Índice de los Editoriales de Periódicos
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El Día: El alemán y el amauta
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Bajo el Penoco, El Día: Hospitalidad boliviana
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Los Tiempos: CAMBIO DE ACTITUDES ANTE LAS DROGAS
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El Deber: Centralismo y medio ambiente
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La Razón: Bolivia – Chile
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Cambio: Evo y su lucha por la vida
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La Prensa: Libertad de expresión y de prensa
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El Diario: Limitaciones a la información
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El Mundo: Por ideología
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Opinión: La Ley de Autonomías y adormecimiento social
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Clarín, Argentina: La escasez de gas y sus consecuencias
El Día: El alemán y el amauta
Los directores de las mejores películas de intriga tal vez pensaban tener suficiente material con los casos “Eduardo Rózsa” y “Santos Ramírez” para escribir sendos guiones cinematográficos, pero los dos últimos hechos, uno que envuelve a un pistolero de origen alemán, y el otro, relacionado con un amauta aymara narcotraficante, son como para tumbar taquilla.
Empecemos con el más reciente. Valentín Mejillones Acarapi, de 55 años, es el amauta o sacerdote aymara que le entregó el bastón de mando al presidente Evo Morales el 21 de enero de 2006, durante la primera ceremonia de este tipo realizada en las ruinas de Tiahuanacu. Este hombre, que se vistió con atuendos que lo hacían lucir como un prelado incaico y que le practicó una suerte de imposición de manos al Primer Mandatario, acaba de ser hallado en su casa de la ciudad de El Alto, en poder de 350 kilos de cocaína, alguna cantidad de precursores químicos y en compañía de dos colombianos.
El hecho es sumamente grave como para que pase desapercibido y merece la preocupación especial del Presidente, quien acaba de afirmar que los narcotraficantes están mejor pertrechados que la Policía boliviana. Lo más correcto sería afirmar; sin embargo, que el fortalecimiento de las mafias ha sido acompañado por un laxamiento de los sistemas de interdicción, que han permitido el aumento exponencial de la producción de cocaína, la ampliación del “mapa de zonas rojas” y la multiplicación de las llamadas “narcocomunidades”. Pero el colmo de la proliferación de las drogas y la permisividad se puede constatar a través de este insólito acontecimiento.
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Aunque tampoco es un hecho aislado. Recordemos que el caso de las hermanas Terán, halladas con más de 40 kilos de droga, fue uno de los primeros hechos de narcotráfico que salpicaron al partido de Gobierno, no sólo por el hallazgo, sino por las grandes facilidades judiciales que obtuvieron aquellas personas, que finalmente salieron libres. En el 2006, un funcionario del Parlamento fue aprehendido en posesión de cocaína y entre sus pertenencias fue hallada una carta de “recomendación” del presidente del Senado, Santos Ramírez, para realizar gestiones institucionales a nombre del Congreso. En el caso del amauta, la justicia, que ahora funciona en completa subordinación el Poder Ejecutivo, deberá ser ejemplarizadora para que no se incrementen las sospechas de que el narcotráfico goza de la protección de algunos elementos del régimen.
El otro caso tiene que ver con Dirk Smith, un fornido ciudadano alemán que fue detenido el 8 de julio y presentado por el Ministerio de Gobierno como si se tratara de un mercenario al servicio de la sedición. Y la verdad es que algo de eso había, pero con nombramiento ministerial y todo. Se trata de un agente especial, un asesor de inteligencia, un negociador o todo eso junto que operaba para el Gobierno y que ha actuado en varias de las incursiones violentas en las que se involucró el oficialismo, sobre todo en Santa Cruz. Desde que se descubrieron las andanzas del nazi Klaus Barbie que no se escuchaba de algo así en el país. Menos mal que Smith está vivo, aunque su esposa teme que le pase lo mismo que a Eduardo Rózsa.
Hechos tenebrosos comienzan a producirse en el país y que tocan altas esferas del régimen gubernamental. Conviene aclararlos.
