El linchamiento no es justicia comunitaria

Índice de los Editoriales de Periódicos

1. El Día: La lección de Chile

2. Bajo el Penoco, El Día: En las nubes

3. Los Tiempos: LOS INCENDIOS Y LA PRÉDICA AMBIENTALISTA

4. El Deber: Inversiones petroleras

5. La Razón: Bicentenarios 2010

6. Cambio: Paz para Colombia

7. La Prensa: El linchamiento no es justicia comunitaria

8. El Diario: ¡Bolivia arde!

9. El Mundo:

10. Opinión: Algo se tiene que hacer para evitar los incendios

11. Clarín, Argentina: Las jubilaciones y la fragilidad de las cuentas públicas

---

El Día: La lección de Chile

La tragedia ha golpeado nuevamente a Chile y los chilenos han vuelto a darle a la humanidad una asombrosa lección sobre la capacidad de supervivencia de un pueblo valiente, patriota y trabajador. El 27 de febrero, el país transandino fue azotado por el peor terremoto de su historia y en menos de seis meses, la economía chilena ha dado muestras de recuperación, retomando los niveles de crecimiento anteriores a la tragedia que golpeó a sus principales centros urbanos, que destruyó complejos industriales e hirió letalmente su infraestructura.

Esta vez ha sido el accidente ocurrido en una mina ubicada en el desierto de Atacama, donde 33 trabajadores se encuentran atrapados desde hace 20 días, el que ha unido a la nación bajo una sola plegaria y el que ha movilizado todo el potencial institucional del Estado y el sector privado hacia el objetivo de sacar con vida a esos hombres, prácticamente sepultados a 700 metros de la superficie.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, ha sido el puntal del operativo de búsqueda de los mineros, después de que la empresa propietaria de la mina había pretendía dar por muertos a los obreros, entre los que se encuentran un boliviano y un joven de sólo 19 años. El mandatario se arremangó la camisa y se trasladó hasta el lugar del derrumbe, donde fue rodeado de cientos de personas, que bandera en mano le daban aliento para que no se abandone la búsqueda. Al cabo de 17 días, fue el jefe de Estado el que recibió en sus manos el mensaje de los mineros a través de una sonda mediante el cual confirmaban que aún estaban con vida. El grito de “Viven” volvió a escucharse en Chile, donde hace 38 años se dio uno de los testimonios de supervivencia más significativos de la historia, con la odisea de 16 jóvenes deportistas uruguayos, cuyo avión se estrelló en la Cordillera de los Andes y que fueron rescatados tras 42 días de calvario en medio de la nieve.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Lo primero que hicieron los trabajadores atrapados en la mina, una vez pudieron mantener un contacto estable con la superficie, fue cantar el himno nacional de Chile, mientras todo el país permanecía embanderado con la única enseña patria que representa a un país extenso y diverso. Inmediatamente después, el Gobierno, que ha puesto a disposición todos los recursos públicos para este fin, movilizó gran cantidad de maquinaria para iniciar los trabajos de rescate que podrían demandar varios meses. Grandes potencias mundiales como Estados Unidos y Rusia, donde se han dado tragedias “inmanejables” en años recientes, podrían aprender de Chile y obviamente,  en países como Bolivia, los gobernantes deberían tener presente cómo el compromiso, la tenacidad y la capacidad de trabajo de los líderes son vitales en momentos tan duros para la población. Lo que ha hecho Piñera en estos días ahorra palabras, promesas, viajes y leyes en pos de la unidad de la población. Es el mejor testimonio sobre la función que debe cumplir un gobernante, apegado a la gente, envuelto en los problemas y buscando soluciones. Pese a que hay una empresa que enfrenta responsabilidades por este accidente, Piñera se abocó primero a lo urgente y jamás levantó las manos diciendo que él no es el culpable por lo sucedido. Paralelamente, ha dicho que la lección ha sido aprendida y que todo el esfuerzo republicano será orientado a mejorar las leyes laborales y garantizar condiciones dignas de trabajo en el territorio. Eso es gobernar.

 

Toda una nación se ha unido en torno a una plegaria por la vida de 33 mineros y detrás de un líder que ha mostrado cómo se gobierna.

