Defensor deduce ajuste de cuentas, Olorio fue torturado y asfixiado


Investigación. El documento echa por tierra los primeros informes que establecían que murió en forma “súbita”. Las lesiones halladas en el cuerpo de David Olorio se deberían a golpes, electricidad y asfixia.

Defensor: Olorio fue torturado y asfixiado

image El Defensor del Pueblo, Rolando Villena. – Afka Periodista Invitado



Los Tiempos. El Defensor del Pueblo establece en un informe que la muerte de David Olorio Apaza, involucrado en el robo a las oficinas de Vías Bolivia, fue de “tipo homicida” debido a que la tortura, lesiones y mecanismos que provocaron su deceso en celdas policiales fueron realizados con “voluntad y conocimiento”.

Según el informe presentado ayer por el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, el cuerpo de Olorio presenta además “signos de asfixia mecánica e incluso sofocación”, por lo que se descarta que haya sido una muerte “súbita" o “accidental”.

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David Olorio Apaza, sospechoso del robo agravado a las oficinas de Vías Bolivia en el peaje de El Alto, de donde se llevaron Bs 350 mil y mataron a un policía, falleció el 6 de junio.

Ese día en horas de la mañana fue detenido por la Policía y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto. Al día siguiente, que se informó de su deceso, la Policía indicó que Olorio Apaza sufrió un problema de salud y falleció cuando era trasladado a un centro médico.

"Por el informe médico legal expedido por los forenses Rubén Soliz y Mabel Morales se puede inferir que David Olorio, en su interrogatorio y con ausencia del fiscal, fue golpeado por una hora y su muerte (entre las 23:00 del 6 de julio y las 03:00 del 7 de julio) se debió a asfixia mecánica y compresión de cuello y tórax. En consecuencia, se puede señalar que fue torturado", dijo ayer Villena en una rueda de prensa.

Según Villena, el caso fue atendido con negligencia y encubrimiento por funcionarios policiales y del Ministerio Público.

De acuerdo con el informe forense –dijo– se encontraron en todo el cuerpo de Olorio múltiples lesiones, entre las que se identificaron equimosis, escoriaciones, apergaminamientos, infiltrados de sangre, posiblemente quemaduras por el uso de electricidad y signos de asfixia mecánica y sofocación.

Villena manifestó que a partir de esas evidencias se aprecia con claridad que esas heridas "fueron producidas cuando la víctima estaba maniatada, reducida o sujetada, lo que impidió su defensa".

Asimismo, dijo que los traumatismos fueron realizados en forma progresiva y en vida, tuvieron un proceso de formación y establecimiento para que los moretones adquiriesen color,  y las escoriaciones se deshidratasen, "por lo que no tuvo una muerte súbita".

Villena insistió que la "víctima recibió muchos golpes en todo el cuerpo, especialmente en el cuello y tórax", estos últimos probablemente por compresión de las manos, lo que llevó al sufrimiento por falta de oxigeno, lo que provocó lesiones internas en los pulmones con presencia de sangre en los mismos, desembocando en la muerte por asfixia.

El Defensor manifestó que "esta situación conduce a interpelar a la Policía a que realice cambios para recuperar la confiabilidad y credibilidad en la ciudadanía sobre su mandato constitucional".

A su juicio, la Policía debe ejercer, diseñar e implementar una política institucional de mayor acceso y cercanía a la sociedad civil, respetando y protegiendo sus derechos, es decir, que refleje un estado de convivencia social en el que los ciudadanos se sientan protegidos en su vida y sus bienes.

Aconsejan iniciar acciones

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, recomendó al inspector general del Ministerio Público iniciar las acciones pertinentes para establecer la responsabilidad de Viscarra por haber "vulnerado el principio de objetividad".

Por otra parte, demandó al comandante de la Policía, Oscar Nina, una inmediata investigación sobre los posibles vínculos de Olorio con funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a fin de establecer responsabilidades conforme señala el Reglamento de Faltas y Sanciones de esa institución.