Bajo el Penoco, El Día: Hospitalidad boliviana
Cada cuanto aparece un extranjero tenebroso en Bolivia y resulta con conexiones políticas de alto vuelo. El más célebre fue, sin duda alguna, Klaus Barbie un nazi que se afincó en el país y se vinculó con altas esferas de las dictaduras militares. Casi a la par del advenimiento de la democracia se hizo presente el italiano Marino Diodato, ex policía, experto en armas, paracaidista y muy bien relacionado con militares y políticos de todo color. Fue a dar a la cárcel por narcotráfico, escapó y su paradero es desconocido. Con el “cambio” llegó a Bolivia Eduardo Rózsa Flores, un supuesto mercenario que fue ampliamente democrático en sus relaciones y que, tal como lo demuestran las pruebas, hizo migas con gente del Gobierno actual, que de un momento a otro ordenó su eliminación. Hace unos días salió a la palestra un fornido alemán, Dirk Smith, quien se encuentra detenido en Palmasola . Si no pasan cosas raras, es posible que se comprueben lazos de este “Rambo” con lo más alto del poder nacional. En los hechos, el MAS sigue una línea que no se ha interrumpido desde los años ‘50.
Los Tiempos: CAMBIO DE ACTITUDES ANTE LAS DROGAS
Aunque todavía de manera leve, se pueden vislumbrar algunas señales de un cambio de actitud, en ambas partes, hacia el problema de las drogas
La reciente presentación del jefe para Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC), acto al que asistieron representantes del cuerpo diplomático y las principales autoridades involucradas en la lucha contra el narcotráfico, ha servido como telón de fondo para que el lugar que ocupa nuestro país en la cadena de la producción, comercialización y consumo de drogas vuelva al primer plano de la atención colectiva.
Eso ha ocurrido a pesar de que el tema no tiene nada de novedoso. Lejos de ello, es uno de los que con más frecuencia figura entre los titulares de los medios de comunicación de nuestro país y está también presente en toda conversación cotidiana, pues ya nadie puede desconocer que las actividades relacionadas con la cadena de las drogas están cada vez más cerca de todos nosotros, dejando su huella en las actividades económicas, políticas, sociales y culturales que nos rodean.
En ese contexto, y dados los antecedentes del tema, merecen especial atención las afirmaciones hechas durante las últimas horas por el presidente Evo Morales, por una parte, y por el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, por otra, quien ante la ausencia de un Embajador se constituye en el máximo representante de ese país en Bolivia.
Llama la atención, al respecto, por la forma y por el fondo, el tenor de las declaraciones del representante estadounidense quien, muy lejos del tono ríspido que solía caracterizar a algunos de sus antecesores, propuso superar las diferencias ideológicas, "esos problemas del pasado" y "trabajar en forma conjunta para mitigar el daño que hace el narcotráfico". Una actitud que puede ser interpretada como una invitación no sólo al apaciguamiento y la reconciliación, sino también, y lo que no es poco, a redefinir los objetivos principales de lo que solía denominarse "guerra" contra las drogas. No parece casual ni un pequeño detalle que ahora se hable de "mitigar los daños", concepto que dista mucho de los términos bélicos que solían emplearse al abordar el tema.
No menos significativas son algunas ideas que se vislumbran tras las confusas y con frecuencia contradictorias declaraciones del primer mandatario cuando al escabroso tema de las drogas se refiere. Es que si bien Morales reincidió en su locuacidad antiestadounidense, reconoció, lo que tampoco es un detalle irrelevante, que el narcotráfico "no había sido tan pequeño (como creía)", entre otras afirmaciones que dan a entender que el problema está siendo afrontado de una manera muy distinta a la que se inspiraba en la suposición de que el narcotráfico y sus secuelas eran un problema ajeno, sólo de los "gringos".
Las enormes dimensiones que están adquiriendo en nuestro país las actividades ligadas a las drogas; el inminente riesgo de que el poder económico que eso conlleva tenga sus efectos sobre el poder político, y la descomposición ética, social y cultural que más allá de las ideologías suele traer la abundancia de dinero proveniente de actividades delictivas, parecen estar motivando una nueva actitud entre quienes gobiernan nuestro país. Es de esperar que así sea, pues como se dijo, esos problemas habían sido también nuestros.
El Deber: Centralismo y medio ambiente
En el ámbito ‘competencial’, en lo que respecta a los recursos naturales y al régimen de tenencia de la tierra, el Gobierno central, dentro del orden autonómico que promulgara recientemente, decide todo y las regiones poco y nada.
