Crisis Santa Cruz. La ‘Yuracaré Mojeña’ es cochabambina; calvario: Villagómez sigue detenido

Desenmascarados. Rosmery Gutiérrez y su suplente son cochabambinos. Fiscalía cita a declarar a asambleístas de Verdes y se agrava la crisis interna de la Asamblea Departamental. Una legisladora del MAS amenaza con convocar sesión

imageUn abogado mostró el carné de identidad de Rosmery Gutiérrez (centro) y su suplente. Un mapa ubica a este pueblo entre Beni y Cochabamba.

El Día



Confirman que La ‘Yuracaré Mojeña’ es cochabambina

Niegan libertad a Villagómez y sigue su calvario

Desenmascarada. Así quedó Rosmery Gutiérrez Egüez, la “indígena” yuracaré que exige el curul a la Asamblea Legislativa Departamental y que ha provocado la detención del presidente, Alcides Villagómez, a quien ayer le negaron una acción de libertad y por la tarde suspendieron la audiencia cautelar en la que iban a determinar su destino.

"Cochabambina” le gritaron al entrar a la clínica Niño Jesús II y luego el abogado defensor del imputado, Roberto Parada, con documentos en mano, demostró el origen de la demandante  Gutiérrez y de su suplente Roberto Carlos Cortez Soria. "Como vemos en estas fotocopias simples de las cédulas de identidad de ambos demandantes, son nacidos en Puerto Villarroel, provincia Carrasco del Departamento de Cochabamba", manifestó el jurista.

Indicó que según la naturaleza del curul indígena, los candidatos deberían ser originarios del lugar donde postularon y no foráneos como lo demuestran los carnés, certificados de nacimientos y certificado de inscripción electoral en Valle Sánchez del municipio de Warnes.

Audiencia suspendida.  Los defensores de Villagómez, Roberto Parada y Richard Cardozo, decidieron abandonar la audiencia cautelar que se estaba desarrollando en el centro hospitalario donde está internado el asambleísta, debido a que se encontraba inconsciente  por los medicamentos suministrados.

Esa situación  fue determinante para que  Valeria Salas, juez octavo de Instrucción en lo Penal, decidiera suspender la sesión para las 9 horas de hoy.

Lo mismo que el martes pasado,  no se permitió el ingreso de la prensa a la audiencia.

Afuera de la clínica Niño Jesús II, un grupo de personas residentes de San Matías y Vallegrande, hacían vigilia exigiendo justicia transparente, al considerar que los administradores de justicia y  representantes del Ministerio Público son agentes persecutorios del Gobierno central.

Incluso al salir la juzgadora de esa centro hospitalario, la gente molesta le lanzó a su vehículo botellas plásticas y ladrillos, reclamando por la libertad de Villagómez.

Cívico pide no bajar los brazos.

Al suspenderse la cautelar, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, pidió a la población no bajar los brazos exigiendo justicia, libertad y respeto a la democracia y los derechos fundamentales de los perseguidos políticos como Villagómez y Alcides Vargas, presidente y vicepresidente de la Asamblea Legislativa respectivamente.

Villagómez se encuentra en su sexto día de aprehensión en la clínica y Vargas está a buen recaudo, por pesar sobre él una orden de aprehensión.

Vaca Díez pidió a los manifestantes doblar la cantidad de asistentes para hacer vigilia hoy a las 9 horas, para impedir un nuevo atentado a la libertad y la democracia como está acostumbrado el régimen masista en Bolivia.

Negaron su libertad. Por otro lado, en la mañana de ayer, la Sala Penal Primera dictaminó la improcedencia del recurso de acción de libertad interpuesto por la defensa del titular de la Asamblea Legislativa.

La decisión fue unánime de los vocales Alaín Núñez, Willan Tórrez y Editha Pedraza, al considerar que el fiscal Iván  Ortiz, no cometió ninguna irregularidad en la detención del imputado y menos en haber violentado la Constitución Política del Estado y las Leyes.

Marchas y bloqueos. Las marchas y bloqueos en pro y en contra de Villagómez continúan en el departamento.

Por un lado, se conoce por Zuleika Crespo, presidenta de los residentes matieños, que se han realizado bloqueos en la frontera Bolivia – Brasil, exigiendo por la liberación de su representante.

Referente a la marcha de campesinos que apoyan a Rosmery Gutiérrez y afines al partido de Gobierno, se sabe que ya estaban cerca de Portachuelo y en un par de días estarían llegando a Santa Cruz para cercar la Gobernación.

