Roger Cortés Hurtado
“Centro de Inteligencia y Generación de Información” (Cigein) es la efectista denominación del más novedoso departamento de inteligencia y contrainteligencia de nuestro país, dirigido, hasta hace poco, por un general de Policía apresado en Panamá, bajo acusación de liderar una transnacional exportadora de cocaína.
El pasmo de nuestras autoridades al enterarse se registra en la noticia publicada la semana anterior:
“Durante el primer ampliado departamental del MAS en Cochabamba, realizado ayer en la Federación de cocaleros, (el Viceministro de Defensa Social y sustancias controladas) dijo que al general Sanabria ‘se lo han llevado los gringos a Estados Unidos; este tema, yo diría, es un trabajo de la DEA americana, porque la DEA en Bolivia está dolida porque hemos tenido la suficiente capacidad y voluntad política de expulsarlos’” (La Prensa, 27.02.2011).
No obstante que aquí se han detenido a cuatro jefes y oficiales, acusados de ser cómplices del primero, el mismo funcionario insiste en su tesis, expresando: “Hay una mano negra externa que quiere empañar la gestión del Gobierno y este proceso de cambio (…)”.
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La idea de que el mal anida en agentes foráneos, no en las estructuras institucionales comprometidas, expresa la posición oficial de nuestro Gobierno y es congruente con sus prácticas en cinco años de gestión.
En realidad, desde el primer día en que tomó las riendas de la cosa pública, ha primado una línea de conducta, desplegada para que la comandancia de los aparatos represivos no dude de la lealtad de las autoridades civiles, que va desde la posición ante los desaparecidos durante los años de dictaduras, pasa por la defensa del servicio militar obligatorio y se ratifica, prácticamente, ante las denuncias de abusos, incluyendo maltrato y muerte de conscriptos, subalternos o detenidos.
En los hechos, no en la retórica, las acciones gubernamentales, en esas áreas, no han introducido ninguna modificación sobre las prácticas del pasado. Es sobre esta base que la tendencia oficial a desplazar el eje del sustento y preservación de su estabilidad, de su base social a las fuerzas de seguridad del Estado, se ha ido robusteciendo cada vez más rápido.
Aparentemente convencidos de que contamos con aparatos armados que han cambiado de credo y sustancia por la persuasión y los halagos volcados sobre sus mandos, todas las veces que se ha manifestado una contradicción entre ellos y la sociedad, las autoridades han apostado con firmeza y perseverancia por los primeros. De ahí que cuando se presenta un problema donde queda al descubierto la fragilidad de su interpretación de la realidad, es mejor culpabilizar al empedrado.
La historia del general apresado en Panamá presenta, ciertamente, boquetes y fallas. No compatibilizan bien la imagen de un poderoso capo de una gran red internacional, con la escapada furtiva de un funcionario que abandona su privilegiada posición para transportar en calidad de “mula” un alijo que resulta roñoso, comparado con el “narco avión” boliviano de los años 90 o el recientemente capturado en España a los hijos de un ex Comandante de la Fuerza Aérea argentina, con una tonelada y media de cocaína.
Pero, cualquiera que sea el desenlace de esta última crónica roja no podrá reparar el dañado sueño oficial de que su anhelado copamiento total del poder puede asegurarse mediante la fidelidad de unos servicios de seguridad, que lo más que han cambiado con la vigencia de este Gobierno es el grito con que sus tropas forman y rompen filas.