tienen una data de unos 10 días (de muerte) según los signos que se encontraron en sus cuerpos y uno de ellos data de una muerte de aproximadamente tres días”, dijo Antonio Torres Balanza, director nacional de IDIF /ERBOL

UN enjuiciará a Llorenti y Nina por los linchamientos de Uncía

La Prensa 

La Paz/ ANF.- La diputada de Unidad Nacional Elizabeth Reyes aseguró ayer, en conferencia de prensa, que su partido se constituirá en parte de un proceso penal contra el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y el comandante de la Policía, Óscar Nina, además de las personas que permitieron que los familiares de los policía linchados en los ayllus de Uncía firmaran un documento en el que expresan su decisión de no enjuiciar a los responsables del asesinato de cuatro efectivos en Uncía, Potosí.

La diputada está convencida de que las autoridades del Gobierno son responsables y cómplices de lo que pasa en el país, ya que cualquier bolivianos puede entender lo que significa firmar un documento de desistimiento con los asesinos. Añadió que sólo en este país se permite eso.

“El país ha sido testigo del abuso de algunos delincuentes que en nombre de justicia comunitaria han cometido atrocidades como es el caso del asesinato de los policías en los ayllus de Uncía y hemos visto cómo las familias han suplicado y rogado para que el Gobierno actúe en la devolución de los cuerpos”.

Criticó el hecho de que el Gobierno felicite la devolución de los cuerpos para lo que nada hizo y también reprochó la falta de iniciativa al dejar que se produzca un nuevo atropello que sufrieron las familias al ser obligadas a firmar un documento para no investigar y denunciar el hecho.

UN pide que la Policía intervenga de forma inmediata en la zona y se quede mientras el Ministerio Público hace las investigaciones hasta dar con los culpables. Además pidió que, de ninguna manera, se acepte que las autoridades tomen el caso como justicia comunitaria, ya que el acto no es más que un asesinato vil y cruel.

La diputada preguntó a los administradores de justicia y al Gobierno ¿desde cuándo en el país los asesinatos se negocian?, y si los bolivianos y bolivianas aún cuentan con derechos humanos, pues no se sabe si el Estado protege los derechos de todos.

Opiniones

“Hay un descontento de los pueblos indígenas pobres con el Estado. Me da la impresión de que cualquier Gobierno hubiera fracasado, porque tiene que imponer la ley y esas regiones campesinas han tenido poca presencia del Estado. Hubo una actitud poco conducente a la paz por algunas autoridades y una actitud arrogante con la que han querido imponer el orden, la ley y la presencia del Estado; perjudicó la negociación. (El Defensor fracasó) por su inexperiencia en el cargo y su actitud arrogante en un escenario de diálogo con los comunarios”.

Carlos Cordero / Analista político

“Éste es un mensaje claro que los ayllus han dado a este Gobierno, que no puede hacer lo que éstos han demandado, como es la complementariedad de opuestos, o sea ocuparse de los casos de ambos bandos. El Defensor no tuvo una vinculación directa en las negociaciones porque los ayllus no lo invitaron. Los ayllus estaban funcionando en la lógica de que todo acto tiene que hacerse bajo consulta. Ahí se ve que había un conflicto entre una persona de origen metodista y la Iglesia Católica que quiere hegemonía en esa zona indígena”.

José Mirtenbaum / Sociólogo y analista

“El Gobierno está jugando a una doble moral, una doble forma de acción. Es muy crítico y duro con los adversarios políticos que ha identificado completamente y es complaciente y débil con actores sociales que considera que están dentro de los sectores que lo respaldan. Para que participe en esas gestiones, habría que preguntarle al Defensor del Pueblo si tenía la capacidad de ofrecer algo en las negociaciones. Creo que absolutamente nada y por esa razón ha demostrado su debilidad a la hora de ser un defensor público”.

Carlos Hugo Molina / Analista