La tensión está latente y el conflicto se mantiene. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa continúa descabezada sin el presidente y el vicepresidente, por tener este último orden de aprehensión, la asambleísta masista Antonia Yrayigra, ya se prepara para asumir la jefatura del órgano legislativo.

30 Policías  

Resguardaron la clínica Niño Jesús II, quienes  tuvieron un impasse  con los manifestantes .

28 Curul

Del conflicto entre los pueblos Yuracaré-Mojeño y Mojeño.

‘Vice’ dice que  opositores mienten

El vicepresidente Álvaro  García linera aseguró que los líderes cruceños mienten al acusarlo de estar detrás de la detención de Alcides Villagómez.

DOS PERSONAS

Pelean el curul 28 de la Asamblea

David pérez.  Es el representante del pueblo mojeño. Se hizo conocido porque durante mucho tiempo, tambora incluida, estuvo reclamando su posesión en las puertas de la Corte Departamental Electoral. Posteriormente hizo vigilia en la Asamblea Legislativa Departamental y anunció que reclamaría ante la Organización de Naciones Unidas por la discriminación que estaba sufriendo. En sus últimas declaraciones explicó que para acabar con el litigio estaba dispuesto a que la Asamblea reconozca su curul y también el de la yucararé.

Rosmery gutiérrez Es la representante del pueblo yucararé. Ayer se molestó con los periodistas cuando éstos le preguntaron sobre cuál era el pueblo donde nació.

Ella habló en su idioma y dijo que estaba molesta con los periodistas y les pidió ir hasta la marcha para averiguar sobre la existencia de ese pueblo. Tanto ella como su suplente, Roberto Carlos Cortez Soria, son nacidos en Puerto Villarroel, Cochabamba. En el caso de ella votó la última vez en Valle Sánchez, municipio de Warnes, Santa Cruz.

Para entender el conflicto

CINCO PUEBLOS INDÍGENAS.  La Prefectura de Santa Cruz  reconoció a los guaraní, chiquitano, ayoreo, mojeño y  guarayo cuando se inició el proceso de autonomía departamental y éstos tuvieron su representación en el Consejo Departamental hasta antes del 2008.

RATIFICACIÓN.  Esos cinco pueblos indígenas fueron ratificados en el Estatuto Departamental aprobado el 4 de mayo del 2008 y en el art. 18 señala que cada uno de ellos debe tener su representación en la Asamblea Legislativa Departamental, ex Consejo Departamental.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.   Fue aprobada el  25 de enero del 2009 y en ella se reconoce la existencia de 36 pueblos indígenas, pero los pueblos mojeño y yuracaré son considerados cada uno en forma independiente, lo mismo que las lenguas, según el art. 5.

LA LEY DE CONVOCATORIA A ELECCIONES . Estableció que el  6 de diciembre del 2009 en los departamentos donde ganó el Sí a la autonomía cada pueblo indígena elija a su representante para tener presencia en la Asamblea Departamental. De ese modo en Santa Cruz uno de los cinco grupos étnicos, el mojeño, eligió a David Pérez.

APARECE LA YURACARÉ MOJEÑO.  Los representantes de los pueblos guaraní, chiquitano, ayoreo y  guarayo recibieron sus credenciales pero apareció Rosmery Gutiérrez reclamando su espacio señalando que se trata del mismo pueblo y la Corte Nacional Electoral dejó el tema en suspenso.

LA LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL Aprobada el 30 de julio del 2010 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, de mayoría masista, contempló ya la existencia de la etnia yuracaré-mojeño y con esa base legal Gutiérrez demandó a la Asamblea Legislativa Departamental su posesión y planteó un Amparo Constitucional.

PROCEDENTE.  Fue el fallo en favor de  Gutiérrez y ésta conminó a la Asamblea Legislativa Departamental dar cumplimiento pero éstos apelaron al Tribunal Constitucional. Fue ahí que la fiscalía intervino y ordenó la aprehensión de Alcides Villagómez, por no dar cumplimiento.

La Fiscalía cita a declarar a asambleístas de Verdes

Proceso. La citación a los legisladores oficialistas de la Gobernación agrava la crisis interna de la Asamblea Departamental. Una legisladora del MAS amenaza con convocar sesión

El Deber, Aideé Rojas C.

La Fiscalía del Distrito ratificó ayer que citó a declarar a 12 miembros de la bancada de Verdes en la Asamblea Legislativa Departamental, afines al gobernador Rubén Costas, para que respondan por el incumplimiento de la resolución judicial que instruye la posesión de dos indígenas en el curul correspondiente a la etnia yuracaré-mojeña.

