Lucha antidrogas

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: Bolítica

  2. El Día: Oscuridades al mediodía

  3. El Día: Política de Estado y acceso al mar

  4. El Día: ¿Cómo te llamas?

  5. El Día: La responsabilidad del Gobierno

  6. Los Tiempos: LOTEAMIENTOS, POBREZA Y DELINCUENCIA

  7. El Deber: Lucha antidrogas

  8. Cambio: Urge una reflexión profunda

  9. La Prensa: Loteamientos y delincuencia

  10. El Diario: “Blindaje contra la corrupción”

  11. El Mundo: Pilas cargadas.

  12. Opinión:

  13. Clarín, Argentina: Serias deficiencias en las estadísticas


El Día: Bolítica



El alejamiento de ciertos actores latinoamericanos se evidencia con el caso ecuatoriano. Inicialmente se disponía a adoptar un proceso de transformación similar al de Venezuela, quizá con un mayor grado, pero esto no llegó a materializarse".

Álvaro Uribe
Ex Presidente De Colombia


Se dice que: El ex presidente colombiano, Álvaro Uribe afirmó que los más cercanos aliados del presidente venezolano Hugo Chávez están optando por distanciarse de su modelo de gobierno".


Algunos de los aliados de la ALBA parecen haber entendido que atentar contra la iniciativa privada es insostenible. Tengo esperanza. Creo que la semidictadura de Chávez no va a durar muchos años más".

Mario Vargas Llosa
Premio Nobel De Literatura

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El Día: Oscuridades al mediodía

El gobierno escucha, gobierna con el pueblo. Los hechos sugieren lo contrario.  A veces, porque los propios actores dan giros de 180º. Notorio el cambio de escenario en la delicada relación con Chile: el reclamo, mar con soberanía. El domingo 20/3 dos periodistas pasan el día entero con el Presidente, de ahí, en un largo reportaje su opinión sobre la marcha de las negociaciones bilaterales: confía en la diplomacia de los pueblos, en haber generado lazos de confianza entre los mandatarios de ambos países, en la existencia de un mejor ambiente para encontrar por fin una solución al diferendo.  Miércoles 23/3, tras  un discurso leído del mismo Presidente, el panorama es desalentador  y la Cancillería se encuentra en apuros preparando la demanda contra Chile ante tribunales de justicia internacional, por la misma causa. Qué pasó, ¿alguna consulta popular, alguna conclusión de estudio encargado a expertos y patriotas especialistas, o  los resultados de un referéndum? Por ahora, sólo la decisión de armar un equipo para la defensa de los intereses nacionales, y el pedido de ¿silencio? a la ciudadanía,  para no entorpecer la marcha de la estrategia “demanda y negociación”. 

Más difíciles de comprender. Tienen carácter de blanco o negro,  de sí o no.  Un “accidente” de la avioneta CP 1890, salió de Trinidad, fulano el piloto, hay un “quemado”, que sobrevive pero prefiere morir en una clínica local sin contar su historia. Ahora no aparece la avioneta siniestrada ni el piloto. La intención no es trazar una línea divisoria entre seguidores y opositores al régimen. Pero la realidad hay que respetarla y relatar lo que sucede con veracidad, de lo contrario, la desinformación pone en la luna la relación entre gobierno y sociedad; se induce a todos  a vivir de rumores, la peor alternativa en democracia.

Transparencia en la gestión y en la información. Factible con idoneidad en autoridades y voceros, es decir, no deben confundir gramos con kilos, en especial si se trata de droga incautada en operativos oficiales con intención de impactar. ¿2.000 kilos cuando analizaban con el Ministro del Brasil los esfuerzos que realiza el país en la lucha contra el narcotráfico?, porque 200-2000 gramos no impresionan a nadie.  ¿Cómo queda la imagen del país después de la rectificación y manteniendo en el cargo a quienes cometió el desliz? Esos mismos días se reporta la captura de  cientos de kilos, no gramos,  de droga boliviana en diferentes puertos aéreos y marítimos en países lejanos. Asunto muy delicado, se entiende, con más razón, buena información aleja sospechas.  Lo mismo, ¿cuánta coca hay sembrada en Bolivia? Está claro. Antes los cultivos se limitaban a los Yungas, que proveía a las poblaciones tradicionales del acullico; hoy, a vuelo de pájaro y satelital, hay en el  Chapare, Yacumo, Choré, Tres Cruces, etc. involucrando al menos a cuatro departamentos y mostrando al trópico cochabambino como al cáncer nacional, todos los territorios colindantes convertidos en zonas de expansión, coca para el narcotráfico.  Añadir, al ladito, miles de hectáreas de marihuana.
La droga supone muchísimo dinero, sucio. Hay que considerar la tragedia de quien sigue las huellas de la adicción a la droga, las familias, las sociedades azotadas por esta plaga. Utilizarla como arma política, algo así como, los reviento y encima les saco la plata, plantea dilemas éticos de dimensión que hace a la condición humana. De Dostoyevski “no se puede vivir sin nada absolutamente de piedad”. Está en el tapete el General Sanabria y alrededor de 40 policías de alto rango  imputados y como en todas partes, empresarios, campesinos, banqueros, etc., los daños colaterales. La ciudadanía necesita recuperar la confianza en sus instituciones y, fundamental, en las fuerzas encargadas constitucionalmente del orden y la paz interna.

