Dudosas muestras de autocrítica

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Crece la ira popular contra los autoritarios

  2. El Día: Los nombres y su historia (I)

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Locos por volver

  5. El Día: ¿Otra espiral de violencia?

  6. Los Tiempos: DUDOSAS MUESTRAS DE AUTOCRÍTICA

  7. El Deber: La ‘información oficial’

  8. Cambio: Colombia, una señal de paz

  9. La Prensa: Titánica labor de un ministerio

  10. El Diario: La atención en los recintos carcelarios

  11. El Mundo: Lo mismo

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Tecnología contra la inseguridad


El Día: Crece la ira popular contra los autoritarios



Enfoque Internacional

Las protestas callejeras que de pronto tumbaron a los regímenes autoritarios de Túnez y Egipto se siguen extendiendo. En los más diversos escenarios. Entre ellos, los de Libia, Baharain, Irán, y ahora también en Bolivia, en reacciones que merecen algunas reflexiones.

Lo de Libia no es, para nada, sorpresivo. En rigor, los cánticos y las consignas que -por espacio de 18 días- resonaron en la Plaza Tahrir, de El Cairo, incluyeron con frecuencia referencias directas y duras contra el coronel Muammar Khadafy, el quijotesco y autoritario líder libio, que desde 1969 (esto es, desde hace más de cuatro décadas) empuña férreamente el timón de su país, sin intención de cederlo, salvo a alguno de sus hijos. Por ello, los recientes episodios violentos ocurridos en Benghazi, la segunda ciudad Libia, eran previsibles, particularmente desde que esa ciudad tiene una dinámica política particular, casi separada del resto del país.

Como sucede normalmente con los gobiernos dictatoriales, la prensa Libia no dijo una sola palabra sobre las protestas callejeras contra el nepotismo, el culto a la personalidad, y el monopolio del poder por parte del régimen autoritario de Khadafy. Convergiendo en este caso sobre la plaza Shajara -en el centro de la ciudad- miles de voces estremecieron a Benghazi. Grupos de matones alquilados salieron, como ya es habitual en estos casos, a defender a golpes a Qaddafi, apaleando sin misericordia alguna a quienes se manifestaban en su contra. Una vez más, Twitter y Facebook fueron esenciales, también en la organización de las protestas libias. La cadena árabe de televisión, Al Jazeera, que informó ampliamente sobre las protestas en Benghazi, fue objeto de insultos por parte de turbas partidarias del gobierno, en Trípoli, la capital del país.

También la ansiedad se apoderó de Bahrain. Esta es, en rigor, la primera infección seria que aparece entre los países del Golfo. No es una situación nueva. Hay todo un historial de protestas en Bahrain que se han acumulado en los últimos años. El problema tiene componentes religiosos. Bahrain está gobernado por un monarca y una minoría "sunni", pero su población es, en un setenta por ciento, "shiita" y desde hace rato se sospecha que la mano de Irán está alimentando sus protestas. Los otros países del Golfo siguen, visiblemente preocupados, la evolución de los acontecimientos en Bahrain. Particularmente, Arabia Saudita.

En Irán, también, se ha vuelto a protestar. El país de los persas sufre el rigor de uno de los regímenes más duros de la tierra. Desde principios de año las autoridades locales han aplicado la pena capital a una persona cada nueve horas. En enero solamente hubo 87 ejecuciones. Muchas tuvieron que ver con disidentes y opositores.
Para peor, las autoridades iraníes han aislado a los dos líderes de la oposición: Hussein Moussavi y Mehdi Karroubi, en sus respectivos domicilios, sin teléfono, agua, ni electricidad, con la salida y la entrada de personas prácticamente prohibida, incomunicándolos así del resto de la sociedad. Y, una vez más, los parlamentarios están reclamando su enjuiciamiento y muerte. En Irán, desde hace rato ya, no hay libertad de prensa, ni de opinión y los corresponsales extranjeros son rutinariamente expulsados si con sus informes perturban al régimen teocrático. Pese a ello, en los últimos días se estima que unas 30.000 personas han salido en protesta a las calles de Teherán. Por su simbolismo, el gobierno parecería temer que la gente se instale en la Plaza Azadi y, por ello, utiliza constantemente a sus matones para mantenerla despejada.

Pese a las enormes dificultades descriptas, lo cierto es que Irán ha vuelto a protestar. Con las limitaciones derivadas de lo que probablemente sea el régimen más duro de todas las actuales expresiones de autoritarismo del mundo. Aún así.

Para cerrar, dos palabras sobre Bolivia. Tengo la sensación que éste es el país de nuestra región en el que las calles podrían quizás desestabilizar al gobierno actual. Hay una creciente disconformidad con la poca eficaz gestión de Evo Morales. La semana pasada, un desprestigiado Morales -y su comitiva- no pudieron ingresar en Oruro. Lo impidió la gente. Ahora fuertes manifestaciones callejeras están llenando de nerviosismo particularmente a Cochabamba, Oruro y Potosí. En estos casos, la razón inmediata (o excusa) es el "tarifazo" en los medios de transporte, que la gente no acepta. Los cortes de rutas, bloqueos de accesos, paros cívicos y enfrentamientos (y hasta agresiones) con los transportistas están a la orden del día. Algo parecido ocurre, asimismo, en Santa Cruz de la Sierra. Una vez más, el nerviosismo parece haberse apoderado de Bolivia y la magia que alguna tuvo Evo Morales ya no es lo que era. Grave.

