El caso Sanabria no es sólo policial

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En un país institucionalizado lo menos que se podía esperar hubiera sido que el Ministro de Gobierno o su jefe directo presenten su dimisión

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Febrero 2011: Chernobil o Fukushima boliviano

  2. El Día: ¿Acercamiento democrático y conciliatorio?

  3. El Día: Bolítica

  4. El Día: Gobernar temblando

  5. El Día: Japón estremece al mundo

  6. Los Tiempos: EL CASO SANABRIA NO ES SÓLO POLICIAL

  7. El Deber: La ‘ciudad basurero’

  8. Cambio: La Reforma Educativa

  9. La Prensa: Vivir mejor

  10. El Diario: Reacción se extravía en lo ideológico

  11. El Mundo: Responsabilidad

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: La protección de los glaciares




El Día: Febrero 2011: Chernobil o Fukushima boliviano

La tragedia que vive Japón desde el 12 de marzo la sufre toda la humanidad.  Tan inesperada como desproporcionada a cualquier cálculo humano.  Un sismo en el fondo del mar dio origen al tsunami que barrió las costas sobre pobladas a 250 kms  noreste de Tokyo. Los muertos son miles y muchos más los desaparecidos. Y a pesar de las cuantiosas pérdidas materiales y económicas éstas  no son el foco de la noticia, ya que con el tesón, la disciplina y el nivel  de formación característico de su pueblo  Japón se va a recuperar.

Aunque el vicepresidente García Linera lo ha repetido, la vocación del poder total,  que la oposición ha sido aplastada (no sólo derrotada), que han llegado a Palacio para quedarse, que hasta el lugar de nacimiento de Evo Morales es algo sagrado, etc., los hechos, la realidad, con lo que se escribe la historia de veras, ha hecho una de las suyas. Ésta no estaba en sus cálculos.   El Estado Plurinacional sacudido por su propio tsunami  el 24 de febrero, 2011.  El General al frente del Centro de Inteligencia de la lucha contra el narcotráfico fue detenido en posesión de cocaína.  El mismo día la Cancillería boliviana hizo  gestiones para su extradición al país, prueba de la importancia asignada al caso, pero  no lograron su objetivo por  que las autoridades panameñas habían atendido el reclamo adelantado de los EEUU y para entonces  el detenido ya volaba hacia Miami a enfrentar la acusación por conspiración en el tráfico de drogas.

Chernobil en el Estado Plurinacional. En pocas horas policías de alto y medio rango fueron detenidos y acusados en relaciones al narcotráfico.  ¿Lo sabían todo, desde antes, o fueron informados “desde afuera”? Pero el daño estaba hecho. Los mayores, para la imagen del gobierno y del país. De ahí en adelante no es posible negar la penetración del narcotráfico  en altos niveles de la administración del Estado.  Desde el origen de la coca, la entrada de toneladas de precursores, los lugares de acopio e industrialización de la producción, así como la logística requerida para la comercialización y exportación, hacen imposible pensar, ni aceptar, que el negocio de toneladas de droga lo puede ejecutar una sola persona,  sin una amplísima red de protección y de cómplices.  Como en el caso de la explosión de la planta de energía nuclear ucraniana el 26/4/1986, pasarán  muchos años y  las secuelas de éste caso serán todavía visibles.

El espíritu de los samurai a prueba. Fukushima el nuevo paradigma. La tragedia sólo ha empezado, viene  lo peor. La falla en los sistemas de enfriamiento ha llevado a su recalentamiento y a algunas explosiones dentro de las plantas,  provocando la evacuación masiva de las poblaciones cercanas, de los 800 técnicos encargados de manejarlas, al sacrificio de algunos que ya están en observación por irradiación y al martirio de 50 dispuestos a luchar hasta donde sea humanamente posible intentando controlar el desastre:  la explosión y la diseminación de material radioactivo, que podría convertirse por miles de años y de manera indiscriminada en causa de sufrimiento y muerte de todo ser viviente, en cualquier lugar del planeta. En los alrededores la radioactividad ya aumentó un milisievert por hora, la dosis máxima que puede tolerar el hombre en un año. Después de Hiroshima y Nagasaki, nadie pudo imaginar esto: Chernóbil, Three Miles Island y, Dios no lo permita, Fukushima.

