Efectos perversos del intervencionismo

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Buscando inversiones

  2. El Día: Proceso de cambio o relevo de pícaros

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: La nueva dignidad

  5. El Día: Realidad y comunicación

  6. Los Tiempos: EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

  7. El Deber: Parques naturales abandonados

  8. Cambio: Privilegiar el diálogo

  9. La Prensa: Efectos perversos del intervencionismo

  10. El Diario: Nuevos ministros y ministerios en escena

  11. El Mundo: Partidarios

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Asegurar el inicio de las clases


El Día: Buscando inversiones



Energía e Hidrocarburos

El Gobierno ha decidido atraer inversiones para el sector hidrocarburos.  Para esos fines algunas de las consideraciones del 21 Congreso de la Conferencia Mundial de la Energía (WEC)  de noviembre pasado, son pertinentes.  La WEC es la asociación energética mundial no gubernamental más prestigiosa del tema.
 
WEC informa que para el 2030 el consumo de energía crecerá entre un 24% a 30%, apoyado en combustibles fósiles y que las reservas de estos energéticos son suficientes para soportar cómodamente este crecimiento.  Las reservas de gas, el combustible favorito,  han subido de 6.610 TCF a 18.110 TCF.  Gas de lutitas o gas no convencional, produjeron ese aumento.
 
El único cuello de botella constituirá el acceso a los fondos necesarios porque los países todavía no han salido de la crisis económica financiera.
 
En palabras simples: existen las reservas, se cuenta con la tecnología para desarrollarlas, pero los fondos estarán escasos.   El acceso a fuentes de financiamiento será muy competitivo globalmente.
 
A lo anterior se debe agregar  que la seguridad legal y la existencia de un marco regulatorio adecuado y estable, son condiciones necesarias para lograr inversiones.
 
Con ese escenario ¿tendremos éxito en captar inversiones?
 
Existen técnicas y procedimientos probadamente exitosos para estos fines.  Formar equipos y programar reuniones con la industria petrolera, banca y expertos en los centros de actividad petrolera y financiera. Houston, New York, Tokio, Paris, Stavanger, etc. donde un equipo de profesionales competentes (no políticos avezados) dan a conocer las bondades del país y las oportunidades que se presentan en Bolivia.  Adicionalmente se habilitan centros de información petrolera nacional (data rooms).
 
Previo a esas misiones llamadas en la industria “road shows”, es necesario tener un libreto uniforme.
 
La posibilidad de encontrar mayores reservas de gas e inclusive petróleo, y su comercialización es el tema.
 
Hasta ahora el dato oficial de reservas es un misterio. Pero para el mundo petrolero el saber que exportamos más de 30 MMm3/d con la producción de una docena de pozos, es suficiente indicación de la existencia de importantes campos por descubrir.
 
Lo anterior no justifica ni pretende explicar el ocultamiento ilegal que realiza YPFB sobre las reservas del país.  Su última excusa indicando que las someterá primero al gobierno para recibir la autorización para su publicación, es inaceptable igual que las anteriores.  Las cifras sobre las reservas del país son un dato técnico y no una decisión política. 
 
Volviendo a la atracción de inversiones.  Mercados para futura producción son un problema.  Nuestro mercado interno solo no es atractivo.  Es pequeño como el  país.  Exitosas campañas anteriores, han sido fuertemente influenciadas por lo atractivo del mercado argentino y brasileño, que están contratados hasta el 2027 y 2021 respectivamente.
 
Nuestro reciente historial sobre seguridad jurídica y contar con marco regulatorio apropiado es muy lamentable.  Parecería que consciente de esa falencia, el gobierno hace meses anuncia el promulgar una nueva Ley de Hidrocarburos.
 
Con los precios del petróleo un IHD del 50% no asusta a la inversión, pero lo que espanta es el sistema discrecional de YPFB para otorgar contratos.  Lograr áreas de trabajo en base a licitación de ofertas como se hace en todo el mundo, es lo aceptable.
 
Por otro lado, las concesiones a los derechos de los pueblos originarios en el desarrollo de proyectos, es también un tema que ahuyenta la inversión privada.  Estas concesiones y algunos puntos sin reglamento de la CPE deben tener salvaguardas.
 
Finalmente, el anuncio que las enmiendas a la ley serán exclusivamente para favorecer a YPFB, es el peor anuncio que se puede hacer.  Cualquier inversor petrolero si viene a Bolivia lo hace para encontrar y desarrollar más petróleo y gas, no para solamente  fortalecer YPFB.  Para un privado eso anuncia peligros ocultos, que no valen la pena correr.
 
La decisión de atraer inversión es buena, ojalá se la ejecute correctamente sino será otro fracaso como el gasolinazo.
 

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El Día: Proceso de cambio o relevo de pícaros

Barlamentos.

