Antes del fin. El crimen de un comunario acusado de brujería en Pajcha Alta (Alalay) está lejos de ser un típico linchamiento: antes de ser enterrado vivo delante de sus hijos fue obligado a escribir su epitafio
Jorge Cano Rojas, horas antes de su muerte. Los Tiempos
Por Katiuska Vásquez – Los Tiempos – 10/10/2010
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Jorge Cano Rojas vivió toda su vida en la Pajcha Alta (Alalay), sabía cuándo y cómo iba a morir. Lo supo un 9 de agosto. Ese día Alfredo Moya, dirigente y concejal, lo acorraló con sus paisanos y lo culpó de la extraña enfermedad que sufría Miguel Aquino, uno de los pobladores más viejos del lugar.
Se sabe que Aquino era vecino y compadre de Cano Rojas y que tiene hijos en Argentina, según refirió uno de los testigos que acompañó al comunario asesinado hasta el final de su vida.
Era de noche cuando Jorge Cano fue obligado a caminar de rodillas. Después del castigo le pusieron delante el acta que anunciaba su muerte: “Cuando se va a morir el don Miguel Aquino, a Jorge Cano vivo vamos a enterrar. Eso se va a llamar justicia comunitaria”. Su hijo mayor, que fue convocado con engaños a la comunidad, recordó: “Yo no quería firmar y casi me han garroteado.
Mi papá tampoco y decía: ‘De qué me están culpando ustedes’”. Pero su fallida defensa fue contrarrestada con la amenaza de que si no firmaban, los iban a colgar. “Por eso hemos firmado: no queríamos tener problemas”, explicó su hijo Javier.
Seis días después, el comunario dejó su tierra para visitar a sus hijos en Quillacollo. Fue su despedida el 18 de agosto, porque Miguel Aquino murió.
Un día después, el propio dirigente, Alfredo Moya, fue a traer a Jorge Cano de la feria de Arani para entregarlo a la comunidad. Lo llevaron a golpes y piedras al cuarto oscuro que hay en la escuela del pueblo.
Uno de los verdugos llamó nuevamente al primogénito a la comunidad para que asista el funeral de su tío –como llamaba al compadre y amigo de su padre– pero al llegar se encontró con que su padre estaba encerrado. Lo encontró lastimado y aturdido por la golpiza en la que perdió el conocimiento y por el sahumerio que le hicieron para que se recupere.
El 20 de agosto la comunidad sacó a Jorge Cano de la escuela a una cancha deportiva después de enterrar a Miguel Aquino. Su hijo narró: “Hemos hablado, mis hermanitos se han arrodillado. Y le dije al dirigente si tenía leyes para hacer eso y me contestó: ‘Hay leyes para hacer justicia comunitaria, está dictado desde la Constitución’”.
Siguió: “Ahí de nuevo han hecho un acta –la segunda–. Han dicho: ‘Le enterraremos vivo si es posible a sus hijos más, ya saben embrujar, su padre es brujo’”. Explicó: “Para hacer esta acta han traído un estudiante de derecho –Julián Escobar, de San Simón Punata– y le han dicho: ‘Tú tienes que hacer el documento’”. Continuó: “Le pregunté si había leyes para hacer esa maldad y me dijo: ‘Hay leyes pues para hacer justicia comunitaria’”.
“Ya no podía hacer nada. Querían que firme pero cómo voy a firmar para que maten a mi papá”. Ante su negativa, el dirigente dijo: “Si no quieren, no firmen. ¿Cómo nos va ganar una persona a nosotros? Nosotros somos hartos”. Así toda la comunidad firmó y caminó con la víctima el último tramo rumbo al cementerio.
Al presentir su final, la víctima se resistió y su familia siguió rogando por su vida. Pero tres comunarios –identificados por testigos como Gregorio Luján, Juan Cano y Richard Escobar– lo llevaron a rastras. El hijo contó: “Hemos llegado al cementerio y otros estaban cavando el agujero”. Sigue: “Estoy llorando con mis hermanos, mi mamá y mi papá también”. Recordó: “Les he dicho que lo lleven a la cárcel, pero me dijeron: ‘No. Si vamos a meter a la cárcel, a toditos nos va embrujar’”. Luego: “Nos hemos metido al hoyo y seguían metiendo tierra, nos han agarrado y nos han botado a un lado como basura”.
El suplicio, que comenzó a las 16:30, acabó a las 22:30 porque la turba se quedó en vigilia para evitar que los desentierren. Al día siguiente, 21 de agosto, la comunidad desenterró al supuesto brujo y lo puso en un cajón de madera. Después, la comunidad volvió a reunirse en la escuela: “El sindicato te está llamando. Si no vas, igualito te van a hacer. He ido y estaban haciendo otra acta que decía: ‘Don Javier, ahora no tienes que mirar a nadie, tampoco tienes que decir ‘vos has matado a mi padre’. De hoy día para adelante tenemos que vivir como hermanitos. Si no, teníamos que pagar una multa –primero de 5 mil y luego de 1.500 bolivianos–. o quería firmar, pero al final dije: ‘Bueno, si ustedes me obligan, voy a firmar’. He firmado y los hijos de Miguel Aquino me querían abrazar, pero no me he dejado y me he ido”, relató Javier Cano, el mayor de los siete hijos de la víctima.
Después de esta tragedia, Javier y su familia han transformado su dolor en coraje, en lucha y desde el 26 de agosto peregrinan en busca de justicia.
