Periodista asesinado

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Índice de los Editoriales de Periódicos

  1. El Día: La Batalla de Obama por el Presupuesto

  2. El Día: Pueblos y sindicatos enemigos

  3. El Día: El partido único como expresión de totalitarismo

  4. El Día: Bolítica

  5. El Día: Circo y MAS circo

  6. El Día: Periodista asesinado

  7. Los Tiempos: MÉTODOS DICTATORIALES EN DEMOCRACIA

  8. El Deber:

  9. Cambio: Piérola y la muerte de David

  10. La Prensa: Descuentos a los salarios

  11. El Diario: Aumento alarmante de importación de alimentos

  12. El Mundo: La tierra.

  13. Clarín, Argentina: Un cambio drástico e inesperado del escenario político y electoral


El Día: La Batalla de Obama por el Presupuesto



Este fue el más grande recorte del presupuesto en la historia”, señaló el presidente Obama hace unas semanas, luego de evitar por tercera vez, a través de una dura negociación con el partido republicano, un cierre del gobierno por falta de financiamiento. Estas aprobaciones de último minuto vienen sucediendo desde enero, cuando en la Cámara de Representantes asumió una nueva mayoría republicana. El acuerdo de abril recorta $us  38 billones del presupuesto para lo que queda de este año fiscal, que termina en septiembre.

Esta frase de victoria que viene del mismo Presidente que aprobó el paquete de estímulos más grande de la historia del país y propuso un presupuesto con un trillón de dólares de déficit, ha generado tensión entre los demócratas, que lo han criticado por aprobar un recorte de gastos demasiado alto.

Lo más llamativo es que este presupuesto de $us 3,7 trillones, debería haber sido aprobado en octubre del año pasado, ya que el año fiscal en Estados Unidos va de octubre a septiembre. Pero debido a las elecciones del pasado noviembre, la mayoría demócrata no pudo llegar a un acuerdo para aprobarlo, y desde entonces el presupuesto está funcionando con aprobaciones de gastos periódicas, renegociables en cada instancia.

Paul Ryan, el Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, presentó un plan la primera semana de abril, que denominó Path for Prosperity, donde propone disminuir el gasto en más de 6 trillones de dólares en 10 años, y reducir la deuda pública casi a cero. Esto a través de reformar el sistema de salud y de seguridad social, que son los principales generadores de gasto público, dos tercios del total.

Empujado por estos acontecimientos, el presidente Obama dio un discurso nacional el 13 de abril con su propia propuesta de balancear el presupuesto, esencialmente proponiendo una reducción de 4 trillones de dólares en 12 años, bajando el gasto pero también subiendo los impuestos a los más ricos, incremento al que hasta ahora se han opuesto los Republicanos.

Pero éstas no son únicamente batallas en Washington, que a veces parecen más bien posturas políticas que propuestas serias para combatir la crisis financiera que parece acercarse, confirmado por los comentarios de la agencia de crédito Standards & Poor, mencionando la posibilidad de bajar la calificación de la deuda americana de su actual status de triple AAA, y reduciendo el pronóstico de la deuda de estable a negativo.

También la población en todo el país muestra preocupación, como señalan las últimas encuestas nacionales realizadas por el New York Times/CBS News. Un 70% de la población encuestada cree que el país está yendo en la dirección incorrecta. Más aún, un 39% de ellos dice que la economía está empeorando, comparado con un 28% que sostenía lo mismo en la encuesta del pasado octubre. De acuerdo a otra encuesta reciente, del Washington Post/ABC News, un 57% de la población desaprueba cómo Obama está manejando la economía.

No deja de ser destacable cómo ha cambiado el tono del debate en Washington. Ya no se cuestiona si es necesario reducir el gasto. Ahora la discusión se enfoca en cómo hacerlo, en qué programas se reducen y cuáles se suprimen. El gasto público como porcentaje del producto bruto era de 18,2% en el 2000, pasando a 19,6% en el 2007, y dando un salto a un 24,4% en el 2009. Los republicanos se quejan de que la Administración Obama quiere hacer ese porcentaje permanente, y no volver a nivel anteriores a la crisis, pero nada dicen de los aumentos que han hecho desde el 2000, cuando tenían la mayoría en ambas cámaras.

El balance del presupuesto será central en el debate político de este año, y en la elección presidencial del año que viene. En los próximos meses se intensificará debido a la discusión sobre la deuda externa, ya que el Congreso tiene que aumentar el límite de $us 14,3 trillones, para que el gobierno pueda pagar sus compromisos. No serán discusiones fáciles, pero al menos el público y los dirigentes políticos lo han puesto como prioridad en la agenda de reformas. Esperemos muestren liderazgo para resolverlo.
 

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El Día: Pueblos y sindicatos enemigos

Recientemente, el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, acusó a la Central Obrera Boliviana de estar en la “corriente ideológica restauradora de la derecha” y de buscar el derrocamiento del presidente Morales.