En una whiskería de La Paz, hace algunos años encontré a un amigo casado con una brasileña del sur, de Blumenau creo, entorno donde la arquitectura teutona se ha trasplantado junto con descendientes de alemanes. Escuchábamos a Gal Costa, hasta que a la rubia se le ocurrió despotricar contra los negros brasileños. Qué mayor molino de viento que el prejuicio racial al que cargue este Quijote. Le recordé que la diva cuya voz nos embelesaba nació en Salvador de Bahía, crisol de rasgos del mestizaje blanco, negro y cobrizo que colorean la identidad cultural y étnica brasileña. Me mordí la lengua para no tocar el tema de las colitas brasileras, las mejores del mundo según un concurso reciente, que mucho deben a esa mezcla.

Cargo contra otro molino de viento, la reseña lambiscona e ignorante del traductor brasileño de La potencia plebeya, último opus de Álvaro García Linera, Vicepresidente del Estado Plurinacional. Su primer error es tildar a Bolivia de población mayoritariamente indígena, equivalente a sonsear que Brasil es predominantemente caboclo o mulato. Nao, cara. No importan los indicadores inventados por fantasiosos de la “nación aymara”, Bolivia es tan criolla como sus hermanas iberoamericanas. Su mezcla de sangre es tan variada y desigual en lo que Vasconcelos llamó la “raza cósmica” latinoamericana.
 
Los rasgos culturales que la distinguen son en su mayoría mestizos: desde la vestimenta –pollera, sombrero y manta en las cholas, por ejemplo- hasta los bailes –diabladas, morenadas y “pujllay” de “entradas” religiosas y carnavales. ¿Quién discute que los “urus”, relegados por los aymara a “regiones de refugio”, como las llamaba Aguirre Beltrán, difieren de los cambas? Los últimos, descendientes de hispanos, quizá se parecen a los portugueses, que Gilberto Freyre caracterizara por la “mixibilidad”: desde “el primer contacto”, fueron “multiplicándose en hijos mestizos”. Otra cosa es que el ponderable rescate de la legitimidad y valía del ancestro indígena, se busque en este gobierno mediante la incitación lamentable del resentimiento y el antagonismo étnico.
      
Refleja ignorancia atribuir a cambios revolucionarios del gobierno de Evo Morales, el beneficio “especialmente (de) los indios que siempre fueron tratados como no ciudadanos, prácticamente no tenían derechos”. ¿No fue la Revolución de 1952 la que les dio el voto, urdiendo la argucia electoral de la “puka” papeleta, única disponible, precursora del voto consigna de hoy? Hasta el apelativo de “indio” se reemplazó por el condescendiente “campesino”, que hoy se afanan en denominar “originario”.    
 
Desconoce el traductor que Víctor Paz Estenssoro fue quien “nacionalizó” las minas en 1952, entre comillas porque se indemnizó a los llamados Barones del estaño, tomando cargo de socavones exhaustos de mineral, llenos de mineros silicosos. El mismo personaje, ante la Bolivia que se moría según sus propias palabras, puede que treinta años más tarde haya “quebrado el espinazo del movimiento obrero”, retornando las minas a la iniciativa privada. Fue por el fracaso del modelo estatista, debido tanto a la baja de precios de los minerales, como a la corrupción e ineficiencia del Estado como empresario.

Hoy las minas son de picapedreros agrupados en cooperativas, o avasalladas por indígenas que roban equipo y maquinaria de inversionistas privados. Los grandes yacimientos se adjudican a consorcios transnacionales, que mantienen contento al gobierno, sabe Dios cómo. Al irse dejan inmensas oquedades rellenas de agua y sembradas de alevinos, luego depredados por adoradores de la Pachamama.

El retorno a estatizar la industrialización de los minerales para dejar de exportar pedregones, ha resultado en revolcón en la tumba del Ing. Jorge Zalesky, de ascendencia foránea por cierto, pionero de la refinadora de estaño en Vinto, hoy un ineficiente reducto de supernumerarios. Ni qué decir de ese elefante blanco de Karachipampa, hijo del estatismo corrupto, así sea en manos de civiles o de militares. Ahora Evo Morales ofrece la industrialización del litio a los milicos, cuyo ejército debería construir caminos en vez de oficiar de panadero, su fuerza aérea ni pilotos puede dotar al avión presidencial, y la armada sin navíos ni siquiera ha empezado un puerto fluvial en la hidrovía que exportaría el hierro fundido en acero del Mutún. 
     
No he leído la obra de Álvaro García Linera. Pero merecen ironía algunas ocurrencias del autor en la presentación del libro en La Paz, que accedí a través de YouTube. En su desvelo por la evolución de procesos sociales de cambio, habla de una etapa previa de bifurcación: el dilema entre “reconstruir el viejo Estado” o “construir uno nuevo.” La primera opción evoca que no hay nada nuevo bajo el sol. En mi visión sardónica del proceso de cambio en Bolivia, es relevo de pícaros. La opción dos evoca a revolucionarios de maquila, que en el poder se tornan autócratas. Como el Stalin de purgas soviéticas o el Pol Pot camboyano de montones de calaveras.