Ir al Indice

Bajo el Penoco, El Día: En las nubes

“Proteste y Evo le dará su propio aeropuerto”. Esa parece ser la consigna de este Gobierno, al que le está agradando vivir en las nubes. Hace unos días les prometió a los orureños una terminal aérea del nivel de Viru Viru o del Jorge Wilstermann de Cochabamba, a lo que el ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo ha sumado la promesa de invertir este año más de cien millones de dólares en la construcción de aeropuertos, entre internacionales y terminales turísticas. Se anuncian pistas en Uyuni, San Ignacio, Copacabana, Rurrenabaque, Mapiri, Puerto Rico, Monteagudo, Sur Cinti y otras zonas. Y pensar que en este momento, casi el 80 por ciento de los aeropuertos del país están cerrados por la humareda de los incendios forestales. Obviamente, el presidente Morales no tiene la culpa del fuego, pero al menos el Gobierno podría hacer algo y no esperar a que la lluvia termine con las llamas. Las autoridades, que no hacen más que amenazar y buscar excusas, dicen que hace falta aviones hidrantes para combatir los incendios. El Ministro de la Presidencia debe pasarles el dato de cómo hace para comprar un avión en tiempo récord.

Ir al Indice

Los Tiempos: LOS INCENDIOS Y LA PRÉDICA AMBIENTALISTA

No es coherente que mientras hacia afuera se enarbola la causa ecologista, en lo interno se actúe con tanto desdén ante tantas calamidades ecológicas

Si hubiera que identificar un hecho que con una sola imagen o con breves palabras dé cuenta de los extremos absurdos a los que puede llegar la falta de correspondencia entre la prédica gubernamental y su práctica plasmada en la gestión cotidiana de los asuntos de interés colectivo, difícil sería hallar uno más ilustrativo que la ola de incendios que está asolando nuestro país.

Es que mientras por un lado se pretende proyectar al mundo la imagen de un país que, inspirado en la "Pachamama", se pone a la vanguardia de la humanidad para defender la salud del medio ambiente, por otro se actúa con sorprendente negligencia ante una de las más grandes calamidades ecológicas, cuyos funestas consecuencias afectan, y afectarán por mucho tiempo, no sólo a nuestro país sino a todo el continente americano.

Son muy reveladoras en ese sentido, por decir lo menos, las pocas y escuetas palabras que el Presidente Evo Morales se ha dignado dedicar a tan gravísimo asunto. Ha dicho por fin, poco antes de emprender un nuevo periplo, esta vez a Corea del Sur, después de varias semanas durante las que soslayó el tema con un silencio de por sí elocuente, que los incendios son "fenómenos naturales", ocasionados por "factores climáticos", que "no es la primera vez que ocurren".

Más elocuentes aún fueron las soluciones que propuso el Presidente y las razones que expuso para hacer algo al respecto. "De donde sea, hay que sacar plata para comprar helicópteros y equipos para poder apagar los incendios", sostuvo con el tono mesiánico que tiende a dar a las instrucciones que imparte. Y para que quede clara la importancia que le asigna al tema, dijo que es necesario actuar de ese modo "para que no estén protestando ni la oposición ni algunos comentaristas".

Como es fácil deducir de tales declaraciones, los incendios forestales que ya han puesto en estado de alerta a los gobiernos de todos los países vecinos no figuran entre las principales preocupaciones presidenciales. Ni tampoco de la de sus asesores, pues como se puede colegir de la ligereza con que se refieren al problema, a sus causas, a sus consecuencias, y los medios para encararlo, no fueron objeto ni de un somero intercambio de ideas.

Sorprenden estas declaraciones aún más si el Presidente de l Estado y su equipo comunicacional intentan convencernos de que Bolivia y sus autoridades se han convertido en adalides de la defensa del planeta al punto que en más de una oportunidad el Vicepresidente García Linera ha sostenido que Morales ya no es sólo líder de Bolivia sino de la humanidad entera.

Sin embargo, dentro del país, las políticas en defensa del medioambiente no pasan de la letra de la Constitución y algunas normas. En la dura realidad hay un desconocimiento permanente de ellas y una muestra palpable de esta situación es la indiferencia que las autoridades están mostrando frente a los incendios.

De cualquier modo, ya que no por lo mucho que nuestro país está contribuyendo a la destrucción de la amazonia, aunque sólo sea "para que no estén protestando ni la oposición ni algunos comentaristas", es de esperar que el gobierno del MAS asuma la cuota de responsabilidad que le corresponde.

Ir al Indice

El Deber: Inversiones petroleras

El III Congreso Bolivia Gas & Energía, auspiciado por la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), confirmó que el Gobierno nacional está empeñado en atraer inversiones para el sector petrolero, para lo que tiene que cambiar algunas leyes, pero sobre todo actitudes.