El asesinato de Noel Kempff sacudió a la sociedad boliviana, en especial a la cruceña. No desapareció, pero puso una raya al narcotráfico. La impunidad  disminuyó y la ostentación de la riqueza mal habida dejó de ser  bien vista. ¿O seguirá el narcotráfico cual mancha radioactiva marcando hombres y nombres,  ahora, a diferencia de los años ’80, por todo rincón del territorio nacional? ¿Se volverá a apreciar el trabajo honrado, el enriquecimiento lícito, el disfrute de los bienes con sobriedad, con cierto pudor, y hasta  con dignidad? El Gobierno tiene la especial responsabilidad de transparentar hasta dónde llegan los tentáculos de esta actividad, y tomar las medidas correctivas que manda la ley. Tiene que quedar bien claro quiénes están comprometidos y quiénes no.  Como también tiene la oportunidad para rectificar donde se hayan cometido errores y  no delitos. La ciudadanía está expectante y la diputada J. Echeverría ha dejado plasmadas al menos 20 interrogantes (El capo y su ministro, eju 03/03/2011) que merecen ser atendidas.

Evo y su gabinete están conminados a responder. Es su responsabilidad como jefe de Estado. No importa si su popularidad esté por los suelos (según IPSOS, en febrero el nivel de aprobación es de 32% y la desaprobación  del 63%), esto atañe a obligaciones del cargo.  Pero, tiene que salir por  el camino correcto, que no es echándole la culpa a terceros, y menos en el caso de un general traficante de 4.7 toneladas de cocaína.  Esto parece obra del Vice, que a veces parece que se despista o que no lo entiende.  El domingo 6/3/2011 declara en una entrevista concedida a Los Tiempos que “la masacre de Pando evitó la caída del gobierno” y, con lujo de detalles, confía cómo se tramó, se planificó y se ejecutó la toma de aquél jirón patrio: aquello que hasta fue  calificado como  genocidio, delito de lesa humanidad, por el que hay personas perseguidas, exiliadas, encarceladas, y están todavía calientes  los muertos de ambos bandos clamando justicia. ¿Será también de él la idea de culpar ahora a la DEA, a la deslealtad de los chilenos y panameños,  a la derecha, a los eternos vende patrias, a USAID,  etc., justamente los que han puesto al descubierto el nuevo cartel boliviano? Es hora de volver a ejercer el poder en democracia, respetando sin instrumentalizar la ley. Basta echar una mirada al Medio Oriente. El momento no parece ser favorable a las dictaduras, ni para los soberbios ansiosos de poderes eternos.

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El Día: ¿Acercamiento democrático y conciliatorio?

Los titulares de la prensa, que son puntos de interés para los lectores, señalaban en su edición del 27 de febrero, una “reconciliación” entre el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales (suena más democrático y convincente Presidente de la República), y el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. “Evo y Costas acortaron diferencias en efeméride” (Correo del Sur). “Bajan el tono de sus discursos por los 450 años de fundación” (El Día). “Coinciden en no pelear” (El Mundo.). Recordamos esos titulares que corresponden a ediciones  pasadas porque se refieren a un hecho episódico singular de comportamiento del Ejecutivo, que compartió, en San José de Chiquitos, sin suspicacias ni recelos el 26 de febrero, una celebración histórica como es la fundación de Santa Cruz hace 450 años.

Tratándose de temas políticos nacionales, no siempre tenemos la oportunidad, o la suerte, de encontrar una información estimulante que pueda tener el sello de la concordia entre bolivianos. Por el contrario, en el acervo noticioso del día o de la semana no hallamos, en este campo, discurso alguno de tono conciliador sino más bien la frase agresiva o desafiante, o la provocación al adversario político. ¡Qué bien! sería recibir el discurso del gobernante si comprometiera o anunciara una política del Ejecutivo dirigida a respetar la independencia de los poderes, a terminar con el acoso judicial a quienes disienten del pensamiento oficial, a promover la integración nacional en todo sentido, a mejorar las relaciones internacionales del país, a garantizar la iniciativa privada, a revisar y modificar las leyes y otras disposiciones legales aprobadas últimamente que paradójicamente afectan el Estado de Derecho.

La referencia a lo sucedido por breve lapso en San José de Chiquitos, a raíz del encuentro entre el Presidente del Estado Plurinacional y el Gobernador de Santa Cruz, en las circunstancias anotadas, desde luego que no podría prestarse a la ingenua creencia de que por fin se hubieran dado bases iniciales de convivencia democrática, pues en seis años de gobierno ha sido tal su prédica disolvente que resulta poco confiable una actitud conciliadora. Pero se puede rescatar de este aislado episodio por lo menos una disposición de ánimo, casi imperceptible, que bien cultivada puede servir para buscar en el futuro más puntos de encuentro que de separación entre los bolivianos y, sobre todo, evitar acaso un proceso de desintegración nacional.

