Los atentados contra Clarín y La Nación

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El bloqueo a los dos diarios argentinos no hace más que confirmar que hay políticas explícitas para impedir la libre circulación de información y opinión

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Bolítica

  2. El Día: Fallas de ‘coordinación’

  3. El Día: Cerco a Bolivia

  4. El Día: Bolivia: no perder de vista lo central

  5. El Día: Con los humos en la mollera

  6. El Día: El artículo VI del Pacto de Bogotá

  7. Los Tiempos: LOS ATENTADOS CONTRA CLARÍN Y LA NACIÓN

  8. El Deber: Días de confusión

  9. Cambio: Después de Libia ¿quién sigue?

  10. La Prensa: Los atentados contra Clarín y La Nación

  11. El Diario: Situación económica y pobreza social

  12. El Mundo: Mejor cerca

  13. Opinión:

  14. Clarín, Argentina: Preservar el espacio ciudadano




El Día: Bolítica

Si bien EBA es la empresa más joven, es la que ha tenido mayores resultados en tan corto tiempo, (…) ellos el año pasado han logrado exportar 42 contenedores de castaña logrando ingresos por más de 26 millones de bolivianos’.

Javier Freyre
GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN DEL SEDEMP


Se dice que: La empresa estatal más rentable del Estado, de las tres que funcionan, es la Empresa Boliviana de Almendras (EBA), porque cuando se fundó ya tenía un mercado asegurado.


Las empresas estatales afrontan problemas de gestión, claridad, transparencia. Empresas como Papelbol, que deberían funcionar hace dos años en el trópico, hasta el momento no funcionan’.

Carlos Flores
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN
DE EMPRESARIOS DE COCHABAMBA

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El Día: Fallas de ‘coordinación’

Algo está fallando en la coordinación entre el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa. Mientras que el presidente Morales llama a sus antecesores, Carlos Mesa y Tuto Quiroga, para que le ayuden a darle con todo a Chile (y ellos aceptan), el “sindicato” los convoca a declarar sobre el caso de los contratos petroleros que los mantiene bajo la amenaza de ir a la cárcel por supuesta corrupción. Una contradicción muy parecida se presenta en relación a la presencia de Estados Unidos en Bolivia. Como se sabe, la DEA ha vuelto al país en forma de agente secreto y en el futuro cercano, bailando samba y hablando portugués. El jefazo está conforme y no sólo lo confirma con su silencio, sino también con una visita nada protocolar al Chapare, donde los brasileños revisarán las tareas de erradicación de cocales. El zar antidrogas boliviano ya puso su granito de arena alabando la cooperación de los gringos; sin embargo, en la Asamblea siguen con ganas de expulsar a Usaid. Esto no se trata de falta de información, sino de las divisiones internas de las que hablaba el vicepresidente García Linera el otro día en el aniversario del MAS.

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El Día: Cerco a Bolivia

Los desvaríos marítimos desencadenados el pasado 23 de marzo, no le alcanzarán al Gobierno de Evo Morales para contener la marea que se le ha volcado en su contra, no sólo a nivel interno sino también en el plano internacional.

Dentro del país todavía existen los ilusos que creen que las bravuconadas de éste y otros gobiernos nos devolverán el mar perdido y es posible que las carrasperas del otro día le ayuden al Primer Mandatario a ganar algunos puntitos en las encuestas de abril. Eso será hasta que comience a faltar el arroz o a subir el precio del pollo y el pan como está previsto.

Es el escenario internacional el que ha comenzado a ponérsele oscuro al régimen del MAS y eso resulta grave, pues se trata de una de las más grandes fortalezas que había consolidado con aquello del "presidente indígena", el "Mandela" boliviano, la "dignidad" y el encendido discurso antiyanqui.

Desde aquella goleada diplomática de diciembre en Cancún, la imagen de Bolivia en el mundo ha sido arponeada desde todas direcciones hasta colocar al país al nivel de un Estado forajido, al margen de las normas internacionales, carcomido por las mafias del narcotráfico y por último, donde todavía es común la práctica de la tortura dentro de las instituciones que resguardan el orden público. Las declaraciones de un senador oficialista que ha justificado de manera muy clara este tipo de aberraciones, no hace más que respaldar el reciente llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además, ha adjuntado a esta denuncia una fuerte exhortación  al régimen de Evo Morales a frenar la manipulación de la justicia.

El Gobierno no debería mirar de soslayo estas advertencias, que son el resultado de complejas investigaciones realizadas por observadores cuyas oficinas se encuentran en el país y que entre otras actividades, desarrollan proyectos de desarrollo económico y de promoción institucional. Tarde o temprano, tales informes terminan en efectos vinculantes sumamente perjudiciales para un país que necesita tanto de la cooperación internacional y liberarse cuanto antes de viejos estigmas que lamentablemente están retornando con vigor inusitado.