También en la desquiciada Nicaragua hay nuevos movimientos sociales juveniles de protesta. Me refiero a la "Red Nacional de Resistencia Ciudadana" y al "Movimiento Pedro Joaquín Chamorro". Ambos protestan contra las ambiciones que tiene Daniel Ortega de perpetuarse en el poder, a pesar de la clara prohibición constitucional que se lo impide. Y anuncian que, si el gobierno no aporta soluciones, a sus preocupaciones concretas "será el pueblo quien deba construirlas".

Las protestas, queda visto, se extienden. Algunos dictadores y líderes autoritarios tiemblan por ello.

(*) Ex Embajador de la República
Argentina ante las Naciones Unidas

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El Día: Los nombres y su historia (I)

Tribuna.

El incansable afán investigador de Don Ramón Menéndez Pidal le llevó a escribir -cuando ya había cumplido los noventa y cinco años, un precioso ensayo sobre “La onomástica inspirada en el culto mariánico”.  En otras palabras, se trata de un estudio sobre los nombres femeninos usados en los países de habla hispana con directa referencia a la Virgen María y a sus diversas advocaciones cultas o populares.  Según cuenta el autor, ya desde 1935 este tema le interesó grandemente y fue motivo de que intercambiase datos críticos, analizando algunos de sus aspectos más sugestivos con el romanista Karl Vossler, una de las máximas autoridades en la filología contemporánea.

A través de las breves páginas de aquel trabajo puede seguirse la influencia que la devoción a María ha ejercido en los usos familiares –especialmente desde la Contrarreforma- al elegir nombres a las niñas que habían de ser bautizadas.

Los nombres se originan unas veces en los misterios de la vida de la Madre de Jesús (la Asunción, la Natividad, la Purificación, la Soledad); otras, se refieren a los lugares de culto (de Loreto, de Guadalupe, de Aránzazu, de Montserrat, del Pilar, etc.); otras, aluden a una especial forma de piedad o a la esperanza de protección que inspira María (del Rosario, del Consuelo, etc.).

Desfilan por el texto de que me ocupo los más bellos nombres de mujer que dulcifican y adornan el idioma castellano: María de la Paz, de las Nieves, del Pilar, de las Mercedes, del Amparo, del Carmen, de la Soledad…

Refiérese también Menéndez Pidal al hecho significativo de los nombres de advocación mariana con que fueron fundadas muchas ciudades del Nuevo Mundo: La Asunción, de Paraguay, Nuestra Señora de La Paz, La Concepción, de Chile, Rosario, en la Argentina, y tantísimas otras poblaciones que forman en nuestra geografía una constelación maravillosa de nombres a través de los que resuena un idéntico sentimiento de participación en una fe común.

A menudo se ha hecho notar que los nombres son una clara manifestación de la evolución incesante en los gustos y en la sensibilidad social. El proceso de la historia se desarrolla de un modo continuo, generando constantemente cambios inevitables que confieren a cada época su especial fisonomía y carácter.  Las transformaciones de la moda son, por eso, incontenibles, de manera que lo característico en ella es precisamente su fugacidad.  Ahora bien, este fenómeno del cambio se aprecia, acaso más que en ningún otro aspecto de la dinámica social, en el caso de los nombres a los que cada nueva generación otorga una clara preferencia como más expresivos de su peculiar sistema de valoraciones y sentimientos.

Las mutaciones de la sensibilidad, en lo que atañe a los nombres, tienen un campo inagotable de variaciones posibles en el ámbito de la común tradición idiomática y cultural.  En el gran espacio de la cultura de lengua española cabe una notable diversidad de preferencias, por lo que toca a ese paso decisivo del comienzo de una vida personal que es el de la asignación del nombre con que ella empezará a crecer y a adquirir conciencia de sí misma.  Pero cuando la unidad interna de la cultura se rompe, es el momento en que se produce la invasión de formas imitativas o que denotan un extraño deseo de renunciar a sí mismo, de aparentar ser algo distinto de lo que se es. Estas actitudes pueden ser conscientes o involuntarias, pero, en todo caso, son reveladoras no sólo de un propósito de cambiar un estilo o modo externo de conducta, sino de algo más grave y decisivo; de la voluntad de ser otra cosa, de integrarse en otra realidad distinta, de cambiar la propia identidad.

