Los bolivianos y el Estado

viewer Una reciente encuesta de Latinobarómetro, realizada en toda la región para la consultora GIS XXI, muestra que a diferencia de países con mentalidad altamente estatista como Venezuela, en Bolivia sólo una pequeña porción de la población piensa que “el Estado puede resolver todos los problemas”. Ante esta frase, un 46% de los venezolanos respondió afirmativamente, revelando que quizás sea esa cultura estatista la que facilitó la instalación del régimen autoritario/populista del coronel Chávez. La media latinoamericana de ciudadanos que confían en el Estado Providencia se sitúa en un 17% y lo más interesante es que Bolivia se ubica por debajo de esa media, con apenas un 15% de bolivianos dispuestos a confiarle la dirección de su vida (económica, política, etc.) al Estado. El dato es muy oportuno, en momentos en que el gobierno de Evo Morales lanza una ofensiva intervencionista en la economía, mediante el control de precios y la planificación de la producción alimentaria. Aunque el discurso oficial trate de mostrar lo contrario, la realidad es que esta intervención, lejos de ser la solución a los problemas económicos parece estar convirtiéndose en el problema principal. Hay que rastrear los orígenes de la reducción de la oferta alimentaria nacional (que se contrajo en un 37%) en el desincentivo a la producción provocado por medidas gubernamentales como los cupos y prohibiciones a la exportación, así como en la inseguridad jurídica agraria generada por la nueva legislación colectivista, las reversiones a punta de fusiles y los avasallamientos tolerados o promovidos desde el Estado. En una segunda fase, el célebre “gasolinazo” terminó de destapar las expectativas inflacionarias. No hay, por tanto, que rebuscar entre “especuladores y agiotistas” las causas del alza de precios y del desabastecimiento, cuando estos fenómenos tienen razones estructurales muy claras. Lo cierto es que la batería de medidas estatistas está chocando contra la cultura económica de los bolivianos, basada en el intercambio libre de bienes y servicios. Y aquí hay que tener muy en cuenta a ese 70% de economía informal del país, al que quizás habría que definir como economía popular de mercado. Contra esa realidad se está estrellando el proyecto evista, al criminalizar a los comerciantes minoristas como “especuladores” y tratar de cargarles el fardo de las propias distorsiones causadas por la burocracia. Se consuma de esta forma la ruptura con otra de las (ex) bases sociales del MAS, el gremialismo, que pasa a engrosar las filas masivas de los descontentos. En buena hora, ya que estos empresarios populares pueden ser parte importante en la formulación de la verdadera reforma económica que Bolivia necesita. Tema del que hablaremos más adelante…

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