Juicio político con carátula judicial

susana-selemeSusana Seleme Antelo – Semanario Uno del 20 AL 27 DE ABRIL

El complot –juicio político con carátula judicial-terrorismo-separatismo, le explotó en la cara al tenebroso Fiscal Sosa, por insuficiencia de pruebas contra los imputados. Hizo tan mal su ‘tarea’, sobre la base solo de supuestos, indicios, hipótesis, contaminación, suplantación y siembra de falsas pruebas, que el juez puesto por el propio gobierno, le mando a rehacer el expediente. El inventado y retorcido complot terrorista-separatista-Rózsas-Sosa, fue malparido, como todo lo que paren las conocidas cabezas pluri totalitarias jacobino bolcheviques, representantes del ‘estatismo político’ en Bolivia. Quisieron matar la verdad, matando gente, pero la verdad no se mata ni con balas.



Hay que decirlo a gritos: la tramoya terrorista-separatista -y por extensión del montaje Rózsa-Sosa no es un proceso judicial: fue y es un proceso político contra los autonomistas cruceños, porque en Bolivia no hay independencia de poderes. Existe solo el poder del autócrata: Evo Morales Ayma que ejerce y concentra todos los poderes en su persona.

Desde que empezó la vergonzante ‘audiencia conclusiva’, el pasado 11 de abril, las fotos de 37 de los 39 imputados de la tramoya terrorista-separatista-Rózsas-Sosa- cuelgan en la parte frontal de una carpa donde sus familiares hacen vigilia todas la noches y dan vuelta a la Plaza 24 de Septiembre, al grito de “Justicia y Libertad”, con carteles que rezan “Destapen la verdad”. Así han acompañado a los suyos presentes -y otros en el exilio- en la ‘audiencia conclusiva’ en Cochabamba, proceso que más que judicial ha sido y es un proceso político. Allí llevan camisetas con el leyenda: “Autonomistas, no terroristas”.

Madres, esposas, hermanas, hermanos, tías, sobrinas, nietas -mucha gente- hacen explícito el amor a los suyos, desahogan en parte el sufrimiento con el que cargan hace dos años y lo comparten con la solidaridad militante de un pueblo que empieza a hartarse del matonaje político. Al mismo tiempo expresan su repudio a un gobierno –el del ‘cambio’ al autoritarismo totalitario- que ha hecho de la justicia una vergonzante parodia.

Este otro bochorno llamado ‘audiencia conclusiva en Cochabamba forma parte del complot político contra Santa Cruz, su dirigencia y sus profesionales, algunos en el exilio, otros detenidos y oros imputados. Se trata de un peculiar ‘golpe de Estado’ contra las autoridades regionales, que en Porvenir-Pando llevó a Leopoldo Fernández a la cárcel, desde 2008, hasta hoy. Quisieron repetirlo en Santa Cruz, y al no lograrlo, perpetraron el único terrorismo en este miserable complot: el terrorismo de Estado con el asesinato del húngaro boliviano, Eduardo Rózsas, el irlandés Michel Dwyer, y el también húngaro Arpad Migyarosi.

El colmo de las aberraciones que comete el totalitario gobierno ‘del cambio’, es haber condecorado a los miembros del comando de elite –UTARC- que cometió el asalto al hotel donde se hospedaban los extranjeros, el 16 de abril de 2009, y luego el asesinato hasta hoy impune. En esta Bolivia donde todo camina patas para arriba, los asesinos son héroes.

Esta vergüenza judicial reviste ‘intentos de homicidio’ al insistir en el traslado a la ciudad de Cochabmaba, a 2800 mts sobre el nivel del mar, a tres imputados -dos generales de la República: Gary Prado Salmón y Lucio Añez, y un médico, líder cívico, Juan Carlos Santisteban, autonomistas todos- con graves dolencias cardíacas. Dos de los procesados en Cochabamba, con dolencias del mismo tipo han tenido que ser internados de urgencia  en centros médicos.

Esa ‘audiencia conclusiva’ y todo el complot terrorista-separatista es una vergüenza para cualquier poder Judicial que se considere independiente del poder político. En la Bolivia de Evo Morales-García Linera, la autonomía e independencia del poder Judicial murió cuando el MAS asumió el poder Ejecutivo y decidió matar a la República para dar paso a un Estado pluribochorno, en el que la administración de justicia es una deshonra al ejercicio probo e imparcial de la profesión del derecho.