Las buenas intenciones del gobernante o del estadista bien pueden medirse por el grado de respeto que tenga al adversario, por su sencillez, por sus esfuerzos de promover la unidad de la nación, por una sabia energía para no llegar al despotismo o menosprecio de las personas e instituciones, por hacer de la ley un instrumento de la justicia, no de la represión,  por dar una respetable imagen del país ante el concierto de las naciones del mundo y por crear y alentar las condiciones apropiadas para nuestro desenvolvimiento democrático.

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El Día: Bolítica

        A lo largo de los últimos cinco años el único presidente de Bolivia que ha logrado mayores acercamientos con Chile ha sido Morales. No hay por qué cambiar el discurso de cordialidad y de amistad que ha imprimido desde hace cinco años".

Iván Canelas
MINISTRO DE comunicación


Se dice que: Se escuchó versiones de varios legisladores chilenos quienes aseguran que el mandatario boliviano utilizará el tema marítimo el 23 de marzo para aumentar su baja popularidad".


La tentación de Bolivia es utilizar a Chile como chivo expiatorio. El 23 de marzo es una fecha emblemática, pero creo que al final y por el tema de la baja popularidad, utilizará este salvavidas y hará un discurso
más duro".

Hernán Larraín
Pres. comisión de RREE Cámara Alta chilena

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El Día: Gobernar temblando

Eso de “Gobernar obedeciendo al pueblo” se está volviendo “Temblar cada vez que respinga el pueblo”. Al primer amague de reacción sobre el proyecto de estatización de los seguros universitarios de salud que planteó el Gobierno, tanto el ministro de Comunicación, Iván Canelas, como el vicepresidente García Linera, salieron a aclarar que nada más era una idea vaga, un borrador, apenas un proyecto que ni siquiera se había discutido en la Asamblea Plurinacional y que por último, si llega a aprobarse una Ley de Seguro Universal de Salud, los universitarios podrán tomar la decisión de cumplirla o no, porque es opcional. La silbatina de 50 mil paceños el otro día en el estadio Hernando Siles y las encuestas, que una tras otra ratifican la debacle de la imagen presidencial, colocan al Gobierno a merced del miedo. Si hasta las bravuconadas del vice y Quintana contra Usaid y la DEA parecen ser simplemente una cortina de humo que esconde las tembladeras de algunos ministros que, a raíz del caso Sanabria, han ido a cuadrarse a “la Embajada” y ofrecer la plena voluntad del régimen para cooperar en la lucha contra el narcotráfico y cualquier otro menester.

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El Día: Japón estremece al mundo

La tragedia que vive Japón como consecuencia del terremoto que azotó ese país el pasado viernes  amenaza con convertirse en una catástrofe de grandes proporciones a raíz de las complicaciones que se han generado en varias centrales nucleares, donde se han registrado incidentes que podrían desencadenar olas radioactivas hacia diferentes puntos del país. De hecho, en Tokio, la monstruosa capital nipona, ya se han registrado indicios de radiación y la población, que hasta ahora había respondido con una proverbial templanza y serenidad, ha comenzado a desesperarse. Mientras unos acopian alimentos y buscan un refugio seguro ante la amenaza de una  gran calamidad atómica, otros tratan de escapar de los sitios más afectados.

En la medida que el caos va apoderándose de los sitios más complicados por el sismo y el tsunami y sus posteriores consecuencias, aceleradamente va saliendo a flote el negro panorama que le espera a este país, no sólo porque tiene que enfrentar una titánica y costosa labor de reconstrucción de los lugares destruidos, sino también encarar la amenaza de una crisis energética que podría ocasionarle severos daños a su aparato económico, el tercero en importancia en el mundo.

En todas partes comienzan a surgir oscuros pronósticos sobre el remezón que podría ocasionar en la economía planetaria este desastre que viven los japoneses, quienes deberán encarar un proceso similar al que vivieron después de la Segunda Guerra Mundial, con dos ciudades totalmente destruidas, un Estado prácticamente en quiebra y una población al borde del hambre y la miseria.