Acaso el tema referido sea el que mayormente debiera configurar la autonomía regional de Santa Cruz. A nosotros y sólo a nosotros los cruceños competía la definición de políticas de desarrollo productivo en tan cruciales renglones, en una perspectiva de desarrollo sostenible.
Obviamente, no de forma excluyente, sino dentro de la coordinación que sobre los referidos temas debe darse con el poder central. Pero coordinación, en el caso, sinónimo de intercambio de información y de consulta respecto a recursos con los cuales financiar los correspondientes proyectos. Y nada más.
En Santa Cruz se afirma una vocación ecologista-ambiental que busca la conservación plena de los parques naturales de la región, los cuales deben permanecer como tales, sin avasallamientos que comprometan su acervo forestal, el cual influye sobre el clima y el régimen pluvial, de cuya normalidad depende nuestra producción agropecuaria. Cobra rigor, igualmente, la necesidad de endurecer el control de la explotación forestal, a fin de garantizar la reproducción arbórea en las respectivas áreas de extracción de madera. Sobre el particular, recientes informes se refieren a desmontes ilegales en el departamento con 35.000 hectáreas en el primer semestre del año en curso, como también a la invasión perpetrada por ‘colonizadores’ que están depredando la reserva forestal de Choré.
Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno nacional no ha dado muestras concretas de una vocación ecológico-ambiental alguna a favor de Santa Cruz. Prevalece, por el contrario, lo político-proselitista sobre tan trascendente objetivo, como lo demuestra su inclinación a promover más asentamientos de campesinos occidentales en nuestros bosques.
La alusión precedente corresponde a un destino reservado incluso para centenares de inmigrantes que ya no tienen medios de vida a los países que se fueron en procura de un mayor bienestar. Es obvio que sin planes y financiamiento específicos para fines productivos, esta gente se dedicará a la agricultura primaria en tierras poco adecuadas para ello, por lo que terminarán invadiendo los parques y reservas forestales para talar árboles y vender madera al por menor, como ya está ocurriendo en muchos lugares del este de Santa Cruz.
Centralismo que atienda la salud ecológico-ambiental de nuestra región y no que la empeore, es lo menos que se puede esperar como consuelo del tan previsible como lamentable epílogo que ha registrado la lucha autonomista cruceña, pero que de ninguna manera nos puede dejar de brazos cruzados.
La Razón: Bolivia – Chile
La compensación territorial pretendía incorporar el ‘mar territorial’
“Es viable y tiene lógica reeditar el acuerdo de Charaña”, titula el reportaje, entre otras varias afirmaciones que por venir de un militar de las más elevadas jerarquías castrenses y ser yerno del fallecido vicecomandante en Jefe del Ejército, Carlos Forestier (1977-1980), hombre de confianza y segundo después de Pinochet, tienen inusual importancia en la política internacional de ambos países, muy dignas de tomarse en cuenta, particularmente en este preciso momento en el que se abordan las relaciones bajo una llamada “Agenda de 13 puntos”, que incluyen el problema marítimo de Bolivia.
Más que sorprender, aclara el criterio erróneo que se tiene de ser los militares chilenos los responsables de toda negativa a resolver una salida soberana al mar Pacífico, cuando en verdad son los directos beneficiarios del enclaustramiento los de la negativa, o sea el “establishment”, conformado por civiles de clase alta y clase media alta, la oligarquía y la derecha tradicional, de los cuales son paradigma el actual presidente y empresario Sebastián Piñera, la familia Lucsik Abaroa y otros dueños empresarios portuarios y de la zona franca de Iquique. Al respecto, comenta el entrevistador: “Cheyre es de los que creen que se puede forjar un acuerdo con Bolivia para resolver su demanda marítima. Que existen alternativas viables, como el fallido acuerdo que intentaron sellar Pinochet y Hugo Banzer en 1975; entregar a Bolivia un corredor por el norte de Arica a cambio de una compensación territorial”.
Debemos recordar que el posible acuerdo fracasó debido a que la “compensación territorial” pretendía incorporar el “mar territorial” (mar de Chile), lo cual no está dentro de la lógica, porque se trata de agua de mar de doscientas millas marinas (Declaración de Soberanía Marítima de 1947), que nunca figuró entre los desprendimientos del Tratado de 1904, a cambio de territorio continental; menos ahora, que son parte del litigio que sostienen Chile y Perú en el Tribunal Internacional de La Haya.
