Gobierno pretende refundar la Policía; institución dejará de administrar Bs. 75 millones por año

Llorenti anticipa que saldrán nuevos casos de corrupción y 4 medidas “revolucionarias” para cambiar la Policía. Gobierno garantiza recursos para infraestructura, Musepol y Covipol.

image La Prensa, Malú Callejas

Con 4 medidas, el Gobierno pretende refundar la Policía

Transformación: Dos de los cambios fueron ejecutados y otros dos están en proyección.



El Gobierno pretende refundar la Policía Boliviana con la aplicación de cuatro reformas que fortalecerán la institución y lucharán contra la corrupción interna.

“Estamos en un proceso de transformación y fortalecimiento de la Policía, hemos tomado varias medidas en ese sentido, medidas históricas para la refundación… revolucionarias”. Ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, hizo esa afirmación en una rueda de prensa ofrecida en su despacho.

Una de los cambios fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Evo Morales cuando destituyó de la comandancia nacional al general Ciro Farfán por el caso de la camioneta “clonada” y posesionó en su lugar al general Jorge Santiesteban. Dijo que la Policía dejará de administrar las recaudaciones por cédulas de identidad y por licencias de conducir.

LAS MEDIDAS. La primera fue aplicada a principios de este año. Se trata del reglamento para la admisión de aspirantes a los institutos policiales.

“Es un cambio trascendental porque no sólo se acabó con un foco de corrupción, se cortó cobros irregulares, sino que se garantiza que los que ingresarán serán los mejores”.

La segunda medida fue la promulgación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, en abril, con el propósito de devolver a la institución el principio de la disciplina.

La nueva ley sanciona de manera inmediata al policía encontrado en flagrancia en algún hecho irregular; además, incorpora la figura de agentes encubiertos para detectar hechos de corrupción en filas de la institución, entre otras disposiciones.

FOCOS DE CORRUPCIÓN. La tercera introducción es la desvinculación de la Policía de la administración de la Dirección Nacional de Identificación y de la emisión de licencias de conducir vehículos. “Son dos focos de corrupción y pasarán a ser entidades descentralizadas con administración cien por ciento civil para la recaudación y otorgación de cédulas y licencias para garantizar que sean efectivas”.

El proyecto de ley para esta medida está listo y en los próximos días será remitido a la Asamblea Legislativa para su aprobación.

La autoridad señaló que más de 1.000 policías que trabajan en Identificación y licencias serán promovidos a tareas específicas de seguridad ciudadana.

Las recaudaciones, que llegan a más de 75 millones de bolivianos anuales, no serán afectadas, pues se invertirán en infraestructura, en la mutual y la cooperativa de vivienda.

Los salarios de los funcionarios civiles serán desembolsados por el Tesoro General del Estado y está previsto un presupuesto para modernizar la administración de estos servicios.

Llorenti dijo que esa transformación permitirá tener una base de datos fidedigna para identificar a los bolivianos, pues se pretende cruzar la información con el padrón biométrico, el Registro Cívico e Identificación.

“La base de datos tiene que estar al alcance de la Policía para fines investigativos en la lucha contra la delincuencia”, aclaró.

Al menos, se quiere eliminar las largas filas de ciudadanos con brigadas móviles de cedulación.

Y la cuarta medida, que está en proceso de diseño, es la creación de un consejo ciudadano que reformará la currícula de los institutos policiales.

Se pretende que participen expertos policiales y el Ministerio de Educación, ya se invitó al rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Reymi Ferreira, y se convocará a Antonio Peredo.

“Estas medidas no son improvisadas, han sido trabajadas durante varios meses”, explicó.

Cinco elementos que complicaron a Farfán

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, explicó ayer que cinco elementos del caso de la camioneta “clonada” condujeron a la destitución del general Ciro Farfán del Comando policial a los 68 días de haber sido posesionado en el cargo.

El principal elemento. Farfán ordenó al exdirector nacional de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), coronel Jorge Águila, que brindara una conferencia de prensa sobre unos documentos de dudosa procedencia de los cuales no tenía conocimiento y que guardaban relación con la camioneta “clonada”. Al final, la conferencia fue ofrecida por el entonces director departamental Carlos Quiroga sobre una denuncia manuscrita de la esposa del cabo Germán L. S. —cuya credencial fue hallada en el vehículo— sobre el robo de autopartes.

