Sociedad civil y narcotráfico

image

Nadie quiere vivir en un potencial narcoestado plagado de criminalidad.

Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Bolítica

  2. El Día: Lenguaje diplomático

  3. El Día: Presidente domado

  4. El Día: La guerra boba contra la DEA

  5. El Día: Duro de matar IX

  6. Los Tiempos: Incomprensible actitud gubernamental

  7. El Deber: Sociedad civil y narcotráfico

  8. Cambio: Caminar de la mano del ALBA

  9. La Prensa: Política antidrogas

  10. El Diario: Discriminación oficial a campesinos aymaras

  11. El Mundo: Insospechadas

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Cortoplacismo y autoritarismo en la política de precios




El Día: Bolítica

Pedimos al Gobierno formalizar al 60% de los comerciantes minoristas para incrementar el número de aportantes al nuevo sistema y que éste sea sostenible a largo plazo".

Óscar Calle
PRES. CÁMARA NACIONAL
DE COMERCIO


Se dice que: A la fecha existe en Bolivia unos 40 mil trabajadores en condiciones de jubilarse, de los cuales 30 mil se beneficiarán de una pensión solidaria".


Los gremiales, panificadores y trabajadores independientes podrán beneficiarse de una pensión solidaria de Bs 476 si aportan por 10 años sobre la base de un salario mínimo nacional. También podrán beneficiarse de la atención de salud"

.Mario Guillén
VICEMINISTRO DE
PENSIONES

Ir al Indice

El Día: Lenguaje diplomático

El exquisito tono diplomático de la ONU le impide hablarle “a calzón quitao” a Bolivia en materia de narcotráfico, a pesar de que cuando le espeta los números en la cara… pa’ que te cuento. Recientemente, el representante de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC) en Bolivia, César Guedes, le propuso a las autoridades bolivianas multilateralizar la lucha contra las drogas, una estrategia que en realidad está en marcha con notables éxitos como el arresto del general René Sanabria, operativo que se produjo gracias a la coordinación de las policías de Chile, Estados Unidos y Panamá. Todos los días, ya sea en Brasil, Paraguay o Argentina, interceptan aviones repletos de droga boliviana y lo hacen gracias a la coordinación entre los países que son víctimas del “desborde exportador” que acontece en nuestro país. En la frontera chileno-boliviano han instalado equipos sofisticados para revisar los camiones; la Policía Federal brasileña hace lo propio y entre todos se cooperan y se pasan información. La ONU conoce muy bien todo esto y lo que quiso decir Guedes fue que el único que todavía no participa es Bolivia.

Ir al Indice

El Día: Presidente domado

A través de los famosos cables de WikiLeaks se pudo conocer hace algunos meses, lo que verdaderamente piensan de Evo Morales quienes suelen adularlo en público y le dan palmaditas en la espalda. La presidente argentina Cristina Fernández dijo que su colega boliviano es un “tipo muy difícil” y se comprometió ante el Gobierno norteamericano, hacer todo lo posible por morigerarlo, término muy bonito que en realidad significa “amansar”. Algo parecido dijo el asesor personal y principal operador de la política internacional de Lula Da Silva, Marco Aurelio García, quien afirmó que la rudeza del líder cocalero estaba llevándolo a cometer gruesos errores como destruir a la oposición y creer que en Bolivia es posible llevar adelante una revolución.  Él también se ofreció a interponer sus buenos oficios ante Evo, para hacerle entender el genuino interés de Estados Unidos por llevarse bien con su Gobierno, con el que no tienen nada en contra, salvo las fuertes contradicciones sobre cómo se debe enfrentar al narcotráfico.

Es probable que los norteamericanos se hayan cansado de insistir en restablecer la normalidad en las relaciones diplomáticas y sobre todo se hastiaron se hacer simples recomendaciones y observaciones sobre la situación de la coca y la cocaína en Bolivia. Ni la búsqueda de celestinos, ni los constantes llamados de atención del Departamento de Estado sobre el desborde del narcotráfico en el país o la suspensión de los beneficios de la ATPDEA, consiguieron ablandar al presidente Morales, cuyas bravuconadas se sobrepusieron a los denodados esfuerzos del canciller Choquehuanca por buscar el diálogo con la Casa Blanca, quien parece haberse dado cuenta desde un principio de las consecuencias que podía acarrear tanta tozudez.

El presidente Morales llama “chantaje” a todo esto, especialmente cuando le exigen que cumpla compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas. Podrá llamarlo como quiera y también podrá expulsar a Usaid y hasta el último funcionario que quede en la Embajada de Estados Unidos, pero de nada le servirá, ni siquiera para sacar a relucir una supuesta dignidad o para poner por delante la soberanía boliviana, no después del caso Sanabria, hecho que demuestra que el verdadero señorío lo están ejerciendo en el país los grandes cárteles de la cocaína.