Estatismo político

La realidad de la Bolivia ‘del cambio’ es lo que Fernando Mires  llama “estatismo político”, es decir “la supresión del juego político en aras de la eternización en el poder del Estado de una determinada camarilla”… afín al caudillo, aquí el populista y demagogo Evo Morales.

Esta vergüenza político-judicial  es digna de compararse a los juicios políticos contra los disidentes de países socialistas, donde el autócrata ejerce todos los poderes del Estado, como Morales, y decide la vida de los adversarios políticos y también decide también la suerte de algunos. Fue el quien selló la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas,  hace exactamente dos años: ‘Dí ordenes de acabar con ellos’ palabras más o menos, dijo a pocas horas del crimen, ufanándose de su poder absoluto. Creyó que así enterraba la verdad del montaje-matonaje terrorista-separatista y que nunca se sabría que a Eduardo Rózsas lo trajo el gobierno y que fue un infiltrado en algunos sectores autonomistas cruceños.

Matándolo, Morales y compañía pretendieron matar la verdad. Pero la verdad no se mata, ni con estatismos políticos ni con socialismos del siglo XXI. Tarde o temprano la verdad se impone. Ya la sabíamos, confirmada hoy ahora precisamente en esa audiencia conclusiva, donde se ha dado el nombre de uno de los torturadores. Se trata de Carlos Núñez del Prado- hombre de confianza del ex ministro de gobierno, autor material del pago-soborno al infeliz ‘Viejo’ que imputó a quienes le ordenaban y también responsable del traslado de otro pobre de espíritu que siguió con las inventadas imputaciones contra la dirigencia cruceña de entonces. Paralelamente se conoció el video grabación donde el inefable fiscal Sosa y la abogada de las víctimas de Pando, Mary Carrasco, elaboran la estrategia para impedir que el proceso se instale en Santa Cruz.

En la interminable saga de violaciones a los Derechos Humanos, en Bolivia, este caso las concentra de manera flagrante. Veamos: violación al derecho de debido proceso, empezando con el traslado del juicio por supuesto delito de Terrorismo-Separatismo a un juzgado de ciudad de La Paz, mediante decreto, vulnerando el principio de territorialidad y de juez natural. Es decir que el supuesto delito debe ser juzgado en el lugar de los hechos, por el juez competente de ese lugar, en este caso, en la ciudad de Santa Cruz, por un juez de esta jurisdicción. También se violó el principio de la presunción de inocencia y el derecho a la defensa y a un juicio justo.

La audiencia conclusiva de Cochabamba era una audiencia pública y no obstante impidieron la presencia en sala de la prensa, han mantenido a los imputados con la manos esposadas y no le brindaron ni agua ni alimentos. El tratamiento sufrido por los abogados de la Orden de Abogado de Brasil (OAB) merece otro decidido repudio, pues se los expulsó de la sala, les pidieron ‘visa’ para estra presentes, les decomisaron sus pasaportes un par de horas y finalmente los expulsaron de Cochabamba. El presidente de OAB, Leonardo Avelino Duarte, aseguró se van convencidos de que en Bolivia no hay independencia de los poderes del Estado y de que realmente hay abusos y atropellos contra los que piensan diferente.

“¿Si esto hacen con nosotros, qué le sucede al ciudadano boliviano que reclama sus derechos?”, se cuestionó el abogado extranjero. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la OAB, Tercio de Alburquerque,  dijo que denunciará los abusos que sufrieron de parte de las autoridades policiales y judiciales de Bolivia ante las instancias internacionales que corresponden, pues considera que hubo un maltrato y exceso de los efectivos del orden. Dijo también que en los más 25 años que lleva como jurista internacional, en los que asistió a muchos actos como observador invitado, es la primera vez que es víctima de una agresión de parte de las autoridades judiciales y policiales de Bolivia.

Una vergueza más para Bolivia, justo cuando la intención de voto para Morales apenas llega a 22% y las arcas del Estado sufren por el desmesurado incremento del gasto público sin inversión productiva, imposibilitadas, por eso, de atender la justa demanda de las empobrecidas masas asalariadas. En este panorama de anomia social y estatal, el gobierno echa mano de la manida reivindicación marítima para distraer la atención de los crecientes conflictos sociales, mientras la inseguridad ciudadana crece sin pausa, como la sufrida por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, víctima de delincuentes que le dispararon a matar, al tratar de impedir un asalto en la vía pública, en acto de temeraria valentía. Sobrevivió y bien. Los milagros también existen.