Sobre el tema del narcotráfico, en los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y, por último, para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias, se produce el caso Sanabria, que ha obligado al presidente Morales a aceptar nuevamente la presencia norteamericana en el territorio nacional camuflada con uniforme brasileño. La denuncia sobre la politización de la justicia que hace la ONU obviamente tiene que ver con la persecución política que se ejecuta sistemáticamente en el país, el irrespeto a las normas, la violación de las garantías más elementales y también a la aprobación de normas que contradicen los principios básicos del Estado de derecho.

¿Se trata de un ensañamiento contra el Gobierno de Morales? ¿Es una tenaza como lo sugieren algunos? La comunidad internacional comienza a mostrar signos de madurez después de un largo período de tolerancia hacia los regímenes autoritarios que desembocan en violencia, pobreza y atraso. Eso se lo ve claramente en los países gobernados por líderes populistas, tremendamente desfasados respecto de otros donde impera la democracia y el respeto a las leyes. Ya no se puede esperar 42 años antes de reaccionar, como sucedió con la Libia de Gaddafi.

En los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU, la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias.

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El Día: Bolivia: no perder de vista lo central

El  presidente Evo Morales anunció que buscará instancias internacionales para ventilar la reivindicación marítima boliviana. Lo obvio sería presentar una demanda ante la Corte Internacional de La Haya, como ya lo hizo Perú. Los bolivianos entienden que su gobierno ha pateado el tablero. Al salir del ámbito de las negociaciones bilaterales, enmarcadas en una agenda de trece puntos, se abre una incógnita en las relaciones entre ambos países. Es evidente que se ha evaporado la química que existía entre Morales y la presidenta Michelle Bachelet.

En todo caso Morales es un político realista que a lo largo del tiempo ha mostrado una disposición amistosa hacia Chile. A diferencia de varios de sus  predecesores no ha explotado sentimientos nacionalistas de animadversión contra Santiago. Al parecer La Paz, frustrada ante la falta de progreso en las negociaciones, busca subir la presión. La amenaza de llevar sus demandas a foros internacionales es una forma de apurar a Chile. El gobierno boliviano, sin embargo, sabe que por esta última vía es más que improbable que algún día logre una salida “soberana y continua” al Océano Pacífico. La única manera de alcanzar este objetivo es a través de un acuerdo con Chile.

Las crisis y fricciones en las relaciones son también oportunidades. Es preciso no perder de vista lo que conviene a ambos países. Bolivia alega que ya espera demasiados años por su anhelado puerto y correspondiente playa. Este no es el momento de tirar las negociaciones por la borda. Consultadas las más altas autoridades bolivianas sobre detalles de sus exigencias marítimas las respuestas suelen ser vagas. Dejan la impresión que se trata de una reivindicación genérica antes que de una exigencia práctica.

Las negociaciones entre ambos países se han llevado bajo estricto secreto y eso no ayuda. Ello cuadra mal con la “diplomacia de los pueblos” pregonada por Morales. Tanto chilenos y bolivianos deben conocer qué está sobre la mesa pues, en definitiva, serán los respectivos pueblos los que deberán aprobar toda decisión que afecte su soberanía territorial.
Se sabe, en todo caso, que se han manejado diversas fórmulas, como es la cesión de soberanía administrativa de un puerto chileno. La Paz debe aclarar qué beneficios ofrece a Chile. Ello es  indispensable para que el Mandatario que deba presentar la propuesta logre la aprobación ciudadana y parlamentaria.

Sería lamentable entrar en una escalada de recriminaciones que borren lo avanzado. El objetivo para Chile y Bolivia debe ser la total normalización de las relaciones diplomáticas con miras a la mayor integración posible, incluida una salida al mar bajo condiciones a discutir.  Eso es lo central.

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El Día: Con los humos en la mollera

Antes de ahora todo era fácil para Morales. En los cinco años jamás conoció la inseguridad bajo sus pies, ni la inestabilidad del poder en sus manos. Se deslizaba por terreno llano del halago y la popularidad. Tiene instinto de guerrero. Sabe dónde está el enemigo potencial y con qué armas  doblegarlo. Con la saga de triunfos electorales se sentía un pequeño dios; confiaba en que nada socavaría su pedestal de Apu Mallku.
Ningún otro gobierno tuvo tantas ventajas desde un principio. Se tocó con la jauja económica por las materias primas y la condonación de deudas. En hidrocarburos fue el cosechador de la siembra ajena. Los “movimientos sociales” – su apoyo principal – son sindicatos convertidos en células políticas. Para la apariencia y visión externa se arropó de indigenismo, cuando en realidad es un régimen de naturaleza distinta. 
 
Del hombre sencillo y humilde no queda rastro. Doctorados, películas y libros biográficos con olor a incienso; guía espiritual de los pueblos y héroe por la pachamama, candidato a nobel de la paz ¡Cómo no habían de cambiarle! Se volvió “soberbio, autoritario y ególatra”. Para sus áulicos es “un hombre de paz, de diálogo y de concertación”;  “profundamente demócrata, el mejor presidente”; “líder continental, incluso mundial”. Un gran cartel, sin duda; pero es sólo pirotecnia verbal, como en la noche de San Juan, un destello fugaz en el aire y luego puro humo.