Este lenguaje de textura jacobina fue la nota de color al ceder ante el reclamo de miles de trabajadores que durante doce días movilizaron tesoneras protestas por alza de sueldos y salarios. En febrero, al comenzar las negociaciones, el presidente Morales dijo, con desdén, que los pedidos de la Central Obrera “le causaban risa”. Fue una ironía punzante para un pueblo que posibilitó su aplastante triunfo y que por cuatro años le entregó su incondicional lealtad. Pero más allá de la gratitud, entre dícticos e ironías, se evidencia una severa crisis económica en Bolivia.

Desde el 2006, el gobierno de Morales estuvo bendecido con elevados precios de los minerales, lo que le permitió  entregar bonos directos a los más pobres consiguiendo un masivo apoyo que no se veía desde la revolución de 1952. También le hizo una cirugía a la medición de la inflación, disminuyendo la incidencia de los artículos de primera necesidad en la canasta familiar, de tal manera que mientras los precios de la papa y el arroz subían sin cesar, la inflación boliviana era del primer mundo.

Asimismo, subvencionó la gasolina, tomó mucha deuda venezolana y sucedió una democratización del narcotráfico. Es cierto que varias industrias cerraron por presión gubernamental generando desempleo y la raquítica ejecución presupuestaria del 35%, reveló a un gobierno ineficiente.

Pero la abundancia de plata y las ganas de hacer política y torcerle el brazo a la historia opacaron a las nimiedades macroeconómicas las cuales, como las termitas, mondaron silenciosamente y recién se mostraron una vez que hubieron perforado el cuerpo de la economía. La Navidad reciente le trajo al gobierno esta noticia como presente troyano.

Confiando en la machacona propaganda del “proceso de cambio” y en la adhesión popular hacia el “hermano Evo”, el gobierno dictó un alza del 80% en la gasolina para financiar los numerosos huecos de una prosperidad sin sustentación real. Una explosiva protesta transversalizando sectores sociales, rompió en un santiamén el encanto popular con el Presidente indígena.

Él mismo tuvo que presentarse ante las cámaras para retroceder la medida, sin lograr recuperar la devoción popular ni financiar el déficit. Si no hubo fondos antes tampoco habrá ahora para cubrir el 12% de alza de sueldos que acaba de firmar con la Central Obrera Boliviana. Y la cirugía hecha a la estadística inflacionaria ya no ataja los voluminosos números en crecida.

El pueblo y los sindicatos suelen ser enemigos cuando no están a favor. Morales mismo fue acusado de desestabilizador cuando era dirigente cocalero. Ahora, tomemos en cuenta las sabidurías de cada quien: el pueblo boliviano con su centenario confort en la protesta callejera y el presidente Morales con pocos años en el poder. Parece que un enfrentamiento frontal con ese pueblo desencantado, es lo menos aconsejable para cualquier gobierno.
 

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El Día: El partido único como expresión de totalitarismo

Durante la época tensa de la guerra fría, en el siglo pasado,  la influencia ideológica, militar y económica de la entonces Unión Soviética, logró incorporar a varios países de Europa a la órbita de la URSS y someterlos al sistema político totalitario. Surgieron las denominadas Repúblicas Democráticas enarbolando la bandera de una democracia ficticia para encubrir más bien con ese nombre una política de dominio hegemónico y de abierta penetración imperialista, después de la Segunda Guerra Mundial, sometimiento que concluyó con la caída del muro de Berlín (9 de noviembre de 1989), que hasta entonces había simbolizado la separación radical y la diferencia de dos sistemas políticos. Pero mucho antes de este hecho, otros sucesos dramáticos se encargarían de mostrar al mundo la lucha infatigable de los pueblos por su libertad y soberanía.

Pese al tiempo transcurrido, más de medio siglo, estos acontecimientos han quedado como referencia obligada a una experiencia que tuvo el mundo en su lucha por liberarse de toda forma de opresión. Alemania, Hungría, Checoeslovaquia, Polonia, para mencionar algunos países sojuzgados, fueron escenario de este sistema opresivo. Ya en 1948, los aliados tuvieron que romper el bloqueo de la Unión Soviética a Alemania con el famoso puente aéreo sobre Berlín, operación humanitaria que duró casi un año para hacer llegar alimentos a la población. Le siguió el levantamiento obrero de Berlín en junio de 1953 que provocó la intervención abierta del ejército soviético para sofocarlo, rebelión que conmovió al mundo por la sangrienta represión al movimiento obrero. No fue menos dramática la situación en Hungría cuando en octubre de 1956 optó por rebelarse contra el sistema autoritario y de partido único impuesto por la Unión Soviética.

Similares levantamientos se dieron luego en Checoslovaquia y Polonia, para liberarse del régimen totalitario. Este largo y oscuro período de sojuzgamiento concluyó sorpresivamente el 9 de noviembre de 1989 con la caída del Muro de Berlín, un hecho trascendental que fue saludado por el mundo entero.

Los sucesos que aquí recordamos prueban los extremos a los que pueden llegar los Estados totalitarios para mantener el régimen de partido único en el poder, cerrado a toda posibilidad de alternancia democrática, inclusive, lograr la complicidad extranjera, pues poco le interesa comprometer la soberanía del país. Se establece entonces un gobierno autoritario que no consiente discrepancia de ninguna naturaleza, ni opiniones contrarias, ni críticas a su actuación; la suspicacia y estrechez políticas del gobernante sustituyen al sentido amplio y tolerante que permite la democracia. Y es penoso comprobar que hay todavía resabios de este sistema excluyente que se lo intenta mantener o imponer en algunos países.