Resulta desconsolador para la población que cree en la verdadera dignidad y soberanía, que tanto la DEA norteamericana como la policía antidrogas de Chile le hayan levantado la pollera al Gobierno de Bolivia y que sean ellos los que tengan que desnudar la putrefacción que se esconde detrás de instituciones tan importantes como la Policía Nacional. Y ya no se trata de funcionarios y entidades de primera línea, tanto de la ONU, como de Europa o Estados Unidos, los que emiten informes sobre el avance del narcotráfico en el país, sino que es la DEA, un organismo policial operativo, el que toma la palabra y se atreve, con toda propiedad, a hablar sobre la gravedad del problema, no sólo por el aumento de la producción de coca y cocaína, sino también por el desborde del consumo interno de drogas.

Es verdad que siguen las amenazas y las provocaciones públicas, pero en los hechos se observa a un ministro de Gobierno y a una Policía andando a brincos tratando de hacer limpieza, comprando equipos para combatir a los narcos y buscando que el escándalo de Sanabria no pase a mayores. ¿Habrá conseguido amansar al régimen de Evo Morales como se lo propusieron Cristina Fernández o Marco Aurelio García?

Resulta desconsolador que tanto EEUU como Chile hayan desnudado la putrefacción que se esconde detrás de instituciones tan importantes como la Policía Nacional.

Ir al Indice

El Día: La guerra boba contra la DEA

No hay duda que si algo caracteriza a este gobierno es su “inflación” cerebral (Canelas dixit). Esa “inflación” es peor, por sus consecuencias, que la que tiene en la rodilla S.E. Es toda una historia chistosa aquella de que una vez expulsados de Bolivia  el embajador Goldberg, la CIA, la DEA y la NAS, pensarán los actuales mandamases que todo se habría solucionado y que estarían libres del control gringo para proseguir con sus actividades cocaleras y cocaineras sin tener encima el ojo avizor del águila norteamericana.

Resulta tonto, por decir lo menos, pensar que, por ejemplo, la CIA pueda ser expulsada de Bolivia. Como era idiota pensar que también hubiera sido expulsada de la URSS en su momento. O que la KGB fuera declarada non grata en EEUU y se marchara. La CIA no tiene una oficina con un letrero que la identifique y un rubio uniformado en la puerta. No son instalaciones físicas que están a la vista de todo el mundo. Son organizaciones de inteligencia, pero, claro, un poquito más aguda que la inteligencia de nuestro Ministerio de Gobierno.

La DEA no es lo mismo que la CIA pero esté aceptada o no por el Estado Plurinacional nunca dejará de continuar actuando, sea desde el interior del país o desde afuera. La DEA no necesita pasaportes ni visas de nadie. Tiene un solo objetivo y es cortarle las manos, los brazos  y la cabeza al narcotráfico. Para eso no requiere permiso de los gobiernos. La DEA actúa en todo el mundo con esa finalidad. Simultáneamente está en Sinahota como en Estambul. Y por lo tanto, Bolivia no podrá hacer nada para desembarazarse de ella, porque, repetimos, con ojo avizor seguirá los pasos de los narcos, estén o no relacionados con el Gobierno.

¿Qué mejor ejemplo que la captura del general Sanabria? Es absolutamente creíble que la DEA actuara en coordinación con las policías de Chile y Panamá. Y que recurrieran a señuelos y engaños para que el general Sanabria fuera tomando confianza y empezara a salir de su guarida y aventurarse, primero en Chile y luego hasta en Panamá. Una vez allí, ¡zas! la DEA le cayó encima, y los panameños lo pusieron en un avión, de inmediato, rumbo a Miami, antes que abra la boca el Gobierno boliviano. Cuando el Estado Plurinacional se enteró de la captura de Sanabria éste ya estaba con un overol anaranjado y con cadenas en los tobillos.

¿Fue un juego sucio contra Bolivia de parte de la DEA y las policías de Chile, Panamá y la Interpol? ¿Es que los genios del Ministerio de Gobierno de Bolivia tuvieron la peregrina idea de que les iban a informar que andaban, nada menos, que detrás de uno de sus jefes de inteligencia? ¿Para que lo alertaran?  Lo malo es que al parecer hasta ahora el señor Llorentty y sus sabuesos no se han dado cuenta que el Estado Plurinacional es casi un interdicto internacional, poco confiable y por lo tanto aislado como una medida de profilaxis en el campo de la drogadicción. ¿Así que resentidos los muchachos del MAS con los chilenos, panameños y con la DEA? Esto sí que es preocupante. Pensar que la DEA le va a soplar un solo dato a Bolivia sobre las actividades de narcotraficantes en su territorio es la estulticia acabada. Salvo, por supuesto, que el gobierno boliviano se lo pida a la DEA y se comprometa sinceramente a colaborar en la captura de delincuentes.

De ahí que resulta una polémica absurda aquello de si la DEA regresa o no a nuestro país. S.E. ha dicho que no regresará jamás, lo que repiten como loros sus ministros y empleados. Y la oposición dice que la DEA debe regresar porque es el organismo más eficaz para controlar el narcotráfico. Pues bien, ni lo uno ni lo otro: la DEA no estará en la guía telefónica de La Paz pero no se ha ido de Bolivia. Como ha dejado entender claramente su jefa Michelle Leonhart, la DEA vigila a Bolivia desde afuera a través de informantes, que, por supuesto, están adentro. Sobra, entonces, el falso debate de si  debe regresar o no, simplemente porque está.