Recuerdo haber leído hace años en un libro de Salvador de Madari ga, “Presente y porvenir de Hispanoamérica”, algo que me pareció de pronto chocante y extremado, pero que luego fui reconociendo como no tan desprovisto de fundamento.  Decía así el párrafo en cuestión:

“…y los nombres… los nombres… ¡Qué revelación de un grave complejo de inferioridad!  Ya en Chile me encontré con Raúles, Renés, Gastones y hasta Walters.  Aquí, en Lima, las hay que se llaman Elizabeth cuando Isabel es tan bonito, y Mary, cuando María es tan hermoso; y sobre todo, ¡ah!, sobre todo Martha, con h…”.

Jorge Siles Salinas es miembro de las Academias Bolivianas de la Historia y de la Lengua, correspondientes de las Reales Academias Españolas

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El Día: Bolítica

Bolivia y Japón en su calidad de socios estratégicos, tienen la intención de que el seminario sea un instrumento que permita un mayor conocimiento para avanzar en la industrialización y desarrollo de los recursos naturales e infraestructura".

Hiroyuki Makiuchi
consejero de la embajada del Japón


Se dice que: La embajada del Japón en Bolivia, realizará un seminario sobre Desarrollo de sectores estratégicos en Bolivia donde abordarán su propuesta de industrialización del litio".


El sueño es tener vehículos eléctricos en base a baterías de litio, y Japón puede ser un excelente socio por la experiencia que tiene en la fabricación de vehículos que son un orgullo en el mundo".

Evo Morales
presidente de bolivia

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El Día: Locos por volver

Bajo el Penoco.

El presidente Morales asegura que los latinoamericanos que viven en España están locos por retornar a sus países de origen. Le han contado que muchos de ellos conducen ebrios a propósito con el objetivo de que los detengan y los deporten inmediatamente, procedimiento que además les asegura el pasaje gratuito. “Lo agarran y al aeropuerto, pasaje gratis y se viene feliz”, dijo el Mandatario, haciendo gala de los datos que le pasan en sus numerosos viajes por Europa. De esta forma, Evo Morales comentó sobre las versiones que existen sobre una supuesta política que impondrá el Gobierno español para deportar a los inmigrantes. El jefazo no se ha mostrado preocupado y en todo caso, sigue manteniendo el discurso que pone a Bolivia como el país idílico, la Suiza prometida, el lugar adonde todos quieren volver. Tal vez lo que le contaron al Presidente tiene que ver con otros inmigrantes, con los peruanos, los chilenos o los brasileños, que sí tienen excelentes razones para retornar a su tierra natal. América Latina comienza a convertirse en un polo de atracción mundial, incluso para los bolivianos, que lamentablemente seguirán buscando sitios que les aseguren un mejor porvenir.

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El Día: ¿Otra espiral de violencia?

Editorial

Los recientes acontecimientos de Cochabamba muestran con claridad que las protestas sociales acompañadas de violencia suelen ser el punto de partida de otras espirales de conflicto que no le hacen ningún bien al país. Evitar la escalada de desmanes está en manos de los dirigentes de los sectores sociales en pugna y de las propias autoridades municipales y nacionales. Su responsabilidad es ineludible. Porque una cosa es protestar con vehemencia en torno a una demanda que se considera legítima y otra, muy distinta, alentar la toma de instalaciones de agrupaciones de trabajadores, además del robo y saqueo de sus bienes colectivos. Lo sucedido resulta además de lamentable, peligroso.
 
Sin duda que transportistas y fabriles se verán enfrentados ya no por sus demandas en ristre, sino por los daños agravados y todavía no resarcidos. Lo que empeora el panorama social de aquí en adelante. Por ello, conviene advertir que si bien el origen de los problemas se asienta en la escasez de algunos productos básicos de la canasta familiar y el encarecimiento de ésta, ha sido el pretendido alza de los pasajes del transporte público el detonante de las violentas protestas. El inopinado enfrentamiento social acaecido en la capital cochabambina viene a ser el resultado de la carencia del principio de autoridad sobre quién decide las modificaciones del alza de los pasajes.
 
Las autoridades ediles consideran que es la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) quien tiene la competencia, esta instancia gubernamental señala que las tarifas del transporte urbano es competencia exclusiva de los municipios. Esta suerte de “pasarse la papa caliente” viene a echar más leña al fuego. Lo más probable es que las autoridades municipales ya no puedan con el conflicto por haber perdido autoridad y lo que corresponde es que el Gobierno ponga las cosas en su sitio como debe ser. Sin embargo, las demandas de aumento salarial junto a las protestas por la escasez de alimentos y el alza de precios avizoran una espiral de violencia que conviene frenar.
 
Para ello, hace falta que los dirigentes de los sectores sociales recurran al diálogo con un espíritu constructivo y conciliador, manteniendo sus demandas justas dentro de un criterio de racionalidad. Si se pretende reeditar las jornadas de la “udepización” con sus nefastos resultados de hiperinflación, basta con que cada uno mantenga tercamente su posición. El Gobierno debe convencerse que se están abriendo más frentes de conflicto en la medida que se deja que los primeros problemas crezcan sin ser atendidos. Las desacertadas medidas económicas de diciembre le están pasando la factura política al oficialismo. En ese contexto, es el Gobierno quien debe asumir como suyo el conflicto.
 
