Gobierno quiere crear unidad de pesquisa criminal paralela; FELCC rechaza grupo “parapolicial

Un viceministro dice que se busca que la investigación sea eficiente. Malestar. El director de la FELCC, Jorge Saravia, dijo que se rechaza la creación de un grupo “parapolicial” que relegue las investigaciones desde esa unidad y otras.

image

Un policía de la FELCC La Paz conduce a un detenido.



Página Siete

Gobierno quiere crear unidad de pesquisa criminal paralela

El Ministerio de Justicia plantea la creación de un “cuerpo especializado de investigación criminal en delitos desde narcotráfico hasta estafas, paralelo a la Policía y que dependa únicamente del Ministerio Público”, sin embargo, la institución del orden rechazó el planteamiento.

La propuesta forma parte del anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, elaborado en el marco de las leyes complementarias a las leyes orgánicas promulgadas y demandadas por la Constitución.

El artículo 92 del anteproyecto de ley, al cual Página Siete tuvo acceso, especifica que el “Ministerio Público contará bajo su dependencia administrativa, financiera, funcional, disciplinaria y operativa con un cuerpo propio de investigadores, especializados en la materia y de formación multidisciplinaria vinculada a la investigación y persecución de hechos delictivos”.

El parágrafo cuatro del artículo quinto dice que el cuerpo especializado incluirá personal de investigación civil y policial.

Ayer se inició la última mesa de discusión para afinar criterios del anteproyecto, a la que asistió la ministra de Justicia, Nilda Copa; el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Jorge Saravia, y otros profesionales. “Como representante de la Policía Nacional y por la experiencia vivida, es importante que nos pongamos a pensar que no podemos crear ni grupos ‘parapoliciales’ ni ‘paramilitares’, porque lo que se pretende es crear un grupo ‘parapolicial’ que realice las mismas acciones de la Policía, eso en ningún contexto legal ni internacional es permitido en plena democracia”, declaró Saravia a Página Siete.

La autoridad policial dijo que en lugar de invertir recursos económicos en la creación de un cuerpo especializado dependiente de la Fiscalía, se debería fortalecer las unidades de investigación de la Policía y anunció que rechazará el planteamiento.

El viceministro de Justicia, Nelson Cox, aclaró a Página Siete que no se trata de crear un grupo “parapolicial”, sino de que la investigación penal tenga mayor eficiencia, toda vez que hasta ahora se ha visto perjudicada por la inconsecuencia de los policías investigadores.

“La rotación de los policías ha perjudicado a mucha población, los reclamos en el Ministerio de Justicia siempre han sido que cambiaron de investigadores en los casos, y hasta a veces perjudican la imputación y la acusación, entonces se tiene que cambiar para que la investigación penal tenga una culminación satisfactoria para la víctima”, explicó Cox.

Un grupo de asesores de la Policía Nacional explicó a este matutino que la intención del anteproyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público pretende contratar a policías jubilados y ex uniformados para incluirlos como investigadores civiles, “usurpando” funciones de las fuerzas antidroga y anticrimen, en delitos de robo de vehículos, accidentes de tránsito, de contrabando y otros.

La ministra de Justicia, por su lado, señaló que la propuesta del cuerpo especializado de investigaciones aún “se está discutiendo y analizando”.

Una propuesta “anticonstitucional”

Un equipo de asesores legales de la Policía Nacional explicó a Página Siete que la propuesta del Ministerio de Justicia para formar un “cuerpo especializado multidisciplinario de investigación criminal” atenta a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de la institución que establece un mando único.

“Vulnera el mandato institucional de la integralidad de la Policía boliviana en el mandato institucional. El Ministerio Público no establece sus atribuciones y funciones de unidades paralelas de investigación al margen de la Policía, lo que significa perforar la estructura orgánica de la institución policial”, señala un documento de objeción.

Los asesores explicaron que el planteamiento del cuerpo va en contra del artículo 251 de la Constitución que señala: “Ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”.

Además, atenta a la Ley Orgánica de la Policía Nacional al parágrafo “h” del artículo siete, que entre las atribuciones de la Policía Nacional está “investigar los delitos y accidentes de tránsito”, por tanto, se realizará una representación para rechazar la idea.

Ley autoriza el uso de agentes encubiertos

Policía. El objetivo es eliminar la corrupción entre los uniformados

imagePalacio. Sacha Llorenti anuncia la promulgación de la ley para la Policía.

La Razón

A 65 días de que se cumpla el plazo presidencial para acabar con la corrupción en la Policía, el Ejecutivo promulgó ayer la ley que autoriza el trabajo de agentes encubiertos, civiles y uniformados, para depurar esta institución y lograr el objetivo antes señalado.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anunció la promulgación de la Ley de Reglamento Disciplinario de la Policía Boliviana, en una conferencia de prensa realizada en el Palacio de Gobierno. Afirmó que este instrumento legal permitirá “limpiar” y “dignificar” a esta institución.

Explicó que, además de la inclusión de agentes encubiertos, la ley define sanciones más duras para las faltas cometidas por los policías y procesos más expeditos para la aplicación de sanciones. Para algunos casos también restituye a los superiores la capacidad de sancionar inmediatamente a los inferiores. “Hasta ahora,  las más mínimas faltas pasaban a un proceso investigativo que duraba meses”, justificó.

Respecto a los agentes encubiertos, Llorenti señaló que serán policías y civiles “idóneos, que no tengan procesos ni sanción penal”, que estarán bajo el mando de una oficina de control interno que dependerá directamente del Ministerio de Gobierno.

“Estamos seguros que éste va a ser un instrumento eficaz para devolver la disciplina a la Policía y para depurar a aquellos malos efectivos que utilizan la ley para cometer delitos”, agregó, para luego precisar que estos agentes investigarán faltas disciplinarias, denuncias de corrupción y vínculos de policías con delincuentes.

El Ministro de Gobierno también destacó que ahora las sanciones contra los malos policías serán drásticas y que llegarán a penas que incluyen la degradación y la baja definitiva sin derecho a reincorporación y sin perjuicio de la acción penal que pudiera corresponder en algunos casos.

“Creemos que finalmente esta ley va a ser un impulso fundamental en este proceso de refundación, de reestructuración imprescindible de la Policía Boliviana”, destacó Llorenti.

Aclaró, no obstante, que los procesos disciplinarios pendientes en esa institución (entre 700 a 800) serán resueltos por el viejo reglamento disciplinario vigente desde el año 2004, ya que la ley aprobada ayer “no es retroactiva”. El 11 de marzo, el presidente Evo Morales dio un plazo de 90 días para acabar con la corrupción policial.

Apuntes sobre la policía

ONU

En su informe anual 2011, la ONU observó el trabajo de la Policía Boliviana en materia de respeto a los derechos humanos.

Drogas

El Ministerio de Gobierno informó que al menos 41 policías están procesados en la justicia ordinaria por delitos de narcotráfico.

Nichos

Las propias autoridades policiales revelaron que las dependencias más afectadas por la corrupción en esta institución son Identificaciones, Diprove y Tránsito.