Acosados. El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, denunció que gente infiltrada en el MAS pretende provocar su dimisión por haber participado en la movilización potosina de julio y agosto. El Gobernador cruceño Rubén Costas será citado a declarar por la supuesta compra irregular de 40 vehículos. La Fiscalía lo acusa por malversación de fondos. Gobernación dice que es una persecución.
Gobernador potosino dice que buscan su dimisión
El MAS deja a Comisión de Ética la suerte de 5 legisladores huelguistas
El gobernador de Potosí, Félix Gonzales, denunció que gente infiltrada en el MAS y en organizaciones sociales pretende desestabilizar su gestión y provocar su dimisión por haber participado en la movilización potosina de julio y agosto.
“Hay algunos que dicen que están infiltrados los neoliberales, que hay una pelea por el poder al interior del instrumento (MAS), entonces eso se analizará y se verá cuáles son los intereses reales de esos grupitos que quieren sacarme al no entender mi lucha contra la corrupción”, sostuvo.
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El domingo, un ampliado de organizaciones sociales y del MAS del Sud de Potosí cuestionó el hecho de que Gonzales haya apoyado a los cívicos en una movilización que se extendió por 19 días por demandas como la construcción de una fábrica de cemento en Coroma.
“No es una posición de todos los campesinos porque hay otras tres federaciones que me apoyan, y con los que seguiré trabajando de forma coordinada y de cerca”, informó el gobernador a la red Erbol.
Los campesinos también decidieron que se procese en la Comisión de Ética del MAS a los legisladores Eduardo Maldonado, Luis Martínez, Juan Carlos Cejas, Benito Ramos y Hugo García, por haber apoyado la movilización de los cívicos.
El senador oficialista Isaac Ávalos calificó como “traición” el accionar de los legisladores. Maldonado respondió que no se aferra al cargo. La Razón
Costas declarará por cuarto juicio
El Gobernador cruceño será citado a declarar por la supuesta compra irregular de 40 vehículos. La Fiscalía lo acusa por malversación de fondos. Gobernación dice que es una persecución.
El Día
El gobernador cruceño Rubén Costas fue notificado ayer por la Fiscalía de Distrito para declarar en un cuarto juicio seguido por el Gobierno, esta vez por la supuesta compra irregular de 40 camionetas
La fiscal Carla Barroso informó que los vehículos fueron comprados en la gestión pasada por Costas cuando el Decreto Supremo 27327 prohibía usar esos fondos para ese tipo de operaciones.
Por eso es acusado del delito de malversación de fondos y conducta antieconómica junto al secretario general Roly Aguilera, el de finanzas Juan Carlos Parada y dos funcionarios María Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro, quienes deben declarar el 13 y 14 de octubre.
Sobre el tema Parada dijo que la acusación no tiene fundamento porque por el contrario deberían premiar a la Prefectura por haber comprado vehículos más baratos y asegura que se trata de una persecución política.
Con este nuevo proceso, el Gobierno central ya lleva cuatro contra el gobernador cruceño: el primero, es por los gastos del referéndum por estatutos y tiene dos por desacato, uno que le sigue el vicepresidente Álvaro García Linera y otro el fiscal del caso de terrorismo, Marcelo Soza.
ÓSCAR ORTIZ. El ex presidente del Senado y ahora secretario de coordinación institucional de la gobernación cruceña, Óscar Ortiz, rechazó ayer las denuncias de René Martínez, actual presidente de esta instancia legislativa sobre malversación de fondos en la contratación de personal eventual.
Explicó que está haciendo referencia al pago de aguinaldos que se tramitó en diciembre pasado al personal eventual de la Cámara de Senadores, que corresponde a beneficios sociales respaldados por las leyes, y todas las transferencias de recursos que se hicieron siguieron los procedimientos ante el Ministerio de Hacienda que autorizó estos pagos, dijo.
“Al señor René Martínez le pido que no sea cobarde, que presente el juicio que quiera que voy a estar para defenderme y que no trate de utilizar mi nombre para tapar las denuncias que están haciendo en contra de él sus propios senadores, que han denunciado los abusos y los atropellos que está cometiendo desde el Senado nacional”, afirmó.
En Quillacollo hay crisis por suspensión de Alcalde
El municipio de la localidad cochabambina de Quillacollo no ha podido arrancar después de la renuncia aparentemente forzada del electo alcalde Héctor Cartagena, opositor al régimen del gobierno nacional.
Tras la remoción asumió Mirtha Condori, pero ésta fue removida del cargo y asumió Carla Lorena Pinto.
Pero se anuncia una crisis municipal a raíz de un un recurso de Amparo Constitucional para la restitución de la ex alcaldesa Mirtha Condori, que fue reemplazada por Carla Lorena Pinto, tras la procedencia de una Acción de Cumplimiento.
El recurso de Amparo Constitucional, según el presidente del Concejo Municipal de Quillacollo, Lorenzo Flores, es estudiado y elaborado para restituir los derechos de Condori y el propio accionar de los concejales que suspendieron de sus funciones a la alcaldesa interina Carla Lorena Pinto, al cumplirse su interinato el 30 de agosto y enfrentar tres procesos en la Comisión de Ética por incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales.
Mientras tanto, los vecinos se quejan de la paralización de obras y la politización. /Agencias.
Rol de declaraciones
Gobernador • Rubén Costas declarará el 14 de octubre a las 15.30 y el secretario general, Roly Aguilera a las 9.00.
Otros funcionarios • El secretario de finanzas José Luis Parada y los funcionarios de esa repartición, María Cecilia Limpias y Fernando Soria Galvarro declararán desde las 9 hasta las 15.30 del 13 de octubre.
Acusaciones • Son sindicados de haber comprado 40 camionetas en forma ilegal.
Suárez sufre y senador Pinto respira
Fue una de cal y otra de arena. El gobernador del Beni Ernesto Suárez no pudo conseguir que le levanten el arraigo ordenado a mediados de agosto pasado por el juez Carlos Alberto Egüez que también le impuso una fianza de Bs 250 mil en el proceso que le sigue el Ministerio Público por llevar adelante el referendo autonómico de junio de 2008.
Al salir de la audiencia, Suárez dijo que se trata de una evidencia que el Poder Judicial es manejado por el gobierno de Evo Morales que se ha empeñado en no dejar en sus cargos a ninguna autoridad electa.
En otro caso el senador pandino opositor Róger Pinto quedó en libertad para poder trasladarse a La Paz a la sede de sus funciones luego de haber permanecido más de 45 días con arresto domiciliario y a punto de perder su curul.
Pinto reiteró sus denuncias de una persecución política. Es acusado de la supuesta venta irregular de los terrenos de la zona franca de Cobija cuando era Prefecto. /RM