Resulta difícil dejar pasar por alto el hecho que han sido las medidas gubernamentales las que han agravado la anunciada crisis de alimentos. Decretar el alza desmesurada de los combustibles líquidos y su posterior derogación no ha sido la solución. Por lo que se está viendo hasta ahora, ha sido el principio de las protestas escalonadas y el descontento social. La espiral de violencia vivida en Cochabamba puede replicarse en otros puntos del país, de misma manera que se dieron en Llallagua. Lo menos que puede hacer el Gobierno es remediar lo que ha estropeado. Para ello deberá luchar contra el tiempo, porque en economía no hay milagros, sino medidas sensatas y equilibradas.
 

El Gobierno debe remediar lo que ha estropeado. Para ello deberá luchar contra el tiempo, porque en economía no hay milagros, sino medidas sensatas y equilibradas.

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Los Tiempos: DUDOSAS MUESTRAS DE AUTOCRÍTICA

Es muy lamentable que el Gobierno insista en eludir sus culpas, pues de ese modo resulta imposible alentar esperanzas en un futuro mejor

"Hemos cometido errores y con humildad pedimos disculpas. Perdón por los errores". Con esas palabras, dichas en vísperas del inicio de las mayores movilizaciones de protesta de los últimos tiempos, el vicepresidente Álvaro García Linera ha dado, por primera vez en los cinco años durante los que ha tenido en sus manos la conducción de nuestro país, una muestra de modestia. Hasta ahora, todas sus palabras tenían el sello de la arrogancia.

Sin ir muy lejos, hace poco más de un año, en octubre de 2009, al hacer una evaluación de los indicadores macroeconómicos de nuestro país, el Vicepresidente dijo muy orondo: "Hemos dado cátedra de economía no sólo al país, sino a todo el continente". Y un poco antes, el presidente Evo Morales decía con toda seguridad: "Si continuamos avanzando como ahora, dentro de 15 años podremos ser iguales a Suiza",

Pero no era sólo una desmedida autoestima la que daba lugar a una visión tan optimista de la situación económica de nuestro país. Hace muy pocos meses, en octubre del año pasado, la revista América Economía dedicó un artículo central a los logros de la economía boliviana. "Las claves de la Evonomics" titulaba el reportaje y en él no se escatimaban elogios para un fenómeno que, según los autores del artículo, era comparable al que dio lugar al término "Reaganomics" en los años 80, para referirse a los éxitos del Gobierno de Ronald Reagan.

Para respaldar sus afirmaciones, el artículo de América Economía recurría a las altas calificaciones con que el Fondo Monetario Internacional premió al Gobierno boliviano.  "Los directores ejecutivos felicitan a las autoridades bolivianas por su sólida gestión macroeconómica y una eficaz respuesta política para mitigar el impacto de la crisis global", se decía en la presentación del documento publicado en enero de 2010, y eso bastó para que al Ministro de Finanzas de nuestro país se lo presente como un prodigioso hacedor de milagros y él mismo creer que así sucedía, como mostraba una campaña propagandística en esos tiempos de triunfalismo.

Pocos meses han transcurrido desde entonces, pero han sido suficientes para poner en evidencia cuán distantes de la realidad estaban esas apreciaciones. Tanto, que ya no es una cátedra de economía "no sólo al país sino a todo el continente" lo que ofrece el Vicepresidente, sino que pide, muy humildemente, "perdón por los errores".

Pero, lo cierto es que no basta sólo pedir perdón -lo que, como se ha dicho, es un paso importante–, más aún cuando se manejan los destinos de una nación. El arrepentimiento debe estar acompañado del propósito de enmienda, actitud que, de darse, exigiría otorgar a nuestros gobernantes el beneficio de la duda y una nueva oportunidad, deponiendo para ello las medidas de presión y protesta.

Ocurre sin embargo que parece que ése no es el caso, pues ni bien el segundo mandatario pidió disculpas, comenzó a lanzar una sarta de acusaciones contra los medios de comunicación y los empresarios privados, a los que los actuales inquilinos del Palacio de Gobierno insisten en achacar todos los males que aquejan al país.

Es lamentable que así sea, pues de ese modo resulta imposible alentar esperanzas en un futuro mejor, que sólo será posible construir si se establecen espacios de encuentro y diálogo.

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El Deber: La ‘información oficial’

Sin duda alguna que, como ya viene ocurriendo, algunos aprobarán y otros rechazarán la reciente reposición del ministerio que se hará cargo de la comunicación gubernamental, dispuesta mediante Decreto Presidencial que designó como titular de la nueva cartera al periodista Iván Canelas que ejercía las funciones de Vocero Oficial del Jefe del Estado Plurinacional.

Para un juicio definitivo se deben tomar en cuenta ciertos aspectos esenciales sobre el tema. En primer lugar, cabe mencionar uno de rango institucional: la existencia de todo un sistema estatal de medios de comunicación social. Sí, ‘estatal’ y no ‘gubernamental’, porque su papel es de servicio a toda la colectividad, y no sólo del gobierno de turno.