El Gobierno, si escucha, debe aprender a distinguir entre críticos y opositores. El ejercicio del poder, al menos en democracia, implica rendición de cuentas de la cosa pública; ayuda a la paz social y a la gobernabilidad. No sirve recordar que los anteriores hacían lo mismo. Se avanza sobre la base de la desconfianza. El país es lo que importa, como importa saber ¿Qué se debatió en Cochabamba durante la prolongada estadía del presidente H. Chávez? Informe breve, pero creíble: donaciones, préstamos, ambos (cuánto suman, lo que se tiene que devolver).  Los “gastos reservados” desaparecieron, era una oferta electoral, pero se está convirtiendo en una  “reserva sobre gastos”;  la administración de los cheques que el “Evo cumple” entregaba; resultados y responsabilidades. No se trata sólo del alquiler del taladro chino, sino, si encontró o no nuevos yacimientos.   

Evo reclamó falta de “sentimiento” al presidente Piñera. Él podría dar ejemplo poniendo  sentimiento para restablecer la paz entre dispares. Son demasiados los reclamos, los perseguidos, los exiliados, los presos y hasta los muertos, para no ocuparse sinceramente de pasar la hoja y alejar toda injerencia de algunos funcionarios del Órgano Judicial dedicados a la persecución “política” antes que a la investigación judicial. ¿Por qué hay autoridades del más alto rango, gobernadores y alcaldes, con la legitimidad del voto popular, que tras ser imputados “como sea” han debido abandonar sus cargos, dejando al pueblo sin representación política? Mientras hay imputados ¿por homicidio? en el caso Caranavi que siguen gozando de cargo y salario. 

Patria o Muerte. Van cinco años con la respiración suspendida, desconcertados por el miedo. Esa no es la voluntad del pueblo: sembrar odio, rencor, provocar confrontación, convirtiendo la brutalidad en algo permanente. El pueblo prefiere soñar con mejor atención en salud,  mayores oportunidades de empleo digno y estable por su educación y formación  técnica  profesional; quiere vivir en paz, formando familia, criando a sus hijos, haciendo Patria. Son, algunas oscuridades al mediodía.
 

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El Día: Política de Estado y acceso al mar

En el gobierno de Evo Morales se destaca el cambio del enfoque multilateral en reclamar acceso soberano al mar. Poco se ha logrado con el arrumaco bilateral con el usurpador de 1879. Ahora vuelven las andanadas de improperios, tirando por la borda el palabrerío zalamero y el dinero invertido. 

De vuelta a la multilateralidad, dicen. Disfrazan el fracaso acusando a Chile de engaño, como si incluir el tema del mar en la Agenda de 13 Puntos significase lograr acceso marítimo con soberanía. Maquillan la frustración con propaganda de voces aisladas que en el vecino país han favorecido reparar la injusticia con Bolivia. Ocultan el papelón instando a estudiosos a llenar estantes, sin ocuparse de averiguar si los diplomáticos nuestros han leído a Pinochet y su tesis de que Bolivia nunca tuvo mar. Disimulan la bofetada invitando a ex mandatarios a integrar comisiones de expertos, cuando éstos están atontados por los acosos judiciales del régimen.

Algo de la inefectividad boliviana tiene que ver con declaraciones del Canciller de micrófono que es el Presidente. “Aquí no usamos el tema del mar como lo hicieron las dictaduras de Bolivia y Chile”, remarcó. Le salió al frente un ex Canciller chileno, opositor del presidente Piñera, quien apuntó a que la política exterior de su país “es una política de Estado, y no de gobierno, y todos, gobierno y oposición, de derechas o izquierdas, compartimos una sola doctrina…”.      
No se puede volver a la ilusa diplomacia pendular que ha hipnotizado a Bolivia en su relación con Chile y Perú, desde que en 1929 uno pusiera el candado y el otro guardara la llave del encierro. El juego de estar bien con uno para incomodar al otro, o viceversa. El gallito pendenciero en que se ha convertido el país, logro del gobierno de Evo Morales, ahora los tiene refunfuñando a ambos.
Urge cambiar la estrategia en relación al acceso marítimo. Fijar una política de Estado, difícil en una Bolivia con políticos adictos a construir todo de nuevo sobre la destrucción demonizada de lo precedente.
Uno, como si fuera novedad se habla de esfuerzos trilaterales que incluyan a Chile y Perú. ¡Por supuesto! Con Chile, la Agenda de 13 Puntos debe continuar sin insistir en soberanía, ladrido a la luna que es por ahora. La posición boliviana debe acoplar fuerza a la razón, parafraseando la amenazadora frase del escudo chileno. No es batir revanchistas tambores decimonónicos decirlo: solo mejorando a favor nuestro la balanza del poderío económico podrá modificarse el mapa donde confluyen los actores de 1879.