Su irrefrenable soberbia le ha llevado a la confrontación con quienes ayer lo apoyaron sin retaceos. Como en el caso de los dictadores, no tolera la disidencia ni la crítica. Cuando era víctima de la represión, la Iglesia católica lo amparó. Una vez en el poder, la declaró su enemiga y le combatió con saña. Los periodistas lo acompañaron en su lucha, eran casi sus voceros itinerantes; pero desde la silla presidencial les declaró también sus enemigos; les humilló, les inventó la mordaza.
Es de temperamento pasional e imprevisible, así como hiperactivo y locuaz. Al escucharlo se pensaría que está hablando en Lauca Ñ y está actuando en un foro internacional. En todas partes el cocalero desplaza al Presidente. En papel de víctima fue exitoso al principio, pero se desgastó con rapidez. Hoy no le hace ningún bien el asociarse con los dictadores de Cuba y Venezuela; sin embargo, va junto a ellos en pos de un fantasma llamado Socialismo del siglo XXI.

Ambivalente y contradictorio. No hay otro político que se parezca tanto al mítico Jano, el dios de la doble cara. Unos ejemplos: “Soy comunista, marxista, leninista” Pero en víspera de su viaje al Vaticano se declaró un devoto católico. Por aquello de los 500 años despotricaba contra España, abominaba del pasado colonial, y una vez en el Palacio de la Zarzuela manifestó sin sonrojarse que el pasado no cuenta sino el futuro. Los Reyes, no obstante, lo trataron con fineza. Ahora último, a raíz del cambio de estrategia con el mar, desde Chile acaban de decir que Morales “padece un síndrome bipolar”.

Muchos analistas – y no precisamente desafectos con él – le pidieron  volcar su esfuerzo hacia la economía; que ya era bastante la política. Pero empecinado el hombre, no escuchó. Hasta que una nube de tormenta le puso en guardia (DS. 748). Detrás del eufemismo “nivelación”, ¿qué se escondía? ¿Un tigre más que rinde su piel para la alfombra de las petroleras? ¿La amenaza del déficit fiscal? ¿El omnipotente poder del contrabando? ¿Acaso todos juntos? ¡Quién sabe!

Al verse obligado a borrar con el codo lo que había escrito con la mano, bajo la alternativa de rodar por la pendiente, tal vez se dio cuenta de varias cosas. El apoyo masivo que parecía incólume se resquebrajó en pocas horas, que la economía es el talón de Aquiles para cualquier gobierno, que sus asesores o son incapaces o carecen de valor civil para decirle la verdad.

Con el poder total en las manos, ahora enfrenta su hora amarga. Se extiende por delante una perspectiva sombría; quizá ya no le sirva la “estrategia envolvente” que era para prorrogarse en el poder. Los bonos electorales, la Constitución “chuta”, las leyes largas y cortas,  la Asamblea funcional – son sus logros. En el otro platillo de la balanza pesan fuerte: las empresas estatales a la deriva, la agricultura estancada, una nueva frustración con Chile; el atraso invariable en los hospitales, escuelas y caminos. Estos desafíos aún no tienen respuesta; pero el  contrabando, el narcotráfico y la corrupción – sus verdaderos enemigos -  estrechan su círculo de fuego peligrosamente.

El autor es columnista independiente

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El Día: El artículo VI del Pacto de Bogotá

Que la demanda boliviana de un acceso soberano y útil al Océano Pacífico esté por encima de cualquier diferencia política no está en discusión. Así  lo requiere la mejor suerte del país y así lo exigen la conciencia ciudadana y el mandato constitucional.

Pero, dentro de esa gran estrategia nacional, las tácticas que se utilizan, y se han utilizado, tienen que estar sujetas a la crítica franca y constructiva, con el fin de evitar mayores frustraciones en ese campo.

El presidente Evo Morales acaba de anunciar el recurso a tribunales de justicia internacionales, debido al estancamiento de la negociación bilateral con Chile en lo que respecta a una salida soberana al mar. Para ese fin, en un tiempo récord y por unanimidad, la Asamblea Plurinacional ha ratificado el llamado Pacto de Bogotá, aprobado el 30 de abril de 1948 por los 21 estados miembros de la Organización de  Estados Americanos.

El Pacto de Bogotá es, en síntesis, un mecanismo mediante el cual los Estados miembros de la OEA se obligan a resolver pacíficamente las controversias mutuas, desde la negociación bilateral hasta el proceso de arbitraje internacional confiado a instancias de las Naciones Unidas. Consta de 60 artículos, ordenados en ocho capítulos (http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-42.html).