En realidad, la resistencia a las llamadas “democracias populares” instaladas en Europa luego de la Segunda Guerra Mundial, tuvo características de verdadera rebelión  contra el régimen, según el breve análisis que acabamos de hacer, y en  gran parte fue su causa principal la imposición de un Estado totalitario manejado por el partido único (partido comunista), instrumento, además, de penetración extranjera. Un país latinoamericano, Cuba, quedó atrapado hace 52 años por el sistema. Su régimen de gobierno es un resabio de esa época y el pueblo sigue soportando los excesos de una dictadura ejercida por el partido único pues no hay, porque no se permite, corrientes políticas de oposición, y sus exponentes están encarcelados, perseguidos o exiliados.

Hay otros países donde, con criterio regresivo, se pretende instaurar este tipo de dictadura, contrariando la aspiración universal de fortalecer la democracia y hacer que los pueblos se desarrollen dignamente dentro de un auténtico Estado de Derecho. Por ello decimos que el régimen de partido único, que no permite ni garantiza otras opciones políticas, es expresión de totalitarismo.
 

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El Día: Bolítica

El tema del mar ya tiene una dirección, lamentablemente no se pudo avanzar en tantos años, pero el tema Silala y el Lauka deberíamos priorizar el diálogo, jamás vamos a romper el diálogo, por eso tengo confianza que podemos resolverlo".

Evo Morales
Jefe De Estado


Se dice que: El presidente Evo Morales aseguró que en lo que se refiere al tema del uso de las aguas del Silala, Bolivia no tiene decidido romper aún el diálogo con Chile sino seguir las negociaciones para encontrar una salida consensuada.


Bolivia dispone, en el caso Silala, de documentos históricos y estudios de hidráulica, geología y geografía que se pueden presentar a organismos internacionales para que analicen el origen de aguas recolectadas de bofedales del Quetena".

Antonio Bazoberry
Investigador Boliviano

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El Día: Circo y MAS circo

Las funciones circenses del Estado Plurinacional ya no alcanzan para mantener distraído al pueblo, así que nada mejor que regalarle un nuevo día feriado que dará como resultado el fin de semana más largo del que tenga memoria el país. Una minivacación, como para terminar de aplastar la tan mentada “revolución productiva” del MAS. El Gobierno ha dispuesto horario continuo para el 29 de abril, porque acaba de inventarse una nueva jornada de “reivindicación marítima” plagada de actos, discursos y arengas que probablemente no conducirán a nada positivo. De esta manera, la población, que tuvo dos días feriados en enero, dos en marzo por Carnaval, otras dos jornadas por la Semana Santa hace unos días, ahora tendrá la oportunidad de empalmar el viernes con el descanso del primero de mayo que ha sido trasladado al lunes. El Gobierno debe tener en cuenta que los inventores del circo fueron los romanos, aunque los césares solían combinar los días de distracción y juerga con la entrega de grandes cantidades de trigo a los sectores más necesitados. De ahí viene lo de “pan y circo”. Al paso que va el Estado Plurinacional la producción irá disminuyendo cada vez más y obviamente, la fórmula “circo y circo” tal vez no funcione.
 

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El Día: Periodista asesinado

La muerte del periodista boliviano David Niño de Guzmán ha causado preocupación a nivel internacional, dada las características violentas de este hecho y sobre todo por los negros antecedentes que ha estado acumulando el país en los últimos años, relacionados a ataques contra la libertad de expresión. Resultan obvias las expresiones de suspicacia que han surgido estos días y los enérgicos pedidos para que las autoridades nacionales coadyuven al pronto esclarecimiento.

La Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP), la organización Reporteros Sin Fronteras, entre otras instituciones, han pedido minuciosidad en las investigaciones policiales y naturalmente, exigen no descartar que el presunto asesinato de Niño de Guzmán responsa a algún tipo de represalia por sus investigaciones sobre los vínculos de la política con el narcotráfico. Demás está decir que el órgano de difusión para que el que trabajaba el comunicador fallecido, es uno de los pocos que conserva la independencia y la objetividad que le resulta incómoda al régimen gobernante, de ahí el fervor de todo el gremio periodístico nacional y de las agrupaciones de medios privados para que la Policía y la Fiscalía actúen conforme a derecho.

Lamentablemente existen muchas razones para desconfiar de las instituciones llamadas por ley para esclarecer este caso. En los últimos cinco años se ha producido la mayor ola de ataques y atentados contra periodistas y medios de comunicación de la que se tenga memoria y muy pocos hechos han sido aclarados. En todo caso, el oficialismo, que controla y manipula el accionar policial y judicial, ha sido parte coadyuvante para que casos como el del atentado a un canal de televisión en Yacuiba y el ataque a balazos contra dos reporteros en Santa Cruz queden impunes. Y estamos hablando sólo de dos de los hechos más graves, pues la lista es inmensa.