Con Perú, urge desarrollar el puerto de Ilo en cuanto a terminal portuaria e infraestructura de carreteras, no para amenazar a iquiqueños y ariqueños con puerto alternativo, sino porque el desarrollo de Bolivia lo requerirá. Amén de que el mar peruano cedido a Bolivia deje de ser útil solo para remojar callos de visitantes mediterráneos.     

Dos, estos días pasó desapercibida la noticia de avances del corredor interoceánico que vincula Brasil con Chile, a través de Bolivia. La politiquería altiplánica relegó a tercer plano lo que fuera la primera opción brasileña: por la cintura del continente sudamericano, cual un Canal de Panamá terrestre que uniera el puerto de Santos con Arica e Iquique por territorio boliviano. Entonces Brasil apuró el corredor sureño a través del norte argentino hasta el megapuerto de Mejillones. Se añadió insulto a la injuria, cuando Evo Morales fue convidado de piedra en la cumbre brasileño-peruana para dar impulso al corredor norteño, que apenas toca un vértice olvidado de la geografía nacional –Bolpebra- en su marcha a puertos peruanos.

Urge recomponer las relaciones con Brasilia, para uncir nuestro carretón al convoy brasileño en camino a los mercados de Asia. Una cosa es Chile dando un portazo a Bolivia; otra muy distinta, a Brasil. Puede tomar tiempo, luego de la pose a la Mussolini de tomar militarmente los campos de Petrobrás. Fue hipócrita pachamamismo oponerse a represas hidroeléctricas en el río Madera, que significarían acceso al Atlántico por el Amazonas, mediante esclusas que abran el interior boliviano hasta Puerto Villarroel y Puerto Linares por los ríos Beni y Mamoré. ¿Acaso no requerimos la aquiescencia brasileña para dragar canales y rellenar terrenos anegadizos para construir dársenas en Puerto Suárez, Puerto Aguirre y Puerto Busch? Si Brasil quiere llegar a mercados asiáticos por territorio boliviano, pues remolquen a Bolivia al Pacífico y abran la puerta al Atlántico por el río-mar y la Hidrovía Paraguay-Paraná.

Tales deberían ser los puntales de una política de Estado boliviana referente al acceso marítimo. Requiere de buen gobierno que no sea ajeno a consistencia y estabilidad, transitar a una política de Estado que de un enfoque bilateral o trilateral anclado en una Bolivia llorona, un Chile altanero y un Perú solapado, evolucione a un cuadrilátero bioceánico que incluya al poderoso Brasil. Demanda el cambio de un Canciller que estaría mejor de chamán del pachamamismo. Exige estar chitón a mandatario dado a entrometerse en diplomacia, quizá confiado en su “le meto nomás” y que otros arreglen sus metidas de pata. Necesita diplomáticos de carrera que así fueran más morenitos que los de antes, no hayan llegado a embajadores como premio a su incapacidad, o enviados a un exilio dorado por corruptelas, o por tener la nariz parda de tanto hozar con adulación el traste de mandamases.
 

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El Día: ¿Cómo te llamas?

Cuando uno le pone nombre a un… perro, por ejemplo, se sabe desde un principio qué se espera de él. No es lo mismo ponerle “Atila” que “Primor”. El primero será un arrollador Pitbull y el segundo nunca pasará de ser un faldero. Cuando el presidente Morales anunció su guerra diplomática contra Chile, habló de la creación de una “Dirección de Reivindicación Marítima”, nombre algo chauvinista y patriotero, pero que implica fuerza y determinación. Pero resulta que alguien decidió cambiar el denominativo de la susodicha repartición y en lugar de usar términos tan aguerridos optaron por la burocrática e insípida “Dirección de Estrategia Marítima”. Se esperaba también que el Gobierno decida colocar a uno de sus sabuesos más aguerridos en esa oficina, como decir un Quintana, un Arce, un Sacha de esos, pero optó por uno de los ministros con más bajo perfil del gabinete, un buen hombre que seguramente tomará las cosas con calma y mucho decoro, como corresponde a un embajador, cargo que acaban de otorgarle. Cuidado con subir de peso embajador Saavedra, mire que los diplomáticos se la pasan asistiendo a cocteles y es posible que usted no tenga mucho que hacer con esta nueva responsabilidad.

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El Día: La responsabilidad del Gobierno

La actitud y el discurso gubernamentales están sufriendo una aguda metamorfosis a medida que se incrementa el malestar social, que el pasado miércoles se tradujo en una manifestación callejera que convocó a más de 15 mil trabajadores en la ciudad de La Paz, movilización que fue duramente reprimida por policías y militares.

La Plaza Murillo, que supuestamente le pertenece a los sectores populares del país, escenario durante los últimos años de cercos campesinos, grandes manifestaciones de apoyo al Gobierno y que ha estado vetada para expresiones opositoras y disidentes, fue acordonada por cientos de efectivos pertrechados con gases y armas de fuego, para impedir el ingreso de los manifestantes de la Central Obrera Bolivia (COB), uno de los más firmes aliados del “proceso de cambio”, convertido en antagonista por efecto de la inflación, el deterioro del poder adquisitivo de los salarios y la ausencia de un horizonte productivo que prometa mejoras en la calidad de vida de la gente.

