El Comandante del COA busca frenar proceso coactivo con un amparo

foto_portadaEl actual comandante del Control Operativo Aduanero (COA), Osvaldo Cabrera Ferrufino, tiene un proceso coactivo en la Contraloría General del Estado (CGE) “por disposición arbitraria de bienes patrimoniales”, a pesar de un amparo a su favor que, sin embargo, pide que el contralor Gabriel Herbas “dicte un nuevo dictamen de responsabilidad debidamente motivado y fundamentado”.
Se trata del caso de un “bono funcional” no contemplado en las normas que se pagó a efectivos del Batallón de Seguridad Física de La Paz cuando el oficial era el jefe de personal en 2005. Po eso, éste fue inculpado de indicios de “responsabilidad civil solidaria” por un monto global de 34.251 dólares, según señala el informe complementario EX/EP20/F06-CI de la CGE, del 26 de junio de 2009, aprobado por Herbas el 31 de agosto de ese mismo año.

“Corresponde ratificar los indicios de responsabilidad solidaria establecidos en el informe preliminar de auditoría (…) por disposición arbitraria de bienes patrimoniales del Estado”, dice el documento respecto de la decisión contra 13 oficiales de la Policía Nacional, entre ellos Cabrera Ferrufino.
En una entrevista con la red Erbol, el jefe del COA negó todos los cargos, de los que dijo que no le corresponden debido a que –explicó— sólo firmó planillas de pago en las que estaba consignado desde mucho antes de su gestión el bono cuestionado por la Contraloría. “No voy a pagar algo que no gasté, porque sería admitir una culpa”, dijo el oficial, quien admitió que uno de los corresponsables en el caso pagó la cuota que le corresponde.

 
Según el informe de la CGE (y el dictamen CGE/DRC-026/2009), Cabrera Ferrufino tiene responsabilidad civil solidaria en dos montos, uno de 30.333 dólares conjuntamente con otros dos oficiales, entre ellos el fallecido Rómulo Vargas, y otro de 3.918 dólares, en corresponsabilidad con también dos oficiales, uno de ellos, como Vargas, otrora comandante del Batallón.
En su defensa, el jefe policial recurrió a la Sala Penal Primera, que el 26 de febrero de 2010 dictó a su favor procedente el amparo constitucional interpuesto contra Herbas. Sin embargo, el documento judicial, firmado por el presidente de la sala Ángel Aruquipa, dispuso que la sentencia pase a revisión del Tribunal Constitucional.
El viernes 11 de febrero de 2011, la presidenta de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya, dijo a Erbol que no conocía ese proceso, aunque adelantó que iba a solicitar un informe del caso al jefe del COA. Ese mismo día, el oficial aseguró que el proceso no era tal debido a un recurso de amparo constitucional dictado a su favor, pero este miércoles dijo que la titular de la Aduana tiene conocimiento de su caso.



Fuente: Erbol