Reforma: El planteamiento se halla en el proyecto de Ley de la Procuraduría General. Ex ministro Rada plantea crear un Servicio Civil de Control. y es cuestionado por la entidad de juristas.
Proyectista: el diputado oficialista Héctor Arce (der.), junto al presidente Evo Morales
Reforma: El planteamiento se halla en el proyecto de Ley de la Procuraduría General y es cuestionado por la entidad de juristas.
La Prensa. El proyecto de Ley de la Procuraduría General del Estado establece la creación del Consejo de Abogados y de la Escuela de Abogados del Estado. El Colegio Nacional de Abogados protesta y anuncia que hará una representación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se excluyan estas entidades.
El artículo 24 de la propuesta dispone que “se crea el Consejo de Abogados del Estado como entidad descentralizada de la Procuraduría General del Estado, cuya función es colegiar y agrupar a todos los abogados que trabajaron o trabajen en el sector público en todos sus niveles”.
Mientras que para plasmar la creación de la Escuela de Abogados del Estado como entidad descentralizada de la Procuraduría, el artículo 26 señala que ésta tendrá la “función de formar a los profesionales abogados que prestan y desean prestar sus servicios en las áreas jurídicas de toda la administración central, descentralizada, autónoma y municipal del Estado Plurinacional de Bolivia”.
La sede de ambas instituciones y de la Procuraduría del Estado será la ciudad de El Alto del departamento de La Paz.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Edwin Rojas Tordoya, en contacto con La Prensa, dijo que el planteamiento oficialista es una “agresión a la institucionalidad de los colegios de abogados”, ya que a partir de la creación de dichas instancias se pretende debilitar y crear un organismo paralelo.
La entidad que aglutina a los juristas del país hará este lunes una representación ante la Asamblea Legislativa para que se considere la exclusión de esos puntos del proyecto normativo y, hasta el miércoles de la próxima semana, convocará a una reunión de emergencia.
En criterio de Rojas, detrás de esta propuesta se nota una mano política que “busca afectar la institucionalidad de los colegios y que está en contra de la Constitución, que reconoce a la sociedad civil organizada”, como los colegios de profesionales. Además, señaló que “los colegios de abogados somos vistos como una piedra en el camino de aquellas personas o políticos que pretender avasallar los derechos fundamentales de las personas”.
En contraposición a estas opiniones, el presidente en ejercicio de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja y diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM), Javier Zavaleta, afirmó a este medio que la creación de una escuela no afecta a los colegios de abogados porque solamente incluirá a los juristas que trabajen en entidades estatales, y no a los particulares.
El Consejo de Abogados está conformado por un directorio con cinco miembros elegidos de entre los juristas del Estado Plurinacional. La Escuela también contará con un directorio que será presidido por el Procurador General, y poseerá una dirección general ejecutiva.
La Procuraduría estará formada por un procurador y una procuradora y, a su vez, contará con tres subprocuradurías: la de Defensa y Representación Legal del Estado; la de Evaluación, Seguimiento y Formación de las Unidades Jurídicas de la Administración Pública, y la de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa. También se crearán direcciones desconcentradas departamentales.
La Procuraduría “es una institución de representación jurídica pública que tiene como finalidad promover, defender y precautelar los intereses del Estado”. El Procurador (a) será designado por el Presidente mediante decreto presidencial y ejercerá sus funciones por seis años.
OPINIONES
“El Colegio de Abogados puede correr riesgos al crearse otra escuela de abogados paralela. Ése sería el tema más complicado que se tiene que debatir en el plenario de la Asamblea; sin embargo, es una ley necesaria y esperamos que sea consensuada. Con esto, están quitándole institucionalidad al Colegio de Abogados, que es una institución bastante organizada y que se debilitaría al crear una nueva escuela paralela. Sin duda, es una ley bastante compleja. Yo considero que lo que quieren ellos (el Gobierno) es manejar todas las instituciones: los colegios de abogados, de médicos y otros”.