De pronto, los asalariados del país se han convertido en una “minoría”, calificativo que el oficialismo le ha atribuido a este sector y que ha sido repetido hasta el hartazgo durante los últimos días por diferentes voceros. Los mineros, fabriles, empleados públicos, maestros y otros gremios acaban de pasar a las filas de los autonomistas, los agropecuarios, los empresarios y numerosos sectores que también han sido ninguneados y descalificados por el oficialismo con el mismo apelativo en los años recientes.

De la misma manera, las demandas de la COB han sido tildadas de ilegítimas y atentatorias contra los intereses del país, pues, según afirma el Gobierno, sería irresponsable satisfacer un pedido salarial que comprometería las cuantiosas reservas internacionales acumuladas en el Banco Central, el gran orgullo del Estado Plurinacional, el supuesto “ahorro” que se habría acumulado “para satisfacer las necesidades de la población”. Esa ha sido la insistente cantaleta del presidente Morales, pero ahora resulta que nadie puede tocar ese dinerito, reservado para los grandes planes de industrialización que nunca llegan.

Luego de cinco años de propalar un discurso “salarialista” y excesivamente paternalista, destinado exprimir a las empresas privadas; de ejercer una política de repartija y de aplicar medidas irracionales como los aumentos desmedidos a los trabajadores de las minas nacionalizadas; de beneficios extralimitados a policías y militares, el Gobierno pretende ahora asumir una supuesta actitud de responsabilidad, para evitar, según afirma el vicepresidente, que el país ingrese en un proceso de “udepización”. Lo lamentable es que la parranda económica que nos está conduciendo a revivir los tristes años de la UDP empezó hace mucho y lo único que hace el régimen de Evo Morales es tratar de evitar las consecuencias.

Es una gran falacia intentar hacer creer que la economía boliviana se iría al descalabro, de aprobarse un aumento de uno o dos por ciento por encima de la cifra ya definida. Si se produce el desastre será porque el MAS ha destruido el aparato productivo nacional que nos obliga a importar cada vez más, ha llevado a Bolivia a la ruina energética, ha duplicado los gastos en burocracia, se ha endeudado por demás, se ha tirado la plata en viajes, aviones, satélites y propaganda. Y las consecuencias de esa inmensa jarana habrá que sufrirlas indefectiblemente.

Es una gran falacia intentar hacer creer que la economía boliviana se iría al descalabro, de aprobarse un aumento de uno o dos por ciento por encima de la cifra ya definida. Si se produce el desastre será porque el MAS ha destruido el aparato productivo nacional que nos obliga a importar cada vez más, ha llevado a Bolivia a la ruina energética, ha duplicado los gastos en burocracia, se ha tirado la plata en viajes, aviones, satélites y propaganda. Y las consecuencias de esa inmensa jarana habrá que sufrirlas indefectiblemente.

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Los Tiempos: LOTEAMIENTOS, POBREZA Y DELINCUENCIA

Tras la máscara de la pobreza, los loteamientos ilegales de tierras se han constituido en uno de los más funestos negocios en nuestro país

Durante los últimos días, después de casi dos años de intensas pugnas legales que en más de una ocasión llegaron a enfrentamientos físicos, la Alcaldía de Sacaba, con apoyo policial, procedió al desalojo de un grupo de loteadores y a la demolición de viviendas ilegales en las lomas de Santa Lucía y Andalucía, en el cerro de San Pedro. Se reeditó así un drama que no por lo repetido deja de conmover y preocupar.

En efecto, desde algunos años, y con una frecuencia creciente, en nuestra ciudad como en gran parte del país se producen conflictos ocasionados por personas que se presentan como pobres carentes de tierra, de terreno o de vivienda, y amparándose en su supuesta condición de víctimas de una injusticia que debe ser reparada se apropian de terrenos ajenos.

Es tan recurrente el problema que la secuencia entre el inicio y el desenlace de cada conflicto ya es previsible.  Generalmente, después de las tomas se produce la reacción de los propietarios de los terrenos, se inicia un proceso de largas y costosas pugnas legales, de agresiones verbales se pasa a las físicas hasta que llega el momento de la inevitable violencia. Es cuando la Policía interviene para restablecer el orden y los derechos de propiedad -que las más de las veces es municipal por tratarse de áreas verdes– o, cuando eso no ocurre, las partes involucradas recurren a sus propios medios para imponer por la fuerza sus intereses.

Es también muy común que cuando llega ese momento estén presentes los medios de comunicación para que el aspecto más dramático de las tomas o de los desalojos sea amplificado a través de imágenes y testimonios a cual más desgarrador. Es cuando abundan los llantos de niños, ancianos y madres desesperadas rodeadas de sus pocas pertenencias y sus muchas criaturas. Naturalmente, tales escenas despiertan la compasión de la ciudadanía y la solidaridad con las víctimas allana el camino para que los loteamientos, en la inmensa mayoría de los casos, terminen consolidándose.