Integran tal sistema el canal de televisión Bolivia TV, la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI), la cadena radial Patria Nueva y el periódico Cambio. Son medios a los cuales, en buen porcentaje, financia el Estado con el dinero que por la vía impositiva aportamos al Tesoro General de la Nación (TGN) todos los bolivianos. Esta red requiere de un comando central que le marque el rumbo respecto a información y opinión sobre lo que hace el Gobierno central en cumplimiento de sus objetivos programáticos y de todo cuanto ocurra en el país.

Si tal dirección debe ajustarse a un nivel ministerial o simplemente técnico-direccional a cargo de gente especialista en la materia, es algo que aún sigue en discusión, aunque de hecho, en casi todos los países, se optó por la segunda alternativa. Esto se da tanto en naciones altamente desarrolladas como en los países de la periferia, donde no existen ya ‘ministerios de Información’ o ‘Comunicación’, sino direcciones especializadas en la comunicación estatal. Son los casos de Estados Unidos y de todos los países de Europa. Igualmente, de una mayoría de naciones de América Latina.

Otro aspecto por considerar es el hecho de que en una democracia la libertad de expresión es derecho que rige para todos, tanto para gobernantes como para gobernados. Consecuentemente, no es reprochable que el Gobierno del MAS apueste a la reposición del ministerio referido la mejora en calidad y efecto de la información oficial. El flamante titular de la cartera del ramo, en su discurso de toma de posesión y juramento del cargo, se mostró adverso al propagandismo gubernamental del pasado. Dijo que ahora el objetivo esencial del sistema estatal de medios de comunicación social será la difusión de la ‘verdad’ (oficial) y la promoción de la educación y la cultura.

Bien, tales proclamas, sólo que tendremos que esperar algún tiempo para saber si se cumplen o quedan en la mera retórica.

De hecho, el rigor propagandístico en los medios de comunicación social del Estado a favor del Gobierno es hoy tan manifiesto como en el pasado. Está aún por verse si esto cambia o continúa.

Igualmente, constituye toda una incógnita si la reposición del citado ministerio se ciñe a los objetivos que se señala o deriva a otros que insinúan ciertas iniciativas de gente del MAS para el control de los contenidos de información y opinión de los medios, algunos de los cuales se hallan ya en plena vigencia, como esa ley que para ello apela a la lucha contra el racismo.  

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Cambio: Colombia, una señal de paz

Durante la última semana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular (FARC-EP) liberaron unilateralmente a cinco secuestrados y, con ese acto de alcance humanitario, no sólo mandaron un claro y contundente mensaje al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, sino que abrieron el camino para la búsqueda negociada de la paz, tras medio siglo de una guerra interna que cobró miles de muertos, como desaparecidos, torturados y millones de campesinos desplazados por la extrema violencia.

En ese camino, los rebeldes liberaron al mayor de Policía Guillermo Solórzano, secuestrado el 4 de junio del 2007 en Miranda (Cauca, sur), al cabo del Ejército Salín Sanmiguel, capturado el 23 de mayo de 2008 en Cajamarca (Tolima, centro) durante un enfrentamiento armado con el Frente 21 de las FARC; al infante de Marina Henry López, en su poder desde el 23 de mayo de 2010 en Caquetá (sur), en otro enfrentamiento con el Frente 15; al concejal Marcos Vaquero, de San José del Guaviare (sureste) y secuestrado el 28 de octubre de 2009 en un ataque a una comitiva oficial; y al concejal de Garzón (Huila, suroeste) Armando Acuña, selló una actitud que fue destacada no sólo por organismos defensores de los derechos humanos sino por el pueblo colombiano.

No obstante, si bien finalizó ese proceso de liberación —propiciado por la suspendida senadora liberal Piedad Córdova y entidades humanitarias— todavía es una incógnita actitud final que asumirá el gobierno de Santos, y si ese gesto humanitario del grupo guerrillero, catalogado como terrorista por Estados Unidos y algunos países europeos, será la señal que permita sentar las bases de un proceso de acercamiento que eventualmente culmine con la tan ansiada paz en Colombia.

No obstante, los hechos señalan que desde los primeros intentos en 1984 hasta el cierre abrupto de las conversaciones en 2002 muchos intereses —internos y externos— se interponen en el camino de la reconciliación colombiana, y alguna de ellas radicalmente opuestas al cese de hostilidades. En la acera de quienes apuestan a establecer un creíble proceso de paz y una salida política al conflicto armado se encuentra la senadora Córdova, quien aseguró que si "las cosas siguen esta tónica", las personas que aún se encuentran retenidas por las FARC podrían ser liberadas antes de la mitad de este 2011. 