Japón es uno de los principales abastecedores mundiales en el rubro automotriz, es actor fundamental en la fabricación de componentes electrónicos; su industria siderúrgica es una de las que más demanda materias primas de todos los rincones del planeta, es uno de los principales importadores de energía, de alimentos y no existe una nación en el mundo que no tenga un importante intercambio comercial este gigante asiático, que sin duda alguna, sabrá cómo reponerse, pero hasta que lo logre, todos habremos padecido las consecuencia. De hecho, se anticipa que el periodo de recesión económica que afectó a la economía global el 2008 y que estaba siendo superada por la mayoría de los países, pueda retornar, aunque de manera menos drástica, pues se espera que una vez superada la emergencia, la reconstrucción de ciudades, carreteras, viviendas y una compleja infraestructura industrial, pueda generar más bien un proceso de reactivación.

En Bolivia tenemos que prepararnos para el “efecto Japón”, que en primera instancia podría manifestarse con una reducción del intercambio comercial, especialmente una caída en la venta de materias primas que utiliza la industria japonesa. Si bien la Embajada nipona en La Paz ha manifestado que los planes de cooperación seguirán intactos, eso forma parte más que todo de una expresión de deseo que de las posibilidades reales de un país que enfrenta grandes necesidades.  En el mediano y largo plazo se espera un periodo de reacción positiva, sobre todo en la demanda de minerales y de gas, ya que Japón tendrá que incrementar sus compras de energía y eso le abre buenas posibilidades a la industria hidrocarburífera boliviana. Lamentablemente, en este caso, hay muy poco por ofrecer.

En Bolivia tenemos que prepararnos para el “efecto Japón”, que en primera instancia podría manifestarse con una reducción del intercambio comercial, especialmente una caída en la venta de materias primas que utiliza la industria japonesa. 

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Los Tiempos: EL CASO SANABRIA NO ES SÓLO POLICIAL

En un país institucionalizado lo menos que se podía esperar hubiera sido que el Ministro de Gobierno o su jefe directo presenten su dimisión

Al arresto de una banda de policías, aparentemente dirigida por el general de Policía René Sanabria, responsable, a su vez, del aparato de inteligencia de la lucha contra el narcotráfico del Ministerio de Gobierno, han seguido varias informaciones en sentido de que en el último período más de un centenar de miembros de esta institución han sido dados de baja por la presunta comisión de delitos, y que otros oficiales han sido acusados de participar activamente en el negocio del contrabando de drogas y, consiguientemente, también detenidos.

Además, intempestivamente, el comandante general de la Policía boliviana fue removido y en su lugar se ha nombrado, en forma interina, a un coronel que, lamentablemente, está incluido en un proceso que se sigue por la muerte de dos personas en los enfrentamientos en los Yungas el año pasado.

Frente a esta sucesión de acontecimientos, en sí misma escandalosa, el saliente comandante general de la Policía ha hecho algunas declaraciones a Los Tiempos que merecen ser destacadas porque muestran un profundo malestar en esa institución.

Sostiene que el general Sanabria al no estar en servicio de la Policía, la investigación y el análisis de lo sucedido no corresponden a esta institución. Además, que "ha molestado e incomodado" a la Policía que se la haya "utilizado e involucrado (…) con la conducta de cuatro o cinco funcionarios (…), ha sido una manipulación más de orden político. El tremendo problema que tenemos es que siempre nos están utilizando para confrontar a ambos sectores".

De estas declaraciones se puede inferir que en el seno de la Policía no se dan cuenta de la profunda crisis por la que están atravesando y hasta qué extremos llega la falta de mecanismos eficientes de control interno. Más allá de si estaba o no en servicio activo, la vinculación del general Sanabria con el narcotráfico, después de haber prestado muchos años servicios en este rubro y ser jefe de la unidad de inteligencia contra este ilícito negocio, involucra, nomás, a la institución a la que pertenece.

Además, el ex comandante hace una severa denuncia no carente de fundamento: La Policía está siendo manipulada por intereses políticos. En un país institucionalizado lo menos que se podía esperar al descubrirse el caso Sanabria hubiera sido que el Ministro de Gobierno o su jefe directo presenten su dimisión al Presidente del Estado. Acá no ha sucedido esto. Más bien se ha preparado una sesión de la Asamblea Legislativa para respaldar a estos funcionarios, hicieron declaraciones importantes voceros del Gobierno para atacar a organismos estadounidenses tratando de deslindar responsabilidades y… se ha removido al comandante policial

En todo caso, parece que para la comunidad internacional -y aparentemente podría estar consciente de ello el excomandante– lo hecho no sólo no ha restablecido confianza si no que ha disminuido la que se tenía en este rubro respecto al Gobierno.