Si somos potencia plebeya, es del blablá de la retórica de ideologías obsoletas. Lo prueban los indicadores comparativos con el resto del mundo. Vean dónde estamos en rankings del Producto Interno Bruto, de las exportaciones, de la competitividad global, de la transparencia y corrupción, de la desigualdad medida por el coeficiente Gini, de la calificación PISA de nuestros estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera.

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El Día: Bolítica

Tomando en cuenta el índice del IPC de 2010, hasta junio se llegará a un tope máximo de 11%. Luego irá reduciéndose a un estimado del 6%, esto ha pasado también en el 2010 y la inflación del 2012 incluso sería menor y tendería bajar a un 4%".

Marcelo Zabalaga
Presidente deL banco central de Bolivia


Se dice que: La elevación de los precios de la canasta familiar continuará hasta el mes de junio, que es cuando se iniciará un descenso paulatino del índice de precios al consumidor".


El gasto público continúa muy suelto de cuerpo y alma sin posibilidades políticas de ser frenado. Además, con los aumentos de los salarios que se avecinan, la presión del consumo seguirá firme y fuerte".

Gonzalo Chávez
analista económico

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El Día: La nueva dignidad

Bajo el Penoco.

“Llegó azúcar”. Esta insólita noticia es capaz de movilizar a miles de personas que se agolpan detrás de los camiones repartidores a esperar que algún empleado gubernamental “malagana” le aviente una bolsa quintalera. Antes, el desesperado comprador habrá tenido que juntar a otros cuatro o cinco clientes para dividirse el cargamento (a no ser que sea concejal oficialista, ex ministra o senador “del cambio” para que le vendan el quintal completo o varios de ellos). Este procedimiento que  se realiza en medio de la calle con una romana de esas de gancho o “al ojo”, si es que la comadre no es muy rezongona. El vecino ha dejado su trabajo porque le resulta mejor “bicicletear” con el azúcar que el Estado Plurinacional trae en avión desde Colombia. Toda el azúcar que junta se la lleva un pueblo vecino donde están pagando hasta doce bolivianos por kilo, ya que por allá no pasa el camión de Emapa y tampoco llega la tele. Al nuevo comerciante le han avisado dónde va a ser mañana la repartija. Ya tiene listo el grupito que hace falta para hacerse de su quintal. Es la nueva “dignidad” que vive el pueblo boliviano.

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El Día: Realidad y comunicación

Editorial

Ojalá el problema de Bolivia fuera un asunto de comunicación. Ojalá todo se resolviera con la creación de un ministerio.
El MAS asumió el poder hace cinco años convencido de que la comunicación era la clave para gobernar.

De hecho, el presidente Morales es un incansable comunicador y a él se sumó un grupo de primer nivel en esta ciencia, que ha derrochado ingentes cantidades de dinero en la elaboración de mensajes y el diseño de estrategias destinados a “crear” un país paradisiaco, un proceso de cambio fructífero que le ha transformado la vida a los bolivianos, que maneja la economía con maestría y que en esas condiciones tiene todas las ventajas para ganarse la perpetuidad.

Nadie puede negar que al Gobierno del MAS le ha ido muy bien en la comunicación. Ganar seis procesos eleccionarios consecutivos no es agua de borrajas, pero lamentablemente la comunicación no tiene la capacidad de crear la realidad, simplemente genera ciertas sensaciones, que obviamente son las que le han servido al oficialismo para arrasar políticamente en el país.

Detrás del éxito político del MAS, por supuesto, existía una realidad de bonanza económica innegable, que transcurría por el mérito de otros actores y de otros factores y sobre todo, a pesar de las decisiones que pudiera tomar el Estado Plurinacional, lleno de incompetentes e improvisados. Mientras el Gobierno comunicaba su “excelente performance” (a un costo de ocho dólares el segundo, con un promedio de 400 dólares por cada vez que se emite un spot en cada canal de televisión), los otros comunicadores, los que hablaban basados en la realidad, los que advertían del desastre económico que se venía, que pronosticaban la escasez, la sequía de inversiones, el desabastecimiento de combustibles y el peligro de una hambruna, eran apedreados en las calles, expulsados de las cadenas televisivas por presiones gubernamentales y sometidos a un enorme bombardeo legal para acallarlos.
   