Recientemente la Fundación Unir difundió un informe sobre las agresiones a periodistas registradas durante la gestión 2010, que reporta un aumento del número de víctimas, lo que refleja “una persistente actitud de intolerancia con el trabajo informativo y que el periodismo continúa siendo una actividad de riesgo en Bolivia”.

Según el estudio, la Policía es la que más agrede a los comunicadores, mientras que ciertos funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, constantemente incurren en ataques y obstaculización de la labor de los reporteros. De acuerdo a los archivos de Unir, desde el 2007, sólo dos casos de agresiones físicas contra periodistas han sido sancionados, lo que representa apenas el dos por ciento de los hechos denunciados.

En el manifiesto emitido por la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) en su asamblea semestral realizada a principios de este mes en San Diego, Estados Unidos, coloca por primera vez a Bolivia en una lista de países donde la libertad de expresión está severamente amenazada. Las advertencias se refieren a las agresiones, a la aprobación de leyes restrictivas del ejercicio periodístico y al acoso que ejerce el Gobierno a los medios de comunicación independientes. La SIP todavía hace una diferenciación de la situación boliviana con la de aquellos países como Cuba, México y Colombia, donde además de las fuertes limitaciones a la libertad informativa, frecuentemente se producen asesinatos a manos de grupos oficialistas, narcotraficantes y paramilitares. La muerte de David Niño de Guzmán puede ser la señal de que las cosas se están deteriorando aún más en Bolivia.

Existen muchas razones para desconfiar de las instituciones llamadas por ley para esclarecer este caso. En los últimos cinco años se ha producido la mayor ola de atentados contra periodistas y medios de la que se tenga memoria y muy pocos han sido aclarados.

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Los Tiempos: MÉTODOS DICTATORIALES EN DEMOCRACIA

Ojalá que la lección sirva para que las autoridades dejen de ver al Ministerio Público como una agencia de control político y venganza

La renuncia del fiscal Marcelo Soza a seguir dirigiendo el proceso en contra de una serie de personas presuntamente vinculadas con Eduardo Rózsa por terrorismo e intentos de secesión y magnicidio, no parece ser sino el reconocimiento del fracaso del Ministerio Público en procesar dicho caso por los senderos del estado de derecho, dando cumplimento a los principios constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia.

De nada valieron las advertencias y recomendaciones que desde varios ámbitos se hicieron en las sucesivas etapas de este escabroso proceso, advirtiendo sobre las negativas consecuencias que tendría que el representante del Ministerio Público, mostrando una soberbia sin respaldo profesional alguno, actuara más como agente policial amedrentando ciudadanos que cumpliendo su papel de defensor de la sociedad. Se recordaba -como en otros casos que aún se ventilan en la justicia– que andar por ese camino no sólo que deslegitimaba el proceso sino que no podía culminar en la dictación de una justa sentencia.

Así, llegado el momento de la audiencia conclusiva, el juez de la causa tuvo que exigirle al Fiscal seguir las normas de derecho y en su dictamen final personalizar las acusaciones y presentar las pruebas que respalden esas acusaciones. Es decir, todo aquello que se había ido advirtiendo conforme avanzaba el proceso y se aplacaban los efectos de las declaraciones altisonantes, se comprobó llegado el momento de la adopción de decisiones. Es más, si el caso no tuviera la relevancia que ostenta y que el propio Gobierno se ha encargado de darle, probablemente el proceso jurídico culminaba en la audiencia conclusiva por la serie de errores e irregularidades que el Ministerio Público cometió y que fueron avaladas -cuando no aplaudidas– por autoridades de Gobierno.

Sin embargo, el juez dio un plazo más al Fiscal para que adecúe a derecho su acusación, lo que parece que significó -tanto por la renuncia como por el apresuramiento en presentar las acusaciones (que aún no se conocen) y el rechazo de la renuncia por parte del Fiscal General del Estado– la prueba definitiva que no ha podido superar el fiscal Soza.

Es que, más allá de la falta de  idoneidad profesional como tal, lo único que puede explicar que se haya llegado a esta situación es que las actuales autoridades (del ámbito de los mecanismos de inteligencia, del Ejecutivo y Legislativo y del Ministerio Público) optaron por actuar como si se viviera en un país sin ley y que bastaba la decisión política para proceder como se hizo pese a los reclamos y advertencias, hasta que se tuvo que acatar el marco legal vigente en el país y sobre el cual mañana pueden ser procesados quienes lo violen.

Esta situación y la gravedad del caso obligan a que por el bien del país y de su precaria institucionalidad se analice seriamente la conveniencia de rectificar errores y dejar que las autoridades pertinentes actúen conforme a ley. Pero, esto exige, de una vez por todas, que las autoridades del Gobierno dejen de ver al Ministerio Público como una agencia de control político y venganza, y a la justicia como un espacio de absoluta discrecionalidad. Es decir, que comprendan que el poder, en democracia, tiene controles que se debe respetar.

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El Deber:

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Cambio: Piérola y la muerte de David

"Yo creo que en la muerte misteriosa, en el asesinato, secuestro y tortura de este periodista, está implicada gente del Gobierno. Por la forma y el modus operandi que se ha hecho y se ha realizado, esa es la forma que cobardemente actúa el Gobierno, sino veamos el caso Rózsa, cómo se los ha eliminado a esas personas. Tenemos un informe extraoficial de que el señor estaba investigando algo contra la gente del Gobierno", aseguró hace un par de días la diputada opositora Norma Piérola en declaraciones a la Red Uno.