Quiroga fue destituido y querellado por el Ministerio de Gobierno por dilatar la investigación.

Los otros elementos se refieren a las contradicciones de L. S. en el caso, hombre de confianza de Farfán, según aseguró Llorenti, y las dilaciones y obstrucciones en la investigación.

El Ministro de Gobierno aseguró, también, que el general Farfán no cumplió la orden de luchar contra la corrupción policial, aunque se abstuvo de formular otros comentarios.

Cabo L. S. calla y es detenido

El cabo Germán L. S. se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio en el caso de la camioneta “clonada” y la Fiscalía de Aduanas ordenó su aprehensión.

La fiscal Rosario Durán informó que el efectivo fue imputado de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica, asociación delictuosa, contrabando y otros.

Germán L. S. es investigado a raíz de que su credencial policial fue encontrada el 5 de mayo en una camioneta con placas clonadas y porque se comprobó que la dueña de ese vehículo es su esposa.

El Ministerio Público envió unas 40 solicitudes de información relacionada al motorizado clonado, entre ellas, a la Alcaldía y al Organismo Operativo de Tránsito.

El cabo está detenido en celdas judiciales y hoy comparecerá ante un juez.

Para destacar

Grave. Gobierno asegura que el general Ciro Farfán no cumplió la orden de limpiar la Policía.

Implicado. El ex jefe de Diprove, coronel Carlos Quiroga, fue querellado.

Anuncio. El Gobierno dice que en días más denunciará otros hechos de corrupción policial.

La Policía dejará de administrar 75 millones de bolivianos / año

Gobierno garantiza recursos para infraestructura, Musepol y Covipol

Medida. El Ejecutivo dice que la transferencia de 2 servicios no pretende debilitar presupuesto de la Policía.

image En oficinas de Tránsito se tramitan las licencias de conducir.

Página Siete / La Paz –

Los aproximadamente 75 millones de bolivianos anuales que dejará de percibir directamente la Policía por la administración y recaudación de los servicios de identificaciones y licencias de conducir serán compensados por el Estado, a fin de que su presupuesto no sea afectado.

“Restándole los fondos de funcionamiento, el Estado va a garantizar que la Policía siga recibiendo esos recursos que son utilizados en infraestructura, así como los recursos para Musepol y Covipol”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti.

Según la autoridad, el 100% de los aproximadamente 75 millones de bolivianos iba a un fondo común de la institución verde olivo y era distribuido de varias formas.

El miércoles, el Gobierno anunció su decisión de transferir los servicios de carnetización y de licencias de conducir -dos de las actividades consideradas focos de corrupción- a manos de la sociedad civil.

Llorenti consideró que esa decisión no “debiera” generar malestar en las filas de la institución policial, aunque admitió que “habrá gente a la que no guste la idea”, pero que más allá de eso existe un consenso ciudadano.

Explicó que la medida fue necesaria porque el Gobierno quiere adecuar a la Policía a su rol constitucional, es decir, a tareas de orden y de seguridad.

Llorenti precisó que en el proyecto de ley, que hará efectiva la transferencia de los dos servicios a manos de la sociedad civil, que se garantizan los derechos adquiridos de los jubilados, es decir, los recursos para la Mutual de Seguros del Policía (Musepol), así como para el Consejo de Vivienda Policial (Covipol).

Llorenti afirmó que la finalidad de transferir los servicios de identificaciones y licencias a entidades descentralizadas conformadas por personas civiles, no se pretende debilitar el presupuesto de esa institución, si no al contrario, fortalecerlo.

Para ello se prevé, por ejemplo, modernizar el sistema de carnetización, así como el de licencias de conducir. Además de ello se prevé acortar el tiempo de entrega de esos documentos, entre otras medidas.

La corrupción

Hechos El Gobierno decidió elaborar una ley para que los servicios de emisión de carnets de identidad y de brevets pasen a tuición de dos entidades descentralizadas administradas por civiles.

Irregular La decisión fue asumida debido a que esas dos entidades son consideradas focos de corrupción.

Recursos Anualmente, los dos servicios recaudan al menos 75 millones de bolivianos que deben ser distribuidos. El Ejecutivo garantiza que el presupuesto de la entidad no será afectado.