Este contexto permite afirmar que parecería que ha llegado el momento en que las autoridades, por su propio bien, revisen nuestra historia reciente sobre este tema, relean con más detenimiento la realidad y actúen en consecuencia para evitar que nuevamente se narcoticen nuestras relaciones internacionales.

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El Deber: La ‘ciudad basurero’

A poco tiempo de haber conmemorado los 450 años de su fundación y de sus adquiridas ínfulas de ‘modernidad’, Santa Cruz de la Sierra muestra cotidianamente la penosa imagen de una ciudad sucia, desordenada y desprotegida. La nuestra –comparada con cualquiera de sus pares del interior del país en el eje troncal- debe ser, sin lugar a dudas y desde hace largo rato, la urbe más caótica y desaliñada que, para males mayores, figura entre las más inseguras. Lo corrobora el registro de los índices más elevados en cuanto a delincuencia se refiere en un medio donde las fuerzas policiales se ven con frecuencia rebasadas por el crimen.

En tan deplorables circunstancias, en medio del habitual tráfago infernal, no hay mucho de qué jactarse ante los rasgos que ofrece a propios y extraños una visión urbana. Y es que a simple vista es posible comprobar que la ciudad ñuflense está ahogada en un cúmulo de problemas que, entre otras cosas, tienen que ver con su creciente y descontrolado crecimiento demográfico y en la absoluta falta de previsión y tratamiento adecuado de los desbordes propios de ese fenómeno.

El tema de la basura representa, desde hace décadas, uno de los grandes rompecabezas no resueltos y en la ausencia de soluciones concurren diferentes factores que guardan estrecha relación entre sí: la incapacidad del municipio en la atención y el tratamiento de un asunto que es de su competencia, la apabullante ineficiencia del ‘operador’ encargado del recojo de los desperdicios, la ausencia de una idónea y efectiva fiscalización de esa tarea y la falta de conciencia ciudadana que agrava la situación planteada.

De canto a canto, la más que cuatricentenaria ciudad está convertida en un inmenso, maloliente e infeccioso basural. En tanto no son retirados, los desperdicios se acumulan durante días y hasta semanas en calles, avenidas, centros de abastecimiento, paseos públicos, entre otros lugares. De tal modo han proliferado los ‘microbasurales’ que, además de contaminar el medioambiente, constituyen peligrosos focos de infección que atraen toda clase de plagas, pues en torno de ellos abundan insectos, roedores y otras alimañas que transmiten males que pueden ser fatales, sumándose así a la emergencia sanitaria por la presencia del vector que contagia el dengue.

En pleno siglo XXI y porque sus viejas y respetables credenciales inspiran una mejor suerte y una mayor consideración, Santa Cruz de la Sierra no merece registrar la descompuesta imagen de una ‘ciudad basurero’ como la que penosamente viene ofreciendo por causa de incompetencias y nulidades institucionalizadas y de una más que llamativa insensibilidad ciudadana.

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Cambio: La Reforma Educativa

Cuando en julio de 1994 se promulgó la Ley de Reforma Educativa, el entonces gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada aseguró que a partir de su implementación, la educación boliviana quedaba establecida como "participativa, intercultural y bilingüe", como un "derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con la participación de toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de etnia, de cultura, de región, de condición social, física, mental, sensorial, de género, de credo o de edad" y que tenía como meta "generar la equidad de género en el ambiente educativo, estimulando una mayor participación activa de la mujer en la sociedad".

No obstante, casi ninguno de esos postulados se cumplieron, ya que durante la vigencia de la millonaria reforma educativa no se implementó el carácter intercultural y bilingüe ni se asumió la heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres como postulaba.

Los hechos señalan que la propagada interculturalidad y el bilingüismo de la reforma educativa se resumieron en el discurso de "rescatar las culturas originarias" y en representaciones folclóricas por parte de los estudiantes de primaria y secundaria. Además, los responsables de su implementación obviaron un pequeño pero gran detalle sobre el significado de interculturalidad: una estrategia pedagógica orientada al desarrollo de ciudadanos críticos, que se estimen a sí mismos, respeten a los demás y que aspiren a construir una sociedad democrática.

Es decir, ciudadanos con capacidad de análisis y contrastación crítica, valoración de culturas ajenas, competencias cognitivas en cuanto al manejo de la alteridad, capacidad de superar conflictos, sentido de la equidad, entre otros.