La legisladora opositora se refirió a la violenta muerte del periodista potosino David Niño de Guzmán, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado jueves en inmediaciones de la avenida Zavaleta de la ciudad de La Paz, cuyas causas son investigadas no sólo por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sino por miembros de la seguridad del Estado. El Gobierno nacional dio precisas instrucciones para que ese hecho sea totalmente esclarecido.

Y en un contexto en el que las autoridades policiales investigan varias hipótesis sobre la muerte del periodista y no descartan incluso que se trate de un suicidio, Piérola lanza una acusación a todas luces irresponsable: acusa que "gente del gobierno" supuestamente estaría involucrada en un hecho de sangre que consternó al pueblo boliviano y puso en cuestión, una vez más, la seguridad ciudadana.

No obstante, ¿qué pruebas o indicios tiene Piérola para lanzar semejante acusación? ¿Cuál es la fuente del ‘informe extraoficial’ que —según la parlamentaria de marras— certifica que Niño de Guzmán ‘estaba investigando algo contra la gente del Gobierno’? ¿Dónde está ese supuesto ‘informe’? ¿Si lo tiene, por qué Norma Piérola no lo entrega a las autoridades jurisdiccionales para coadyuvar con las investigaciones?

Las preguntas son muchas y las respuestas no sólo se dejan esperar sino que los hechos señalan que carecen de sustento, pero se barnizan de oscuros intereses políticos inconfesables.

Y en el marco de la democracia profunda y participativa que construimos millones de bolivianos, no es posible que una diputada electa con el voto de miles de bolivianos que confiaron en ella, utilice esa palestra para lanzar acusaciones fuera de lugar que no sólo constituyen materia para un proceso legal en su contra, sino que no respeta el dolor de la familia del periodista fallecido.

"Nosotros tenemos sospechas y queremos conformar una comisión multipartidaria para una investigación independiente imparcial de estos hechos", insistió Piérola a la Red ATB.

En este contexto, corresponde que la diputada opositora presente las pruebas que respalden  las acusaciones en sentido que "tenemos un informe extraoficial de que el señor estaba estaba investigando algo contra la gente del Gobierno".Caso contrario confirmará que mantiene una posición política carente de escrúpulos y una conducta de irrespeto no sólo a sus votantes sino fundamentalmente a la democracia boliviana.

Desde que se conoció la lamentable noticia sobre la violenta muerte de David Niño de Guzmán, las autoridades asumieron su responsabidad de esclarecer el hecho y los medios de comunicación —con algunas deshonrosas excepciones— manejaron la muerte del periodista con responsabilidad y cautela, conscientes de que los indicios hallados no eran suficientes como para optar por una de las hipótesis que maneja la Policía: asesinato, homicidio o suicidio. Lo sensato es esperar que sean las autoridades llamadas por ley quienes esclarezcan a muerte del periodista. Es lo menos que deberíamos asumir en homenaje a su memoria y por el respeto que merece su atribulada familia.

En ese contexto, las irreflexivas como torpes declaraciones de Norma Piérola, sólo buscan desprestigiar a un gobierno legalmente constituido.

Por eso, en resguardo del estado de derecho está obligada a presentar sus pruebas o asumir las consecuencias legales de su conducta.

Las irreflexivas declaraciones de Piérola sólo buscan desprestigiar a un gobierno legalmente constituido. Y en resguardo de la democracia está obligada a presentar las pruebas o asumir las consecuencias legales de su conducta.

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La Prensa: Descuentos a los salarios

Hay aspectos que legitiman a las autoridades de turno a aplicar los descuentos que correspondan a los sueldos de aquellas personas que participaron en las movilizaciones.

El ejercicio de la función pública es, en esencia, un servicio de naturaleza administrativa que proveen trabajadores del Estado a favor de la comunidad. Es una labor que, además de ser remunerada, conlleva entrega, compromiso, dedicación y responsabilidad para quien la desempeña. La Ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público establece que constituye un ?servicio exclusivo a los intereses de la colectividad y no de parcialidad o partido político alguno?. Los fines del Estado, tales como la educación y la salud, se hacen efectivos a través de esta ocupación; en consecuencia, es inadmisible que éstos sean objeto de enajenación a favor de los beneficiarios, sean éstos pacientes, alumnos u otros.

Durante las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), destinadas a lograr a favor de la masa proletaria un incremento a los salarios mayor al 10 por ciento dispuesto por el Gobierno, diversos maestros urbanos y rurales, así como trabajadores del área de salud y, principalmente, funcionarios de la Caja Nacional de Salud, cumplieron la huelga general indefinida dispuesta por esta organización social, dejando de prestar servicios a favor del pueblo.

No se descarta que las peticiones de los trabajadores sean justas y que, posiblemente, un alza en los sueldos, en la cuantía establecida por el Estado, no se ajuste a la realidad económica de las personas, más aún si se consideran los niveles de inflación que directamente afectan la capacidad adquisitiva del dinero. Sin embargo, privar a las personas de derechos fundamentales, protegidos por la Constitución Política del Estado, tales como el acceso a la salud y a la educación, vulnera bienes jurídicamente protegidos a favor de la ciudadanía.