Entretanto, la segunda vicepresidenta del legislativo, Antonia Irayigra, del MAS, anuncia la posibilidad de convocar la sesión para asignar el curul a Rosmeri Gutiérrez y Roberto Carlos Cortez, como representantes de los pueblos yuracaré-mojeño en la Asamblea de Santa Cruz.

La citación contra los oficialistas se produjo un día después de que el Ministerio Público ratificara la existencia de una orden de aprehensión contra el segundo vicepresidente de la Asamblea, Alcides Vargas, de la agrupación oficialista Verdes, y cuando por cuarta oportunidad consecutiva se suspende la audiencia en contra del presidente del organismo legislativo, Alcides Villagómez.

A pesar de que el fiscal anticorrupción, Edward Mollinedo, ratificó la citación en contra de los legisladores de Verdes,  los asambleístas Javier Limpias, Wilfredo León y Lili Luisa Ramos (suplente de Jorge Santistevan) aseguraron, por separado, que hasta ayer no habían recibido la notificación sobre el proceso y no se presentarán a declarar porque es una ‘persecución política’ para desestabilizar el pleno de la Asamblea Legislativa.

Los oficialistas son acusados por los supuestos delitos de emitir resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de un amparo constitucional, referente a la pugna por el curul indígena.

Previo al inicio de la audiencia en la sala Penal Primera de la Corte Superior de Distrito para tratar el recurso de acción de libertad presentado por Villagómez, algunos asambleístas optaron por abandonar el plenario para no recibir la notificación.

Las citaciones ahondan aún más la crisis interna del legislativo regional, que ahora no solo deberá enfrentar la amenaza de la aprehensión de Vargas y la suspensión de la audiencia cautelar de Villagómez, sino que también se enfrenta a la advertencia lanzada por la segunda vicepresidenta del legislativo, Antonia Irayigra, del MAS, de convocar la sesión para seleccionar las ternas de vocales electorales y tomar posesión a los delegados indígenas de yuracaré-moxeño.

Al respecto, el jefe de bancada de Verdes, Javier Limpias, descartó esa posibilidad, por considerar que Irayigra es minoría en la directiva de la Asamblea y porque Villagómez y Vargas siguen en el cargo de presidente y vicepresidente del legislativo porque no han sido suspendidos ni destituidos.

“El MAS quiere desestabilizar a la Asamblea y la Gobernación para agilizar los procesos contra el gobernador Rubén Costas”, dijo Limpias, al cuestionar a Rosmeri Gutiérrez y Roberto Carlos Cortez, de exigir el curul por una etnia que, según él, no existe en la normativa legal ni en el Estatuto Autonómico.

Sobre ese tema, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, opinó que con la negativa de habilitar a los indígenas yuracaré-moxeño no se viola ningún derecho político sino que se enmarca en la legalidad y abrió la posibilidad de aumentar el número de delegados a la Asamblea, pero para futuras gestiones y previo a la adecuación del Estatuto Autonómico a la Constitución Política del Estado.

La senadora masista Gabriela Montaño exigió al gobernador Rubén Costas no entrometerse en la Asamblea Legislativa para que esta cumpla con el dictamen judicial de posesionar a la indígena Rosmeri Gutiérrez y Roberto Carlos Cortez.

Es un matrimonio interétnico

Ruperto Romero | Antropólogo y catedrático de la Uagrm

Los yuracaré-mojeño habitan en el territorio cruceño desde hace 20 años y están afiliados a la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz y, por lo tanto, a la Cidob. Son aproximadamente unas 20 comunidades que viven en la orilla del río Ichilo, provincia Ichilo, más allá de Yapacaní. 

Se denomina así a ese grupo indígena porque son comunidades o matrimonios interétnicos de mojeños y de yuracarés que vivían por la zona, por lo tanto, como es una unión matrimonial de personas de esas dos etnias la comunidad se denomina yuracaré-mojeño. 

Es muy común en la zona del parque Isiboro Sécure y del parque Amboró donde todavía hay comunidades yuracaré, yuqui, chimanes y también hay mojeño-trinitario, y ellos corresponden a la lengua mojeña trinitaria porque se trata de comunidades interétnicas, por eso es difícil decir si es que son mojeños o yuracarés. 