Además, emplazó a Nina a emitir los instructivos correspondientes para que los funcionarios que prestan servicios en el área de inteligencia y otras divisiones de la Felcc cumplan lo determinado por el Código de Procedimiento Penal, que dispone la presencia obligatoria del Fiscal asignado en la declaración informativa de cualquier sindicado.

Solicitó a la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, que prosiga con las investigaciones dentro del caso de tortura y fallecimiento de Olorio Apaza registrado en las celdas de la Felcc de la ciudad de El Alto, debiendo remitir el informe de conclusiones a la Defensoría del Pueblo. El informe menciona jefes y policías comprometidos: Israel Vega, Ronald Saravia, Cristyan Vargas, Omar Antezana, Juan de la Cruz Cerón, Luis Aquino, Juan Villa, Félix Ticona y Nancy Balboa.

David Olorio

• Presuntamente participó en el robo a oficinas de Vías Bolivia en El Alto y días después fue capturado. Luego, apareció muerto.

EXAMEN FORENSE

• Los informes médico legales expedidos por los médicos Rubén Solís y Mabel Morales establecen la existencia de “equimosis, escoriaciones, infiltrados de sangre, quemaduras por el uso de electricidad, traumatismos en forma progresiva y producidos en vida e incluso hubo tiempo de formarse color en los moretones y escoriaciones y de costras hemáticas, por lo que no tuvo una muerte súbita.

• Según el informe defensorial, la Policía vulneró los artículos 92 y 93 del Código de Procedimiento Penal, que en cumplimiento de los preceptos constitucionales y legales en vigencia debería precautelar la vida, integridad y dignidad de David Olorio durante su detención.

• Los artículos 92 y 93 del Código de Procedimiento Penal señalan que "el sindicado sólo puede prestar su declaración ante el fiscal encargado del caso y en ningún momento la Policía cuenta con atribuciones legales ni reglamentarias para realizar entrevistas o interrogatorios".

• "En el acta del levantamiento legal del cadáver, el 6 de julio de 2010, los funcionarios de la Felcc: cabo Nancy Balboa Quenta, el sargento Félix Ticona Vega así como Verónica Vizcarra, Fiscal de Materia, señalaron que al examen físico no presentaba signos de violencia, sin conservar el principio de objetividad”.

VILLENA DEDUCE AJUSTE DE CUENTAS CON OLORIO

Informe. Recomienda una investigación de vínculos de la víctima con la Policía

image El Defensor. Villena ayer, tras presentar el informe del caso Olorio.

La Razón. El defensor del Pueblo, Rolando Villena, dijo que el homicidio del presunto atracador David Olorio obedeció a un ‘ajuste de cuentas’ ejecutado por policías. El informe de la Defensoría, presentado ayer, confirma la tortura y asfixia como causas del deceso y pide esclarecer los nexos del fallecido con la Policía.

“En el informe se recogieron testimonios de policías que estuvieron en las horas fatídicas (de la muerte de Olorio). Hay cosas que sí convergen, al parecer se trataba de un ajuste de cuentas”, declaró ayer Villena luego de la presentación pública de su informe defensorial sobre el caso.

Sostuvo que el fallecido, David Olorio Apaza —involucrado en el robo agravado de más de Bs 250.000 a las oficinas de Vías Bolivia,  el 4 de julio—, tenía información del paradero del dinero que se quería recuperar. Olorio fue detenido el 6 de julio y conducido a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, donde habría sido torturado hasta su muerte, cuando estaba bajo custodia del personal de Inteligencia de la Policía.

“(Los policías) buscan (el botín) en el Faro Murillo (en la ciudad de El Alto) y como no lo encontraron en el lugar, vuelven y es cuando la sesión violenta de la tortura se da con mayor intensidad”, reconstruyó el Defensor, de acuerdo con los testimonios.

El informe del Defensor determina, en base al estudio forense, que la muerte de Olorio fue “de tipo homicida”. Los victimadores habrían sido “funcionarios policiales dependientes de la División de Inteligencia Criminal”, que habrían pasando por alto “la obligación que tenían de interrogar al imputado ante la presencia del fiscal y su abogado defensor”.