Cuando la realidad se vuelve tan pesada como para aplastar de un plumazo un mensaje televisivo oficial, cuando el Gobierno ya ni siquiera es capaz de mantener una imagen y cuando justamente la inoperancia y el desconcierto de las autoridades se han vuelto factores que generan sensaciones de angustia en la gente, que se vuelca a las calles en busca de azúcar, arroz o harina y eso se convierte en coadyuvante de la inflación, al Presidente le dicen que todo es un asunto de comunicación y en consecuencia decide crear un nuevo ministerio, que seguramente  tiene la misión de aumentar el bombardeo mediático, derrochar todo lo que sea posible en anuncios, en la adquisición de medios y en el reclutamiento de mayor cantidad de comunicadores que ayuden a reconstruir ese “paraíso”, que con tanto empeño describió el presidente Morales el pasado 22 de enero, al momento de celebrar su quinto año de inquilinato en el Palacio Quemado.

El problema es que, como ya lo han adelantado algunos “comunicadores” gubernamentales, el nuevo ministerio también se dedicará a ajustarles las clavijas a los otros comunicadores, a esos que continuamente están reportando lo que pasa en la  realidad. Eso será complicado a estas alturas. Será tan difícil como tapar el sol con un dedo, sobre todo cuando los nuevos revolucionarios del mundo son los señores Twitter y Facebook, grandes protagonistas en Egipto y Túnez.
 

Cuando la inoperancia del Gobierno genera que la gente, se vuelque a las calles en busca de alimentos, al Presidente le dicen que todo es un asunto de comunicación y decide crear un nuevo ministerio.

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Los Tiempos: EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN

La ciudanía necesita buena y fidedigna información, y más se  ayuda el propio Gobierno si refleja cabalmente la realidad que si la distorsiona

Dada la impronta de los medios de comunicación en la vida de las naciones, la revolución tecnológica e Internet, y una cada vez más exigente ciudadanía para acceder a más y mejor información, la creación de un ministerio de comunicación es una medida pertinente siempre y cuando los objetivos que persiga no estén circunscritos sólo a beneficiar el régimen de turno, sino a establecer canales fluidos de comunicación con la ciudadanía.

Sin embargo, en este campo sí que es una lamentable verdad aquello de que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Probablemente fue a fines de la década de los 70 y a mediados de la de los 90 cuando en el país hubo serios intentos por establecer un organismo capaz de acompañar el desarrollo de las comunicaciones con el propósito de hacer que la sociedad acceda a una más amplia información pública y el Gobierno conozca las percepciones ciudadanas predominantes para mejorar el buen gobierno.

Particularmente en la primera experiencia, la frustración fue muy grande. El país vivía entonces bajo una dictadura militar y las iniciativas que postulaban la necesidad de contar con una entidad estatal capaz de impulsar el buen uso de las comunicaciones fueron rápidamente opacadas por los encargados de la propaganda oficial y las tendencias a imponer mecanismos de censura amparados en la fuerza.

En la segunda oportunidad, hubo avances consistentes que se tradujeron principalmente en tres políticas: la creación de la Agencia Boliviana de Informaciones (ABI), cuya titularidad fue encomendada a un reconocido periodista independiente (política que siguió a una importante decisión adoptada en la gestión anterior de contratar vía convocatoria pública a productores independientes para la elaboración de los informativos centrales del canal estatal); la instalación de sistemas de red entre las diferentes reparticiones estatales para que los periodistas puedan acceder a la información que requieran, sin que ello signifique coartar el acceso directo a las fuentes, y un sistema de monitoreo de percepción ciudadana para determinar las demandas ciudadanas y canalizarlas hacia los diferentes niveles del Estado.

Lamentablemente, esta voluntad modernizadora no duró mucho, y con la ascensión al poder del MAS, nuevamente los medios estatales se convirtieron en agentes de propaganda gubernamental; es más, los canales estatales ya no son llamados tales, sino "medios de comunicación gubernamentales".

De ahí que es posible postular que la decisión de recrear el Ministerio de Comunicaciones será positiva si se comprende, por un lado, que más que campañas de manipulación informacional y propaganda, la ciudanía necesita buena y fidedigna información, y que más se ayuda el propio Gobierno si refleja cabalmente la realidad que si la distorsiona, porque la ciudadanía no es estúpida como quisieran algunas autoridades que lo sea. De hecho, lo que está sucediendo en estos días en las ciudades del país muestra que no hay correspondencia entre lo que difunden los medios gubernamentales y lo que sucede en la realidad.

No es, empero, una tarea fácil la de encontrar un equilibrio entre el deber profesional de un entendido en comunicaciones y la lealtad partidaria, pues siempre están al acecho quienes creen que es válida toda manipulación para garantizar la reproducción del poder. El desafío está dado…

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El Deber: Parques naturales abandonados

El país está incumpliendo su compromiso de preservar los parques naturales que están en su territorio.

Los 22 parques que existen en Bolivia, considerados esenciales para la preservación de especies valiosas e irreemplazables del planeta, están abandonados a su suerte.