Esta etnia también habita en territorio de Santa Cruz, de Cochabamba y Beni, pero la mayor central está en el trópico de Cochabamba; en esa zona tienen la comunidad Consejo Nacional Indígena Yuracaré (Conyura). La pelea por el curul en la Asamblea se debe a un problema de representatividad y, al parecer, a una mala precisión de los que elaboraron los reglamentos, e incluso la Constitución, que ignoran un poco esta característica de la comunidad interétnica.

La marcha está en San Carlos

El grupo reducido de aproximadamente 30 marchistas, entre niños, mujeres y adultos de las etnias yuracaré-mojeño permaneció ayer en la localidad de San Carlos, ante el número evidente de pocos integrantes. 

Ramiro Galindo, esposo de Rosmeri Gutiérrez, que busca ser posesionada en la Asamblea Legislativa Departamental, dijo que ayer por la tarde comenzaron a sumarse otros marchistas de pueblos indígenas que pertenecen a la Cidob y que hoy a las 6:00 se reiniciará la marcha hasta Buenavista. La paralización de la caminata coincidió con la audiencia en la sala penal primera de la Corte Superior de Distrito para tratar el recurso de acción de libertad que interpuso el titular del legislativo, Alcides Villagómez.  

Previo a la audiencia, Gutiérrez mostró su molestia con los periodistas que consultaron su lugar de nacimiento y de sufragio en el proceso electoral de 2010, en la que indica que votó en Valle Sánchez, provincia Warnes.

     Qué dice la ley   

Ley 4021. Art. 32, (distribución de escaños). En este punto hace referencia a los escaños indígenas  para Santa Cruz al pueblo guaraní, chiquitano, ayoreo, guarayo y moxeño para el curul indígena para diputados nacionales. Pero también los indígenas yuracaré forman parte de la representación legislativa de Cochabamba junto a los yuqui.

Art. 66 de la Ley 4021.- En el inciso a del punto IX de este artículo que hace referencia a la composición de la Asamblea Departamental indica que los pueblos indígenas ayoreo, guaraní, chiquitano y moxeño tendrán un representante dentro del legislativo regional.

Art. 57 de la Ley del Régimen Electoral7). En el punto II de este artículo establece que el representante indígena para la Cámara de Diputados indica que los pueblos indígenas de Santa Cruz son Chiquitano, Guaraní, Guarayo, Ayoreo y Yuracaré – Mojeño. En ese mismo punto hace referencia a que la representación indígena para Cochabamba son Yuki y Yuracaré. En el art. 66 no indica qué pueblos formarán parte del legislativo regional.

Estatuto autonómico. En el art.18 de esta norma, establece que los pueblos originarios de Santa Cruz que tendrán representación en la Asamblea son ayoreo, chiquitano, moxeño y guaraní.

Justicia rechaza recurso y Villagómez sigue detenido

Proceso. Una acción de libertad presentada fue declarada improcedente. La audiencia cautelar se suspendió por cuarta vez. García Linera e Iván Canelas acusan a los asambleístas de discriminadores

imageProtesta. Varias personas se apostaron frente a la clínica donde se realizó la audiencia de Alcides Villagómez

El Deber, Freddy Lacio/agencias

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental cruceña, Alcides Villagómez, pasará una segunda noche de incertidumbre sobre su situación jurídica en la clínica Niño Jesús II, luego de que en la jornada precedente la justicia declaró improcedente un recurso interpuesto por sus abogados defensores para liberarlo, mientras que su audiencia de medidas cautelares, que debió realizarse el domingo, fue suspendida por cuarta ocasión.

Por su parte, el Gobierno lanzó sus dardos en contra del organismo, acusando a los asambleístas afines al gobernador Rubén Costas de discriminadores por no posesionar a Rosmeri Gutiérrez Herbas como representante del pueblo yuracaré-moxeño.

La Fiscalía pidió la aprehensión de Villagómez y del primer vicepresidente de la asamblea, Alcides Vargas (que se encuentra prácticamente en la clandestinidad), y citó a declarar a 12 asambleístas, acusados por los delitos de desobediencia a resoluciones en proceso de amparo constitucional y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, por no dar cumplimiento a una resolución de la Sala Civil Segunda de Santa Cruz, que el 17 de febrero ordenó habilitar como asambleísta a Gutiérrez y a su suplente.

Por la mañana, la Sala Penal Primera de la Corte distrital declaró improcedente un recurso de acción de libertad, interpuesto por los abogados de Villagómez, donde se argumentaba que la Fiscalía violentó los derechos constituciones del presidente de la Asamblea al mantenerlo detenido por más de 48 horas.

Los vocales William Tórrez, Alaín Núñez y Edita Pedraza se pronunciaron contra el pedido de forma unánime, rechazando la posibilidad de liberar a la autoridad legislativa.