Sin embargo, tal vez con una que otra excepción, se ha podido comprobar que detrás de estas situaciones conmovedoras se esconde uno de los negocios más viles de lo que es capaz cuando coluden políticos demagogos, empresarios y abogados inescrupulosos y funcionarios públicos ávidos de ganancias fáciles. Entre todos ellos operan redes que se han especializado en acumular grandes fortunas a costa de la gente más pobre de nuestro país y de un patrimonio común tan importante como son terrenos destinados a áreas verdes que, como el Parque Tunari en Cochabamba, poco a poco están siendo destruidos ante la impotencia e indiferencia colectiva.

Algunos gobiernos municipales, como el de La Paz, están haciendo con relativo éxito grandes esfuerzos para desenmascarar y desmontar las organizaciones delictivas que bajo la forma de loteamientos justicieros para beneficiar a gente pobre están despojando a nuestras ciudades de áreas verdes y por consiguiente de una de las condiciones indispensables para que la vida urbana sea posible en el próximo futuro. Pero también hay otros que por debilidad institucional, por negligencia o por un irresponsable cálculo político, o peor aún, por complicidad de algunos de sus funcionarios, optan por soslayar el problema.

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El Deber: Lucha antidrogas

Con toda seguridad, el simple encabezamiento de este comentario moverá a muchas personas a sacudir la cabeza en señal de cansancio y de aburrimiento a la vez. Es que tanto se ha hablado, y mucho que decir queda aún en iguales y parecidos tonos, que se justifica a plenitud el escepticismo con que se acoge, en el seno de la opinión pública cualquier alegato o cualquier alusión en altos o bajos tonos que roce la vidriosa materia.

La lucha antidrogas, la de matices reales y heroicos desde luego, fue declarada hace años largos y penosos, y aunque tal vez no sea justo decir que ha sido y es infructuosa, al menos hasta el presente,  lo que sí es inobjetable es que está a cien años luz de ser ganada. Se tira a matar en tal lucha sin cuartel, pero por cada narcotraficante que cae abatido supuesta o materialmente, se presentan otros en proporciones sencilla y prácticamente geométricas.

Bolivia, si no lo es aún, está en camino de serlo, es propicio centro del narcotráfico y de sus múltiples y ciertamente siniestros actores. Y no ha llegado a ese extremo porque complicándose con sus protagonistas, hubiese hecho de la vista gorda frente a sus deleznables andanzas. Basta con recordar que en hora crucial, nuestra cautelosa y tímida Bolivia cerró las puertas a un organismo internacional que se manejaba sospechosamente ineficiente, según juicio oficial, mientras los narcos,  vivitos y coleando, montaban entre nosotros oprobiosos imperios.

La historia medio que tiende a repetirse hoy en día, muchos años más tarde desde aquel primer episodio. En efecto, casi no hay día en que los organismos antidrogas no intercepten despachos de cocaína por toneladas, pero lejos de que la actividad delictuosa decline, mayores son los alijos con el sello boliviano que son frenados en nuestro propio territorio o en el de otros países vecinos o lejanos.

Como para pensar, ante esta triste realidad, que si el combate al narcotráfico con apoyo externo no dio buenos resultados, con nosotros, por cuenta propia y como únicos y activos protagonistas, no han cambiado nada las cosas, seguimos en las mismas, a los tropezones, mucho más que avazando a pie firme.

Tal vez involucrando a toda la ciudadanía, de un modo u otro en la lucha franca contra el terrible flagelo, se logre resultado positivo. Lo que no se debe hacer es que todos sigamos mirando de palco la denigrante situación.

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Cambio: Urge una reflexión profunda

La actual dirigencia de la Central Obrera Bolivia (COB) y de algunas federaciones afialiadas parece que perdieron el rumbo de la lucha por los derechos de los trabajadores y de los más humildes…, del pueblo. No otra cosa significa el obstinado como inexplicable rechazo al 10% de incremento salarial, no tomen en cuenta el 20% de aumento al salario mínimo nacional, y alienten una huelga general indefinida, con escaso apoyo laboral aunque alimentada con una desmesurada violencia en las calles de La Paz.

Lo que preocupa a todos quienes tenemos en la central sindical a un referente de la secular lucha por la vigencia de los derechos de los sectores populares y marginados de nuestra sociedad, es que ese paro indefinido fue decretado no solamente en un contexto evidentemente salarialista sino también para evitar que el derecho a la salud sea universalizado y se opone a la inversión en los sectores productivos, base innegable para la generación de riqueza y, por ende, mejores niveles de vida para todos los bolivianos.

No es admisible que a título de defensa de los derechos de los trabajadores, la dirigencia permita acciones vandálicas, no sólo reñidas con su histórica vanguardia social —creemos que protagonizados por infiltrados en sus filas— sino una política netamente salarialista alejada del proceso de cambios estructurales, desvela apetidos personales de algunos dirigentes que aspiran a ser parte del Comité Ejecutivo de la COB luego de su congreso del próximo 1 de mayo.

