Según estudio, en Bolivia se violan derechos y garantías

Un 72,5% dice que no existe independencia de poderes. La investigación se realizó en La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz con entrevistas a políticos, dirigentes de sectores y analistas.

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Un estudio de la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP), bajo el auspicio de la Fundación Konrad Adenauer, indica que en Bolivia no se ejercen plenamente y respetan los derechos y garantías ciudadanas.



La investigación se realizó en base a 200 entrevistas a políticos del oficialismo y de la oposición, dirigentes vecinales, sindicales e indígena originario campesinos, analistas políticos y económicos, empresarios privados y comunicadores sociales.

Un 70% de los entrevistados indica que no se ejerce plenamente y respetan los derechos y garantías ciudadanas mientras que un 29% considera que sí.

Las razones para sostener esta posición son la falta de una cultura democrática (38,1%), el Gobierno controla la justicia (25,9%), el Gobierno es autoritario (20,1) y el Gobierno ejerce persecución política (11,5%). El estudio indica que esto significa que no existen condiciones institucionales para alentar el ejercicio pleno de esos derechos.

Este estudio es presentado cuando el Gobierno afronta un ambiente conflictivo.

Asimismo, un 75,5% de los entrevistados considera que las garantías al debido proceso y a la presunción de inocencia no se respetan plenamente en el país frente a un 20% que dijo que sí.

Las razones de esta posición apuntan a que la justicia está politizada (38,4%), el Gobierno controla la justicia (27,8%) y la justicia es corrupta (24,5%).

Ante la consulta de ¿está plenamente vigente la seguridad jurídica en Bolivia? un 73% respondió negativamente y un 22% afirmó que sí hay seguridad jurídica para las inversiones.

El respeto a los derechos humanos también fue motivo de consulta. Un 53,5% dice que no se promueven y protegen adecuadamente estos principios mientras que un 42% cree que sí.

En las respuestas de los entrevistados se puede percibir que un 36% considera que sólo se protege los DDHH de los oficialistas, el Gobierno controla la justicia (28,8%) y que el Estado es débil y no puede hacer cumplir las normas (26,2%).

Asimismo, un 72,5% de los entrevistados considera que no hay independencia de poderes.

Para destacar

Consulta

En el estudio también se planteó valorar el estado del derecho de la libertad de expresión en una escala del uno al diez. El promedio de la calificación fue 5,58.

Conclusión

La investigación concluye que existe una situación precaria de derechos.

Punto de vista

“Grave omisión en el estudio (sobre democracia)”

Ilya Fortún, comunicador

Un estudio con un enfoque de esa naturaleza refleja, lamentablemente, una profunda ignorancia o, peor aún, una deliberada omisión del proceso político que el país ha vivido las últimas dos décadas. El principio mismo de intentar evaluar la calidad democrática en distintas latitudes, bajo los mismos parámetros, significa asumir que solamente existe una forma de democracia, referencial y ejemplar, y que no es posible pensar en diferentes formas democráticas. Los parámetros de valoración utilizados se limitan a la formalidad jurídica, y por lo tanto son absolutamente insuficientes para explicar la compleja y rica realidad política boliviana.No se puede dejar de señalar que intentar “medir” una revolución política en pleno desarrollo, con paradigmas de una democracia liberal y puramente representativa es un despropósito en términos de análisis político. Esta lectura, antojadiza y limitada, bajo la aparente legitimación académica y científica, oculta deliberadamente un sesgo ideológico y político. Los bolivianos, independientemente de nuestra tendencia política, nuestra extracción social, nuestro color de piel o nuestro lugar de nacimiento, hace varios años hemos decidido afrontar el desafío de suplir justamente esa democracia aparente e insuficiente que se quiere medir, por una demodiversidad.

El reto que la inmensa mayoría del país reconoce y sostiene es avanzar en la creación paulatina de un modelo propio que garantice la coexistencia de diferentes modelos de deliberación democrática. Este largo y perfectible camino que se tiene por delante apunta a una democracia intercultural, con calidades participativas, comunitarias y autonómicas. Ninguno de estos importantísimos avances, ni sus expresiones políticas se reflejan en el trabajo.

Punto de vista

“El estudio tiene insumos valiosos para el análisis”

Gabriel Chávez C., periodista

Los resultados del presente estudio sobre Calidad de la Democracia por una parte tienden a confirmar algunas percepciones ya bastante asentadas en la sociedad, como las referidas a la situación de la justicia, pero a la vez aparecen algunos aspectos nuevos y dignos de interés. Por ejemplo, la constatación de que la necesaria reconstitución del sistema de partidos políticos sólo sería posible incluyendo a liderazgos surgidos de las organizaciones sociales.

O, de manera preocupante y harto paradójica, el que un 77,2% de los entrevistados considere que las marchas, asambleas y otras formar de movilización y presión “son útiles para el fortalecimiento de la democracia boliviana”, no sólo porque “consiguen la atención de las demandas” sino porque serían la expresión de una “democracia directa”. También preocupa, y mucho, que para el 73% de los entrevistados “la seguridad jurídica no está plenamente garantizada”, señalando la mayor parte de ellos que esto obedecería a la “inexistencia de reglas claras” y en menor medida “a que las leyes no se cumplen”. Esta percepción, más allá de si responde del todo o no a los hechos, es claramente desfavorable para las inversiones nacionales y extranjeras y para la existencia de un clima de normalidad en la producción y las actividades económicas en general.

Eso sí, hay que anotar que el enfoque de este estudio, centrado en los aspectos formales y legales de la calidad democrática, podría haberse visto enriquecido con algunas valoraciones que arrojen luces sobre ciertos fenómenos novedosos, como el cambio de élites y las nuevas formas de participación, deliberación y decisión que llegan de la mano de las autonomías. En definitiva, resultan ser insumos valiosos para el análisis y la discusión, como ocurre en este caso específico.

Página Siete / La Paz – 01/04/2011