¿Por qué  Bolivia no ratificó el Pacto de Bogotá durante los 63 años de vigencia de ese mecanismo?
No se trató, como algunas autoridades han sugerido,  de un simple descuido, sino de un acto deliberado, fundamentado en una “reserva” presentada por nuestro país en el momento de la aprobación del Pacto. No fuimos los únicos: otros siete países han expresado reservas a algunos artículos y uno (El Salvador) inclusive lo ha denunciado. La reserva de Bolivia se refería al artículo VI el cual, a propósito de los procedimientos de arbitraje internacional,  a la letra dice:
“Tampoco podrán aplicarse dichos procedimientos a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.

Aparentemente, los gobiernos y legisladores anteriores entendieron que ese artículo no podía aplicarse retroactivamente, perjudicando así eventuales reclamaciones en torno al problema marítimo. Pero hoy que Bolivia ha suscrito oficialmente el Pacto y ha aceptado el Art. VI, la Cancillería debería explicar al país el alcance de esa decisión.

Además, el art. IV de ese mismo Pacto pone en entredicho la intención del Gobierno de continuar negociando con Chile acerca del mismo tema por el cual se presentará la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, que es la instancia prevista por el Pacto para dirimir las controversias, siempre y cuando esa Corte se declare competente. En efecto, el art. IV dice:
“Iniciado uno de los procedimientos pacíficos, sea por acuerdo de las partes, o en cumplimiento del presente Tratado, o de un pacto anterior, no podrá incoarse otro procedimiento antes de terminar aquél”.

Por tanto, para el bien de la estrategia de retorno soberano a las costas del Pacífico, es preciso aclarar el alcance y factibilidad de las tácticas propuestas. Entonces, ¿la convocatoria a expertos internacionalistas y ex cancilleres para asesorar al gobierno no debió haberse hecho antes del anuncio presidencial del 23 de marzo y no después, como se pretende hacer ahora?

*Francesco Zaratti es también lector aficionado de tratados

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Los Tiempos: LOS ATENTADOS CONTRA CLARÍN Y LA NACIÓN

El bloqueo a los dos diarios argentinos no hace más que confirmar que hay políticas explícitas para impedir la libre circulación de información y opinión

Una movilización, aparentemente impulsada desde algunos sectores del Gobierno argentino, impidió que el domingo pueda circular el periódico Clarín de Buenos Aires y lo haga con retraso La Nación, los dos matutinos más importantes de ese país y que se encuentran entre los más leídos de América Latina. Pese a instrucciones emanadas del Poder Judicial para resguardar esa distribución, en virtud a una disposición que prohíbe el ataque a medios, la Policía, que depende directamente del Gobierno, no impidió la agresión. De esa manera, se ha concretado un atentado más en contra de la libertad de expresión e información en un país que no logra, lamentablemente, consolidar un sistema democrático moderno, participativo y transparente.

Más allá de la solidaridad moral con los ejecutivos, periodistas y trabajadores de ambos medios, con los que Los Tiempos mantiene una antigua amistad y colaboración, lo que ha sucedido obliga a quienes vivimos en esta región del mundo, y bajo Gobiernos similares, a plantear la necesidad ineludible de insistir en que una base fundamental del sistema democrático -y más si pretende ser participativo y plurinacional- es el respeto a las libertades de pensamiento, opinión e información, elementos primordiales para el buen desarrollo de las sociedades y la sana convivencia.

La crisis del sistema político-partidario que en Argentina -como ha sucedido en Bolivia o en Venezuela- ha terminado con la aparición de Gobiernos con mucho apoyo popular, por una combinación perversa de una tradición autoritaria y caudillista y crecientes brechas entre ricos y pobres, ha abierto puertas a proyectos políticos cuyos conductores se muestran obsesionados por la búsqueda del poder total y sienten en cualquier crítica a sus gestiones un acto de traición intolerable.

Además, como no termina de nacer un nuevo sistema político que permita una sana convivencia democrática, las autoridades ven en los medios de comunicación a sus opositores cuando no a simples grupos de interés que están empeñados en mantener privilegios a costa de lo que ellos creen que es el interés nacional. El caso más extremo en la región es, sin duda, Venezuela, donde, de acuerdo al filósofo comunicador Antonio Pasquali, dos teleemisoras regionales más una nacional y 36 radioemisoras han sido clausuradas, y se han contabilizado alrededor de 1.750 atentados a la libertad de expresión con ocho muertos. Por la contraparte, "en menos de 10 años Chávez ha exigido cadena más de 2.100 veces y ha hablado por radio y televisión por más de 4 mil horas".

En este contexto, el bloqueo a Clarín y a La Nación no hace más que confirmar que hay políticas explícitas para impedir la libre circulación de información y opinión y, de esa manera, convertir la voz de la autoridad en la única válida en la sociedad, posición que no sólo atenta contra los derechos humanos, sino también contra la realidad. El avance sostenido en la creación de diversos medios de información impide que sea posible coartar estas libertades impunemente y que más tarde que temprano los pueblos, finalmente, salen por los fueros de la libertad, como está sucediendo en Medio Oriente o África y sucederá en nuestros países si se mantiene la política que se comenta.