No obstante, el camino por el que transitan esos dirigentes, como el minero Jaime Solares, quien considera insuficiente el incremento salarial del 10%, pero percibe un sueldo mensual de 12.132 bolivianos como dirigente de la Central Obrera Departamental de Oruro; no es el correcto, ya que sólo velan por sus intereses, no por los del conjunto de los trabajadores bolivianos, menos de miles de cuentapropistas y millones de campesinos que no respaldan la extrema medida.

La segunda jornada de movilización laboral —convocada por la COB— si bien  contó con el apoyo de algunas organizaciones sindicales, nuevamente no obtuvo el respaldo de la gran mayoría de sus afiliados, ya que trabajadores de varios sectores como petroleros, mineros cooperativistas, campesinos, gremiales y del magisterio, entre otros, desarrollaron con normalidad sus labores.

Reivindicamos el derecho a la protesta, pero condenamos el descontrol que se apoderó de ella. Algunos vándalos ultrajaron la bandera tricolor y la wiphala del frontis del Ministerio de Trabajo, edificio que no sólo fue el blanco de ataques con dinamita, sino que esos atentados ocurrieron sin considerar que en su interior se encontraban decenas de personas. Es que poco les importó a los ‘movilizados’ que inocentes resulten heridos o se lamenten consecuencias fatales que nadie desea.

Además, como los cachorros de dinamita fueron detonados en pleno centro de la ciudad, miles de niñas, niños y adolescentes —que en esos momentos retornaban a sus casas— también fueron víctimas de la intolerancia. Las escenas de desesperación entre madres y padres de familia, que acudieron a las escuelas recoger a sus vástagos, se repitieron, pero no mermaron el arrebato de quienes, desprovistos de toda consideración, atacaban con dinamita algunas entidades estatales.

En ese contexto, la COB debe reflexionar sobre la condena del pueblo a sus métodos de protesta, porque no son correctos, porque sólo allanan la conspiración de las corrientes neoliberales en contra de las conquistas sociales de los propios trabajadores. Por eso debe aceptar el diálogo.

Además, sus dirigentes deberían asumir que para mejorar los ingresos y las condiciones de vida de todos los bolivianos, primero tenemos que crear riqueza. Pero este objetivo no podrá ser alcanzado con una política salarialista; porque el camino es otro, es aquel que prioriza la inversión en los sectores productivos. Sólo así construiremos la patria.

La COB debe reflexionar sobre la condena del pueblo a sus métodos de protesta, porque no son correctos, sólo allanan la conspiración en contra de las conquistas sociales de los propios trabajadores. Por eso debe aceptar el diálogo.

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La Prensa: Loteamientos y delincuencia

Tras la máscara de la pobreza, los loteamientos ilegales de tierras se han constituido en uno de los más funestos negocios en nuestro país.

Durante los últimos días, después de casi dos años de intensas pugnas legales que en más de una ocasión llegaron a enfrentamientos físicos, la Alcaldía de Sacaba, con apoyo policial, procedió al desalojo de un grupo de loteadores y a la demolición de viviendas ilegales en las lomas de Santa Lucía y Andalucía, en el cerro de San Pedro. Se reeditó, así, un drama que no por lo repetido deja de conmover y preocupar.

En efecto, desde algunos años, y con una frecuencia creciente, en nuestra ciudad, como en gran parte del país, se producen conflictos ocasionados por personas que se presentan como pobres carentes de tierra, de terreno o de vivienda, y amparándose en su supuesta condición de víctimas de una injusticia, que debe ser reparada, se apropian de terrenos ajenos.

Es tan recurrente el problema que la secuencia entre el inicio y el desenlace de cada conflicto ya es previsible. Generalmente, después de las tomas se produce la reacción de los propietarios de los terrenos, se inicia un proceso de largas y costosas pugnas legales, de agresiones verbales, se pasa a las físicas, hasta que llega el momento de la inevitable violencia. Es cuando la Policía interviene para restablecer el orden y los derechos de propiedad ?que las más de las veces es municipal por tratarse de áreas verdes? o, cuando eso no ocurre, las partes involucradas recurren a sus propios medios para imponer por la fuerza sus intereses.

Es también muy común que cuando llega ese momento estén presentes los medios de comunicación para que el aspecto más dramático de las tomas o de los desalojos sea amplificado a través de imágenes y testimonios a cuál más desgarrador. Es cuando abundan los llantos de niños, ancianos y madres desesperadas rodeadas de sus pocas pertenencias y sus muchas criaturas. Naturalmente, tales escenas despiertan la compasión de la ciudadanía y la solidaridad con las víctimas allana el camino para que los loteamientos, en la inmensa mayoría de los casos, terminen consolidándose.