En lo que sí avanzó —y mucho— la reforma educativa, fue en los jugosos salarios que pagaba a las autoridades encargadas de su administración y a consultores nacionales y extranjeros; cuyas remuneraciones mensuales superaban en diez o veinte veces el salario de los maestros que en las aulas eran los encargados de implementarla.

Es que en el marco de la globalización capitalista y las políticas neoliberales que en los años noventa obedecían los gobiernos de América Latina, la reforma educativa fue impulsada en Bolivia con al menos 350 millones de dólares provenientes del Banco Mundial, entidad que —junto a la ONU y al FMI— aplicó un conjunto de políticas multiculturales que complementaban las reformas económicas neoliberales decididas en el denominado Consenso de Washington.

Dicho de otro modo, el neoliberalismo reformó la educación boliviana en la lógica del mercado, de la ley de la oferta y la demanda, y como cualquier otro negocio lucrativo. Y, como si fuera poco, encomendó la aplicación de su presunto contenido intercultural a tecnicos nacionales y extranjeros que —según la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia— jamás pisaron el campo e "ignoraban nuestra realidad".

En ese contexto, el ex ministro de Educación, Tito Hoz de Vila, fue arraigado por disposición del Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal, luego que el Ministerio Público lo imputara por los delitos de contratos lesivos y daño económico al Estado por 4 millones de bolivianos.

Según fiscal Genaro Quenta, se estableció que el daño económico se produjo en la ejecución de un crédito otorgado por la GTZ para la reforma educativa. Aunque los objetivos jamás se cumplieron, ilegalmente se liberó del pago de impuestos a esa agencia de cooperación alemana. En este caso también fueron implicados los ex ministros de Educación, Amalia Anaya e Isaac Maidana.

Por eso, la justicia debe esclarecer el manejo de los millonarios recursos de la reforma educativa. Y en el marco de un proceso legal transparente, verificar si las acusaciones contra Hoz de Vila, Anaya y Maidana tienen base de sustento. Si es así, deben ser sancionados.

La justicia debe esclarecer el manejo de los millonarios recursos de la reforma educativa. Y en el marco de un proceso legal transparente, verificar si las acusaciones contra Hoz de Vila tienen base de sustento. Si es así, sancionarlo.

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La Prensa: Vivir mejor

Las remuneraciones por el trabajo conlleven a un nivel mínimo de ahorro, otros gastos, e inclusive la posibilidad de realizar inversiones.

La Asamblea Constituyente, a momento de redactar la Norma Fundamental, concibió que el Estado debía promover distintos principios ético-morales, entre los cuales se encuentran los conocidos ama suwa, ama llulla y ama quella (no seas ladrón, no seas mentiroso y no seas flojo). Adicionalmente, introduce entre estos principios, el vocablo aimara suma qamaña, propia de la comprensión indígena del ?vivir bien?. El partido de turno, bajo este contexto constitucional, ha agotado esfuerzos para introducir este principio dentro de los programas y políticas públicas, propios de la gestión de Gobierno.

En ampliado de los trabajadores afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), se ha rechazado el incremento salarial del 10% dispuesto por el Decreto Supremo 809, denominándose el mismo como ?irrisorio y discriminatorio?, exigiéndose su abrogación. Se ha dispuesto defender las Cajas de Salud del país, así como el respeto pleno a la autonomía de gestión administrativa-financiera de la seguridad social a corto plazo, demandándose la derogación del artículo 23 de la Ley del Presupuesto General de la Nación para la Gestión 2011. De igual manera, se ratificó la demanda de reactivación del aparato productivo nacional a efectos que éste perfile un modelo económico que genere empleos dignos con salarios justos.

A nuestra consideración, los rechazos y demandas expuestas responden a una necesidad básica de los trabajadores, esto es, contar con condiciones mejores de vida. El ánimo del Gobierno de introducir el principio del vivir bien no ha sido suficiente frente a la demanda del trabajador de vivir mejor.

El incremento salarial en un 10% tenía como fin compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero, producto de la inflación, y devolver, de alguna manera, el nivel de vida del trabajador. Un aspecto que no ha sido considerado por el Gobierno es que la expectativa de muchos trabajadores es no sólo mejorar sus condiciones salarias para sustentar necesidades básicas o elementales, sino que las remuneraciones por el trabajo conlleven a un nivel mínimo de ahorro, otros gastos, e inclusive la posibilidad de realizar inversiones. Lo señalado advierte una natural ambición de vivir mejor.