El ministro de Hidrocarburos, Luis Fernando Vincenti, dijo en la ocasión que el Gobierno nacional prepara una nueva ley para el sector, que comprenderá todos los cambios que el Ejecutivo ha decidido introducir en esta materia pensando en la necesidad de garantizar que la renta petrolera siga siendo un sostén seguro para el Tesoro General de la Nación.

Y el presidente Evo Morales fue el encargado de dar a las empresas petroleras la certeza de que podrán gozar de las suficientes seguridades jurídicas para operar en el país y encontrar nuevos yacimientos. Acerca de ello, el presidente a.i. de YPFB, Carlos Villegas, dijo que todas las áreas susceptibles de contener hidrocarburos serán licitadas para que las empresas puedan iniciar la tarea de exploración.

Se trata de un cambio positivo en la actitud del Gobierno nacional ante un sector económico tan importante, que había sufrido los embates de la nacionalización de 2006 y de políticas desalentadoras de las inversiones.

Ahora que se han tomado las decisiones políticas sobre el cambio de actitud para la industria petrolera, será preciso que el Gobierno nacional apruebe los instrumentos legales necesarios, pero sobre todo que ayude a crear el clima de confianza que hace falta.

El presidente Morales dijo, precisamente, que ahora su gobierno está empeñado en crear un clima de confianza con los empresarios, a fin de que trabajen en beneficio del país, siempre recuperando sus utilidades.

Además de cumplir con esas tareas complementarias, el Gobierno deberá ayudar a encontrar nuevos mercados para el gas natural, tanto fuera del país como dentro de las fronteras.

Las posibilidades de exportar a Argentina mayores volúmenes de gas han mejorado en el curso de este año. Hay que agradecer, a este respecto, el hecho de que el gobierno argentino ha tenido una política que desalentó la producción y ha generado un déficit en la oferta de gas. El país con mayor tasa de consumo de gas domiciliario en América Latina está con graves dificultades para atender su demanda, que sigue creciendo.

Las exportaciones a Brasil dependerán de cuánto crezca la producción interna en ese país, convertido en una potencia petrolera.

Pero el mercado interno boliviano se perfila como un gran consumidor de gas natural, sobre todo si avanzan los proyectos de industrialización. Destrabar el proyecto del Mutún, bloqueado por una desesperante demostración de ineptitud burocrática del gobierno, también hará que crezca la demanda interna. Lo mismo ocurrirá cuando los ofrecimientos de ampliar la red domiciliaria pasen de las palabras a los hechos.

Por lo tanto, habrá que completar las reformas de las leyes y de la Constitución, habrá que crear el clima de confianza y esperar que las inversiones devuelvan al país la condición de potencia energética de la región, condición que perdió debido a la inestabilidad y a los errores del Gobierno central.

Ir al Indice

La Razón: Bicentenarios 2010

La memoria de las gestas de 1810 invitan a reflexionar sobre el valor excelso de la libertad

El esplendor conseguido en las celebraciones del bicentenario de los gritos libertarios de Sucre, primero, y La Paz, después, como puntas de lanza de una serie de hechos históricos que sirvieron para concretar la emancipación del yugo español, se proyecta hacia otros departamentos cuyos habitantes tienen este 2010 la oportunidad de ser parte de la fiesta mayor de la libertad.

Doscientos años se dicen fácilmente. En todo este tiempo, se ha sucedido un sinnúmero de acontecimientos tan importantes que fueron capaces de ir moldeando distintas formas de país, en lo político, en lo económico y en lo social. Un tiempo largo en el que los hilos gruesos de la política estuvieron manejados por bolivianos, más allá de que en ciertas etapas se haya desplegado lo peor del autoritarismo y, en otras, la intromisión extranjera haya provocado dependencias indignantes que, solapadamente, terminaron afectando a la soberanía nacional.

Con toda esa historia a cuestas, Tarija acaba de recordar los 200 años del cabildo democrático que apoyó el primer grito autonómico de esa región; y, anteriormente, la primera respuesta a favor de la Revolución de Mayo que se había gestado en Buenos Aires. Los chapacos, con la alegría que les caracteriza, han sabido traducir en celebración el simbolismo de ambas fechas, 18 de agosto y 25 de  junio, respectivamente.

De aquí hasta fin de año quedan cuatro conmemoraciones bicentenarias. La primera será la de Cochabamba, el 14 de septiembre, para volver a pensar en el rol unificador del “granero” del país, así como en la bandera tricolor que miles de cochalas enarbolan con orgullo en el mundo.

