Presos se sacan sangre y se entierran; Gobierno acusa a Leopoldo y a ex esposas de Ramírez y Valencia

Cárceles. En La Paz, 3 radicalizaron sus medidas, otras 4 amenazan.

El director de Régimen Penitenciario, acusó al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández de ser el instigador de la revuelta en Chonchocoro y en las cárceles de mujeres identificó como líderes de la protesta, a la ex esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navia, en Obrajes, y a la ex esposa de Blas Valencia en el penal de Miraflores.

La Razón



Presos se sacan sangre y se entierran por sus demandas

Reos de tres penales radicalizaron sus medidas de presión para pedir aumento de prediarios. En otros cuatro amenazan con medidas hoy; En Chonchocoro y la cárcel femenina de Miraflores, la crucifixión comenzó el viernes y ayer se cosieron los labios, enterraron y sacaron sangre.

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Protesta. Una mujer ingresa a la cárcel de mujeres de Miraflores. Se exhibe un cartel, escrito con sangre, con una demanda de las reclusas.

Los privados de libertad reclaman porque aseguran que los Bs 5,50 que reciben de prediario no les alcanza  para cubrir su alimentación básica. Por ello, desde la semana pasada llevan a cabo una serie de medidas que buscan que este monto suba a Bs 15, demanda a la que el Gobierno accedió en aumentar a Bs 6,6. Los reos lo rechazan y ratifican su pedido.

En el Centro de Orientación Femenina de Miraflores (La Paz) empezó una huelga de hambre el martes con 50 internas “y a la fecha tenemos siete bajas”, declaró ayer una de las delegadas de ese recinto, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

Además de sus demandas de prediarios, incluyen soluciones a la retardación de justicia y modificaciones a la Ley 007, ya que aducen que es la causante del hacinamiento. Desde ayer, dos de las internas recurrieron a la crucifixión y otras 10 se sacaron sangre para escribir los carteles que dan a conocer sus pedidos. Anunciaron una huelga seca a partir de hoy.

Chonchocoro. Entretanto, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, 23 presos se crucificaron, 10 se enterraron y ocho se cosieron los labios, mientras el resto de los reclusos continúa desde el pasado lunes en huelga de hambre, 20 de ellos en huelga seca, según Efraín Gallardo, representante de los internos de esa cárcel.

En Sucre, los internos de San Roque esperarán hasta hoy para tener respuestas a sus solicitudes, caso contrario, amenazan con iniciar medidas. Pedro Melgar, representante de los reos de Mocoví (Beni), dijo que están en estado de emergencia y añadió que instalarán desde hoy un piquete de huelga de hambre de 10 internos.

En Palmasola, de Santa Cruz, esperarán 72 horas para que su Gobernación defina un aumento en el prediario, aunque el titular de ese gobierno regional, Rubén Costas, adelantó que “la competencia (del prediario) es responsabilidad del Gobierno nacional”.

El director de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, dijo que envió invitaciones a las gobernaciones para sostener una reunión con el fin de poner fin a la crisis carcelaria. En La Paz, los reclusos exigen la visita de representantes de la  Corte Superior de Justicia, de la Gobernación, Régimen Penitenciario, Derechos Humanos, del Defensor del Pueblo y de autoridades del Ministerio de Gobierno.

Conflictos en siete cárceles

-El tema del prediario tiene movilizados a los penales de Mocoví (Beni), Palmasola (Santa Cruz), tres penales de La Paz, San Pedro (Oruro) y San Roque (Sucre).

-Régimen Penitenciario pidió una reunión a varias autoridades para este miércoles.

Acusan a Fernández de movilizar reclusos

Penitenciaría quitará a los presos el control de los proveedores de alimentos

La Razón.- Jorge Sueiro, director general de Régimen Penitenciario, acusó ayer al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, detenido preventivamente en Chonchocoro por la masacre de Porvenir, de generar la movilización carcelaria para evitar asistir a sus audiencias.

“Chonchocoro digita la situación de los penales. Todo tiene un motivo, pues en Chonchocoro está Leopoldo Fernández que es el que dirige esta situación de caos, con el único fin de no asistir a sus audiencias. La manera en que influencia a los privados de libertad ha sido notoria porque yo he tenido reuniones en el mismo centro y he visto su actitud”, dijo Sueiro.

En respuesta, el abogado defensor de la ex autoridad, Carlos Brito, sostuvo que el Gobierno quería hacer aparecer ante la opinión pública que su defendido “es un incitador y que está detrás de todos los problemas” para evitar su regreso a la cárcel de San Pedro.

Al referirse a la alimentación de los reclusos, Sueiro aseguró que cuando terminen los problemas en las cárceles, licitará públicamente el servicio de provisión de alimentos en los recintos, para evitar los negociados que habría entre algunos proveedores y los internos, que merman el beneficio.

“Los soldados del cuartel y los policías en servicio tienen un socorro (prediario) para su alimentación de Bs 4,50 y se alimentan con esa cantidad. Para transparentar la alimentación de los privados de libertad, vamos a licitar a los proveedores para que nos entreguen la cantidad de alimentos que corresponden”, finalizó la autoridad de Régimen Penitenciario.