El documento no identifica a responsables, pero apunta a que el teniente Omar Antezana, jefe de la División de Propiedades e Inteligencia Criminal de la FELCC de El Alto, fue quien interrogó por unos 40 minutos a Olorio, aproximadamente desde las 20.00 del 6 de julio, y fue el primero en informar de la muerte. Éste declaró a la Defensoría haber recibido autorización para el interrogatorio del coronel Israel Vega, director regional de la FELCC, versión que más tarde fue desmentida por esta autoridad.

Villena declaró que Olorio habría tenido nexos con la Policía. “La víctima daba información de otros actos ilícitos que él cometía a la Policía, por lo que era  era sometido a exacciones de la Policía”. El informe defensorial recomienda al comandante General de la Policía, Óscar Nina, la inmediata investigación de posibles vínculos de la víctima con funcionarios policiales para determinar responsabilidades.

El análisis de la Defensoría concluye que la Policía mantiene una estructura “represiva y militarizada, altamente burocratizada, precaria en su profesionalización”. Pide que en la formación policial se introduzca el “derecho a la integridad física, psicológica y moral, profundizando el tema de tortura”.
Confirma la tesis de la defensa

El abogado defensor de la familia Olorio, Wálter Fernández, declaró ayer que el informe de la Defensoría del Pueblo confirma la tesis que sostenían desde un principio. “Fue torturado y después asesinado”, dijo. Además, denunció la práctica de chicanerías para retrasar la querella en contra de los policías involucrados, como el coronel Israel Vega y el teniente Omar Antezana. El comandante de la Policía, Óscar Nina, por su parte, aseguró que los responsables de la muerte irán a prisión.
Villena pide que se procese a la fiscal Verónica Viscarra

El informe de la Defensoría del Pueblo sobre David Olorio, muerto en manos de miembros de Inteligencia de la Policía, recomienda al Inspector General del Ministerio Público que inicie las acciones pertinentes para establecer la responsabilidad en el caso de la fiscal de materia Verónica Viscarra Angulo.

Rolando Villena, titular de la Defensoría, acusa a la fiscal de vulnerar el principio de objetividad que se establece en la Ley Orgánica del Ministerio Público y del Código Penal, al haber realizado declaraciones públicas donde afirmó la inexistencia de signos de violencia física y externa al momento del levantamiento legal del cadáver de la víctima.

“Hay un nivel de complicidad por omisión fiscal. Ella no podía haber emitido una afirmación de esa naturaleza y debió haber esperado un informe del médico forense. Es un tema gravísimo”, manifestó ayer el Defensor.

El informe forense concluyó que el cuerpo de la víctima presentaba “equimosis, excoriaciones, apergaminamientos, infiltrados de sangre, posibles quemaduras por el uso de electricidad, signos claros de asfixia mecánica e inclusive sofocación”.

El documento puntualiza que las lesiones habrían sido producidas cuando la víctima estaba maniatada, reducida o sujetada. “Estos traumatismos fueron realizados en forma progresiva y en vida. Tuvieron un proceso de formación”, establece.
Informe del Defensor del pueblo
Muerte

Según el informe forense, el cuerpo de David Olorio presentaba “excoriaciones, infiltrados de sangre, quemaduras por el uso de electricidad    y signos de asfixia”.
Interrogatorio
El Defensor acusó a la Policía de vulnerar sus derechos fundamentales al interrogar a Olorio sin presencia fiscal. “Preocupa que sea una práctica habitual”.
Desconfianza
El informe deduce que la Policía “está distanciada de la ciudadanía, que desconfía de sus funcionarios, lo que impide la colaboración con los planes de seguridad”.

Fiscalía

La Defensoría recomienda a la Fiscalía de Distrito proseguir con las investigaciones del caso Olorio y exige que se le remita el informe de conclusiones.
Gobierno
Pide al Ministerio de Gobierno elaborar una nueva política de seguridad ciudadana de mayor acceso y cercanía a la sociedad y consolidar un estado de convivencia social.
Policía
Exige al comandante  de la Policía, Óscar Nina, hacer cumplir las normas que disponen la presencia obligatoria del fiscal en las declaraciones informativas.