Frente al daño ya centenario y los ingentes beneficios para Chile como el cobre, podría tratarse más bien de una compensación simbólica que resarza el precepto de “soberanía” por las aguas dulces del río Lauca y de los bofedales del Silala. Prevaleciendo la definición establecida por la Liga de las Naciones en 1920 de “soberanía de la moral y de la justicia”.
Cambio: Evo y su lucha por la vida
El sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer una histórica resolución a iniciativa de Bolivia que reconoce el agua potable y el saneamiento básico como derechos humanos universales y coronó una intensa como incesante campaña internacional impulsada por el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, quien, convertido en paladín de la defensa de los derechos seculares de los pueblos, nunca desmayó en una iniciativa que será recordada por las presentes y futuras generaciones.
El proyecto de resolución El derecho humano al agua y el saneamiento —presentado por el embajador boliviano ante la ONU, Pablo Solón— fue copatrocinado por Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, República Bolivariana de Venezuela y Yemen.
La histórica votación arrojó un contundente apoyo a la propuesta boliviana: 122 países votaron por el sí, ninguno por el no, y 41 se abstuvieron de emitir criterio, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Australia.
"Los derechos humanos no pueden ser posibles si la humanidad no cuenta con el agua como un derecho", había señalado en diversas oportunidades el Presidente boliviano.
"No puede haber vida sin agua y sin vida no existen los derechos humanos, ni existe el derecho de la Madre Tierra", sostiene Evo, cuya tenacidad y entrega por los desamparados ha logrado lo que hasta hace poco era impensable: que el acceso al agua potable y al saneamiento básico fueran declarados por la ONU como derechos humanos universales.
Es en este marco, y atendiendo el clamor de los pueblos libres por un mundo más humano, justo, interdependiente y multipolar, que la Asamblea General de la ONU, "profundamente preocupada porque 884 millones de personas carecen de acceso al agua potable y más de 2.600 millones al saneamiento básico; alarmada porque cada año fallecen 1,5 millones de niños menores de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos como consecuencia de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento; y reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en condiciones equitativas como componente integral de la realización de todos los derechos humanos", declaró el derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
El embajador Solón, antes de que la Asamblea General de la ONU aprobara la resolución, puntualizó algunos dramáticos datos que desvelan la tragedia en la que viven millones de seres humanos y que sólo se niegan a ver los gobiernos y las transnacionales que alientan la privatización del agua y el saneamiento, y que en muchos países lucran con un bien natural de todos los seres vivos que habitan el planeta que llamamos Tierra.
Esas cifras del horror privatizador señalan que cada año más de 3,5 millones de personas mueren por enfermedades transmitidas por agua contaminada; que la diarrea es la segunda causa más importante de muertes de niños por debajo de los 5 años, que la falta de acceso al agua potable mata más niños que el sida, la malaria y la viruela juntos.
Además, en sólo un día más de 200 millones de horas del tiempo de las mujeres se consumen para recolectar y transportar agua para sus hogares, y la situación de la falta de saneamiento es aún mucho peor porque afecta a 2.600 millones de personas, que equivalen al 40% de la población mundial.
La Prensa: Libertad de expresión y de prensa
Si los medios son simpatizantes del régimen gobernante, se los premia con avisaje. Si no, se prohíbe a entidades del Estado poner avisos en ellos.
La libertad de expresión es ?requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática?, señala el primero de los 13 puntos de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es, además, un derecho fundamental reconocido en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por constituciones políticas de todos los estados miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Es, pues, un derecho amplia y coincidentemente admitido en el mundo democrático y que debe ser respetado y sagradamente cumplido en nuestro país, donde el Gobierno y sus autoridades pregonan constantemente su vocación y principios democráticos.
Es cierto que en Bolivia no hay censura previa, que los medios de comunicación no tienen dificultades aparentes para informar sobre lo que pasa en el país y para que la población se exprese libremente.
Sin embargo, hay mecanismos que hacen que esa libertad no sea irrestricta, como establecen las normas internacionales.
La Constitución Política del Estado condiciona que ?la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad?. Esto es contrario al principio 7 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que advierte: ?Condicionamientos previos, tales como la veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los estados miembros (de la OEA) son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales".