Y volviendo al tema profiláctico, no debería extrañarnos que se conforme en torno a Bolivia una suerte de cordón sanitario que nos mantenga en una prolongada cuarentena, donde los organismos de lucha contra las drogas de todos nuestros vecinos, naturalmente con la cooperación de la DEA, nos vigilen. Hacia allí encamina sus pasos el Estado Plurinacional si permite que se sigan expandiendo escandalosamente los cultivos de la hoja de coca y por tanto si se pone materia prima en abundancia a disposición de las mafias.   

Que S.E. dé una muestra positiva dejando la presidencia de las seis federaciones de cocaleros del Chapare.  Además, muy importante, que la folclórica diplomacia boliviana deje de considerar como su objetivo número uno la legalización internacional de la coca; que no pierda su tiempo miserablemente tratando de convencer al mundo entero que la coca es inocente y hermosa. Aunque tarde, podría lavarnos la cara.

Ir al Indice

El Día: Duro de matar IX

En Bolivia, el número 21060 compite ferozmente con el guarismo 666, que según el Apocalipsis (13:18) identifica a la bestia, al maligno  que, en la tierra, oculta esta maldita cifra detrás de una blonda cabellera. En nuestro caso el 21060 representa al satanismo neoliberal que destruyó la economía boliviana. Desde su nacimiento en el año 1985, se registran varios intentos de eliminar al archi conocido Decreto Supremo (DS). Ya se armaron cofradías, sectas, partidos políticos, grandes movimientos sociales y conciábulos de todas las ordenes para eliminar al Belcebú creado por Adam Smith y sus seguidores nativos.  Algunos detractores ya trataron de relocalizarlo, enterrarlo, abolirlo con poco éxito. Probablemente, no existe, en la historia económica nacional y en la fábula de los números, cifra mas vilipendiada.  Se le ha dedicado músicas de protesta y floridos discursos. Cruces, filosos cuchillos, estacas bendecidas, la sagrada hoz y martillo intentaron ser clavados en el corazón del Satanás liberal. Toneladas de tierra y cemento se ha vertido sobre su tumba, pero al final, como en las películas de terror del tipo B, en la última escena cuando se pensaba que el mal por fin había sido derrotado, la mano invisible del mercado surge de ultra tumba. La última aparición del engendro de la oscuridad se dio en plena primavera revolucionaria. El gasolinazo y azucarazo fueron acciones orquestadas desde  el fondo de la tenebrosa historia neoliberal cuando ya se anunciaba el coqueto Estado integral

¿Por qué es tan duro de matar el DS 21060?  Me permito sugerir algunas explicaciones que se inscriben en la psicomagía del poder y de la cultura política nacional. El discurso de cambio, para ganar fortaleza y tener la perspectiva de legitimación, requiere de un enemigo, el neoliberalismo. Se edifica por negación antes que por construcción o superación. El 21060  continúa en el imaginario político por voluntad consciente o subterfugia de sus propios detractores. ¿Cómo se explica esta paradoja? En muchas visiones filosóficas dualistas de la vida y la política, el mal no existe sin el bien. No habría bondad infinita o acción heroica si no fuera para derrotar a la conjunción del mal de igual magnitud. Inclusive en la cultura oriental tenemos conceptos similares como el Yin y el Yan, luz-oscuridad, vida-muerte, sonido-silencio, el mal-bien. Para cierta izquierda boliviana, que ahora está en el poder,  su única razón de ser es luchar contra el neoliberalismo pero no ofrece nada real a cambio. En estas circunstancias, eliminar al DS 21060 dejaría sin vida política o discurso ideológico a muchos que lo combatieron. Se imaginan, Usted amable lector, un pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana sin ninguna alusión al 21060.  Las protestas perderían color sin los ocurrentes estribillos inventados en su contra. Cuesta imaginar un discurso de nuestros gobernantes sin maldecir al neoliberalismo y echarle la culpa de todos los males de la sociedad y la economía. Una vida política sería plana sin los frecuentes actos de exorcismo colectivo que se promueven desde el reino del poder. En este contexto, la nueva Constitución o el Plan Nacional de Desarrollo son los libros de conjura y rezos, manuales afilados de exorcismo  que los fieles de la iglesia del cambio deben de repetir para hacer retroceder a Lucifer que a veces se presenta como neoliberalismo, neocolonialismo o su versión externa, imperialismo.