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El Deber: Días de confusión

En pocas horas, el país ha pasado de ser el origen de una banda de narcotraficantes que tiene contactos en lo más alto del poder político a ser el país que anuncia juicios en tribunales internacionales sobre antiguas demandas territoriales.

El país mira con estupor este deslumbrante juego de luces que cambian con demasiada frecuencia, pero que impiden mirar lo que realmente está ocurriendo, que es una grave crisis de la cual los bolivianos tardaremos mucho tiempo en salir, si es que llegáramos a hacerlo.

Un muy eficiente equipo de propaganda parece haber tomado el control de la situación, cambiando escenografías con movimientos de hábil  prestidigitador, lo único eficiente que se observa en el nivel de la toma de decisiones.

Mientras esta sucesión de golpes de efecto retiene la atención de los ciudadanos, los asuntos realmente importantes siguen sin solución y –peor todavía- se van agravando cada día.

La improvisación y el caos predomina en todas las áreas, con resultados que son disimulados solamente con la propaganda cada vez más intensa o con los efectos de fenómenos internacionales, como los precios de algunas materias primas que el país exporta.

Pero la dieta de los bolivianos depende cada días más de los productos extranjeros y los combustibles que se usan en el país llegan del exterior con precios cada vez más altos, que el Estado debe subvencionar con recursos cada vez más escasos.

El país ha sido definido como un agujero negro para las inversiones, que se obstinan en esperar que se presenten condiciones apropiadas para el trabajo y la libre iniciativa, sin esperanza por el momento.

Una reciente evaluación hecha por el instituto Fraser de Canadá entre alrededor de 500 empresas mineras internacionales dio a Bolivia el penúltimo puesto por sus malas condiciones para las inversiones, sólo mejor que Venezuela.

Las empresas petroleras mantienen una paciente espera de condiciones apropiadas para recomenzar a invertir, sin mover un dedo desde hace cinco años.

La sequía de inversiones en esos dos rubros tiene paralizadas las posibilidades de un verdadero crecimiento económico, mientras el sector agrícola vive la incertidumbre creada por políticas inciertas y actitudes amenazantes.

El parlamento nacional se ocupó la semana pasada de aprobar una ley sobre las fronteras cuya utilidad nadie entiende y ahora se apresta a aprobar otra, para expulsar a USAID del país.

Mientras tanto, las leyes verdaderamente importantes siguen postergadas, como le sucede a las tantas veces anunciadas nuevas leyes de minería y de hidrocarburos. La lucha contra el narcotráfico sigue dependiendo de las iniciativas de otros países, como es el caso de Brasil ahora. Mientras tanto, altos funcionarios de la policía admiten que los cárteles de la droga se han instalado en el país, que ahora avanza a convertirse en el segundo productor de cocaína en Sudamérica, desplazando de ese lugar a Perú.

En estos días, a propósito de la nueva iniciativa sobre la demanda marítima se ha observado un gran desprendimiento de ex presidentes, como Jorge Quiroga o Carlos Mesa, aunque el Gobierno los esté enjuiciando por supuestos delitos del pasado.

Está haciendo falta una convocatoria similar, para corregir los graves errores que aquejan al país, para que todos los bolivianos puedan aportar con ideas, antes de que sea demasiado tarde.

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Cambio: Después de Libia ¿quién sigue?

"Acaban de ahorcar a un miembro de esta Liga (Árabe) y no habéis dicho nada. Pero lo mismo puede ocurriros a vosotros, ya que, aunque todos vosotros seáis aliados de los Estados Unidos, Saddam también lo fue anteriormente", vaticinó Muamar al Gadafi, luego de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) aprobara, el 17 de marzo pasado, una resolución que permite el uso de la fuerza para imponer una zona de exclusión aérea sobre Libia y que sirve de base para los indiscrimanados bombardeos sobre el territorio controlado por el líder libio y sobre las fuerzas que le apoyan y sus medios de defensa.

Y a 13 días de que esa resolución fuera aprobada, con el respaldo de 10 de los 15 mienbros del Consejo de Seguridad, las palabras de Gadafi suenan como una advertencia, ya que la historia señala que Saddam Hussein fue un firme aliado de Estados Unidos en la larga y sangrienta guerra contra Irán (1980-1988), y el costo de ese conflicto bélico y la búsqueda de medios económicos para  pagarla fue uno de los elementos clave para que Hussein atacara Kuwait en 1990, sin el aval de Estados Unidos, craso error de cálculo.

Desde entonces, Saddam fue proscrito por la Casa Blanca, e Irak, fuente de una de las reservas más grandes de petróleo, fue el objetivo de Estados Unidos. Hacia fines de 1990 el Consejo de Seguridad de la ONU, con el acuerdo de la Liga Árabe, lanzó una última advertencia: los iraquíes debían abandonar Kuwait y —como no lo hicieron— el 16 de enero de 1991 las fuerzas militares multinacionales iniciaron su participación bélica mediante bombardeos aéreos, cuyo objetivo era evacuar Kuwait y propiciar la caída de su ex aliado.