Párrafo aparte para la pujante Santa Cruz —fuera de la eterna consideración acerca de la paternidad compartida de esa virtud ya que, como se sabe, el desarrollo de aquel departamento no es logro exclusivo del camba sino producto de un trabajo mancomunado entre los allí nacidos y los migrantes de todo el país, e inclusive del exterior. El 24 de septiembre le tocará celebrar a este pueblo de espíritu emprendedor, lo mismo que el 6 de octubre a Oruro y el 10 de noviembre a Potosí, dos regiones con una larga lista de necesidades que nunca fueron satisfechas por las autoridades de turno.

Estos grandes motivos invitan a reflexionar sobre el valor excelso de la libertad y de recuperar la memoria para levantar la cabeza y construir un futuro mejor para todos.

Ir al Indice

Cambio: Paz para Colombia

La canciller colombiana María Angela Holguín rechazó ayer por "inadmisible" un pedido de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia  (FARC), de exponer ante una asamblea de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) su visión sobre la guerra interna que desde hace 46 años desangra a esa tierra, que hasta hoy cobró miles de muertos, heridos y desaparecidos, y expresa "su voluntad" de buscar una salida negociada al conflicto armado, porque "la paz de Colombia es la paz del continente".

"Es completamente inadmisible esa solicitud y no creemos, ni siquiera, que la Unión de Naciones Suramericanas vaya a hacer un llamado a preguntarnos si está bien o no", aseguró ayer Holguín y selló una de las posiciones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien asumió el pasado 7 de agosto en reemplazo de Álvaro Uribe.

Porque el vicepresidente Angelino Garzón matizó que si el grupo guerrillero quiere hablar de paz es necesario que "abandone el secuestro y el terrorismo" como condición previa para poder conversar, exigió que "sea capaz de decirle al pueblo colombiano que la violencia no tiene sentido" y agregó que sólo así "tendrían toda la voluntad y toda la generosidad del señor Presidente para construir caminos de paz y para avanzar en Colombia en procesos de perdón y reconciliación".

Sin embargo, el ministro colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, también rechazó la propuesta de los rebeldes a la Unasur e indicó que "con los terroristas no se dialoga". El funcionario se preguntó qué podría suceder si en algún escenario internacional se le abrieran las puertas a Osama Bin Laden "para hablar de lo que él plantea frente a Estados Unidos".

Es decir, la propuesta de una salida negociada al conflicto interno colombiano que hicieran las FARC no encontró una posición unánime por parte de las autoridades colombianas, porque mientras algunas rechazaron la iniciativa, otras la condicionaron a que los rebeldes depongan las armas y abandonen los secuestros como forma de lucha para lograr la llibertad de sus camaradas detenidos.

¿Pero, qué plantea la carta abierta firmada por el Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC en la que solicita la mediación de Unasur para resolver la guerra interna colombiana? Esa misiva señala: "Señores presidentes, cuando lo estimen oportuno estamos dispuestos a exponer en una asamblea de Unasur nuestra visión sobre el conflicto colombiano", e insiste en su voluntad de buscar una salida política al conflicto, "aunque el Gobierno de Colombia mantiene cerrada la puerta del diálogo con la insurgencia acicateado por el espejismo de una victoria militar y la injerencia de Washington".

Los rebeldes también critican las acciones militares que emprende Estados Unidos en suelo colombiano por un "interés geoestratégico de predominio continental y no en razón de una guerra local contrainsurgente", y agregan que "algunos aluden frecuentemente a la obsolescencia de la lucha armada revolucionaria, pero nada dicen de las condiciones y garantías para la lucha política en Colombia".

El grupo rebelde —a quien Colombia, Estados Unidos y varios países europeros consideran terrorista— expresa que muchos ubican la amenaza a la paz regional en la insurgencia y no en la estrategia "neocolonial del gobierno de los Estados Unidos, pareciendo ignorar que con guerrilla o sin ella el imperio dará curso a su agenda de predominio". Además, las FARC aseguran que el conflicto interno colombiano "desbordó desde hace años el marco de las fronteras patrias como consecuencia de las estrategias preventivas impuestas a Bogotá por Estados Unidos". Colombia arrastra un conflicto armado interno en el que intervienen paramilitares de ultraderecha, rebeldes y agentes del Estado, el cual dejó cientos de miles de muertos y desplazados.

Sin embargo, los obstáculos para que Colombia asuma un verdadero proceso de pacificación son tantos como su prolongada guerra interna y, en este marco, alcanzar una solución negociada no será fácil porque está interferida por el Plan Colombia, ideologías, asesinatos masivos durante la guerra, oportunismos políticos, pasiones arraigadas, vínculos con el narcotráfico e intereses ajenos a los colombianos, como los de Estados Unidos.