El artículo octavo del Estatuto del Funcionario Público establece que son deberes de los servidores ?desarrollar sus funciones, atribuciones, deberes administrativos, con puntualidad, celeridad, economía, eficiencia, probidad y con pleno sometimiento a la Constitución Política del Estado y las leyes y el ordenamiento jurídico nacional?, así como ?cumplir la jornada laboral establecida? en cada repartición del Estado. De igual manera, la citada norma expresamente prohíbe ?realizar actividades políticas partidarias y de interés particular durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones?.

A ojos de la ley, se ha visto a diversos empleados públicos, de manera flagrante, incumplir los deberes inherentes a los cargos que ocupan, practicar intereses personales vinculados a organizaciones sociales que se encuentran vetadas por la normativa legal en vigencia, aspecto que legitima a las autoridades de turno a aplicar los descuentos que correspondan a los sueldos de aquellas personas que participaron activamente en las movilizaciones y que impidieron el pacífico uso de los servicios que brinda el Estado.

Si los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro, los reclamos de la COB, respecto de la ilegalidad o improcedencia de las sanciones pecuniarias en contra de los trabajadores, caen en saco roto.

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El Diario: Aumento alarmante de importación de alimentos

Desde hace algunos años, el país registró un descenso sostenido de su producción agropecuaria y, finalmente, la administración estatal plurinacional se vio obligada a hacer grandes importaciones de artículos alimenticios con objeto de evitar una crisis social y frenar el alza de precios. Cuando se presentó la crisis alimentaria el Gobierno anunció una serie de medidas que no solamente irían a evitar la escasez, sino que aumentaría la producción, llegándose en esa forma a la llamada “seguridad y soberanía alimentarias”. Por una ola de optimismo el oficialismo anunció en forma paralela que hasta se estaba construyendo enormes silos para acopiar la sobreproducción de maíz, arroz, soya, trigo y otros productos.

Ha pasado el tiempo, pero hasta el presente no se cumplieron las ofertas oficiales y la producción agropecuaria ha seguido bajando, como demuestran las alzas de precios de los alimentos en todos los mercados. Es más, ante la crítica situación, la administración estatal (al contrario de lo que había ofrecido con gran publicidad) ha tenido que recurrir a mayor importación de alimentos, única forma de evitar una eclosión social.

Confirmando la importación de alimentos, el último reporte del Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló que sólo en los meses de enero y febrero de este año, el Gobierno importó casi el 60 por ciento más de alimentos en relación con los comprados en el mismo período del año 2010. En efecto, mientras en los meses de enero y febrero del año anterior se importó 51 millones de dólares, en los mismos meses de este año se importó 80 millones de dólares, vale decir 30 millones más o sea un incremento del 57 por ciento.

Las importaciones de alimentos realizadas por la administración del Estado Plurinacional fueron principalmente de maíz, harina, azúcar, entre otros. Según datos oficiales, Bolivia importó en el primer bimestre de este año nada menos que 300.000 toneladas de harina por alrededor de 100 millones de dólares, mientras el año 2005 sólo se importó 135.000 toneladas por unos 28 millones de dólares, lo cual quiere decir que la pregonada “soberanía alimentaria”, que significaría consumir sólo lo que se produce internamente, está muy lejos de cumplirse.

A ese panorama tan poco optimista sobre el abastecimiento de alimentos para la población, se suma el hecho de que los mercados de venta de productos son también llenados por el contrabando que ingresa en proporciones parecidas a las de las importaciones legales o sea en total por unos 200 millones de dólares. En esa forma, en síntesis, se puede afirmar que la agricultura del país ha dejado de abastecer al consumo interno y que ahora se enfrenta una situación de inseguridad alimentaria de proyecciones alarmantes.

Las ofertas de autoridades del Gobierno calmaron hace pocos meses la preocupación popular sobre la escasez y alza de precios de los alimentos, anunciando una cadena interminable de soluciones, pero hasta el presente ninguna de ellas se ha materializado. Por el contrario, el problema se agrava en progresión geométrica. Entre otras medidas para aliviar la crítica situación el Ejecutivo informó que se estudiaba un proyecto de “Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria” con base en cinco puntos, ninguno de los cuales tiene el menor viso de entrar en aplicación, pues el proyecto de ley referido hasta ahora no ha sido presentado al llamado Órgano Legislativo.

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El Mundo: La tierra.

Las irregularidades denunciadas con relación al manejo del Instituto de Reforma Agraria nos mueven a la reflexión sobre lo que ha sucedido con la tierra en nuestro país, en especial desde aquel momento en que se había pensado que “la tierra es para el que la trabaja”, lema con el cual se llevó adelante la Reforma Agraria en 1953.

Toco ese momento como punto de partida, porque hasta ese entonces la tierra era poco menos que propiedad privada, propiedad de algunos cuantos que la explotaban y no siempre lo hacían en beneficio de los demás; es más, cuando se nos ocurre pensar en el subsuelo, se había explotado su riqueza para beneficiar a muchos otros, otros países, otros gobiernos, otras personas.

