El MAS y la Corte de Justicia amenazan con juicio al Órgano Electoral


Insisten en quitar 3 curules a la oposición. Pugna: El Presidente de la Corte Electoral advierte que se puede plantear un conflicto de poderes con los tribunales ordinarios.

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Vocales: Amalia Oporto y Antonio Costas, ante la Cámara de Diputados, en mayo



La Prensa

El MAS y la Corte de Justicia amenazan con juicio a la CNE

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Candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la Corte Superior de Justicia de La Paz amenazaron ayer, por separado, con enjuiciar a los vocales de la Corte Nacional Electoral (CNE) si no acatan el fallo que les ordena reconocer como representantes nacionales a los oficialistas Germán Delgado, Germán Sánchez y Lázaro Tacoo, en detrimento de tres curules de la oposición.

El presidente de la CNE, Antonio Costas, manifestó ayer que cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos en materia electoral “tiene todo el derecho de recurrir (a los órganos judiciales), pero hay que esperar que los tribunales cumplan la normativa. De otra manera se puede plantear definitivamente un conflicto de poderes, porque el Órgano Electoral tiene atribuciones específicas determinadas por ley y todos debemos respetarlas”.

La CNE confirió los escaños reclamados por los tres masistas a Franz Choque (Oruro), Jaime Estívariz (Santa Cruz) y Hernán Paredes Sánchez (Cochabamba), de Convergencia Nacional (CN) y rechazó un primer recurso planteado por los derrotados en las urnas el 4 de abril. Pero éstos insistieron ante la Sala Civil y Administrativa Tercera de la Corte de Justicia paceña, que el jueves 5 les dio razón.

Sin embargo, la Sala Plena de la CNE aprobó el lunes una resolución que declara su imposibilidad de acatar el fallo porque, según Costas, “no hay diputados plurinacionales y porque ya hemos perdido competencia al haber entregado las credenciales a los legisladores”. Y señaló que el Órgano Judicial usurpa funciones.

La mencionada Sala rectificó el lunes de oficio su determinación, por lo que ya no menciona diputados plurinacionales, sino plurinominales, y abrió un plazo de 48 horas (que se cumple hoy) para que la CNE cumpla esta sentencia.

Los tres curules en cuestión le pueden permitir al MAS acceder a los ansiados dos tercios en la Asamblea Legislativa y prescindir de los congresistas de su ex aliado el Movimiento Sin Miedo (MSM).

El abogado Williams Bascopé, quien defiende a los tres masistas, advirtió que “la CNE tiene la oportunidad el miércoles a mediodía de restituir los escaños de los tres diputados que se les ha quitado injustamente al MAS”. En caso contrario, “la ley nos habilita a iniciar un proceso penal por no acatar resoluciones de amparo constitucional. Está en manos del Presidente y los vocales de la CNE dar cumplimiento a la resolución de la justicia”.

El abogado William Alave, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Paz, indicó: “En este caso no existe un conflicto de competencias, porque éste se da entre organismos de jurisdicción ordinaria. En este caso estamos hablando de jurisdicción constitucional. Nuestra Constitución no puede ser obviada por ningún organismo o ente y aquel que desacate una resolución emitida por un tribunal de garantías está sujeto a ser demandado por desobediencia a resoluciones emitidas a consecuencia de una acción de amparo”.

Explicó que la CNE violó “el derecho a ser elegido, derecho al voto popular, es decir, vulneró derechos políticos, que están garantizados por la Constitución”. Ante ello, el titular de la CNE reiteró: “Hemos ratificado que somos incompetentes para emitir nuevas credenciales, enviamos un memorial en tiempo y fecha con la resolución de Sala Plena para hacer conocer estos aspectos”, y reveló que la notificación de la corrección de la Sala Civil fue recibida por la Corte Electoral recién por la noche, después de que emitiera su resolución.

La CNE basa su argumento en el principio de preclusión del Código Electoral (figura legal que prohíbe repetir cualquier etapa de un proceso de votación) y en el hecho de que se limitó a cumplir las disposiciones legales vigentes.