Impunidad, la otra tragedia
La impunidad es casi una regla en la mayoría de los casos de linchamiento. Sólo un pequeño porcentaje llega a los tribunales y culmina con una sentencia. Cochabamba es considerada la segunda región en Bolivia con más casos de linchamiento. Sólo en los últimos cinco años se han reportado 42 ejecuciones –cada una con sus matices– bajo el rótulo de una mal entendida justicia comunitaria. No se sabe exactamente cuántas son las víctimas.
Sin embargo, los dos últimos hechos en Batallani (Tapacarí) y en la Pajcha Alta (Alalay) han puesto en el centro del debate las ejecuciones de comunarios a manos de sus paisanos. En los dos casos, los principales sospechosos de las violentas muertes son pobladores y dirigentes que convivieron por años junto a las víctimas hasta que un día se desató la violencia.
La ejecución de tres hermanos en Batallani estuvo precedida de un proceso ordinario, que fue de conocimiento de fiscales, jueces y policías. Las víctimas –Basilio, Bonifacio y Sabino Espinoza– sufrieron dos intentos de homicidio antes de ser linchados. Mientras, el calificado de brujo, Jorge Cano, tuvo que estampar su firma en una “pseudo” sentencia sin tener la mínima oportunidad de defensa.
Tensiones, leyes y campañas de reflexión
Afloran las tensiones
Esto ha configurado una realidad compleja, pues el reconocimiento de la diversidad está aparejado a la existencia de sistemas políticos, económicos, sociales y jurídicos distintos aunque conectados a una escala de valores universales como el derecho a la vida. Pero es en los conflictos que se hacen evidentes las tensiones o diferencias.
El derecho a la vida –art.15 CPEP– es incuestionable, sin embargo, es en la resolución de una crisis cuando los grupos tratan de apartarse de esta regla alegando autonomía y libre determinación bajo una mal entendida justicia comunitaria y el reconocimiento a la “libre determinación y territorialidad” –art. 30 CPEP–.
El sistema Jurídico
El linchamiento no es parte del sistema jurídico de los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas. Por ello, es un delito perseguido por la justicia ordinaria. Sin embargo, en los últimos cinco años, de los 39 linchamientos perpetrados en el departamento sólo tres han culminado con una sentencia, en los demás casos la impunidad es constante. A continuación una síntesis del sistema jurídico.
Es un delito descrito en el Código Penal como homicidio (art.251), asesinato (art.252), homicidio por emoción violenta (art.254) y homicidio en riñas o agresión (art.259).
Defensor en Campaña
El Defensor del Pueblo en Cochabamba, Edwin Claros, informó que están trabajando en dos líneas: un seguimiento de las investigaciones y la sensibilización a las comunidades. Comentó: “Nos hemos reunido con el fiscal de Distrito, Camilo Medina, para pedirle un informe sobre el avance de la investigación del linchamiento en la Pajcha y nos han dicho que hay dos fiscales que están conociendo el caso”. Sobre si la ejecución del supuesto brujo es un caso de justicia comunitaria o no, el Defensor dijo: “No, para nada. Para nosotros es un delito y tiene que ser procesado en la justicia ordinaria. El lunes nos vamos a reunir con el fiscal de Distrito y el presidente de la Corte de Justicia, Juan de la Cruz Vargas, para hacer un trabajo de sensibilización en los diferentes municipios del Valle”.
Entrevista
Para el representante del Consejo de la Judicatura en Cochabamba, Jhonny Ledesma, el linchamiento no es parte de la justicia comunitaria pero advierte que este sistema puede estar contaminado con valores ajenos a la vida de la comunidad.
¿Qué está llevando a algunas comunidades a tomar la justicia en sus manos?
Se está utilizando la justicia comunitaria como un pretexto de algunos grupos para tomar venganza de las personas con las que tienen rivalidad y también se está utilizando esta justicia comunitaria para encubrir delitos como el narcotráfico.
¿Hasta dónde la comunidad puede tomar venganza?
La justicia comunitaria se basa en los usos y costumbres y rasgos. Las personas que aplicaban esta justicia comunitaria son los más viejos o jilacatas –sabios–. Al presentarse por ejemplo un caso de robo de ganado hacían memoria y recordaban cómo se había sancionado de parte de sus ancestros. Entonces, esa persona definía cuál era la sanción que tenía que dársele, que iban hasta el desterramiento de la persona, pero en ninguna caso se vio la muerte, porque ahí en lugar de integrar estaban acabando de desintegrar.
¿Qué ha sucedido para que hoy se malentienda esta justicia?
No sólo se han apartado de sus principios sino que están siendo contaminados por una sociedad capitalista, donde lo que vale son los intereses económicos, porque estaba alejada de estos intereses: no había narcotráfico.
¿El narcotráfico hasta dónde ha penetrado y alterado las reglas de vida?
Antes, estas comunidades eran agrarias, vivían solamente de sus cosechas. Pero han visto que más lucrativo que cosechar es dedicarse al narcotráfico y ahí vienen ya los intereses de tener más dinero.
CRONOLOGÍA
El 10 de enero cae enfermo el compadre de Jorge Cano, Miguel Aquino (65), con una extraña enfermedad que se manifiesta con una hinchazón de los pies. Por seis meses peregrina entre hospitales y curanderos, siendo desahuciado en los dos lugares.
El 9 de agosto, cuando Miguel Aquino agonizaba, los dirigentes amedrentan a Jorge Cano, a quien tildan de brujo y de haber hechizado a su compadre. Después de torturarlo y obligarlo a caminar medio kilómetro de rodillas lo hacen firmar un acta que decía: El 18 de agosto muere su compadre. El 19 es capturado y encerrado. El 20 es martirizado y toda la comunidad firma un acta para enterrarlo vivo.