Existen autoridades que presionan a medios y periodistas cuestionando su trabajo, criticando, insultando o ridiculizándolos, o pretendiendo que revelen sus fuentes de información. Así vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sostiene que el derecho a la libertad de expresión de todo individuo ?incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones?. La Declaración de la Comisión Interamericana establece además que ?todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales?.
Desde hace muchos gobiernos, hay una práctica perversa con los medios: si son del Estado o simpatizantes del régimen gobernante, se los premia con avisaje. Si no, son castigados y se prohíbe a entidades del Estado poner avisos en esos medios. Ello es contrario al punto 12 de la declaración de principios citada, que señala que la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad a los medios en función de sus líneas informativas ?atenta contra la libertad de expresión? y debe estar expresamente prohibida por ley.
Ojalá se elimine esas prácticas para que de ese modo exista una verdadera libertad de expresión.
El Diario: Limitaciones a la información
El contenido de las leyes orgánicas recientemente promulgadas registra varias disposiciones limitativas de las libertades de pensamiento, expresión e información, no obstante estar reconocidas por la Constitución, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ser parte esencial de un Estado democrático. En especial la Ley de Régimen Electoral y la del Órgano Judicial contienen tales limitaciones.
El artículo 122 de la primera prohíbe a los medios impresos y audio visuales, difundir 48 horas antes del evento electoral y hasta horas 18 del mismo, “cualquier contenido propagandístico, informativo o de opinión” a favor o en perjuicio de los candidatos. Asimismo, se prohíbe difundir programas, opiniones o análisis tendentes a “influir en las preferencias electorales de la ciudadanía” o “dar trato preferencial o discriminatorio”, en el mismo sentido.
No deja de llamar la atención que el control correspondiente no se encuentra a cargo del Órgano Supremo Electoral, sino del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), cuya composición y organicidad es desconocida, aunque su apelativo “intercultural” parece decir bastante, si bien las sanciones las aplicará el Órgano Electoral. Más adelante la Ley de Régimen Electoral dispone que los datos a “boca de urna o de conteos rápidos”, se los difundirá desde las 20 horas del día de la elección, lo cual introduce una confusión sobre la hora 18 fijada poco antes en el texto de la Ley, además que las encuestas de tipo electoral y “otros estudios de opinión”, sólo podrán ser objeto de divulgación hasta el domingo anterior al día del evento, vale decir 8 días antes, restando así una oportuna y valiosa fuente de información de uso y aceptación general en el mundo democrático moderno. Al mismo tiempo, aparecen no sólo drásticas y draconianas sanciones para los medios que incurran en contravenciones a este respecto, sino inclusive “la inhabilitación del medio para difundir propaganda electoral en el siguiente proceso electoral”, norma que puede ser aplicada con determinadas fijaciones o pretextada con fines excluyentes.
Dentro de este mismo régimen restrictivo, la Ley del Órgano Judicial, en su artículo 173, determina que después de la selección hecha por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los postulantes a magistrados bajo pena de inhabilitación, no podrán difundir sus “méritos, experiencia profesional o como autoridad indígena, originaria, campesina”. Por pasiva, esta imposibilidad excluye que los medios de comunicación social impresos o audiovisuales puedan, a su vez, informar sobre la personalidad, trayectoria, méritos y deméritos de los aspirantes a magistrados de los más altos Tribunales, aspecto de mayor importancia por tratarse de quienes tendrían en sus manos la vida, honorabilidad y/o propiedad de los ciudadanos en general. Este hecho, en la materia, introducirá una elección escondida bajo un telón de ignorancia con respecto a quienes se elige. Se dirá que los postulantes pasaron ya por el tamiz de la Asamblea Legislativa, pero es sabido que una mayoría aplastante de dos tercios incidirá siempre en previas preferencias partidistas u obvias afinidades políticas.
La anterior normativa legislativa da una primera impresión de inseguridad y hasta de una intención de ocultar posibles falencias de candidatos alineados en futuras candidaturas oficialistas, de modo que ni las encuestas, ni la información o el conocimiento de su actividad pueda influir en el electorado. De igual modo la prohibición de informaciones en “boca de urna” o que de algún modo predigan resultados electorales anticipados, denota un temor que contradice las notables cifras de votos que el oficialismo viene alcanzando en las sucesivas elecciones convocadas y efectuadas.