Bandas de ‘colonizadores’ han incursionado en esos parques, seguidos por los cocaleros, en una acción muy bien coordinada. Los primeros acaban con los árboles y los segundos se proponen explotar el suelo hasta destruirlo, para luego pasar a otras zonas, siempre detrás de quienes hacen de su vanguardia.

Las políticas de erradicación de cocales se concentran en áreas conocidas, como Yungas y Chapare, pero no prestan atención a las regiones consideradas fuera de esas geografías.

Los cocales ilegales han avanzado tanto que ni siquiera el Gobierno informa de acciones que estén dirigidas a los que se encuentran en los parques naturales.

Según un reportaje de EL DEBER, 80% del territorio de los 22 parques ha sido afectado y está herido de muerte. Los más seriamente afectados son los parques Amboró, Madidi, Noel Kempff e Isiboro Sécure.

El asedio a estos parques es múltiple. Son los caminos vecinales que los atraviesan, el avance urbano pero sobre todo los cocaleros, convertidos en una plaga.

Hay algunos casos dramáticos que la opinión pública nacional no conoce. El parque San Matías, en la frontera con Brasil, cuenta con solamente 14 guardabosques para proteger un área de tres millones de hectáreas. Ciudadanos brasileños ingresan a la laguna La Gaiba y se llevan pescados en la época de veda en Brasil, porque nadie cuida el parque boliviano, dice el informe.

El parque Carrasco, en el departamento de Cochabamba, está virtualmente abandonado ante el avance de los invasores, cientos y miles de cocaleros. La consigna de que el Gobierno no ha de aceptar cocales en las zonas protegidas no parece tener sentido en Carrasco, pues la erradicación no ha llegado todavía.

Todos los parques están amenazados, pero lo están más los que se encuentran próximos a los centros urbanos, como es el caso de los parques Aguaragüe, Amboró y Carrasco. El problema es que la destrucción del Amboró pone en peligro la provisión de un tercio del agua potable que llega a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El trabajo de control es muy débil y al final sólo se concreta con el decomiso de parte de la madera, en el momento en que está a bordo de camiones de empresas que probablemente logran sacar otras cargas burlando los controles.

En este momento, el proyecto de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos es un ejemplo de lo que ocurre con los 22 parques. Los pueblos originarios, como los yuracarés, moxeños y chimanes se oponen a la obra, pero los colonos y los cocaleros la apoyan, guiados por sus intereses.

El país está necesitando una política clara para los parques, política que podría requerir la ayuda internacional, en vista de que las posibilidades del Estado son insuficientes para esta tarea. Las generaciones futuras van a sentir las consecuencias de lo que se haga o se deje de hacer ahora.

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Cambio: Privilegiar el diálogo

La noche del pasado miércoles, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) habían asegurado que —tras decretar un paro movilizado para hoy—, en una mesa de diálogo buscarían respuestas concretas por parte del Gobierno nacional, sobre la demanda de incremento salarial que permita a los trabajadores asumir el alza del costo de vida que, a consecuencia de factores internos y externos, experimenta Bolivia desde las primeras semanas de este 2011.

Asimismo, el ampliado nacional de los trabajadores que asumió esa medida de presión, también expresó su pleno rechazo a la unilateral decisión de algunas federaciones de transportistas de incrementar arbitrariamente el costo de los pasajes por el servicio público que prestan.

Sin embargo, los dirigentes que ayer acudieron al Ministerio de Trabajo para instalar esa mesa de diálogo, abandonaron precipitadamente esas instalaciones con el argumento de que a ese encuentro no asistieron el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.

Es decir, una actitud que fracasar —aunque el diálogo se mantiene abierto— el primer intento de encarar las demandas de los trabajadores en un espacio que nos señala la democracia: una mesa de negociación en la que la dirigencia sindical y las autoridades gubernamentales expongan —a su turno— las demandas laborales y las posibilidades reales del Estado Plurinacional para atender las mismas, respectivamente.

Pero esa actitud de la central sindical fue criticada por varios sectores afiliados. La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), a través del dirigente Rodolfo Machaca, informó que en su ampliado nacional, en la que participaron ejecutivos de las federaciones departamentales y regionales, resolvió por unanimidad no acatar el paro de 24 horas y las movilizaciones convocadas por la COB.

Machaca lamentó que los dirigentes de la COB hayan abandonado la reunión con las autoridades gubernamentales y aseguró que los campesinos apuestan por el diálogo como el mejor mecanismo para encontrar soluciones a los problemas que encara el pueblo.

La posición de la CSUTCB fue respaldada por la Federación de Mujeres Campesinas Bartolinas Sisa, comunidades interculturales, trabajadores petroleros, mineros de Huanuni y por juntas vecinales de varias ciudades del país, cuyos dirigentes deploraron que se desprecie el diálogo, en momentos en los que corrientes vinculadas al viejo Estado colonial, alientan desde diversos frentes el malestar social. Por eso es necesario que la dirigencia sindical asuma con la madurez que siempre caracterizó a la COB, un escenario político que lleva el sello de la desestabilización alimentada por quienes, como ocurrió tras la aprobación del derogado decreto de nivelación de los precios de los carburantes, buscan aviesos fines políticos con una generosa cobertura de sus medios de comunicación.