Sin embargo, tal vez con una que otra excepción, se ha podido comprobar que detrás de estas situaciones conmovedoras se esconde uno de los negocios más viles de lo que es capaz cuando coluden políticos demagogos, empresarios y abogados inescrupulosos y funcionarios públicos ávidos de ganancias fáciles. Entre todos ellos operan redes que se han especializado en acumular grandes fortunas a costa de la gente más pobre de nuestro país y de un patrimonio común tan importante como son terrenos destinados a áreas verdes que, como el Parque Tunari en Cochabamba, poco a poco están siendo destruidos ante la impotencia e indiferencia colectiva.

Algunos gobiernos municipales, como el de La Paz, están haciendo, con relativo éxito, grandes esfuerzos para desenmascarar y desmontar las organizaciones delictivas que, bajo la forma de loteamientos justicieros para beneficiar a gente pobre, están despojando a nuestras ciudades de áreas verdes y, por consiguiente, de una de las condiciones indispensables para que la vida urbana sea posible en el próximo futuro. Pero también hay otros que por debilidad institucional, por negligencia o por un irresponsable cálculo político, o peor aún, por complicidad de algunos de sus funcionarios, optan por soslayar el problema.

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El Diario: “Blindaje contra la corrupción”

Hace muy poco se anunció que, en la ciudad de México, se realizará “una reunión de legisladores de 45 países” para tratar el tema “blindaje contra la corrupción”. Es común que en todo nivel y en casi todos los países se organice juntas, congresos, seminarios, etc. para tratar sobre un tema tan delicado como es la corrupción, un mal que, por desgracia, ataca seriamente a quienes poseen poderes, sean políticos, sociales o económicos.

La corrupción es un mal que, disfrazado de mil maneras, ataca especialmente a los gobiernos de países ricos o pobres porque para las ambiciones y angustias de tener de las personas no hay límite alguno y cada funcionario que tiene asegurada una posición o un empleo, cuenta con ingresos que cubren perfectamente sus necesidades, ocupa posiciones sociales expectables, busca incrementar lo que tiene y elevar sus “status” hasta límites que tienen los que los emplean.

La ambición, pecado de todos los hombres, determina que, lamentablemente, sea un mal donde se busca más de lo que se tiene y no se trepida en recurrir a los medios más vedados para conseguirlo. Quien está imbuido de un espíritu corrupto es capaz de las peores felonías y renuncia a todo principio y a valores que, en algunos casos, fueron practicados durante toda la vida, con tal de alcanzar objetivos que, por medios legales, tardaría mucho en conseguir.

En la mentalidad de quienes ocupan posiciones de poder político, resulta fácil recurrir a las reuniones para “ver y establecer formas y medios para combatir a la corrupción”; pero, normalmente, en el ejercicio de sus funciones, no actúan con la necesaria energía para cortar de raíz acciones inmorales, contrarias al bien común que practican funcionarios de dependencias que fueron asignadas “por el régimen o el partido político imperante”.

Lo más grave de las muchas gamas de la corrupción es la práctica de las políticas del “dejar hacer y dejar pasar”, ya sea por comodidad, dejadez, nomeimportismo, irresponsabilidad o simplemente porque se es partícipe de la corrupción, practicada en todas las formas que permita el tener poder político, económico o social.

La reunión de México será una más que emita documentos y resoluciones que, es bien sabido, no serán cumplidas porque no existe la “voluntad política partidista”, para acatar disposiciones que no concuerdan con la conciencia de país que deben tener los ejecutantes de políticas anticorrupción. En Bolivia – como seguramente ocurre en casi la mayoría de las naciones – son muchos los casos de corrupción que están en expedientes archivados en tribunales o dependencias fiscales; son muchos los involucrados que por faltas y culpas por corrupción, ciertas o atribuidas, esperan juicios y sentencias que nunca se producen y por cuya causa algunos purgan en recintos carcelarios sin saber por cuánto tiempo. Los casos son numerosos; pero a nadie le preocupa que por el reconocimiento pleno de que “todo encausado es inocente hasta que se le pruebe lo contrario”, viven los acusados a la espera de lo que nunca llega.

La corrupción es un mal que, desgraciadamente, al margen de los que tienen poder político, económico y social que buscan acrecentar posesiones, se convierte en el arma contundente de los narcotraficantes y de quienes, desde altas funciones de poder en países ricos y desarrollados, practican con tal de contar con los ejércitos de personas que se ven obligadas a cooperar. Será preciso que la lucha contra la corrupción sea efectiva en los hechos y, sobre todo, muestrario diario en la vida de quienes deben combatir a un mal tan legendario.

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El Mundo: Pilas cargadas.

Todo funciona bien mientras las personas se encuentran con sus necesidades elementales satisfechas, no en vano los romanos afirmaban que al pueblo hay que darle pan y circo.

Lo último lo hemos estado viendo, desde los anuncios sobre los pollos que cambian las inclinaciones de las personas hasta actitudes un poco más aventuradas, como aquella de desafiar a los vecinos en un mensaje de las Fuerzas Armadas que los advertía sobre el peligro.

Posiblemente las autoridades acaban de ver recién ese mensaje y por él se han animado nada menos que a desafiar a los vecinos al romper las conversaciones, para entrar en un plano de beligerancia ante los tribunales internacionales.

