Álvaro Uribe abandona el poder entre aplausos y reproches, como uno de los presidentes más controvertidos de la historia de Colombia, con luces y sombras de fuerte calado.
JOAQUIM IBARZ BARCELONA – LA VANGUARDIA
Deja un país más seguro y más rico, pero más corrupto y desigual. Fiel hasta el final a su estilo camorrero, cinco días antes de de salir de la Casa de Nariño, denunció por prevaricato a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que investiga a su hijo Tomás por malos manejos”. Sin embargo, en su mensaje de despedida al país en la noche del jueves se mostró humilde: pidió perdón por "los errores cometidos y por lo que no se hubiera podido hacer, los errores son míos", sostuvo. También demandó apoyar "al presidente Juan Manuel Santos, que sea una etapa de gran prosperidad para la Patria, con inmensa equidad".
En 2002, siendo candidato, Uribe escribió un manifiesto de cien puntos en el que prometía una "Colombia sin guerrilla y sin paramilitares". En ese entonces, había 29.000 homicidios al año, siete secuestros al día y la guerrilla (nacida en la década de los años 60) y los paramilitares (surgidos en los 80) estaban fortalecidos. Colombia era casi "un Estado paria", según los uribistas. Ocho años más tarde, Colombia todavía tiene rebeldes y paras pero el país se es más seguro, se viaja con seguridad y se han reducido sustancialmente los homicidios y los secuestros.
Uribe cambió el ánimo del colombiano que estaba resignado a malvivir con la violencia, temeroso de ser secuestrados por los rebeldes o despojado de sus tierras por los paramilitares. En 2002, la guerrilla parecía invencible y el país estaba en su pico más alto de violencia. La gente siente que Uribe pacificó el país. Con su política de Seguridad Democrática, sacó a los militares de los cuarteles y los puso a combatir. Ahora deja el poder con la aureola de haber sido reducido de 20.000 a 9.500 las fuerzas de las FARC en 2002-2010 y desmovilizado a unos 30.000 paramilitares de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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El combate de Uribe a las Farc, dio resultados tangibles, desde la posibilidad de volver a transitar carreteras hasta la reducción evidente y palpable de secuestros, homicidios y tomas de poblaciones. En siete años, las FARC pasó de ser una guerrilla de 20.000 hombres a la ofensiva, a ser la mitad de grande y sin iniciativa militar. Los ataques a la infraestructura nacional cayeron de 917 a 153 y los secuestros extorsivos a la séptima parte. Los éxitos militares fueron posibles gracias al carácter y al estilo de un presidente que no descansó, no delegó y se conectó con las Fuerzas Armadas. Uribe ejerció como mariscal de campo. Mandaba a las tropas, fijaba estrategias y pedía cuentas en forma directa a generales y coroneles.
Esa forma de ejercer el poder se extendió con menos éxito a otras áreas de la agenda gubernamental; fue determinante para mejorar en seguridad pero contribuyó a crear el gran lunar de su gobierno: la desinstitucionalización.
El ansia de acabar la tarea contra las Farc –“terminar de matar la culebra”– y el entusiasmo que produjeron los buenos resultados militares iniciales reforzaron en Uribe la convicción mesiánica de que solo él podía comandar la fase final de la guerra y lo embarcaron en dos polémicos intentos de reelección, sobornando a congresistas para poder cambiar la Carta Magna. En 2010, la Corte Constitucional impidió que aspirara a un tercer mandato que habría acabado con toda la institucionalidad al imponerse un caudillismo personal que en algunos aspectos se asemejaba al de Hugo Chávez.
Durante el último periodo de su mandato (2006- 2010), los escándalos de corrupción comenzaron a aflorar en el Gobierno de Uribe, como el del Agro Ingreso Seguro, con el que se regaló dinero a los hacendados que simpatizaban con el poder.
Con los llamados falsos positivos quedaron al descubierto los crímenes de Estado realizados por las Fuerzas Armadas contra desempleados y jóvenes, cuyos cuerpos eran mostrados como de guerrilleros muertos en combate.
Con el escándalo de la parapolítica se denunciaron las relaciones de los políticos con narcotraficantes y paramilitares. Este estigma comenzó en 2002, cuando el entonces jefe de los paramilitares, Salvatore Mancuso, extraditado por Uribe a Estados Unidos, se ufanó de haber ‘elegido’ al 35 % del Congreso. Según un estudio de Claudia López y Óscar Sevillano, a diciembre de 2009, en la Corporación Arco Iris, había 67 congresistas elegidos en 2006 que estaban vinculados a la parapolítica, ya sea en la fase de investigación previa, de instrucción, de juicio o ya condenados, lo que equivalía al 25% del Congreso.
. Uribe ha mantenido una confrontación casi permanente con la Corte Suprema de Justicia que sacudió a la democracia. Se llegó a excesos como el espionaje de la policía política (DAS) a magistrados de la Corte, a la oposición y a los medios, hasta caer en la guerra sucia. Tras recibir la información de sus organismos de inteligencia, el Gobierno diseñó una estrategia para desprestigiar a quienes consideraba sus enemigos. Las continuas peleas con el estamento judicial hicieron tambalear la independencia de poderes.
La presidencia de Uribe arroja fuertes paradojas. La contradicción entre los éxitos en seguridad y los lunares en la defensa de la institucionalidad no es la única. Llama la atención que su popularidad registre cifras sin antecedentes, a pesar de que los resultados en varios campos han sido bastante regulares. No hay grandes reformas, ni obras monumentales, ni construcción de infraestructura. Las altas tasas de crecimiento económico no se aprovecharon –como en Brasil y en Chile– para corregir sustancialmente los problemas de pobreza, indigencia y desigualdad.
El analista León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, reconoce que "Uribe logró desalojar a las guerrillas de los grandes centros de producción, que era su gran obsesión", pero el desplazamiento forzado de campesinos se incrementó, incluso en zonas donde "supuestamente se desmovilizaron los paramilitares".
El gobierno consiguió que la organización sombrilla de los “paramilitares, las AUC, desmovilizaran su aparato militar, con el consiguiente alivio para los miles de campesinos que habían sufrido masacres, desplazamientos forzados, violaciones, y expolio. La revista Semana destaca que el proceso, por el que se desmovilizaron 30 mil paramilitares, estuvo lleno de trampas y mentiras. Incluso, el gobierno extraditó a casi todos sus jefes. Unos tres mil “paras” fueron postulados a un proceso judicial especial, conocido como Justicia y Paz, que buscaba castigar los delitos atroces que cometieron con penas leves a cambio de su contribución efectiva a la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas.
Aunque con ideologías bien distantes, Uribe se parece a Chávez en el modo personalista de gobernar, que ha llevado, según sus críticos, a una concentración peligrosa d