El Mundo: Por ideología
El gobierno de Estados Unidos ha sido nuevamente aludido por el Presidente del Estado Plurinacional, esta vez para atribuirle la culpa de obstaculizar las actividades de control del narcotráfico, las que a todas luces se han intensificado en el curso de la gestión. La respuesta a la situación no se ha dejado esperar y por lo que vemos, parece haber acertado en el centro del problema, ya que los aludidos han pedido que se deje de ideologizar el tema que es un problema social de grandes dimensiones.
Creemos que para nadie es una novedad que uno de los mayores consumidores del drogas en el mundo es precisamente la nación del norte y que en algún momento, por la politización que suele hacerse del problema, resultó alentando situaciones especiales que no escapaban a la visión de los observadores, por más que éstos no hubieran sido muy acuciosos.
Hemos recordado con frecuencia que antes de la presencia de los gobiernos militares en nuestro país, el delito del narcotráfico estaba relacionado con grupos reducidos de personas y la producción no superaba el kilogramo en una fábrica bien montada.
Durante las décadas de los 60 adelante, el narcotráfico creció con el desarrollo de la guerra de Vietnam y para quien no esté de acuerdo con nuestras apreciaciones, es suficiente ver las películas que luego de esa contienda se produjeron sobre el tema y que muestran en qué medida la presencia de las drogas fue determinante en el desarrollo de la guerra e inclusive en sus desenlace.
A la conclusión de la guerra, el interés por eliminar o por lo menos disminuir el tráfico, hizo que el gobierno norteamericana intensificara sus tareas de control, lo que dio lugar a las acusaciones contra el gobierno de García Meza que por lo visto, llegó tarde para sumarse a esa actividad y que a pesar de ser intensas, ya no tenía la venia del imperio que terminó persiguiendo y sancionando a algunos de los principales promotores, recordemos que uno de los hombres fuertes del gobierno de García Meza tuvo que purgar una pena en los Estados Unidos, antes de ser trasladado hasta la cárcel de Chonchocoro.
Todavía dentro del proceso democrático que siguió a los gobiernos militares, se escucharon algunos discursos favorables, ya no al narcotráfico sino a la producción de la hoja, mostrando su inocencia al creer que la producción iba en su totalidad a fines rituales o costumbres tradicionales, alejadas de la actividad delictiva; sin embargo, eso fue permitiendo que cada cierto tiempo, se evidenciara un incremento de la producción.
La presencia de la DEA en el país, en tales condiciones, resultaba un medio de control que en el momento se hacía necesario, porque trataba de limitar el ingreso de la droga al mercado norteamericano y en tales condiciones, apoyaba los procesos de erradicación de cocales, ofreciendo los recursos para actividades sustitutivas.
Lo que hizo el gobierno antiimperialista actual fue evitar esos controles y permitió que la producción se dispare al extremo de que el Presidente Morales hubiera mostrado su extrañeza por el crecimiento del narcotráfico, tratando de ignorar que la causa fue su abierto apoyo a la producción de las hojas.
Hoy la situación se vuelve más dramática, cuando uno de sus líderes espirituales, una de las pocas personas a las que el mandatario ha rendido pleitesía en el país, durante los actos de su ascensión al mando, resulte hoy convertido en un próspero narcotraficante.
Nos imaginamos que la lección servirá de alguna manera a la desideologización del problema y que el gobierno se abra de alguna manera a tratar el tema como un problema social del siglo XXI que afecta por igual a capitalistas y comunistas, a ricos y pobres, a imperialistas y socialistas, es decir a la humanidad en su conjunto.
Opinión: La Ley de Autonomías y adormecimiento social
Existe un criterio generalizado en sentido de que la Ley Marco de Autonomías y Descentralización es uno de los instrumentos más importantes en la nueva estructura del Estado boliviano, pero paradójicamente este instrumento legal no ha merecido análisis pormenorizado en sus efectos y consecuencias.
La aprobación de esta ley en el escenario de la Asamblea Legislativa ha estado caracterizada por la presión del Ejecutivo y la consigna, lo que ha impedido una discusión reflexiva y en profundidad.