La defensa a las Cajas de Salud, en una consideración inicial, puede tener como origen la susceptibilidad de que los fondos a ser destinados a la cobertura universal, a través de Sistema Único de Salud, puedan no satisfacer las necesidades de salud de los trabajadores y/o sus beneficiarios. Resaltemos que los servicios prestados, en cierta manera, cubren las expectativas de los pacientes. En consecuencia, pasar a un sistema universal de salud, donde se desconoce la capacidad real de gestión del seguro social a corto plazo, afecta el concepto del vivir de toda persona, dado que no basta la prestación de un servicio de salud, sino que se exige la existencia de un servicio a los mejores niveles médicos.

Bajo este contexto, el Gobierno nacional no puede desconocer las exigencias de un mejor vivir de los trabajadores (en contra prestación de un simple vivir bien), siendo necesario emular las políticas públicas de otros países, destinadas esencialmente a la generación de empleos, a proveer de seguridad jurídica a la inversión extranjera, prestación de servicios de salud idóneos, por mencionar algunas.

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El Diario: Reacción se extravía en lo ideológico

La situación crítica del Gobierno frente al descalabro del general René Sanabria cuando trataba de enviar cocaína a Estados Unidos, ha provocado una nueva reacción del Gobierno contra la nación del Norte, esta vez con la amenaza de expulsar a USAID, medida que llevaría a extremos las precarias relaciones bilaterales y radicalizaría al país en el “socialismo del Siglo XXI”. En lugar de plantear las cosas en sus debidos términos, se antepone lo ideológico y político en circunstancias en las que lo racional debería ser investigar a fondo la penetración del narcotráfico al interior del Estado, sanear de raíz las instituciones comprometidas y deshacerse de las autoridades ineficientes, a las que en buen romance correspondía alejarse por propia decisión del esquema de Gobierno. La expulsión de USAID redundará en perjuicio de los sectores que reciben su ayuda, especialmente el sector campesino.

Lamentablemente el tema del narcotráfico en Bolivia se ha hecho exponencial desde el inicio de las gestiones presidenciales en curso, en vista de que el presidente Evo Morales a la vez preside las seis Centrales de Cocaleros del Chapare, principales productoras de la materia prima de cocaína. Aunque el Gobierno por requerimiento internacional no puede ser ajeno a la lucha contra el narcotráfico, éste ha crecido en intensidad y cantidad a la par del condigno crecimiento de los cultivos de coca en el país. El Órgano Ejecutivo trata de desvirtuar tan incomoda situación afirmando que desde 1996 se han efectuado más operativos para el decomisado del estupefaciente, que en los gobiernos anteriores, pero la respuesta obvia no es otra que el indicado incremento. Asimismo cabe preguntar qué fuente garantiza la evidencia de una mayor actividad oficial antidroga. En cambio, organismos internacionales sobre bases satelitales contradicen las versiones que difunden los organismos oficiales.

Desde el advenimiento del presidente Morales al Palacio Quemado se proclamó la susceptibilidad de su derrocamiento y a falta de una oposición organizada la sospecha recayó en la embajada estadounidense y en la DEA, con los resultados hasta ahora conocidos. Sin embargo, ni los sucesivos éxitos electorales que le afianzan en el poder ni la imposibilidad de algún movimiento desestabilizador a su Gobierno, han sido suficientes para disuadir tal susceptibilidad, posiblemente aguzada por sus más próximos allegados. Ni WikiLeaks se ocupó del tema ni pudo detectar la presunta conspiración contra la vida del Presidente o del Gobierno de Bolivia. Por su parte, el Gobierno nunca dio a conocer probanzas en la materia, sí estereotipos puramente ideológicos.

Esa idea fija y constante de desestabilización se concreta ahora en USAID, último reducto de la presencia norteamericana en el país, y parece encontrar momento propicio cuando los círculos oficialistas convierten la caída de un general, ex comandante de la FELCN, en una suerte de venganza contra el “imperialismo”, supuesto autor final de la fácil trampa en la que sucumbió nada menos que el hombre clave del organismo de inteligencia del Estado.

Por encima de amenazas y denuestos como mandobles a ciegas, es hora de que se dé a conocer cuál es la estrategia antidroga gubernamental y cómo prevé poner fin a la acusada tendencia al narcotráfico de gentes ligadas a las filas del oficialismo, según numerosos casos conocidos por la opinión pública y, en esa misma tónica, si le preocupa liquidar la corrupción del mismo origen que campea impune.