Por eso, los canales de televisión de propiedad de políticos vinculados a la más radical oposición de derechas, en las últimas horas promocionaron y respaldaron el paro convocado por la COB, no sin antes hacer énfasis en que "a la escasez, las subidas de precios, ahora se suma el paro". Además, de difundir frases previamente acordadas como "¿qué pasó para que las protestas crezcan tanto en Bolivia?", o como aquella, atribuida a un "soberano", quien supuestamente aseguró que "he llegado recién de Europa y he encontrado que los precios aquí en Bolivia están más altos que en Europa", y otras frases orientadas a alimentar la incertidumbre entre una población aprisionada por mensajes con alto contenido político para desestabilizar al gobierno legalmente constituido.

En este sentido, es ponderable que al final de la jornada de ayer, el secretaro Ejecutivo de la COB, Pedro Montes, quien por la tarde lanzó un discurso en el que cuestionó durante al gobierno, haya abierto la posibilidad de reasumir el diálogo con los ministros de Estado, en el que se analicen los avances sobre temas estructurales y se defina parámetros respecto del incremento salarial que exigen los trabajadores y, una vez concluido esta etapa, entonces el Presidente y el Vicepresidencia participen de la mesa de diálogo.

Es que sólo una mesa de diálogo determinará las reales posibilidades de nuestra economía —ante el innegable alza del costo de vida— para fijar un incremento salarial que de ninguna manera esté por debajo del índice inflacionario que hasta este 31 de enero alcanzó al 8,44%.

Es cierto que la obligación de la dirigencia sindical es preservar los intereses de los trabajadores y luchar por sus justas reivindicaciones, pero que la COB exija una canasta familiar de 8.309 bolivianos mensuales es simplemente irracional, porque atenta contra la estabilidad de la economía y desencadería una espiral inflacionaria que sólo beneficiaría a especuladores y agiotistas, amén que sería un caldo de cultivo para que corrientes ultraconservadoras desestabilicen el actual proceso de cambios estructurales.

Además, entre 2003 y 2005 —durante el neoliberalismo— el salario mínimo nacional se mantuvo congelado en 440 bolivianos (62 dólares), mientras que entre 2006 y 2010 subió a 679 bolivianos (97 dólares). Este es un dato concreto y lejos del discurso político.

En ese contexto, es imprescindible que autoridades y trabajadores asuman que el diálogo es la única vía, no sólo para encontrar respuestas al pedido de incremento salarial, sino estrategias concretas para fortalecer el aparato productivo para garantizar la seguridad alimentaria y la creación de fuentes de empleo.

Es imprescindible que autoridades y trabajadores asuman que el diálogo es la única vía, no sólo para encontrar respuestas al pedido de incremento salarial, sino estrategias concretas para fortalecer el aparato productivo para garantizar la seguridad alimentaria y la creación de fuentes de empleo.

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La Prensa: Efectos perversos del intervencionismo

La crisis y las peligrosas expectativas inflacionarias no son producto de ningún ‘imperialismo’, sino de la incapacidad del régimen vigente?

Desde el frustrado ?gasolinazo? de fines de diciembre, la situación económica ha ido de peor en peor. Ya venía en declive, pero todavía no afloraba en su verdadera magnitud. A partir de esa malhadada decisión gubernamental ?que luego de crear conmoción fue revertida?, el proceso se aceleró. Nos encontramos ahora con precios en alza incontenible y desabastecimiento de bienes esenciales. No se puede negar la magnitud de esta crisis que afecta hoy a toda Bolivia, generando descontento popular y convulsión social.

Los sociólogos definen al efecto perverso como un resultado contrario al esperado y ello, como producto involuntario de una decisión o de múltiples decisiones por separado. Tomemos como ejemplo un embotellamiento de tránsito. Si la circulación está bloqueada no es porque los automovilistas han elegido molestarse mutuamente en forma deliberada. Simplemente deciden, todos, al mismo tiempo, emprender un mismo itinerario y terminan también todos perjudicados por la suma de sus comportamientos. En la base de la noción de efecto perverso existe la ausencia de intención, es un resultado independiente de la voluntad de los actores.

Nadie duda de las buenas intenciones que motivaron el intervencionismo estatal y los controles de precios impuestos por el Gobierno, pero es un hecho que involuntariamente se ha creado un efecto perverso, un efecto contrario al esperado. En lugar de solucionar el problema, lo está agigantando.