Si se realizaría una sondeo de opinión entre la ciudadanía sobre el grado de conocimiento que tiene sobre la nueva ley, seguramente que una gran mayoría respondería que la conoce de nombre y no podría dar explicaciones sobre el fondo. Esta carencia de conocimiento no es culpa del ciudadano, sino de la dinámica política planteada por el Gobierno, para la aprobación de leyes con la mayor rapidez y con el argumento de dar cumplimiento a una disposición constitucional que fijaba plazos perentorios. De tal manera, que las leyes no tuvieron suficiente discusión, la oposición no logró mayor influencia en su consideración y la difusión en la discusión legislativa pensando en la gente fue nula.
Ahora mismo, cuando la ley ha sido promulgada por el Presidente del Estado Plurinacional, da la impresión que su análisis ha pasado a un segundo plano ante lo cotidiano de otros hechos que en realidad están en la coyuntura y que quizá no influyan mayormente en la vida de las personas y de sus regiones. En cambio la Ley de Autonomías sí que tendrá gravitación en el futuro ciudadano e institucional.
Habría que empezar a pensar qué ocurrirá cuando ingrese en plena vigencia y sean anuladas las leyes de Participación Popular, Descentralización y de Municipalidades, lo que sin duda alguna, originará situaciones que plantearán vacíos e incertidumbres.
Hay quienes piensan que en ese momento se presentará un verdadero caos en el funcionamiento institucional, porque los municipios, por ejemplo, se darán cuenta que para refaccionar un hospital tendrán que pedirle plata al Gobierno central. Antes esta era una atribución exclusiva de la Alcaldía pero en adelante será concurrente con el Gobierno. Se citan otras situaciones. En seguridad, al derogarse la Ley de Descentralización el Gobierno no manda a la Policía Departamental y ésta depende exclusivamente del Ministerio de Gobierno. En Educación al derogarse la Ley de Participación Popular, los municipios deberán coordinar con el nivel central el pago de ítemes de maestros y hasta los gastos de administración de las escuelas que estaban en manos de los municipios. En Salud, el nivel central coordinará el pago de ítemes para médicos y hasta la administración de hospitales, atribución que en la Ley de Participación estaba conferida en el último de los casos a los municipios.
Otro aspecto para puntualizar es el relacionado con la División Territorial, pues antes estaba conformada por departamentos, provincias, municipios y secciones y en adelante desaparecen las secciones de provincias y son reemplazadas por las autonomías indígenas, lo que podría desencadenar conflictos como el que anticipan en el Beni con el Parque Isiboro Sécure, entre Beni y Cochabamba o por recursos naturales.
Este es un breve panorama de lo que puede ocurrir, y que necesariamente, debería ser tomado en cuenta, más allá de este adormecimiento que parece atrapar a las instituciones regionales representativas, a las entidades sociales y cívicas y a las mismas gobernaciones que al final de cuentas tienen obligaciones ante su pueblo.
Clarín, Argentina: La escasez de gas y sus consecuencias
A pesar de las reiteradas negaciones del Gobierno, la falta de gas es una realidad que afecta tanto a las empresas como a los sectores más carenciados, que ya sufren la escasez y el aumento de precios en las garrafas.
El déficit en la oferta de gas tiene lugar desde hace varios años, todos los inviernos en los picos de bajas temperaturas y se debe a la insuficiencia de inversiones en la exploración y extracción del combustible. Cada vez que falta gas, el Gobierno niega el problema pero las consecuencias del problema para el Estado, la producción y la población, son plenamente visibles. En primer lugar, el Estado tiene que compensar parte del desabastecimiento con importaciones de gas a costo superior al de la producción local, lo cual afecta las cuentas públicas. La producción debe recurrir a combustibles alternativos más caros o, en su defecto, reducir la actividad.
La población, por su parte, sufre el encarecimiento o la falta de las garrafas de gas licuado, que consumen los sectores de menores recursos. Una evaluación de la Provincia de Buenos Aires revela, por caso, que el 60% de los comercios cobran las garrafas más caras, lo cual sólo puede suceder por la escasez del combustible.
La retórica negacionista no sólo no puede convencer a la población de la inexistencia de un problema que está sufriendo sino que revela el fracaso de la política energética del Gobierno.
Para superar la reiterada falta de gas es necesario aumentar la inversión pública y promover la inversión privada en el sector energético.
A pesar de la negación del Gobierno, la falta de gas afecta a empresas y consumidores y genera costos para el Estado. Es necesario aumentar la inversión pública y privada en energía.