Los reos de dos cárceles se crucifican y entierran

Demanda: Los internos del penal de San Pedro, en La Paz, formaron un Comité de Emergencia.

image Medidas: las privadas de libertad de Obrajes en plena movilización, ayer

La Prensa, Roberto Charca H.

Alrededor de 30 reos se crucificaron y otros 194 están en huelga de hambre seca en las cárceles de Chonchocoro, Miraflores y Obrajes, de La Paz, en demanda de un incremento del prediario de 6,60 a 10 bolivianos y la modificación de la Ley 007 relativa a la reforma penal.

En la cárcel de San Pedro formaron un Comité de Emergencia por el incumplimiento de un convenio que eleva ese monto.

Después de ocho días de presión, los privados de libertad de Chonchocoro tomaron ayer el penal de máxima seguridad y subieron a los techos para hacer conocer sus demandas.

Otros 10 internos se cosieron los labios y un grupo de 14 determinó enterrarse en repudio a la indiferencia del Gobierno hacia sus demandas.

Mientras los recintos penitenciarios de Cochabamba y La Paz sostenían la protesta, los internos de San Pedro firmaron un convenio por el que aceptaron condicionalmente el aumento del 20 por ciento, es decir 1,10 bolivianos, al prediario alimenticio. Para los delegados de las cárceles en conflicto esta cantidad todavía es insuficiente a pesar de las explicaciones ofrecidas por Jorge Sueiro, director general de Régimen Penitenciario.

Uno de los internos de la penitenciaría de Chonchocoro afirmó que “la gente no vive de palabras y promesas. Vive de hechos. No podemos vivir con un prediario de 6,60 bolivianos”.

Lucha por la vida. Un delegado del penal de máxima seguridad de varones advirtió que la lucha “por la vida” apenas ha comenzado en La Paz y que sus medidas serán “mucho más radicales” que en el resto de las cárceles del país.

“Ya nos hemos crucificado y cosido los labios, otros se han enterrado, y continuaremos luchando hasta conseguir los 10 bolivianos”.

Siete cruCIficadas. En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, dos mujeres se sumaron a las cinco que estaban crucificadas, y un segundo piquete de 15 mujeres se plegó a la huelga de hambre.

“Las compañeras se han sacado sangre para escribir las pancartas con nuestras demandas. Y una de ellas son las modificaciones a la Ley 007”, dijo una delegada de ese recinto.

Comisión. En el penal de San Pedro, uno de los internos indicó que Sueiro aún no ha cumplido el convenio y que se desconoce los restantes 3,40 bolivianos para el prediario. “El Director de Régimen Penitenciario afirmó que serían las gobernaciones quienes nos apoyarían, pero los gobernadores desconocen el tema, y por eso se ha determinado formar el Comité”.

Entre tanto, los reos de la cárcel de Mocoví, en Beni, decidieron declararse en huelga de hambre a partir de hoy, martes.

Por su parte, Sueiro dijo que en tres penales del país, de un total de 17, se registran problemas.

Acusó a Leopoldo Fernández, ex prefecto de Pando (ver recuadro), de ser el instigador de la revuelta de los reclusos.

El Director de Régimen Penitenciario refirió que se licitará la concesión para la alimentación de los 10.000 reos para garantizar su calidad y cantidad.

Finalmente, aclaró que la modificación de la Ley 007 corresponde al Poder Legislativo, instancia en la que fue aprobada.

Para destacar

Jorge Sueiro denunció que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se niega a cooperar.

Un total de 14 privados de libertad de Chonchocoro se cubrieron con tierra hasta el cuello.

Giovanna Navia, detenida en Obrajes, afirmó que la Directora del penal amenaza a las internas.

En San Pedro, los reos están dispuestos a ingresar en huelga de hambre pese al convenio.

Soldados y policías perciben por alimentación diaria 4,50 bolivianos, según el Gobierno.

Las puertas de Chonchocoro fueron trancadas con turriles para evitar a la Policía.

El Gobierno acusa a Leopoldo Fernández

La Prensa.- El director general de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, acusó al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández de ser el instigador de la revuelta de los privados de libertad en Chonchocoro.

“El señor Leopoldo Fernández es quien dirige esta situación; conflicto con un único propósito, no asistir a sus audiencias. Está logrando un beneficio para retardar su juicio”.

Explicó que el incremento de los prediarios en 20 por ciento fue acordado con los internos antes de que se iniciaran los actuales conflictos.

En el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, identificó a la ex esposa de Santos Ramírez, Giovanna Navia, como una de las líderes del movimiento; mientras que en la penitenciaría de Miraflores señaló a la ex esposa de Blas Valencia como otra de las cabecillas de la convulsión.

“No tenemos todas las listas a mano, pero estamos seguros que en cada uno de los recintos penitenciarios hay personas interesadas”, insistió.

Recordó que en Chonchocoro, Fernández conquistó el apoyo de los reos ofreciéndoles una parrillada para la que utilizó 400 kilos de carne.

El Director de Régimen Penitenciario reafirmó que la Ley Financial de 2006 está vigente y que obliga a las nueve gobernaciones a financiar el prediario de los privados de libertad. Sin embargo, la norma temporal perdió vigencia en 2007.