No es la primera vez que esto sucede en el mundo. Los casos de manipulación oficial de precios y controles de exportaciones son numerosos. Se han dado en nuestro país en el pasado y en varios países sudamericanos, siempre con resultados desastrosos. Una de las razones del derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue justamente el nefasto manejo estatal de los sistemas de precios, lo que terminó ?entre otros factores? creando desbarajustes que precipitaron el colapso del comunismo y la extinción de la otrora súper potencia. El caso actual de Cuba ?con sus cupones de racionamiento? es típico también. Y ya vemos en Venezuela lo negativo de esa política.

Para expresarlo sin ambages: la crisis presente y las peligrosas expectativas inflacionarias no son producto de ningún ?imperialismo?, sino de la incapacidad del régimen vigente para administrar la economía y tomar previsiones ante la coyuntura internacional en materia alimentaria. No basta con la estabilidad macroeconómica, importante en sí, hace falta algo más. A lo largo de cinco años se ha castigado injustamente a los productores agropecuarios con diversas medidas que redundaron en una drástica disminución de la oferta de alimentos.

Por otro lado, durante estos recientes años de bonanza se ha desperdiciado una oportunidad única para generar inversiones en la minería y en el sector energético e impulsar mecanismos de crecimiento. El populismo y las prebendas pudieron más que la simple lógica. Ahora nos encontramos en una difícil situación, pero ésta aún podría revertirse si se deja de lado tanto intervencionismo estatal y el Estado más bien se dedica a lo suyo: controlar prudentemente los procesos, estimulando la libertad económica y regulando eficazmente lo que corresponda sin meterse tanto en campos que no le competen.

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El Diario: Nuevos ministros y ministerios en escena

La primera impresión sobre el cambio de los ministros de Trabajo y de Culturas, y la creación de una nueva cartera de Información, fue la del aumento de la burocracia estatal y que no mejora en lo mínimo la difícil actual situación político-económica del país, ni contribuye en términos generales a reponer la imagen desmejorada del Gobierno. Además este súbito cambio a menos de un mes de otro anterior acusa falta de planificación gubernamental, sino improvisación. La Administración Morales a la vuelta de cinco años incrementa el número de ministerios de 17 a 21, en medio de una gestión poco efectiva de sus más íntimos colaboradores, como lo revelan variadas encuestas.

Asimismo, la concurrencia de dos ex parlamentarios del MAS y candidatos perdidosos a las alcaldías de La Paz y Oruro, respectivamente, y la promoción de un viceministro de Trabajo y del Portavoz oficial denotan falta de exponentes en las filas oficialistas. Una especie de turno repetitivo (“rosca”) como el presente, en otros tiempos no tendría otro denominativo que el de “oligarquía”.

Al margen de esta promoción al Órgano Ejecutivo, lo novedoso resulta un ministerio de Comunicación que sólo parecería responder a una centralización de la información oficial que hasta ahora se diversifica por distintos canales, no siempre concordantes e inclusive contradictorios, pero este objetivo tropezará con el afán protagónico de los propios hombres de Gobierno desde el Ejecutivo y desde la Asamblea Legislativa. El decreto supremo para la nueva cartera cuida mucho su redacción para no mencionar la señalada finalidad, pero en cambio deja apreciar una frondosa burocracia con dos nuevos viceministerios y una serie de direcciones que ejercerán control sobre los medios comunicacionales del Estado, entre los que se olvidó mencionar a la red de emisoras “comunitarias” de directa dependencia oficial.

De frente a la difícil situación creada por el llamado “azucarazo” y la elevación del costo de vida desatado en cadena, la información no puede aportar soluciones, aunque se puede prever el incremento de la ya excesiva publicidad y propaganda en los medios audiovisuales en las que incurre el Gobierno. Nadie puede dudar que el primero en esa campaña es el propio Primer Mandatario, ininterrumpidamente desde hace cinco años, superando cualquier experiencia anterior, lo que hace suponer una enorme merma a sus atenciones de Gobierno. El rubro informativo oficial es, sin duda, el más y mejor atendido desde su punto de vista, sin requerimiento de refuerzos en la magnitud tomada.

Desde otro ángulo se puede apreciar que el nuevo portafolio de Estado es fruto de la suspicacia oficialista con respecto a los medios de comunicación y de la intención de limitar aún más la libertad de prensa, pese a las graves cortapisas contempladas en la Ley Contra Toda Forma de Racismo y Discriminación. El tiempo y los hechos responderán si el ex vocero y ahora Ministro, periodista Iván Canelas, asume esa tarea como propia en franco disenso con el gremio al que se debe.

Inicialmente, en acto seguido a la posesión de los ministros, se adelantó que la Ley de Imprenta no cubre a los medios audiovisuales haciendo necesaria una normativa expresa. Además no es novedad que la actividad de prensa se encuentra en la mira de los asambleístas del MAS, pergeñando un instrumento legal sustitutivo en los hechos de la Ley de Imprenta, con el nombre que se le quiera dar. El novel ministro del ramo no aludió a ello, pero, sin descartarlo, dijo que debía ser una labor “entre todos”, vale decir, entre las partes interesadas.