Irak tuvo que retirarse y aceptar un armisticio que le obligaba al desarme nuclear y químico, entre otras penalidades. Aún así, el objetivo de derrocar a Saddam no se cumplió.

Sin embargo, según el sitio web alternativo www.syti.net, tras la Tormenta del Desierto y ante  la cuestión de que en los próximos decenios el mundo futuro debía ser gobernado por el multilateralismo, el diálogo y la concertación entre los países, o bien de forma unilateral y totalitaria por el imperio americano al que no se aplicaría el derecho internacional, pero que sí se arrogaría el derecho de llevar "guerras preventivas" contra cualquier país, Washington decidió que esta última alternativa era la correcta.

Estados Unidos precipitó la invasión a Irak el 20 de marzo de 2003. Entonces no necesitó la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y las razones expuestas por George W. Bush para la invasión eran "desarmar a Irak de armas de destrucción masiva, poner fin al apoyo brindado por Saddam Hussein al terrorismo, y lograr la libertad al pueblo iraquí". No obstante, la existencia de esas armas de destrucción masiva nunca pudo ser probada como los vínculos de Saddam con Osama Bin Laden ni se dio libertad a los iraquíes. Algo similar ocurre actualmente con Muamar Gadafi, quien, hasta antes del conflicto interno, no sólo era considerado un aliado de Occidente en la lucha contra el terrorismo sino que Libia, como un gran productor de petróleo, tenía cuantiosas inversiones en Europa, especialmente en Italia y Francia.

En ese contexto, los bombardeos de la OTAN frenaron la contraofensiva de las fuerzas de Gadafi cerca de Bengasi, permitió a los insurgentes recuperar algunas ciudades petroleras, pero deja un saldo de cientos de civiles libios muertos, y decenas de miles víctimas de las bombas con ojivas de uranio empobrecido, cuya sustancia radiactiva, contenida en el polvo negro que emana a la atmósfera tras la explosión, puede causar cánceres de pulmón y huesos, trastornos en la piel y neuro-cognitivos, daños cromosómicos, síndromes de inmunodeficiencia y extrañas enfermedades renales e intestinales.

Por eso, si la intención de la ONU —al aprobar la Resolución 1973 que autoriza el uso de la fuerza militar era proteger a los civiles libios—, habrá que puntualizar: una extraña manera de protegerlos.

Gadafi, hasta antes del conflicto interno, no sólo era considerado un aliado en la lucha contra el terrorismo sino que Libia, como gran productor de petróleo, tenía cuantiosas inversiones en Europa, especialmente en Italia y Francia.

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La Prensa: Los atentados contra Clarín y La Nación

El avance sostenido en la creación de diversos medios de información impide que sea posible coartar estas libertades.

Una movilización, aparentemente impulsada desde algunos sectores del Gobierno argentino, impidió que el domingo pueda circular el periódico Clarín de Buenos Aires y lo haga con retraso La Nación, los dos matutinos más importantes de ese país y que se encuentran entre los más leídos de América Latina. Pese a instrucciones emanadas del Poder Judicial para resguardar esa distribución, en virtud de una disposición que prohíbe el ataque a medios, la Policía, que depende directamente del Gobierno, no impidió la agresión. De esa manera, se ha cometido un atentado más en contra de la libertad de expresión e información en un país que no logra, lamentablemente, consolidar un sistema democrático moderno, participativo y transparente.

Más allá de la solidaridad moral con los ejecutivos, periodistas y trabajadores de ambos medios, con los que se mantiene una antigua amistad y colaboración, lo que ha sucedido obliga a quienes vivimos en esta región del mundo, y bajo gobiernos similares, a plantear la necesidad ineludible de insistir en que una base fundamental del sistema democrático ?y más si pretende ser participativo y plurinacional? es el respeto a las libertades de pensamiento, opinión e información, elementos fundamentales para el buen desarrollo de las sociedades y la sana convivencia.

La crisis del sistema político-partidario que en Argentina ha terminado con la aparición de gobiernos con mucho apoyo popular, pero que, por una combinación perversa de una tradición autoritaria y caudillista y crecientes brechas entre ricos y pobres, han abierto puertas a proyectos políticos cuyos conductores se muestran obsesionados por la búsqueda del poder total y sienten en cualquier crítica a sus gestiones un acto de traición intolerable.

Además, como no termina de nacer un nuevo sistema político que permita una sana convivencia democrática, las autoridades ven en los medios de comunicación a sus opositores cuando no a simples grupos de interés que están empeñados en mantener privilegios a costa de lo que ellos creen que es el interés nacional. El caso más extremo en la región es, sin duda, Venezuela, donde, de acuerdo con el filósofo comunicador Antonio Pasquali, dos teleemisoras regionales más una nacional y 36 radioemisoras han sido clausuradas, y se han contado alrededor de 1.750 atentados a la libertad de expresión con ocho muertos. Por la contraparte, ?en menos de 10 años, Chávez ha exigido cadena más de 2.100 veces y ha hablado por radio y televisión por más de 4.000 horas?.