Pero a pesar de la poesía jurídica y los mantras ideológicos que tiernamente se declaman desde la Asamblea Plurinacional, el DS 21060 parece haber bebido  de las aguas de la eterna juventud, es un zombi inmortal e inmoral, es el fetiche-mascota que el poder actual necesita para autoafirmarse a través de su negación. Se niega y reniega contra el mercado, y sus representantes, los empresarios, pero dice que se los necesita tácticamente, aunque nunca se confiará en ellos. En esta perspectiva, el mundo post-neoliberal es aterrador para el oficialismo, porque es el escenario de la propuesta, de la acción eficiente, de la política pública creativa, es abandonar el reino de la consigna y la propaganda para pasar de la gestión competente. Es el exorcismo definitivo que cura el alma y carne del cuerpo económico. El post-neoliberalismo también implica abandonar la lógica de la confrontación, la guerra de posiciones y dar paso a una nueva geografía de ideas que surjan de la concertación y el pacto. Es apostar a que el cambio y las causas justas que están en la mesa del debate tiene muchos caminos de solución, que el monopolio del poder  no te hace dueño de las ideas. Que una sociedad democrática es capaz de producir varios caminos para las transformaciones, que se basa en un arco iris de la diversidad. Al parecer son los nuevos dueños del poder los que no quieren matar al 21060, porque le es funcional para crear un mundo bipolar, los buenos revolucionarios y los vendepatrias. Superar el neoliberalismo implicaría dejar la baja política y apostar a la revolución productiva, pasar de ser gestor del miedo a ser un promotor de la esperanza. El neoliberalismo es duro de matar porque tiene su guardia pretoriana de autoritarios dentro del proyecto de cambio.

Ir al Indice

Los Tiempos: Incomprensible actitud gubernamental

NUESTRA PALABRA

En vez de aferrarse al victimismo, Bolivia podría sumarse a las propuestas para iniciar un debate internacional sobre la "guerra contra las drogas"

A fuer de ser demasiado reiterativos, desde que se desató el escándalo del apresamiento del general de Policía René Sanabria (jefe de una unidad de Inteligencia del Ministerio de Gobierno en contra del narcotráfico) en Panamá por su presunta vinculación con el tráfico de drogas ilegales, los diferentes voceros del Gobierno han utilizado una batería de argumentos a cual más deleznables, desaprovechando la oportunidad de demostrar a través de este caso la equivocada estrategia que se aplica desde la década de los 80, que está liderada por los sectores más conservadores del establishment estadounidense y que, si se quiere que las mafias que están detrás de este negocio no vayan copando nuestros Estados, se requiere modificar.

Además, no se trata de buena o mala voluntad de parte de las autoridades para alcanzar éxitos en esta lucha. De hecho, se debe partir de la premisa de que se quiere eliminar el mal; el problema es que las mafias van adquiriendo cada vez más poder (económico, militar, social y cultural), al punto de que están dispuestas a desafiar al Estado y sus instituciones.

En ese escenario, obviamente al Gobierno de Bolivia le asiste el derecho de difundir lo que hace en contra del narcotráfico y salir al frente. Pero, quedarse en eso y en defenderse planteando un ataque político-ideológico a, por un lado, la actuación de administraciones anteriores y, por el otro, al papel de Estados Unidos y sus agencias responsables de la lucha contra el narcotráfico sólo lo conducirá a tener que enfrentar peores momentos.

Sus voceros deben comprender que el apresamiento en el exterior de un general de Policía encargado de realizar tareas de Inteligencia en contra del narcotráfico; que este general tenía un entorno de uniformados a su servicio, y que a la semana sea arrestado también acusado de narcotraficante un exjefe de la Interpol, también oficial boliviano, resta credibilidad al sistema de prevención y represión a este ilícito negocio. Es decir, deben comprender que si no se encara de una manera más franca y directa el problema, cunde la duda sobre la eficacia de la lucha que el Estado ha entablado contra este delito, más allá de los logros que a criterio del Gobierno se han alcanzado. Y ya llega a extremos de desconocimiento del problema aquello de que el Gobierno investigará para dar con los "informantes" de la DEA sobre el curso de la lucha antidroga en el país.

Si se revisa la historia de los últimos 30 años, está claro que como nación debemos comprender la necesidad de diseñar una estrategia consensuada de lucha contra el narcotráfico, que, como demuestran los últimos acontecimientos, está por encima de posiciones políticas. Sin contar el período militar esencialmente corrupto que gobernó durante 18 años al país, se debe reconocer que cada gestión democrática de gobierno ha tenido un escándalo con este motivo que le ha restado legitimidad y poder. Por tanto, es hora de desterrar la arrogancia y actuar con visión de futuro en este campo en circunstancias internacionales, además bastante más propicias de lo que fueron hasta los primeros años de este siglo, pues, como se ha señalado, hay generalizado consenso en que la estrategia de la guerra ha fracasado y se deben buscar nuevos rumbos.
Con menos sectarismo y más conocimiento, Bolivia podría adherirse a esas posiciones.