Ya en la tarde, en la clínica Niño Jesús II y con la presencia de gran número de efectivos policiales, se trató de instalar la audiencia cautelar para definir la situación jurídica del asambleísta, pero debido a que Villagómez fue medicado por su cuadro hipertensivo y no se encontraba completamente lúcido, su abogado defensor Richard Cardozo abandonó la sala donde se instaló la sesión, obligando a la jueza Octava de Instrucción en lo Penal, Valeria Salas, a suspender el acto procesal hasta las 9:00 de hoy.

Desde La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera denunció que los asambleístas cruceños no posesionan a Gutiérrez “por cálculo político e intolerancia”. “Es una falta absoluta de respeto a los pueblos indígenas. Ellos tienen el mismo derecho que cualquier boliviano de ejercer sus cargos”, dijo el mandatario.

Muy similar posición fue expresada por el ministro de Comunicaciones, Iván Canelas, que de paso por Santa Cruz afirmó que la no posesión de la representante indígena “es un acto discriminatorio de desacato a la ley”.

En contrapartida, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, que llegó hasta la clínica para acompañar a Villagómez, manifestó que Santa Cruz apostó por la autonomía y la democracia, pero que el Gobierno quiere conculcar sus derechos imponiendo a una persona afín al MAS con la intencionalidad de desestabilizar la gestión de Rubén Costas.

Cuestionan residencia de denunciante

Rosmeri Gutiérrez Herbas de Galindo, la supuesta representante del pueblo yuracaré-moxeño elegida para asumir un curul en la Asamblea Departamental, nació en la localidad de Puerto Villarroel, en la provincia Carrasco de Cochabamba, y tiene domicilio en el barrio Vallecito 2, en la zona de Valle Sánchez, provincia Warnes del departamento, donde emite su voto en tiempo de elecciones.

Ayer, durante la audiencia cautelar del presidente de la Asamblea, circuló entre la gente copias del carné de identidad, certificado de nacimiento y certificado de inscripción electoral de la demandante, poniendo en duda su habilitación como asambleísta indígena.

Además, durante la audiencia en Palacio de Justicia, algunos medios televisivos pidieron a la señora que pronuncie algunas palabras en idioma yuracaré-moxeño, a lo que se negó aduciendo que lo que pretendían los periodistas era hacerle “pisar el palito”.

El abogado Richard Cardozo, defensor de Alcides Villagómez, señaló que los documentos demuestran que la demandante ni siquiera es residente en la comunidad de donde dice provenir.

En contrapartida, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) expresó su apoyo a la que considera legítima representante de la etnia.

      La jornada   

Palacio. La audiencia de acción de libertad de Villagómez en el edificio del Palacio de Justicia comenzó a las 11:00 y concluyó a las 13:30. Los vocales de la Sala Penal Primera de la Corte de Distrito permitieron el ingreso de la prensa y de otras personas, que acompañaban al presidente de la Asamblea. Poco antes de la lectura de la resolución que negó la lilbertad al aprehendido, el presidente de la sala ordenó que retiren del lugar a unas personas por sus expresiones de apoyo a Villagómez.

En la clínica. Efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) se desplegaron desde temprano en los accesos a la clínica Niño Jesús II, en previsión a posibles desbordes de los seguidores del asambleísta. Los únicos incidentes se produjeron cuando Rosmeri Gutiérrez llegó al centro escoltada por agentes y casi fue agredida por unas mujeres, que en el intento de tomar a la indígena del pelo, ocasionaron la caída de un policía al suelo, y cuando tras la suspensión de la audiencia la jueza Valeria Salas, los fiscales y los denunciantes salieron en un solo vehículo, que fue blanco de botellas plásticas lanzadas por la gente que esperaba fuera.

Llamado. Aunque las personas en vigilia por Villagómez fueron bastantes, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, pidió aumentar el número hoy, cuando se realice la audiencia cautelar.Bloqueo. Los pobladores de San Matías, que reclaman por la detención de su representante en la Asamblea Legislativa Departamental, Alcides Villagómez, mantienen inalterable el cierre del paso carretero hacia el lado brasileño en la provincia Ángel Sandóval y ayer, ante el anuncio de que llegaba un contingente militar por vía aérea, bloquearon la pista del aeropuerto matieño. El presidente cívico de ese municipio, Miguel Rojas, dijo que si Villagómez no es liberado en el transcurso de hoy, los pobladores tomarán los recintos aduaneros del lugar.