A partir del momento que mencionamos, cuando se dictó la ley de Reforma Agraria, lo que se esperaba era que la producción de la tierra podría beneficiar a quienes la trabajaban, a quienes la cultivaban con el sudor de su frente para pedirle y recoger sus dones.

Lamentablemente desde el primer momento ello solo fue una idea hermosa que nunca se pudo concretar, quienes la distribuyeron con la reforma pusieron en las manos de los campesinos fusiles para defenderla, pero no les brindaron los recursos y la instrucción para que ella pueda ser productiva y de esa manera, lo que pudo recibir la tierra fue en muchas oportunidades solo sangre.

Quienes sabían hacerla producir quedaron relegados, no por una injusticia sino como castigo a su egoísmo, sabían hacerla producir, pero lo hacían en beneficio propio.

La solución para el problema podía haber llegado en el largo período posterior que se prolonga de 1964 a 1982, pero en esa situación lo que sucedió fue que la tierra fue aprovechada otra vez en beneficio personal, con el disfraz de un pacto militar campesino que solo benefició a los primeros, los otros fueron manejados demagógicamente; como había sucedido en el pasado, eran amigos cuando debían votar, pero luego eran olvidados.

Eso no fue todo, la tierra en ese momento era un botín de guerra y fue distribuida entre los amigos, no por parcelas para cultivar sino por miles de hectáreas para diferentes actividades, muchos le pusieron el hombro y la hicieron producir, logrando rédito para la patria; sin embargo, inclusive la usaron para venderla a los vecinos en las fronteras, sin que nadie hubiera levantado la voz para rebelarse.

Hoy se habla nuevamente de distribuirla, de poblarla, pero solo se piensa en los lugares donde se han habilitado los lugares para la producción e inclusive se han colocado maquinarias y otras instalaciones para el trabajo, pero nadie piensa en utilizar la tierra para comenzar a producir desde cero tal vez en muchos casos, porque los gobiernos no han tenido la capacidad de llevar vías de comunicación que permitan que los productos puedan llegar hasta los mercados.

Hemos escuchado en muchas oportunidades asegurar que la naturaleza es prodiga en nuestro país, que tenemos grandes extensiones que podarían proporcionarnos riqueza con la producción de alimentos; sin embargo, la mal utilizamos de las maneras menos provechosas.

Pensar que solo se estimula la producción de la planta de coca que en su mayor proporción es destinada a la fabricación de droga, es un motivo que debe llevarnos a la reflexión, ya que no solo se piensa en los mercados lejanos, sino que poco a poco va involucrando a nuestra juventud en un vicio del que difícilmente podrá alejarse.

Se han producido asentamientos con el solo deseo de trasladar personas para capitalizar votos en un periodo preelectoral, pero luego por la falta de apoyo, las personas se ven obligadas a volver a su lugar de origen, para comenzar de nuevo.

La tierra, como una ofrenda de la naturaleza, debería ser aprovechada para beneficio de todos y no para corromper a unos cuantos, como acaba de denunciarse, precisamente con las autoridades encargadas de hacer que la distribución sea más justa, en un gobierno que asegura que piensa de una manera diferente.

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Opinión:

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Clarín, Argentina: Un cambio drástico e inesperado del escenario político y electoral

El 26 de octubre del 2010 Néstor Kirchner se encaminaba a ser otra vez candidato a presidente para suceder a Cristina Fernández, su esposa. La unanimidad de las encuestas de entonces señalaban la imposibilidad de su victoria en una segunda vuelta frente a cualquier postulante opositor. A esa presunción se la tragaron el impacto y el vacío que provocó su muerte repentina.

A seis meses de esa tragedia aquellas misma encuestas auguran un triunfo de Cristina en octubre si, al final, opta por su reelección. Ese triunfo podría darse, incluso, en el balotaje contra cualquiera de los posibles contendientes. La escena política de la Argentina, casi en un abrir y cerrar de ojos, parece haber dado una verdadera vuelta de campana.

Semejante transformación podría estar indicando un montón de cosas. Por empezar, la volatilidad que sigue caracterizando a la política y las instituciones. Kirchner supo reconstruir el poder derruido con la crisis del 2001 y le repuso autoridad a la figura presidencial. Pero hizo poco y nada en beneficio de la actividad política del sistema. Lo que hizo resultó dirigido en su beneficio personal.

Otro elemento nada desdeñable sería el de la perdurabilidad emocional colectiva frente a las desgracias de la vida pública. Más allá de la evocación y utilización política que, guste o no, el kirchnerismo hace de la muerte del ex presidente, existe en la sociedad la tendencia manifiesta a la redención política no bien se apaga una vida. Sería injusto retacearles habilidades políticas a Cristina y también a Ricardo Alfonsín. Pero en la espuma de diferentes dimensiones sobre las cuales navegan ambos, la incidencia de los fallecimientos de Kirchner y del ex presidente radical no asomaría menor.