La realidad que vive hoy Colombia señala que las FARC están muy lejos de alcanzar el poder mediante la lucha armada que iniciaran en 1964 y porque pese a sus contundentes victorias de los últimos años, el Estado colombiano también está lejos de derrotarla militarmente. Es decir, el gobierno del presidente Santos sabe que por el camino de la solución militar tendrá FARC para rato y que todavía correrá demasiada sangre en su suelo. Y uno de los mayores dramas humanos del conflicto son al menos 3,5 millones de desplazados; no sólo por el accionar de las FARC sino fundamentalmente por los grupos de paramilitares que asesinaron a miles de campesinos en alianza con algunos sectores del Ejército. Esas bandas de criminales pactaron con el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe su desmovilización, y entre 2003 y 2006 negociaron la cuasi impunidad de una Ley de Justicia y Paz.

En este contexto, que la guerrilla más antigua de América Latina haya expresado a Unasur su voluntad de una salida negociada al conflicto armado es un paso esencial para comenzar la pacificación de Colombia y lo que corresponde es que el gobierno del presidente Santos asuma su responsabilidad histórica para devolver a su pueblo la paz que le fuera arrebatada desde hace 46 años.

Que las FARC hayan expresado a Unasur su voluntad de una salida negociada al conflicto armado es un paso esencial para comenzar la pacificación de Colombia; lo que corresponde es que el presidente Santos asuma su responsabilidad histórica para devolver a su pueblo la paz que le fuera arrebatada.

Ir al Indice

La Prensa: El linchamiento no es justicia comunitaria

El linchamiento es un delito, un crimen bárbaro que debe ser sancionado y, de ninguna manera, deberá confundirse con justicia comunitaria.

El linchamiento, como instrumento de castigo por comunidades campesinas para quienes roban, matan o delinquen de otras formas, de hecho está siendo condenado con las máximas penas que impone la justicia: 30 años de cárcel. Eso sucedió recientemente con ocho comunarios de Ayo Ayo, que no sólo torturaron, sino que quemaron y colgaron en una plaza al alcalde de esa población altiplánica, Benjamín Altamirano, acusado de incurrir en actos de corrupción.

Por sus características, ese asesinato cometido en 2004 fue uno de los más abominables de nuestra historia reciente, comparado sólo con el linchamiento, en mayo último, a cuatro policías, perpetrado por ayllus de la región de Uncía, y con el que sufrieron tres policías en la localidad de Epizana, en el Chapare cochabambino, en febrero de 2008.

También en el caso de los tres policías muertos a golpes por una turba de sanguinarios campesinos del Chapare cochabambino se aplicó la máxima pena de 30 años de cárcel, sin derecho a indulto, a ocho personas. Éste fue el primer fallo contundente que se conoce sobre casos de muerte por linchamientos, que en nuestro país son numerosos y muchas veces confundidos con la denominada justicia comunitaria.

El caso de Epizana no ha terminado con la drástica pena, sino que debe seguir siendo investigado porque familiares de algunos de los linchados se mostraron disconformes y sostuvieron que se está amparando a algunos de los culpables. Es papel de la justicia eliminar todas las dudas que puedan existir en torno a este brutal asesinato, como son todos los casos de linchamiento.

Otro caso que necesariamente debe ser aclarado, y los autores deben ir a la cárcel, es el registrado el 17 de noviembre de 2008 en la localidad paceña de Achacachi, donde a 11 personas, acusadas de robar disfraces de un minibús, se les prendió fuego después de haberlas rociado con gasolina. Nueve de ellas salvaron milagrosamente la vida, pero dos murieron quemadas. Fue en este salvaje episodio que las autoridades lugareñas intervinieron para impedir las investigaciones y de esa manera proteger a los autores de este hecho criminal.

El linchamiento es un delito, un crimen bárbaro y cruel, inhumano y salvaje, que debe ser sancionado con las penas que se están dando a los autores y, de ninguna manera, deberá confundírselo con justicia comunitaria.

Por eso, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos hace bien en difundir un mensaje radial en sentido de que el linchamiento no es justicia comunitaria. La población rural, especialmente de los sectores más alejados de los centros urbanos, debe tomar conciencia de que no puede hacerse justicia por sus propias manos. Para eso están la justicia tradicional y la comunitaria, reconocida por la Constitución Política del Estado, pero no admite el crimen y el linchamiento.

Para que los linchamientos sean definitivamente desterrados, la Policía Nacional, la justicia y las fiscalías deben cumplir con su deber y no inclinar la balanza en favor de los poderosos o de influyentes personas que quieren torcer la ley.