Y en un contexto en el que el propósito común de la libertad sumó distintos esfuerzos, signo de que es posible la unidad ante nobles causas, la agrupación Colombianas y colombianos por la paz, aseguró que el regreso de los cinco secuestrados a sus hogares "es un mensaje de esperanza para el  presente y el futuro que deseamos" y valoró la disposición del presidente Santos, el papel cumplido por el Comité Internacional de la Cruz Roja y el apoyo del Gobierno de Brasil, que posibilitaron el éxito de las operaciones de liberación.

En este camino y más allá de los intereses que apuestan a una "solución militar" a la guerra interna colombiana y también como un gesto humanitario, es menester que el gobierno de Santos mejore sustancialmente las condiciones carcelarias, respete y garantice los derechos de las guerrilleras y los guerrilleros de las FARC-EP y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), presos en las cárceles de ese país.

Y aunque el presidente Santos afirmó ayer que no autorizará negociar la paz mientras no haya "verdaderos gestos de una voluntad de dialogar" por parte de la guerrilla, los hechos señalan que las liberaciones que comentamos sí son un gesto que debería ser interpretado en su real contexto. Es decir, sobreponer, por ejemplo, el derecho de los secuestrados por la guerrilla izquierdista de retornar al seno de su hogar del que fueron arrancados.

Desde que Piedad Córdova asumió el compromiso de trabajar por la restauración de la paz en Colombia, 20 civiles y militares que estaban en poder de los rebeldes fueron liberados. Sin embargo, la senadora fue sometida a un proceso e inhabilitada por la Procuraduría de Colombia para continuar su carrera política.

A pesar de esto, ella se mantiene firme a su consigna de que "La paz no tiene reversa" y continuará ejerciendo una influencia positiva en la búsqueda de una solución política a una guerra empantanada por la imposibilidad de ninguna de las dos partes de derrotar militarmente al contrario.

Sin embargo, a las consecuencias del enfrentamiento entre el gobierno y los insurgentes, cuyas demandas surgen de las condiciones de pobreza, exclusión, sobre explotación y miseria en que la que viven millones de colombianos, han aparecido otros poderes. Entre ellos está el paramilitarismo, encargado durante mucho tiempo de realizar el trabajo sucio, como la eliminación sistemática de líderes políticos, sindicalistas, estudiantiles y populares, así como de reprimir y desalojar campesinos y pueblos originarios para beneficiar a terratenientes y oligarcas.

En un país donde el 82% de la población rural vive bajo la línea de pobreza, de ese porcentaje el 43% en la indigencia, otros factores  como narcotráfico y la creciente ingerencia de Estados Unidos en los asuntos internos colombianos, con fuerzas militares cuyas tareas van mucho más allá del pretexto esgrimido de controlar el tráfico de drogas; el camino para apuntalar el proceso de paz se torna muy complejo.

Por eso, en un contexto tan adverso, la alternativa para que el pueblo colombiano alcance la paz, pasa por terminar la guerra contra la insurgencia, dedicar tiempo y recursos a resolver la pobreza y la marginación, de las que se alimenta el paramilitarismo y el narcotráfico.

Y como señala Radio Habana Cuba, una vez pacificado el país, sobrarían en suelo colombiano las fuerzas militares extranjeras y se recuperaría la soberanía nacional.

En un contexto tan adverso, la alternativa para que el pueblo colombiano alcance la paz, pasa por terminar la guerra contra la insurgencia, dedicar tiempo y recursos a resolver la pobreza y la marginación de las que se alimenta el paramilitarismo y el narcotráfico.

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La Prensa: Titánica labor de un ministerio

El Ministerio de Comunicación puede abrir caminos para que el periodismo ejerza una mayor fiscalización por una ley de acceso a la información?

La creación del Ministerio de Comunicación ha generado opiniones encontradas sobre la misión que desarrollará y los alcances que tendrá.

Las declaraciones del nuevo Ministro y ex vocero oficial de la Presidencia no han logrado conciliar esos criterios, a pesar de la franqueza con la que parece haber obrado frente a los medios de comunicación privados.

Es cierto que una de las tareas más difíciles que deberá encarar ?pero que no ha sido oficialmente anunciada? es la de intentar recuperar por lo menos parte de la credibilidad perdida por el Gobierno y que le está llevando a enfrentar una cantidad enorme de problemas con diversos sectores de la sociedad civil.

En este campo de la restauración, sin embargo, el Ministro debería contar, por sobre todas las cosas, con la sinceridad en sus declaraciones de los otros ministros, Presidente y Vicepresidente del país y máximas autoridades ejecutivas de distintas instituciones gubernamentales. Las intenciones de maquillar los problemas, de distorsionar la realidad, de minimizar los conflictos, de echar la culpa a otros y no asumir las responsabilidades son, en gran parte, las que han socavado la credibilidad del Gobierno.

El Gobierno deberá estar consciente de que las millonarias campañas mediáticas han tenido poco o ningún impacto en la sociedad y, de alguna manera, han mellado su imagen ante una población que cree, y con razón, que los recursos del Estado deben emplearse para paliar la pobreza en lugar de usarse en propaganda política.