Atribuciones
Son funciones de la Procuraduría:
Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente.
Tener a su cargo el registro de procesos judiciales, en los que sea parte el Estado.
Requerir a los servidores públicos, y a las personas particulares, la información pertinente.
Atender denuncias y reclamos fundamentados de toda ciudadana o ciudadano, así como de las entidades del Control Social, únicamente respecto de los temas de su competencia.
Instar al Ministerio Público las acciones diligentes únicamente en procesos que son de su competencia.
Carlos Subirana / Diputado de Convergencia Nacional
“En el caso de la Escuela de Abogados, es un centro académico que se va a especializar en temas jurídicos referidos a defensa del Estado. Está orientado a abogados que trabajan o quieren trabajar en la administración pública. El Consejo de Abogados aglutina a todos aquellos que trabajan en la administración pública, desde municipios, gobernaciones y otras unidades. No (es paralela al Colegio de Abogados) porque a los colegios de abogados se afilian todos los abogados que hay en el país, ya sea que trabajen en la administración pública o privada. El Consejo es diferente”.
Javier Zavaleta / Diputado del Movimiento Sin Miedo
Asambleístas perfilan incluir al ciudadano en el control social
Posición. Ex ministro Rada plantea crear un Servicio Civil de Control
ORGANIZACIÓN. Miembros de la oficialista Conalcam se reunieron el 31 de agosto para empezar a debatir el tema del control social.
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La Razón. Iván Paredes – La Paz
Asambleístas del oficialismo y de la oposición perfilan incorporar a la sociedad civil al control social, de tal manera que los ciudadanos que no sean parte de organizaciones sociales ejerzan ese derecho. El tema será discutido en el marco del proyecto de ley del control social.
El senador del MAS Eugenio Rojas consideró que las personas que no son parte de una organización social deben “agruparse” para ejercer su derecho de control.
“Hay que respetar lo que dice la Constitución: que toda la sociedad civil participará del control social. Se plantea que cualquier ciudadano se debe agrupar para controlar, porque individualmente sería un caos”, dijo.
El ex ministro de Gobierno Alfredo Rada planteó la creación de una entidad especial con el objetivo de incorporar a la ciudadanía a este mecanismo de fiscalización.
“¿Cómo hacemos para que estos ciudadanos participen?, creando un Servicio Civil de Control Social, donde los ciudadanos que no están afiliados a ninguna organización social controlen a las instancias, así como los jurados electorales o los jueces ciudadanos”, perfiló.
La Constitución Política del Estado prevé en su artículo 241: “la sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales”.
La diputada y jefa de bancada del MAS, Emiliana Aiza, afirmó que la propuesta será estudiada para incluirla en la norma. “Todos pertenecemos a una organización social. Cada persona está afiliada en su barrio. Recibiremos propuestas”, dijo.
Para el diputado de Convergencia Nacional (CN) Carlos Subirana, el control social estará “sometido” al MAS ya que las organizaciones sociales están afiliadas al partido oficialista. “La sociedad civil que no sea de un sector del MAS también tiene el derecho de participar. Para eso hay que agrupar a estas personas en una sola institución que no esté afiliada al oficialismo”, insistió.
La Asamblea Legislativa, en cumplimiento a la Constitución, debe aprobar una ley especial que consolide el mecanismo del control social.
El diputado de UN Antonio Franco consideró que una ley de estas características no será debatida en esta legislatura, aunque ello no impedirá recoger propuestas. “Hay una serie de ideas. Como propuesta si debe incluir a toda la sociedad civil en el control”, comentó.
El dirigente del Consejo Nacional de Participación y Control Social, Clemente Gutiérrez, considera que no es necesario crear un servicio civil, porque “cada ciudadano es un control social”.
Una primera propuesta
Inmunidad
El Consejo Nacional de Participación y Control Social diseñó una propuesta de control social que, entre otras iniciativas, planteaba la inmunidad para los miembros del mecanismo. El oficialismo desconoció a la organización y rechazó la propuesta.