Oposición pide respeto a fallo electoral

Dos parlamentarios de oposición cuestionaron la acción de la Corte Superior de Justicia de La Paz que pretende obligar a la Corte Nacional Electoral a cumplir la resolución en la que le instruye conceder credenciales de diputados a tres candidatos masistas.

Norma Piérola, diputada de Convergencia Nacional (CN), dijo que el rechazo de la Corte Nacional Electoral a la demanda del MAS para ganar tres curules en la Cámara Baja “es legal y correcto” y cuestionó la advertencia de iniciar procesos contra los vocales, lanzada tanto por el presidente de la Corte de Justicia paceña, William Alave, como por el abogado de los tres masistas, Williams Bascopé. “Es una aberración jurídica lamentablemente refrendada por una actitud incomprensible de la Corte de Distrito, que demuestra su absoluta parcialidad y unilateralidad hacia el Gobierno”.

La diputada calificó de justa la resolución de la Corte Nacional Electoral, porque además es coincidente con un fallo anterior sobre el mismo caso, y manifestó que la justicia comete un acto de intromisión sobre las facultades de otro poder del Estado.

Bernard Gutiérrez, senador de la misma agrupación política, dijo que debe respetarse la independencia de poderes. “Hay que recordar que el Órgano Electoral se ha constituido en uno de los poderes del Estado y tiene la misma jerarquía que el Órgano Judicial, desde el punto de vista constitucional. En ese sentido, las decisiones y determinaciones del organismo electoral deben respetarse. En materia electoral es aquel organismo que está llamado por ley para asumir determinaciones de su competencia”.

En su opinión, es importante el respeto entre los órganos de poder, que es una de las bases del sistema democrático, aunque no se debe descuidar la coordinación.

“Hay conflicto de dos poderes”

Jorge Lazarte, ex vocal de la Corte Nacional Electoral, aseguró que se presenta un conflicto de poderes porque una resolución judicial pretende variar un fallo electoral. “Un poder del Estado está mandando a otro poder del Estado hacer lo que según él debía hacer y no hizo en su momento”.

Dijo que este conflicto se presenta entre dos órganos reconocidos por la Constitución Política del Estado y, si no se resuelve rápidamente, puede derivar en consecuencias impensadas.

Según Lazarte, al advertirse esta disputa, el paso inmediato es que una instancia del mismo nivel, en materia legal, resuelva la controversia. “Es el Tribunal Constitucional el ente que tiene que resolver la controversia”, aunque este organismo no existe en los hechos, pues el actual ente de control de constitucionalidad solamente tiene facultades liquidadoras.

Por ello, comentó, no existe una instancia con plena facultad moral e independiente que pueda emitir un fallo que no sea objeto de reclamos.

La sentencia de la Sala Civil refuerza la idea preexistente en el Gobierno “de tener el control seguro de los organismos electorales para, en los hechos, violar el texto constitucional”.

“Fallos de CNE son intocables”

El analista político Róger Cortés dijo que debe hacerse el mayor esfuerzo posible por parte de actores sociales, políticos y ciudadanos para que se restablezca el sentido y el contenido original y orientador del manejo de los procesos electorales a partir de 1991.

“El sistema democrático se basó en que las decisiones de la Corte Electoral fueron intocables por cualquiera de los otros poderes del Estado. El sustituir o modificar esta línea de conducta puede beneficiar a un actor hoy, pero trae consigo la posibilidad de que retornemos muy pronto, a través de este tipo de decisiones, a los temibles tiempos que se identifican en la memoria colectiva como la era de la Banda de los Cuatro. En ese escenario serán jueces y fiscales. Por eso hay que evitarlo a toda costa”.

Dijo que se percibe un conflicto político que parte de una concepción equivocada “y que proclama a los cuatro vientos que hay que llenar, capturar el conjunto del poder (…) Esa concepción de un intento tan sediento de poder es errado. Es el mismo concepto errado que trata de diferenciar entre sociedad y Estado”.