COB: “El dinero que es nuestro, debe seguir siendo nuestro”; cuestiona privilegios al Seguro Militar

Demanda: La COB exige al Gobierno no confiscar recursos de los trabajadores para crear un seguro. ¿por qué las autoridades no tocan al seguro de los militares?”.

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Dirigencia: el Comité Ejecutivo de la COB, reunido en enero de 2010, en La Paz



La Central Obrera Boliviana (COB) exige al Gobierno que no confisque los recursos que permiten el funcionamiento de los seguros de salud de diversos sectores laborales para crear un sólo sistema, y se pregunta por qué se excluye del pretendido ordenamiento a la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil).

El dirigente Johnny Flores, secretario de Asistencia Social de la COB, dijo ayer que el principal dirigente del organismo, Pedro Montes, se pronunciará esta mañana sobre el tema, en oportunidad de ofrecer una conferencia de prensa.

“Lo que nosotros pedimos es que el Gobierno no se apropie de recursos que no son públicos, sino que son de los trabajadores, y nos preguntamos, además, ¿por qué las autoridades no tocan al seguro de los militares?”.

Flores, junto con los integrantes del Comité Ejecutivo cobista, esperó ayer infructuosamente sostener una reunión con el presidente Evo Morales.

Los dirigentes sindicales del país pretendían explicar al Mandatario los cinco puntos que demandan, pero como ese encuentro no fue oportunamente agendado, esperaron ser invitados, pero al no ser recibidos, mostraron su desagrado.

El Gobierno no respondió aún al pliego petitorio de la matriz nacional de los obreros, por lo que éstos decidieron declararse en paro de 48 horas en los nueve departamentos los días lunes 21 y martes 22, en tanto que el miércoles 23, en ampliado nacional, para decidir otras medidas de presión.

La COB exige un incremento salarial superior al 10 por ciento, la reactivación inmediata del aparato productivo y la abrogación definitiva del Decreto Supremo 21060, que da base al modelo neoliberal, entre otras demandas sectoriales.

EN CONTRA. Hasta el momento, la única entidad afiliada a la COB que anunció que no acatará el paro nacional de los trabajadores será la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de Cochabamba.

Manuel Mamani, ejecutivo de esa entidad, declaró ayer a radio Pío XII de la capital valluna, que “lamento que la Central Obrera Boliviana no vele también por el sector campesino, sino sólo por su sector. Su demanda es hasta discriminatoria”. Los campesinos no son asalariados.

Los trabajadores, a favor de las universidades

El Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) solicita la abrogación del artículo 63 de la Ley Financial, que dispone que entidades autónomas se afilien al Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma).

Este mecanismo permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas controlar los gastos que las entidades del sector estatal efectúan y puede disponer, bajo ciertas condiciones, la congelación de los presupuestos, como sucedió con la Gobernación de Tarija.

Los trabajadores consideran que no se puede violar la autonomía universitaria con la disposición que incorpora a las 11 casas públicas de estudios superiores al Sigma.

El dirigente Johnny Flores dijo ayer que “no se puede tomar a las universidades como cualquier institución pública, porque en las otras no se brindan servicios similares a los que reciben los estudiantes, como comedor, médicos o financiamiento de investigaciones”.

Aseguró que “el sistema universitario ejerce mayor control de los recursos que administra, porque presenta periódicamente informes a la Asamblea Legislativa, Contraloría, a consejos universitarios, entre otros organismos”.

Autoridades universitarias y estudiantes cumplirán este lunes una marcha desde Senkata hasta La Paz en demanda de que se respete la autonomía conquistada hace 80 años.

Representantes de las 11 entidades académicas marcharán alrededor de 20 kilómetros entre Senkata y el centro de la ciudad de La Paz.

Para destacar

El sistema universitario estatal es autónomo, vale decir que no sigue las políticas gubernamentales.

Las universidades adoptan sus decisiones en consejos paritarios entre docentes y estudiantes.

Sin embargo, al tratarse de recursos públicos, las universidades rinden cuentas de sus gastos.

Al menos tres entidades estatales exigen el rendimiento de cuentas a las universidades.

La Asamblea, la Contraloría y el Ministerio de Hacienda reciben las rendiciones de cuentas.

El Gobierno pretende fiscalizar los gastos autorizados por los consejos universitarios.

Fuente: La Prensa