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El Mundo: Responsabilidad

Durante el desarrollo de las negociaciones en torno al incremento del precio de los pasajes del transporte público, las autoridades municipales argumentaron con frecuencia que la competencia para establecer precios y otras acciones al respecto correspondía al gobierno central.

El Decreto lanzado últimamente es claro en cuanto a poner los puntos sobre las íes, especialmente tratándose de la Autonomía tantas veces reclamada y de la cual el gobierno municipal goza por las facultades que le confieren la Constitución, la Ley de Autonomías y otras normas.

Al presente, lo que corresponde es establecer las condiciones en que se deben hacer los incrementos, ya que lo que actualmente sucede es que si bien en forma provisional, los precios han sido incrementados por la presión, sin ninguna condición especial para hacerlos efectivos.

Ahora es importante que el Municipio, en uso de las facultades conferidas, exija que el servicio se desarrolle en condiciones aceptables, ya que para lograr que sean óptimas había que comenzar por sustituir los vehículos y cambiar a quienes los conducen por personas con una instrucción previa en diferentas aspectos.

Como quiera que el Municipio tiene también bajo su jurisdicción los temas relacionados con la educación, sería importante que se planifique una campaña que tienda a regular el servicio, no solo educando a los conductores de los vehículos sino también a los mismos usuarios que en buena parte, son los responsables por las irregularidades que se presentan.

Entre los factores en los que se debería insistir se encuentra como primordial el respeto a los lugares donde se debe recoger y dejar a los pasajeros, ya que las personas que utilizan el servicio corren los mismos riesgos que cuando tenían que utilizar las camionetas y otros vehículos utilizados cuando el servicio se encontraba en paro.

Loa ciudadanos se encuentran acostumbrados subir y bajar de los vehículos en la mitad de la calzada y si es posible en la puerta de los lugares a los cuales se dirigen o de los que salen.

No nos referimos a ciudades europeas o de otros países de condiciones mejor desarrolladas, basta con ver cómo funciona el servicio en otros lugares del país, en ellos los usuarios del transporte utilizan las paradas previamente señaladas y forman filas para subir a los vehículos, cabe recordar que la Alcaldía cruceña ha construido lugares apropiados para que las personas puedan esperar a la sombra e inclusive sentadas, pero no los utilizan.

Habiendo mejorado las condiciones económicas sería importante que se rehabilite la presencia de personas encargadas de cobrar los pasajes, para evitar la doble tarea que no deja de poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Una costumbre que no ha sido erradicada a pesar de las advertencias sobre los riesgos, está relacionada con el aprovisionamiento de combustible con los vehículos llenos de pasajeros, afortunadamente no han sucedido situaciones graves hasta el presente, pero no vale la pena esperar que se presenten.

Los vehículos, además de estar limpios, deben tener instalados basureros para los desechos; resulta que en las paradas, especialmente en la proximidad a los mercados, los pasajeros adquieren alimentos de las características más variadas y se ven obligados a lanzar a la calle los desechos.

Hemos tocado solo algunos aspectos que podrían ser la base para cambiar la fisonomía de la ciudad y facilitar el flujo de vehículos que cada vez es más intenso.

Antes que pensar en tener menos vehículos, lo importante es tenerlos mejor ordenados y esa es una responsabilidad tanto de transportistas como de usuarios.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: La protección de los glaciares

El cuidado del medio ambiente, la preservación de recursos naturales disponibles y la reparación de los daños que se han ido registrando en las últimas décadas, deben constituir tareas políticas prioritarias, a través de las cuales se deben articular consensos estratégicos.

Lejos de esta visión, las autoridades siguen dando señales de privilegiar el corto plazo, relegando las inversiones y decisiones más racionales. Así, y a pesar de las directivas de la Corte Suprema, escaso ha sido el avance de las obras de saneamiento del Riachuelo. A esta morosa articulación de las medidas ambientes, el Gobierno ha sumado la reglamentación de la ley de Glaciares, la cual ha sido cuestionada por deliberadamente tardía e incompleta, lo cual afecta directamente la prevención y evaluación de daños ambientales. Es necesario que, de manera estratégica, se conforme una política de Estado tendiente a preservar el patrimonio natural y a revertir las lesiones que le han estado causando.

La reglamentación de la Ley de Protección de los Glaciares ha sido calificada de intencionalmente tardía e incompleta. Debe tomarse en serio la preservación de los recursos naturales.

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