Defensor recomienda investigar a fiscal Viscarra por el caso Olorio

Investigación: Las lesiones halladas en el cuerpo de David Olorio se deberían a golpes, electricidad y asfixia.

image Investigación: policías involucrados en la muerte de David Olorio declaran ante el fiscal Isabelino Gómez

 La Prensa. El informe del Defensor del Pueblo recomienda investigar a la fiscal Verónica Viscarra por vulnerar el “principio de objetividad” al negar la violencia que pudo haber sufrido el presunto atracador David Olorio antes de morir en celdas policiales.

El informe del Defensor confirmó que el sospechoso fue “sometido a tortura” por funcionarios policiales. “Se identificaron —señala el informe— equimosis, excoriaciones, apergaminamientos, infiltrados de sangre, posiblemente quemaduras por el uso de electricidad, signos claros de asfixia mecánica e inclusive sofocación”.

El 4 de julio a las 22.30, en el peaje de la autopista que une La Paz y El Alto, la empresa recaudadora Vías Bolivia fue atracada por seis sujetos armados que mataron al policía Leonardo Condori y se llevaron unos 350.000 bolivianos.

La tarde del 6 de julio, los policías aprehendieron a David Olorio Apaza y a su concubina, Carola Céspedes, por su presunta participación en este atraco.

A horas 20.00, el jefe de la División de Propiedades e Inteligencia Criminal de El Alto, teniente Omar Antezana, interrogó a Olorio por más de 40 minutos. Fue la última persona en verlo en buenas condiciones, porque el sospechoso moriría poco después. Su cuerpo mostró golpes y hematomas que, según el informe del Defensor, fueron producidos por una “prolongada tortura”.

Por este hecho, el informe del Defensor recomienda al Inspector General del Ministerio Público que inicie la investigación “para establecer la responsabilidad” de la fiscal Viscarra por haber negado la existencia de violencia física “externa” en el cuerpo de Olorio.

El documento señala que la fiscal Verónica Viscarra vulneró el principio de objetividad establecido en la Ley del Ministerio Público y del Código de Procedimiento Penal al no decir la verdad de la causa de muerte de Olorio.

El 6 de julio a las 23.30, Viscarra y los investigadores de la División Homicidios Félix Ticona Vega y Nancy Balboa Quenta constataron la muerte de Olorio, quien se encontraba en la ambulancia policial. Sin embargo, la Fiscal señaló a los medios de comunicación que no presentaba signos de violencia.

El 7 de julio a las 09.40, el médico del Instituto de Investigaciones Forenses Rubén Soliz, en la autopsia al cuerpo de Olorio, encontró lesiones y determinó que la muerte fue consecuencia de asfixia mecánica, es decir, por la obstrucción de las vías respiratorias, hecho que fue omitido en el informe de Viscarra.

El documento explica que la víctima recibió varios golpes en el cuello y el pecho que provocaron lesiones en los pulmones y terminaron con su vida.

Luego del interrogatorio en el que fue “sometido a tortura por funcionarios policiales”, Olorio cayó al piso, por lo que Antezana llamó al sargento Juan de la Cruz y al teniente José Ronald Saravia para que proporcionaran un vehículo.

“El teniente Crystian Vargas y el cabo Luis Aquino fueron por una frazada pero una vez abordado a un taxi con dirección al Hospital Nueva Esperanza (ex Agramont) el detenido falleció”, señala el informe defesorial. “Pero se desconoce si perdió la vida en el trayecto o en el hospital, menos la hora de su deceso”.

El informe concluye que “la muerte fue de tipo homicida dado que las lesiones y los mecanismos (de asfixia) causaron su deceso y fueron realizados con voluntad y conocimiento. Por los antecedentes se descarta la muerte accidental o suicida”, porque se derivó de la compresión en el cuello y el tórax.