Ir al Indice

El Deber: Sociedad civil y narcotráfico

La sociedad civil boliviana se encuentra inerme frente a una amenaza mundial que en nuestro país ya casi reviste concreción plena: su indefensión frente al creciente auge del narcotráfico. Este vil negocio, auspiciado indirectamente por la proliferación de cultivos de hojas de coca que promueve la actual administración, está llevando a situaciones extremas, las que se reflejan en la crónica diaria de asesinatos y en el hecho triste, real y tangible, de tener a parte de las instituciones teóricamente creadas para protegernos –como son el mismo Estado y la Policía-  como cómplices abiertos, o accesorios involuntarios, en esta ola de violencia y drogas que amenaza con ahogarnos a todos como si fuera uno de los gigantescos tsunamis que asolaron Asia tiempo atrás y hace poco destruyeron parte del Japón durante el último terremoto.

Y no exageramos. Las estadísticas a la vista, la cantidad de gente detenida en el exterior e interior por involucrarse en actividades ilícitas, el creciente número de muertes en las calles por vía de sicarios que ‘ajustan cuentas’, etc., llevan a una proliferación alarmante  de viles actividades cuya resultante nos deja a todos los ciudadanos en el desamparo total.

La sociedad civil, el pueblo boliviano en suma, en su inmensa mayoría es mero espectador -y víctima a su vez- de estos perversos procesos. Mientras el Gobierno poco y nada hace al respecto, salvo seguir hablando y hablando, el peligro se acentúa. La ruta hacia un estado de crisis total por causa del narcotráfico se agiganta.

Frente a esta álgida situación, el pueblo debe hacer conocer su desagrado y repulsa. Diversas cosas preocupan hoy a todos los bolivianos y bolivianas, desde aquellas derivadas del desabastecimiento, la inflación y los costos del transporte público, hasta muchas otras legítimas demandas. En este agitado contexto, forzadamente deberemos inscribir ahora la necesidad de protestar también contra el auge irrefrenable de la droga, en el marco de la indiferencia de las autoridades o de pomposas declaraciones que de poco sirven a la hora de la verdad.

El Gobierno de Bolivia ha rehusado la ayuda internacional de Estados Unidos y amenaza inclusive ahora con expulsar lo que queda de la cooperación estadounidense, caso Usaid. Mientras se proclama “dignidad y soberanía”, ambas se ven melladas por un poder tremendo derivado del dinero sucio y de los estupefacientes que lo generan. A todo esto, se insiste en la sacralización de la hoja de coca e inclusive se ha manifestado que su promoción será prioridad de la “diplomacia de los pueblos” propiciada por el presidente Evo Morales.

La gente que inocentemente sufre este tipo de situaciones, en las que nada tiene que ver, reaccionará en algún momento. El pueblo en su inmensa mayoría está en contra de la droga generada mediante la controvertida hoja de coca. No puede ser que 40.000 cocaleros de Chapare dicten la agenda de diez millones de bolivianos. El prestigio del país está en juego y es, a ojos vista, crítica la situación del momento actual.

Si el Gobierno no reacciona, el pueblo lo hará. De eso no cabe la menor duda. Nadie quiere vivir en un potencial narcoestado plagado de criminalidad.

Ir al Indice

Cambio: Caminar de la mano del ALBA

Cochabamba acoge desde ayer a los líderes gubernamentales dedicados al área de la educación, trabajo, salud y deportes, en el marco de la III Reunión del Consejo Ministerial de la  Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP). Allí el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, ha tocado aspectos clave que hacen al bienestar colectivo, a la soberanía, al antiimperialismo y la dignidad de nuestros pueblos que, sin duda, debiéramos subrayarlos para caminar de la mano de esos postulados y afianzar un proceso revolucionario boliviano que fue iniciado con esperanza y gran sacrificio del pueblo.

El presidente Morales ha destacado el proceso de integración y solidaridad que encarna el ALBA-TCP, y enfatizó que se trata de un bloque de países que hoy son un ejemplo en la lucha por la defensa de los derechos de la Madre Tierra y por tanto de la humanidad. En ese contexto se refirió a la importancia de desarrollar acciones específicas en el ámbito de la educación, la salud y el deporte para, desde y con el pueblo, construir un nuevo Estado socialista, verdaderamente solidario y comunitario. Ésa es sin duda la esencia de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP), y con sus propias características y proyecciones los países miembros -Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y las Granadinas- lo han asumido desde las experiencias propias de sus pueblos. A tiempo de destacar el evento, el presidente Evo reveló que si hubiese tenido la oportunidad de ir a la universidad, hubiese estudiado historia para revisar con mayor profundidad la experiencia de nuestros pueblos ancestrales, que hoy estamos recogiendo y asimilando en la práctica, en la construcción del Estado Plurinacional. La historia de América Latina está marcada, pues, por la lucha incesante para alcanzar la liberación porque el sometimiento y la explotación hicieron de nuestro continente uno de los más pobres del mundo. Evo tiene razón cuando habla de la necesidad de estudiar y revisar la historia de nuestro continente.

Además de historia, Evo debió estudiar periodismo, porque sin necesidad de títulos académicos ni formalismos burocráticos da lecciones fundamentales. Al respecto, se ha referido a la importancia de la comunicación y de los medios de comunicación al servicio de la liberación.