En este contexto, el bloqueo a Clarín y a La Nación no hace más que confirmar que hay políticas explícitas para impedir la libre circulación de información y opinión y, de esa manera, convertir a la voz de la autoridad en la única válida en la sociedad, posición que no sólo atenta contra los derechos humanos, sino también contra la realidad. El avance sostenido en la creación de diversos medios de información impide que sea posible coartar estas libertades impunemente y que más tarde que temprano los pueblos, finalmente, salen por los fueros de la libertad, como está sucediendo en Oriente Medio o África y sucederá en nuestros países si se mantiene la política que se comenta.

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El Diario: Situación económica y pobreza social

El gobierno del presidente Evo Morales hace ostentación de “reservas” internacionales, de “haberse superado índices de ingresos”, de “contar con perspectivas interesantes para el desarrollo”; pero en ninguna forma hace alusión a que, en la misma proporción de las reservas, el país está endeudado externa e internamente y que todo ese endeudamiento hay que pagarlo con intereses y hasta comisiones; que todo ese superávit no es más que muestra del efecto de precios internacionales para lo que se exporta.

Esta situación, si bien muestra las mayores reservas de la historia económica del país, es también muestrario de lo que no se hizo; producir, mejorar la calidad y cantidad de la producción, incrementar las exportaciones, garantizar las inversiones, hacer que rijan garantías jurídicas para capitales foráneos y nacionales. Nada de esto se ha conseguido en cinco años de gobierno y, por el contrario, se ha constreñido todo, al extremo de ser un país que está, comparativamente con sus vecinos, a la zaga de un crecimiento efectivo.

Los éxitos que son mostrados son efecto de mayores precios en el mercado internacional para el petróleo, el gas, los minerales y las materias primas que exportamos. No son consecuencia de que hayamos producido más. Si esto hubiese ocurrido, con seguridad que el nivel de reservas sería mucho mayor y las inversiones en el país hubiesen sido cuantiosas, como han sido en Brasil, Argentina, Chile, Perú y otros que, quiérase o no, alcanzaron altos índices de desarrollo y reservas internacionales.

Ante el “panorama financiero optimista” que muestra el Gobierno, está presente la contrapartida: la mayor pobreza del pueblo, su dependencia de ayudas y “comprensión” de países amigos y organismos internacionales que jamás hablan de inversiones sino sólo de “ayudas” con dinero, dizque para “contribuir al desarrollo” que en la práctica no se produce, porque no existen políticas que incentiven ese desarrollo. ¿Cuánto habríamos logrado si el Gobierno respetaba las inversiones, las garantizaba debidamente, mejoraba cualquier condición jurídica para la inversión de capitales financieros, tecnológicos y humanos; si fortalecía todo el aparato productivo y garantizaba las exportaciones y el consumo interno? ¿Cuál sería nuestra situación si se administraba bien el país?

Combatir la pobreza debe ser el mayor objetivo del régimen; no entender esta verdad es mostrar insensibilidad con el pueblo al que se dice servir y cuya “voluntad se cumple”. Vivimos tiempos en los que, lamentablemente, no es posible conseguir respeto y consideración para un pueblo dolido, frustrado y decepcionado; pero, lamentablemente, no hay capacidad ni decisión política para encarar los remedios que el país requiere.

Hemos perdido cinco preciosos años tan sólo “por ganar” anuncios sobre experimentos de socialismos extremos que fueron fracasos en el mundo, experiencias que los pueblos han rechazado por ser contrarios a sus intereses y perspectivas de gozar de libertades y tener posibilidades de mejorar los niveles de vida de sus pueblos. Debido a las fantasías creadas por propagandistas de los extremos, con el pretexto de “combatir a las derechas” (que en resultados son igualmente negativas que las izquierdas), se ha desparramado sobre el pueblo “posibles remedios” para la pobreza, aún sabiendo que no están acordes con la realidad nacional y que su aplicación sería desastrosa hasta el extremo de acrecentar la pobreza y tener que renunciar a toda posibilidad de un desarrollo armónico y sostenido, que podemos conseguir con prácticas de la economía de mercado que rige en la mayoría de los países.

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El Mundo: Mejor cerca

Los representantes del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa Plurinacional han recogido las opiniones vertidas por algunas autoridades y han decidido poner en el tapete de discusión el pedido para que la Agencia de Ayuda de los Estados Unidos para el Desarrollo se vaya del país.

Nos imaginamos que el pedido entra dentro de la secuencia de decisiones que el Gobierno ha adoptado con relación al país del norte, que comenzó cuando fue expulsado el Embajador y luego los representantes de las Agencia para el Control de Drogas DEA; sin embargo, habría que hacer notar a los representantes que Usaid es una oficina que ha representado un apoyo permanente al desarrollo del país y cuyo origen va más allá de los siete años en que el MAS se encuentra a cago del gobierno nacional.