De lo que más podía vanagloriarse el actual Gobierno, era del apoyo que recibía de los sectores populares y especialmente de los más pobres, que ponían, al principio, todas sus esperanzas en que el cambio no sólo se produciría en niveles ideológicos, sino, y especialmente, que se traduciría en mejor calidad de vida para los bolivianos. Pero jamás se imaginaron que su situación empeoraría a tal punto de obligarles a salir a las calles para protestar por el elevado costo de vida.

Poco o nada podrá hacer el Ministerio de Comunicación si no hay en el Gobierno un cambio real que mejore las condiciones de vida de forma permanente y efectiva. Desde hace ya mucho tiempo, La Prensa ha venido insistiendo en que el Gobierno no debe dejar pasar el tren del desarrollo sin subirse a él, cuando todavía hay oportunidad de hacerlo, aprovechando la coyuntura internacional que permitirá al país salir de la pobreza. Para eso están las riquezas naturales poco o nada aprovechadas.

El Ministerio de Comunicación tiene, además, la ocasión de evitar que sectores autoritarios del Estado no sólo pretendan adoptar medidas antidemocráticas contra la libertad de expresión y de prensa, sino abrir los caminos para que el periodismo pueda ejercer una mayor fiscalización a través de una ley de acceso a la información, que es obligatoria en todos los países que, como Bolivia, se comprometieron a hacerlo.

Tendrá además la misión de convencer a algunas autoridades del propio Gobierno que el periodismo no es enemigo de nadie y que sólo cumple su misión de informar, y que cuando se crea que abusó de esa misión, pueda recurrir a los tribunales de ética existentes o a la ley de Imprenta, pero no a la censura.

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El Diario: La atención en los recintos carcelarios

Las denuncias que surgen de tanto en tanto sobre los recintos carcelarios conmueven a la población. Al margen de conocerse el déficit permanente de los presupuestos para su atención, la fuga de convictos y la casi ninguna información sobre su re-apresamiento, no siempre es conocida la situación en todos sus detalles; pero lo que se ve en el diario transcurrir de esos recintos resulta realmente dramático.

En las últimas semanas, se ha mostrado cuadros patéticos sobre la cárcel llamada “Panóptico” en La Paz, que aloja a más de 1.700 presos y que, con seguridad, la cantidad de alojados en el mismo local sobrepasa las dos mil personas si se tiene en cuenta que, en muchos casos, se permite que la esposa y hasta hijos acompañen al condenado por la justicia.

Celdas sucias, en pésimo estado de conservación, ventanales sin vidrios, pisos que emiten frío y humedad, techos a punto de caer, espacios mínimos, mala alimentación, pésima elaboración de los alimentos especialmente por la condición en que se encuentran las cocinas y muchas otras falencias, convierten a los recintos carcelarios en atentados contra los derechos humanos.

Uno de los aspectos más preocupantes es el hecho de que las diferentes instalaciones alojan a personas que violaron las leyes civiles y penales conjuntamente narcotraficantes o criminales comprobados o el caso de violadores y otros elementos contrarios a los valores que deben ser educación práctica y vida en un sitio que, se entiende, debe servir para inculcar en los alojados virtudes y valores perdidos, para habilitarlos para su nueva inserción en la sociedad una vez cumplidas sus sentencias.

La falta de administración oportuna de justicia es otra desgracia que sufre una mayoría de los convictos: los tribunales de justicia no funcionan y, muchos, si lo hacen, es sobre la base de “quién tiene más para que la justicia camine”. Hay casos que esperan años la tramitación de sus respectivas causas; hay otros que esperan la “buena voluntad” de autoridades que permiten “el apresamiento por años”, por no ser aptos para tener justicia, puesto que “estarían en contra de lo dispuesto por la autoridad”. Otro caso es, por supuesto, el de las personas acusadas de hechos que nunca se aclaran y que permanentemente están “en investigación” sin que nadie se ocupe de ellas.

Vivimos tiempos en los que el Gobierno hace ostentación de poseer mucho dinero, de “cuantiosas reservas”, de “bonanzas económico-financieras” que, bien se conoce, son, en su mayor parte, ilusiones y fantasías que se hace para paliar en algo las deudas, la crisis económica y la inflación que es cada vez más lacerante; pero, no obstante ello, correspondería que se destine partidas extraordinarias para una habilitación de los recintos carcelarios con la finalidad de reparar la infraestructura, dar a los diversos recintos un mínimo de higiene, comodidad y condiciones aptas para la vida humana. Lo primero que habría que atender es el aspecto de la alimentación y su preparación que, en las condiciones actuales, no merecen confianza. Lo que la población ha visto por los canales de televisión es inconcebible e inaceptable con personas cuyos derechos nadie puede violentar, por más que hayan cometido los delitos más execrables o condenables. No atender los recintos carcelarios y, si es posible, construir otros con las mínimas condiciones de seguridad y comodidad, es simplemente indolencia e irresponsabilidad.