En el marco de la apertura de la III reunión del área social del ALBA, reiteró que algunos medios de comunicación se han constituido en la verdadera oposición política al proceso de cambio y a la gestión gubernamental que él lidera. Y por ello, dijo, se ha creado el Ministerio de Comunicación, que deberá llevar adelante el fortalecimiento de los medios que estén orientados al pueblo, al servicio de la verdad y sean profundamente antiimperialistas.

Sin duda, el debate sobre el rol de los medios no deja de ser de primera actualidad debido a que éstos se han convertido hoy en las herramientas más efectivas de los sectores conservadores y de derecha para manipular y mentir al pueblo, pero además torcer la historia conforme a los intereses de los poderosos. Por ello resulta de vital importancia la referencia hecha por el mandatario boliviano respecto al derecho a la verdad que el imperio ha venido matando desde hace siglos.

La mentira ha caracterizado y caracteriza las acciones del imperialismo norteamericano y de sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). A contrapelo de los esfuerzos humanitarios y solidarios de integración y unidad de los pueblos, los organismos del imperio han servido y sirven para invadir pueblos y provocar guerras inútiles con un alto costo en vidas humanas.

La mentira llevó a los imperialistas estadounidenses a invadir Irak y destruir toda una cultura milenaria como a desatar la peor de las masacres que haya conocido la humanidad en Afganistán. Al parecer, el mismo argumento surge hoy para iniciar una cruenta guerra en Libia. La verdad al servicio de los pueblos es, por cierto, la verdad que nos hará libres.

El debate sobre los medios no deja de ser de primera actualidad debido a que éstos se han convertido en las herramientas más efectivas de los sectores conservadores y de derecha para manipular y mentir al pueblo.

Ir al Indice

La Prensa: Política antidrogas

La pregunta del millón ahora es quién será el socio estratégico del Estado en esta ardua faena. ¿Los actuales aliados del Gobierno tendrán la capacidad de incursionar en esto?

La definición de políticas públicas en el interior del territorio nacional constituye una atribución libre y soberana del Estado Plurinacional de Bolivia. En consecuencia, las políticas respecto de la lucha contra el narcotráfico conciernen al Gobierno, conforme a la prioridad e importancia que se le otorga dentro del plan de gestión del Estado.

A la fecha, el aspecto relevante no es ya la extinción de relaciones entre la DEA (Drug Enforcement Administration) y Bolivia, toda vez que si es potestativo del Estado determinar cómo se tratará la lucha antidrogas, también lo es escoger con quién se administrará este régimen. Lo importante, en todo caso, es el incremento del tráfico de drogas en Bolivia y desde Bolivia hacia otros países, aspecto que ha adquirido especial atención internacional con el caso del ex jefe antidrogas René Sanabria, hoy recluido en los Estados Unidos bajo la acusación de tráfico de cocaína.

Por factores tales como la ausencia de recursos económicos, tecnológicos, recursos humanos, experiencia especializada (know how) y muchos otros, Bolivia se encuentra limitada de hacer frente a una industria millonaria como el narcotráfico, razón por la cual resulta insoslayable un apoyo internacional que garantice una verdadera lucha antidrogas en el interior del territorio nacional. El representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD), en conferencia sostenida en Cancillería, ha señalado que será ?muy difícil llenar el vacío que dejó esa agencia por sus grandes recursos?, haciendo referencia a la DEA, pero aclaró que la decisión de escoger los socios de Bolivia es decisión soberana del Estado. Al concluir el discurso, César Guedes recomendó al Gobierno la coordinación con otras agencias conducentes a que otros actores hagan más perfectible esta tarea.

La pregunta del millón ahora es quién será el socio estratégico del Estado en esta ardua faena. ¿Los actuales aliados del Gobierno tendrán la capacidad de incursionar en esto? Esta pregunta adquiere singular importancia toda vez que Bolivia ha circunscrito gran parte de sus relaciones internacionales a un limitado grupo de países, tales como Venezuela, Ecuador, Paraguay o Irán.

Sobre la mesa queda la necesidad de una pronta decisión.

Ir al Indice

El Diario: Discriminación oficial a campesinos aymaras

Como efecto directo de una aguda escasez de alimentos en todos los mercados de consumo del país, crisis originada en el abandono oficial de la agricultura por parte del Estado Plurinacional, así como debido a factores climáticos, el Gobierno decidió adoptar, aunque tardíamente, algunas medidas para aliviar un estado de tensión que podría derivar en una situación de convulsión, cuyos síntomas empezaron a explotar en importantes centros de decisión popular.

Abandonando momentánea y parcialmente sus preocupaciones políticas destinadas a evitar su desestabilización, al presente el Gobierno del Estado Plurinacional decidió enfrentar, ¡por fin!, la angustiosa cuestión alimentaria e implementar algunas medidas ante un estado de cosas que podría derivar en un conflicto de gran magnitud. En ese sentido, en primer lugar empezó a importar grandes cantidades de alimentos y, enseguida, encarar algunos de los problemas propios de nuestra agricultura.