Todas aquellas cuestiones ayudan a explicar sólo en parte el cambio profundo de escenario que se produjo en la Argentina en seis meses. La explicación más sólida, tal vez, tendría que ver con una debilidad de la reconstrucción de la crisis. Otra de las tantas paradojas nacionales. La muerte de Kirchner representó la desaparición del ingeniero de la maquinaria de poder, del hombre que asoció, indisolublemente, el poder con el Estado y que supo hacer girar todas las cuestiones públicas en torno de él. También, las conductas de la oposición. Su muerte generó primero un vacío y luego un reacomodamiento.

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, explicó anteayer que la muerte de Kirchner fue su ?último gran aporte? a la posible continuidad del proyecto. Una interpretación dura, es verdad, pero que marcaría con realismo la manera en que mutó el teatro político. Dicho a través de un cristal político con lenguaje económico: la muerte del ex presidente significó el desprendimiento del mayor pasivo que arrastraba el Gobierno y los K; significó también la pérdida del mayor activo de que disponía la oposición para la batalla electoral. Pruebas al canto: Cristina se fue para arriba en la consideración social y la oposición volvió a caminar por un desierto.

Tampoco todo el cambio obedeció, con exclusividad, al efecto del drama. La Presidenta demostró sensibilidad e inteligencia para adecuar su fatalidad personal al estado de ánimo colectivo. Retiró del discurso público la confrontación de la que abusaba Kirchner aunque dejó que esa confrontación se desenvuelva de manera subterránea, con sus determinaciones. Podrá haber variado el estilo pero siempre hubo, entre ambos, un sólo modo de entender la política y la administración.

Hay un ejemplo reciente e ilustrativo. Mediante un DNU, Cristina modificó un artículo de la ley de estatización de las AFJP que permite una mayor injerencia del Estado en empresas privadas. La Presidenta lo hizo a sabiendas de que el Congreso, por su esterilidad, jamás podrá considerar la validez de aquel decreto. Nunca se le hubiera pasado por la cabeza pedir aquella modificación a los legisladores porque el oficialismo posee una clara minoría en Diputados. El ex presidente habría obrado con idéntica inescrupulosidad y desprecio por las instituciones.

Las diferencias, quizá, podrían empezar a avizorarse en el manejo del sistema de poder que tiene uno y otro. En el complejo encaje entre ese sistema y la administración cotidiana. A seis meses de la muerte de Kirchner bien puede aventurarse una afirmación: la administración no sobresale y deja la impresión de estar aún más circunscripta a un puñado de manos que cuando el ex presidente vivía; el sistema de poder se conserva, pero las tensiones internas van en aumento.

Las razones serían varias. En primer lugar, la decisión de Cristina de conceder un lugar de privilegio político sólo al ultrakirchnerismo y a los jóvenes de La Cámpora. Eso ha representado, sin dudas, un retroceso para el PJ tradicional. Se multiplican las diferencias con Daniel Scioli y comienzan a despuntar voces irreverentes. Un caso es el del gobernador reelecto de Salta, Juan Manuel Urtubey, que proclamó su ambición presidencial para el 2015 y acogió en su provincia al Nobel Mario Vargas Llosa, convertido en el demonio político por los ultra K. Urtubey hizo lo que otros gobernadores también piensan.

En otra estación conflictiva aflora la relación del Gobierno con Hugo Moyano. Ese malestar es anterior a la muerte de Kirchner. Pero se ahondó en los meses posteriores al 27 de octubre. El líder camionero exige espacios políticos y electorales que a los K les desagrada y que el PJ también resiste. Aquella exigencia pareciera atada con declaraciones públicas y demostraciones de fuerza, como el acto en la 9 de Julio que hará la CGT pasado mañana, con la excusa de celebrar el Día del Trabajo.

Todo ese cúmulo de trastornos transcurre por ahora con módicos estruendos porque está en curso un proceso electoral que podría permitirle al oficialismo mantenerse en el Gobierno. Esa sóla posibilidad alcanza para disciplinar a grupos que no conviven armónicamente. La disciplina se mantiene, además, por otro motivo: Cristina no comunicó todavía su candidatura a la reelección y es quien garantiza, por encima del resto, aquella chance de seguir en el poder. Difícil sería adivinar el juego y sus derivaciones si la Presidenta optara por el paso al costado.

La oposición tampoco está en condiciones de meter su dedo en esa llaga. La desaparición de Kirchner fue para ese arco heterogéneo la desaparición también de su articulador. Podría concluirse, sin ánimo de ningún demérito, que la oposición habría ganado aquella elección legislativa del 2009 casi en la misma proporción en que la habría perdido Kirchner.

La presencia solitaria de Cristina en el vértice del poder también dislocó otras intenciones opositoras. Predomina entre ellos cierta reverencia y cierto temor de torear a una mujer.

La Presidenta, por otro lado, ignora a esa oposición. Y hace un esfuerzo por ubicar en ese sitio a varios medios de comunicación y grupos económicos. La oposición, entonces, se centrifuga: sólo Ricardo Alfonsín y Elisa Carrió siguen convencidos como rivales, mientras Mauricio Macri duda y a otro cuarteto se lo devora el vértigo de la realidad.

Las cosas están así a seis meses de la muerte de Kirchner y a seis meses, también, de una elección crucial. Indicativos de que lo inopinado sigue siendo el rasgo grueso de la política argentina.

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