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El Mundo: Partidarios

Los últimos movimientos sociales que se han venido produciendo en el país, nos dan la oportunidad de hacer una evaluación del grupo de partidarios que defienden las acciones del Gobierno.

Cuando llegó el alto número de votos manifestado en las elecciones del 2009, tuvimos la impresión de que en ese porcentaje estaba representada una gran parte de la ciudadanía y que el resto correspondía a los habitantes de las ciudades de los departamentos llamados de la media luna y sectores empresariales dispersos en los otros departamentos del país.

Nuestros cálculos parecen haber quedado adulterados cuando los que considerábamos integrantes del bajo porcentaje, manifestado como oposición y que el Presidente veía como los causantes de las demostraciones de presión contra el gasolinazo y autores de la escasez de productos de primera necesidad, están ahora de espectadores ante el nuevo panorama.

Las movilizaciones de los gremialistas o el paro de actividades del transporte público parecen mostrar que los movimientos de oposición al Gobierno no son precisamente los que el Presidente ha visto como tales; el punto salientes de este nuevo panorama se muestra más complejo cuando es la central Obrera Boliviana la que anuncia movilizaciones y asegura que el país podría quedar detenido por sus decisiones.

Frente a ese panorama el Gobierno podría mostrase inquieto, pero ha encontrado una satisfacción por el hecho de que algunos sectores sociales le han manifestado su apoyo incondicional, pero no hallamos hasta dónde ese apoyo puede ser efectivo, vemos por ejemplo el caso de las juntas vecinales que se muestran leales; sin embargo, será que la gente que está representada en las juntas no son los conductores de los vehículos de transporte, los trabajadores de servicio de los hospitales y otros que anuncian que saldrán a las calles a protestar.

Viéndolo de esa manera el panorama parecería más preocupante; sin embargo, las autoridades no parecen verlo así, el Presidente ha sido muy expresivo al asegurar que los pedidos de aumento de salarios de la COB le causan risa; será que el apoyo de los compañeros cocaleros le parece suficiente para mantenerse por los cuarenta años anunciados, en el ejercicio del poder. Habría que recordar también que esos compañeros fueron los primeros en salir a bloquear carreteras y otras medidas de fuerza que nacieron cuando les tocaron los bolsillos.

No dudamos en que el rato menos pensado, los maestros y los trabajadores de salud intentarán concretar el viejo anuncio de incremento del 20 por ciento, para paliar el alza del costo de vida que se ha producido en la práctica y que está pendiente de ser cobrado.

Con seguridad, las medidas de los transportistas o de la COB han de tener un impacto muy pequeño en las actividades cotidianas del Presidente, ya que si se bloquean los caminos o se marcha en las plazas, él puede reírse una vez más, abordar su avión e irse de vista a Caracas, donde siempre es bienvenido, mejor si lleva más arroz del que guarda Emapa, dejando la tarea de negociar a las personas que antes lo aconsejaron y lo hicieron tan bien que el pueblo lo obligó a retroceder.

Cualquiera que sea el resultados de los paros y marchas anunciados no serán una demostración en contra de los empresarios o los productores del campo sino de los sectores sociales que no podrán movilizarse para poder llenar la olla.

Será que los policías que resultaron los adulados del momentos estarán en condiciones de reprimir a quienes manifiesten su disconformidad, en caso de suceder será lo ideal porque de los contrario podemos llegar a situaciones de confrontación con resultados poco previsibles. No nos parece una buena hora para reír.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Asegurar el inicio de las clases

Como viene ocurriendo en los últimos años, el inicio del ciclo lectivo en las escuelas públicas del país no está asegurado, y esto debido a que aún no se alcanzó un acuerdo entre las autoridades y los distintos gremios docentes.

La morosidad del Ministerio de Educación de la Nación ha dilatado hasta último momento la convocatoria a paritarias, a pesar de que los representantes docentes adelantaron sus pretensiones. El problema es que el acuerdo nacional -todavía no alcanzado- es la base a partir de la cual se desarrollan las discusiones en las diferentes provincias. Por esta situación, poco se ha avanzado en las distintas jurisdicciones del país, lo cual le agrega incertidumbre al inicio de las clases, en un contexto de deterioro de la educación pública.

Es imprescindible, entonces, que se aseguren el inicio y las continuidad de las clases en todo el país, a fin de afrontar desde el aula el desafío de mejorar la calidad escolar para revertir la notable desigualdad educativa que se registra.

El inicio de las clases no está asegurado por desacuerdos entre gremios y autoridades al iniciarse las paritarias, en el contexto más amplio del deterioro de la educación pública.

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