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El Mundo: Lo mismo

Como en los viejos tiempos, el país ha vivido una intensa jornada con paros, manifestaciones y otro tipo de demostraciones, exigiendo que el Gobierno satisfaga los requerimientos originados por el alza del costo de vida que se agudizó como consecuencia del famoso ‘gasolinazo’.

Una descripción del panorama vivido en las últimas horas nos muestra el cierre de los centros de educación del estado, los reclamos del magisterio, la disminución de los medios de transporte público, la falta de atención en los hospitales, la huelga del sector de la salud, mientras grupos de trabajadores realizaban ruidosas manifestaciones, a pesar de la fuerte lluvia que caía en Santa Cruz.

Recordemos que el jueves terminó sin resultado un anunciado diálogo entre las autoridades de Gobierno y la Central Obrera Boliviana, para negociar los requerimientos relacionados con las demandas salariales de los trabajadores.

El panorama visto de esa manera nos ha permitido recordar lo que acontecía antes del 2005, cuando los trabajadores ponían en apuros al gobierno neoliberal que por su insensibilidad, se negaba a atender los requerimientos y mandaba a los policías a reprimir a los manifestantes que según se indicaba, impedían el desarrollo de la actividad productiva.

A decir de las autoridades de ese entonces, eran los comunistas infiltrados en los organismos de los trabajadores que hacían esfuerzos por desestabilizar la marcha de la democracia.

En ésa época, merecían una mención especial los campesinos de El Chapare que alentados por el narcotráfico, contrarrestaban lo esfuerzos para la erradicación de los cocales que realizaba la Felcn, con el apoyo de los amigos de la DEA.

Viendo que el panorama ha repetido las características de la situación observada hace algo más de seis años, nos enteramos que según las autoridades, son los empresarios y los partidos de la derecha que han logrado corromper a los dirigentes sindicales para impedir la marcha de la revolución.

Afirman que es exagerado que los trabajadores estén reclamando un incremento salarial, una vez que el Gobierno ha resuelto escuchar el clamor popular retirando una medida que tenia la intención de corregir los errores cometidos por los neoliberales.

Los gremiales han resultado funcionales a la derecha porque han elevado los precios de los artículos de la canasta familiar y si el precio del azúcar o el arroz subió se debe a los consejos mal intencionados de los empresarios a quienes se cometió el error de escuchar.

Lo interesante de la situación aparece cuando nos ponemos a observar las características de las medidas gubernamentales que no han experimentado cambios sustanciales en ambas oportunidades y que paradójicamente, quienes intervienen en las marchas, bloqueos y otras demostraciones resultan siendo las mismas personas e inclusive, en muchos casos, los mismos dirigentes que en un acto de nobleza, han decidido mantenerse al lado de sus bases antes que incursionar en las funciones de gobierno, donde si han cambiado las caras, pero mantienen los mismos procedimientos y se ríen con más ganas de los pedidos que les plantean.

Tal vez la diferencia principal se encuentre en la habilidad de distraer la atención con las salidas más originales, como aquella de fijar una plazo, hasta el 23 de marzo, aniversario de la defensa de Calama, para que el gobierno chileno haga conocer su propuesta de solución para el problema marítimo.

Recordemos que con anterioridad, un spot publicitario de las Fuerzas Armadas advertía sobre la posibilidad de un enfrentamiento, lo que dio lugar a que los vecinos además de pedir explicaciones, mejoren su presencia militar en las fronteras, no solo con Chile sino con otros países vecinos.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Tecnología contra la inseguridad

La tecnología se ha convertido en una herramienta privilegiada en la lucha contra el crimen, tanto en el campo de la prevención, desalentando hechos que pueden ser detectados por cámaras de seguridad, como permitiendo el conocimiento rápido de ellos y, eventualmente, la identificación de víctimas o delincuentes.

Para utilizar este recurso, en diversas jurisdicciones del país, y especialmente en la municipalidad de Tigre, se han instalado cámaras en las calles y edificios sensibles como escenarios del delito, así como sistemas informáticos de diverso orden que permiten acelerar la comunicación con las autoridades en situaciones de riesgo.

De este modo, los ciudadanos pueden sentirse más protegidos y, en la medida que los dispositivos desalienten actos delictivos, compensar el costo de los sistemas instalados con el ahorro estatal y privado que implica una menor tasa de criminalidad.

Aún así, el despliegue de esas tecnologías no es inocuo ya que suele generar, en sectores de la población, aquí y en todo el mundo, preocupación por la invasión de la privacidad. Esto efectivamente sucede, pero hay que hacer un balance entre el resguardo de un estado ideal de privacidad, con las necesidad de resguardar la seguridad de personas y bienes.

Las autoridades deben tener en cuenta este problema para utilizar las nuevas tecnologías en forma prudente, evitando invasiones innecesarias de la privacidad o la violación de otros derechos de las personas o las instituciones.

Las nuevas tecnologías contribuyen a combatir el delito, pero generan resistencias por quienes temen ver invadida su privacidad. Las autoridades deben tener en cuenta el problema.

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