Varios de los gobiernos del pasado, en especial a partir de aquella ruptura de relaciones que produjo el desvío de las aguas del río Lauca, han debido pensar en la posibilidad de apelar a los tribunales internacionales, pero luego han advertido sobre las obligaciones que representaría el seguir adelante con el conflicto.

Esta vez el problema no ha tenido el fenómeno catalizador que servia para cubrir algún desacierto del pasado; sencillamente, las políticas económicas del Gobierno no consiguieron hacer que las personas se encuentren con el estómago lleno y aquello de que al pueblo había que darle pan se quedó solo en promesas.

En tales circunstancias, los trabajadores decidieron cargas las pilas y poner en práctica aquellas tácticas que tan buenos resultados dieron a quienes están ahora en el ejercicio del poder. Salir a las calles a pedir mejores salarios, canasta familiar más barata o cubierta con incrementos y otros requisitos que no dejan de ser los mismos que se esgrimía en anteriores oportunidades y tal vez en situaciones menos críticas que las del presente.

El Gobierno no tuvo otra alternativa que recordar a los policías los aumentos de salarios, bonos y otros beneficios que los convirtieron en algún momento en la niña mimada y les exigió que salgan a las calles a frenar el clamor popular.

Tantos años de práctica contra la rosca y el neoliberalismo han dado lugar a que los trabajadores sean más osados en el momento de plantear sus reclamos y los hemos visto dispuestos a arremeter contra la vigilancia policial, para hacer escuchar su voz en el centro de La Paz, ante la insensibilidad de las autoridades o la falta de capacidad para resolver los problemas.

Aunque parezca mentira, quienes antes eran las victimas de los excesos en los reclamos con detonación de cachorros de dinamita y gritos enfierecidos, ahora se han convertido en espectadores que esperan ver las reacciones de quienes aseguraron que su paso por el gobierno sería una plena satisfacción de las necesidades que antes eran negadas a las mayorías.

Así como se ha pedido a los ex presidentes compartir las inquietudes para hacer un planteamiento sólido con relación al problema marítimo que ha sido una preocupación de los gobernantes desde en momento mismo en que se puso fin a la Guerra del Pacífico, seria importante que se apele también al consejo de los entendidos en el manejo económico para encontrar una salida a la situación presente.

Mientras los trabajadores reclaman la derogación del famoso decreto 21060, las autoridades de gobierno comienzan a darse cuenta de que la medida tenía algunas virtudes que ahora pueden advertirse y que benefician a quienes piden su anulación.

De continuar la situación como se ha desarrollado en los últimos tiempos, con seguridad habrá que pensar en un 21060 al cuadrado, porque si la vez anterior se tuvo que despedir a un alto porcentaje de la burocracia de la Comibol, en la situación presente habrá que cambiar de rubro a los miles de compañeros que se encuentran recibiendo buenos ingresos como producto de la producción y venta de las hojas de coca y pensar en quien puede poner los recursos económicos que en el pasado llegaron a través de Usaid, el Banco Mundial y otras instituciones con las que ahora se ha decidido romper lanzas.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Serias deficiencias en las estadísticas

La estadísticas oficiales no sólo han perdido credibilidad sino que muchas de ellas están atrasadas, o al menos no son puestas a disposición del público.

La manipulación de la estadística de precios al consumidor por parte del INDEC afectó el cálculo de niveles de ingreso y, por lo tanto los de pobreza e indigencia que se estiman a partir del valor de una canasta de bienes. Es de notar, además, que una evaluación realizada por este diario encontró que los precios de mercado de los bienes incluidos en la canasta que se usa como referencia para la indigencia son muchos más altos que los que toma en cuenta el INDEC, inclusive considerando los precios del Mercado Central. Por otra parte, el INDEC dejó de calcular el índice de precios nacional y de proporcionar precios promedio de alimentos, la información desagregada de la Encuesta Permanente de Hogares alcanza solo hasta el primer trimestre de 2010 y numerosos técnicos cuestionaron la calidad del trabajo para el Censo 2010.

A esto se agregan atrasos en informaciones que deben proporcionar otras reparticiones. Por ejemplo, existen grandes demoras en las estadísticas disponibles sobre seguridad social, tanto en informes que elabora una Secretaría del Ministerio de Trabajo como en los que realiza la ANSeS y en informaciones sobre temas fiscales del Ministerio de Economía.

Lo mismo sucede en el área seguridad, ya que las estadísticas que proporciona el INDEC llegan hasta 2007 y las del Ministerio de Justicia hasta 2009 y, en este caso, sin computar lo sucedido en la Provincia de Buenos Aires, el territorio con mayores problemas de seguridad.

La pérdida de credibilidad y/o el atraso en las estadísticas oficiales se ha convertido en un serio problema para tener evaluaciones ajustadas y actualizadas de numerosos aspectos de la realidad económica y social, lo cual da cuenta de manipulaciones políticas e ineficiencias que afectan el trabajo del sector privado y del propio Estado que no cuenta con instrumentos adecuados para realizar sus evaluaciones.

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