En realidad, la ayuda económica del país del norte llega a Bolivia desde 1942, cuando las autoridades de la época, pasada la Guerra del Chaco, vieron la necesidad de buscar apoyo para recuperar la fuerte distracción de recursos que representó a la guerra, en desmedro del desarrollo nacional a cambio del respaldo a la lucha de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Veinte años más tarde, con el gobierno de John F. Kennedy, se crea la Alianza para el Progreso y ella representa la presencia de recursos para obras en educación, desarrollo agropecuario y otros, en esa época el gobierno se encontraba a cargo del Movimiento Nacionalista Revolucionario.

En la década de los sesenta, con el gobierno del Gral. Barrientos, la ayuda de Usaid tuvo énfasis en la vertebración nacional y apoyo construyendo miles de kilómetros de caminos que representaron inversiones que con seguridad sobrepasan los mil millones de dólares en esa década.

Actualmente ayuda a capacitar profesionales en cursos de maestría para que puedan transmitir sus conocimientos como docentes en la Universidad Popular de El Alto además de un alto apoyo a la actividad del agro.

En el caso de Santa Cruz, solo como otro ejemplo aislado, alrededor de quinientas mil personas acuden anualmente a los centros de Pro Salud, otra obra que tienen el apoyo de Usaid, para apoyar a los enfermos, en especial aquellos de bajos recursos, a los que el MAS asegura favorecer en todas las oportunidades que se le presentan.

Se ha reiterado en muchas oportunidades que bajo la idea del racismo y la discriminación, el actual gobierno tiende a alejar del país a todas las personas que no hablan lenguas nativas o tiene la tez blanca, sin poner en consideración el apoyo que representanta la actividad de esas personas en instituciones que apoyan al desarrollo nacional.

Lo hemos reiterado en muchas oportunidades, las posiciones hormonales del chavismo no pueden ser una norte digno de seguir para llevar al país por el camino del desarrollo, valdría la pena en que nuestros gobernantes pongan los ojos en otras naciones que gobernadas por partidos de izquierda como dice ser el nuestro, tienen su desarrollo encaminado de tal manera que no pueden dejar de lado la posibilidad de negociar y en muchos casos recibir también el apoyo de naciones que por la forma racional con que han sido gobernadas, están ahora en posibilidad no sólo de constituirse en modelo sino también en apoyo para el desarrollo de los demás.

Los senadores cruceños que se encuentra actualmente solicitando la salida de Usaid del país podrían más bien pedir el apoyo de esa institución para hacer producir a favor de los bolivianos las tierras que tienen a su nombre y que han sido denunciadas por el Instituto de Reforma Agraria por haber sido apropiadas en forma indebida y mantenerse improductivas.

Lo que proponen las autoridades de Gobierno y que la Asamblea ha recogido como una iniciativa ininteresante, no deja de recordarnos aquella fábula de la gallina de los huevos de oro. Pues quieren alejar la presencia de una institución que ha cometido el delito de traer recursos del imperialismo para apoyar el desarrollo nacional.

No podemos negar el hecho de que ellos hubieran buscado los interlocutores más idóneos para negociar, lo ideal seria que los gobernantes se habiliten para ser interlocutores que permitan al país avanzar por el camino del progreso. La soberbia nos llevaría a pagar un precio bastante elevado, afectando especialmente los intereses de los más necesitados.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Preservar el espacio ciudadano

La orden judicial emitida por la jueza Elena Liberatori, de urbanizar la villa adyacente a la Reserva Ecológica, puede sentar un riesgoso antecedente favorable a la ocupación de terrenos públicos y refleja un criterio distorsionado del derecho a la vivienda.

La villa se instaló hace treinta años en terrenos públicos al lado de la actual Reserva y si bien anteriores gobiernos comunales tomaron medidas para estimular su desocupación, sin lograrlo.

La legalización de la ocupación no solamente convalidaría la presencia de un barrio precario en una zona de interés patrimonial, turístico e inmobiliario, sino que serviría de argumento para actuales o futuras usurpaciones, como está sucediendo en las periferias de la Villa 31, en continua expansión.

El derecho a la vivienda digna, utilizado como argumento por la jueza, no se garantiza promoviendo la instalación de más barrios precarios en terrenos públicos, sino mediante una adecuada política de vivienda que contemple tanto las necesidades de las personas sin recursos, como los del resto de los ciudadanos que pueden verse afectados por los barrios o asentamientos existentes o futuros.

El problema de la vivienda reclama disponer y cumplir programas sociales y, también una adecuada planificación urbana que contemple un desarrollo equilibrado de la Ciudad e impida iniciativas que puedan perjudicar los barrios y paseos. Se trata, en suma, de igualar mejorando y no degradando el espacio ciudadano.

La orden judicial de urbanizar una villa aledaña a la Reserva Ecológica puede estimular ocupaciones de terrenos públicos y se basa en una visión distorsionada del derecho a la vivienda.

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