Se está poniendo en práctica algunas medidas, como disponer de Bs 140 millones para los agricultores cañeros del oriente, Bs 2.100 millones con el objetivo de impulsar a los agricultores a producir más, ayudas en semillas, máquinas, y otros. De ese total 84 millones se destinará al cultivo de quinua, 140 millones para cañeros, 1.000 millones para varios productos, 700 millones para sistemas de riego. También se venderá a los agricultores del trópico, tractores y maquinaria con un pago inicial del 10 por ciento e interés del 6 por ciento. Se destinará un aporte especial de 100 millones de dólares a 340 municipios para construcción de represas para fines de riego. En síntesis, se asegura que se buscará cinco aspectos para asegurar alimentos: seguridad jurídica, mecanización, semillas, créditos y agua.

Como se ve, se trataría de una política de emergencia para una situación poco menos que desesperada, pero se puede observar que ella está principalmente destinada al sector de los agricultores del oriente y a los municipios y que, por tanto, han quedado discriminados y en el olvido los campesinos de los valles y el altiplano, pequeños productores que abastecen los mercados de consumo urbano del país y cuya suerte está en total abandono desde hace años. Se debe destacar que estos campesinos de la zona interandina fueron los que más perjuicios sufrieron por las sequías, inundaciones, heladas, granizadas y otros embates meteorológicos.

Esa actitud que favorece a agricultores orientales y desprecia a los de los valles y altiplano tendría un significado no sólo discriminador sino racista, a la luz de la Ley contra el racismo y la discriminación puesta en aplicación por el Gobierno con gran alarde y publicidad. En efecto, las ayudas mencionadas no hacen referencia a los campesinos aymaras y quechuas que constituyen un elevado porcentaje de los productores agrícolas del país. En efecto, para ellos no se está destinando ni un centavo, tractores, semillas y otros, beneficios con los que son favorecidos otros agricultores, sin que ello quiera decir que éstos no deban obtener esos beneficios. En síntesis, “mientras unos están en la noria, otros en el alfalfar”.

Como se constata en la observación de las iniciativas que se prepara para solucionar la crisis de alimentos, los agricultores de los valles y el altiplano han sido abandonados y soltados a las manos de Dios, pese a que ellos son, por una parte, los que mayor cantidad de alimentos producen para el consumo y, por otra, los principales sostenedores políticos del sistema o imperante y acerca de los cuales sus representantes se llenan la boca diciendo que son sus “únicos” defensores.

Ante esa actitud discriminadora y hasta racista de tipo oficial, lo que cabe es salir en defensa de los agricultores campesinos, pequeños propietarios de tierra y demandar que se les proporcione el mismo trato que se da a otros sectores sociales que, por lo demás, no tienen la significación económica y política de los otros sectores sociales del país.

Ir al Indice

El Mundo: Insospechadas

A medida que se va conociendo la magnitud de los daños por el incendio de la planta nuclear de Fukushima, crece la tensión en el mundo por las posibles complicaciones del siniestro.

El desastre que se ha producido como consecuencia del terremoto y consecuente tsunami, ha dejado de estar circunscrito al territorio japonés, seriamente afectado por la pérdida de miles de vidas humanas y daños materiales de consideración, para propagarse al mundo por la posible contaminación de sustancias radiactivas que abarcaría un espacio mucho mayor.

Son por lo menos tres reactores nucleares que han sufrido serios daños por el sismo y lo que es más grave, se han producido incendios que impiden un control del siniestro, pese a los esfuerzos desarrollados.

Los especialistas japoneses en el control de siniestros hacen esfuerzos desesperados por utilizar agua, no solo para apagar los incendios sino también evitar que el polvo radioactivo pueda propagarse en la atmósfera, recordando los daños que se produjeron con el siniestro en la planta de Chernóbil, el mismo que ha quedado pequeño con relación a la magnitud de los que ahora se confrontan en el Japón.

Los esfuerzos para retirar a las personas de la zona de influencia de la planta que fue convenientemente aislada desde el primer momento, quedaron pequeños por los riesgos que presenta para la seguridad de las personas. Por otra parte, la mayor parte de las naciones realizan esfuerzos para que sus ciudadanos radicados en el Japón puedan ser repatriados ante el serio riesgo que se presenta para su seguridad, con la imposibilidad de controlar los incendios en las plantas.

Se han creado páginas especiales de Internet que tienen como tarea, no sólo advertir sobre el peligro sino también tener información sobre las personas extrajeras que se encontraban en territorio japonés, con el fin de que sus familiares y amigos puedan tener noticias de los mismos.

Vale la pena recordar que como consecuencia del siniestro en Chernobil, una gran parte de Europa sufrió las consecuencias y aun una gran parte del mundo, como resultado de la contaminación que se produjo en el ganado y los derivados, como la leche que terminaron contaminados aun luego de haber pasado por el proceso de industrialización.

La competencia que se había producido en varios lugares del planeta para poder contar con plantas generadoras en base a energía nuclear ha dejado de ser por el momento un atractivo, por los riesgos que se podría correr en cualquier momento.