Piden indagar vínculos de policías
La muerte del presunto atracador David Olorio, que, se teme, fue premeditada, despierta sospechas por las posibles conexiones de algunos policías con la víctima que, se supo, era informante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, demandó investigar la “probable vinculación con otros niveles de la Policía, incluso el que la misma víctima haya sido informante de actos ilícitos que él cometía, era también sometido a exacciones. Entonces (Olorio) aparentemente tenía mucha información (de delitos) y esto hace que el tema adquiera niveles de más complejidad, pero la Fiscalía, con los elementos del informe (de la Defensoría), debe investigar (estas conexiones)”.
La Comisión de Gobierno, Fuerzas Armadas y Policía de la Cámara de Diputados solicitó al comandante de la Policía Nacional, Óscar Nina, una explicación de las causas de la muerte de Olorio, según el presidente de esta instancia, Lucio Marca, quien agregó: “Si esto queda impune, se estaría demostrando cierto grado de proteccionismo (a la Policía)”. Demandó que desde el Comando Nacional y la Dirección Nacional de la FELCC se explique el caso.
Policías no deben interrogar solos
El informe de la Defensoría del Pueblo concluye que la Policía tiene una estructura represiva, militarizada y altamente burocrática. Los funcionarios de Inteligencia consideran una práctica habitual los interrogatorios sin la presencia de un representante del Ministerio Público, una acción ilegal, por ello pide terminar con esta práctica.
El documento recomienda “al Fiscal general del Estado emitir los instructivos necesarios para que los fiscales asuman la Dirección Funcional de las investigaciones durante las declaraciones informativas que prestan en sede policial las personas implicadas en hechos delictivos (…) a objeto de no delegar estas atribuciones al personal policial”.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, no descartó que el director nacional de la FELCC, Óscar Muñoz, haya pedido a los efectivos de Inteligencia interrogar a Olorio para obtener pistas del atraco a Vías Bolivia. “Es una de las hipótesis, que puede ser investigada”.
También pidió la inmediata investigación sobre eventuales vínculos de Olorio con funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), a fin de establecer responsabilidades conforme al Reglamento de Faltas y Sanciones de la institución.
Carola ratifica la tortura policial
Carola Céspedes, desde la cárcel de Obrajes de La Paz, ratificó que su concubino, David Olorio, murió por las agresiones de los policías, y pidió justicia.
“Puedo ratificar que mi esposo ingresó a la Policía sano, pero al día siguente, a las seis de la mañana, me enteré que había muerto y a las ocho, cuando le realizaron la autopsia, (conocí) que habían pegado y lastimado el cuerpo de mi esposo, estaba mal y ahora pido que se haga justicia… ni así me lo van a devolver a mi esposo”.
“Tengo bastante miedo a salir de la cárcel para las audiencias en la Fiscalía porque me advirtieron con muchas amenazas los familiares de los policías y, es más, los notificadores de la Fiscalía no me notifican formalmente, no sé por qué pasará esto”.
“El motivo es que yo les he identificado a los policías que han sacado de las celdas a mi esposo. La Policía podía matar y piensa que puede hacer lo que le plazca con los supuestos delincuentes o atracadores, sin saber cómo investigar los casos, que fue ratificado por la Defensoría que dice que la Policía es represora y burocrática”.
Para destacar
Pasaron 65 días del homicidio de David Olorio y no se conoce a los responsables que instruyeron su interrogatorio.
La Defensoría no pudo establecer el día y la hora de la muerte de Olorio porque los policías se contradicen.
Las sospechas de vejaciones y tortura, homicidio e incumplimiento de deberes son investigadas por el Ministerio Público.
También el incumplimiento de la Policía de preservar los derechos y garantías fundamentales de la persona.
Sólo los policías Juan de la Cruz, Luis Aquino, ex investigadores, y Juan Villca Chambilla son investigados.
Hay lentitud en la investigación del atraco del 4 de julio a Vías Bolivia, que perdió Bs 350.000 de la recaudación por peaje.