Cuando se produjo el terremoto se vio con admiración la fortaleza del pueblo japonés para sortear el momento difícil y la organización que permitió el desarrollo de operaciones de salvataje y las medias de seguridad; sin embargo, el momento presente muestra mayores complicaciones y parecía que todo estaba dentro de las previsiones de riesgo y ahora surgen nuevas operaciones de socorro ante la emergencia.

En el momento actual, las previsiones y los riesgos han dejado de estar circunscritos al territorio japonés o a las personas que hubieran corrido riesgo de contaminación por la proximidad a las plantas.

Los expertos se animan a asegurar que una gran parte del mundo se encuentra en riesgo de contaminación y se hacen reiteradas recomendaciones para evitar que los daños puedan ser mayores.

Luego del terremoto, el temporal del tsunami que llegó como consecuencia pudo causar estragos, pero desapreció porque finalmente la magnitud de los efectos fue menor a lo que se esperaba.

Hoy el temor ha vuelto, como consecuencia de la radiación y son muchas las recomendaciones que llegan por diferentes medios, para conseguir que todas las personas estén advertidas del peligro.

Se puede asegurar, sin temor a ser exagerados que las consecuencias del siniestro, además de las ya conocidas, son todavía insospechadas.

Ir al Indice

Opinión:

Ir al Indice

Clarín, Argentina: Cortoplacismo y autoritarismo en la política de precios

La política oficial en relación al INDEC concentra varios rasgos básicos del actual Gobierno, entre ellos el propósito de tratar de ocultar realidades incómodas, aún cuando estas sean evidentes para todo el mundo, el cortoplacismo irresponsable y el autoritarismo.

Hace más de cuatro años, el Gobierno comenzó a manipular el Indice de Precios al Consumidor reduciendo significativamente la cantidad de precios relevados, aumentando el porcentaje de precios que son imputados directamente por los técnicos sin consultar al mercado e incorporando precios que informan organismos públicos que hacen acuerdos con el sector privado o ponen precios de referencia, en lugar de los que efectivamente pagan los consumidores. Gracias a este procedimiento, desde 2007, la evolución del Indice oficial comenzó a evolucionar por debajo de los índices que elaboran organismos provinciales o consultoras privadas.

La adulteración de la estadística ha creado dificultades en el cálculo económico y en la evaluación de la situación social. Un claro ejemplo de esto es que si los ingresos o el valor de las canastas de consumo se deflactan por índices provinciales o privados, arrojan niveles de ingreso real menores y de pobreza e indigencia mayores que los admitidos oficialmente.

La pérdida de credibilidad del índice se refleja no sólo en las opiniones críticas de la política gubernamental o en las percepciones de los consumidores, sino también en gremios, inclusive oficialistas, que negocian salarios tomando como referencia incrementos de precios similares a los que arrojan las evaluaciones privadas o provinciales.

Pero también ha dado lugar a un conflicto con el Fondo Monetario Internacional, que ha realizado una evaluación de la situación y que podría, como surge de informaciones a las que accedió este Diario, elaborar un informe crítico sobre la veracidad de la estadística de precios. Si esto sucede, se verá afectada la confianza sobre la economía argentina, tanto en el país como en el exterior, lo cual tendrá inevitablemente costos en materia de inversión y empleo.

Por otra parte, y como es cada vez más evidente, la distorsión estadística no se podrá sostener indefinidamente. En algún momento no muy lejano será necesario reemplazar el Indice desprestigiado por otro verosímil y esto dará lugar a un desajuste entre la vieja y la futura serie de precios que dejará un hueco estadístico de consideración y que puede tener efectos perniciosos sobre las expectativas inflacionarias.

Finalmente, el Gobierno combinó su intento de ocultamiento con medidas autoritarias, primero sobre diversos formadores de precios y, más recientemente, sobre consultoras privadas que realizan sus propias evaluaciones de inflación y que han sido multadas apelando a una legislación establecida por la última dictadura militar.

Esta actitud es una continuidad de la política seguida con los medios de difusión independientes, atacados por publicar informaciones u opiniones que no coinciden con la imagen de la realidad que intenta proyectar el Gobierno.

Las estadísticas estatales son bienes puestos al servicio de la sociedad y que como tales deben estar dotados de solvencia técnica y no estar sujetos a la manipulación de los gobiernos de turno.

Es necesario, por lo tanto, recuperar la independencia del INDEC y llevar a cabo una reforma legal que garantice la independencia y capacidad técnica del organismo.

La política oficial sobre el INDEC conjuga el intento de ocultar realidades incómodas, el cortoplacismo y el autoritarismo. La manipulación del IPC le quitó credibilidad y provoca dificultades para el cálculo económico y crea incertudumbre inflacionaria. El Gobierno sanciona a consultoras privadas que realizan estimaciones de inflación, del mismo modo que presiona a los medios de difusión que presentan informaciones y opiniones críticas.

Ir al Indice