Las medidas “revolucionarias”

Al menos tres medidas “revolucionarias” fueron asumidas por el Gobierno para encarar la refundación de la Policía boliviana, según aseguró ayer el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Una cuarta disposición está en camino.

Según la autoridad, la primera medida estructural fue cambiar el reglamento de ingreso a la Academia y a las escuelas básicas de policías, una tarea que fue encarada por varias instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo. Esa decisión, según Llorenti, permitió no sólo acabar con un foco de corrupción, si no que se garantiza que los que se vayan a formar en esa institución sean los mejores hombres y mujeres. La segunda “gran medida”, dijo Llorenti, fue la aprobación del nuevo régimen disciplinario de esa institución, que está contenida en la Ley 101. Esa norma, aseguró, permite ejercer un principio fundamental que es la disciplina. Así, los procesos internos contra policías infractores se acortan, pero además de ello si un uniformado es hallado en un acto ilegal, en flagrancia, es suspendido en el día sin goce de sus haberes. A ello se suma que para descubrir hechos ilegales se incorporaron a agentes encubiertos. La tercera medida fue la de desvincular de la Policía la administración y recaudación de los servicios de identificaciones y de licencias.

Una cuarta disposición, que está en curso, prevé cambiar la currícula educativa del policía.

Llorenti anticipa que saldrán nuevos casos de corrupción

Ministerio Público investigará cobros para destinos policiales

Proceso, “No se sorprendan de que desarticulemos grupos corruptos en las próximas semanas”, dijo Llorenti. Agentes encubiertos realizan las labores de investigación.

Pagina Siete, La Paz

image El ministro Sacha Llorenti en la conversación con medios de comunicación impresos.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, anticipó que en las próximas semanas se conocerán nuevos casos de corrupción en la Policía Nacional, producto del trabajo de agentes encubiertos e investigaciones de su despacho.

“Que a la gente no le sorprenda que en las próximas semanas aparezcan más casos de corrupción en la Policía. Ése va a ser un síntoma de que los operativos y dispositivos de lucha están funcionando. Antes, todo el mundo sabía de la corrupción, pero se escondía. Ahora no. No se sorprendan de que desarticulemos grupos corruptos en las próximas semanas. Eso va a suceder”, manifestó el Llorenti.

La autoridad gubernamental afirmó que la corrupción es una práctica que se da en la minoría de los policías, pero que está incrustada en varias de las ramas de la entidad del orden.

Llorenti recibió ayer a periodistas de medios impresos para explicarles las transformaciones en la entidad policial a partir de la destitución de Ciro Farfán de la comandancia general.

Una de las determinaciones dispuestas por el presidente Evo Morales es que la institución verde olivo deje de administrar el Servicio de Identificaciones y la emisión de licencias de conducir, lo que significa que la Policía dejará de percibir unos 75 millones de bolivianos.

El Jefe de Estado explicó que la corrupción en la Policía empieza en las recaudaciones.

El ministro Llorenti afirmó que en muy poco tiempo se comenzarán a ver los resultados de la implementación de la Ley 101 de Reglamento Disciplinario en la Policía.

La autoridad no quiso adelantar nada sobre el trabajo de los agentes encubiertos para no “perjudicar” las investigaciones ni “alertar” a los posibles oficiales corruptos.

Actualmente existen alrededor de 700 procesos disciplinarios abiertos en la Policía, no todos por actos corruptos.

La nueva norma policial establece que los oficiales que sean hallados flagrantes en la comisión de un delito sufrirán el congelamiento de su salario.

Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, anunció que se investigarán los cobros irregulares que se realizan, fundamentalmente los que se hacen para definir destinos. El Ministerio de Gobierno impulsará una investigación en la Fiscalía sobre este tema.

“Sabemos que se está cobrando dinero por cambio de destinos o por evitar un cambio de destino, es un tema que está siendo objeto también de investigación, no sólo por las instancias disciplinarias propias de la Policía, sino también por parte del Ministerio Público”.

Por su parte, el nuevo comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, reiteró que desde su oficina impulsará una campaña “inflexible” para erradicar la corrupción en su institución.

Llorenti afirmó que confía en que la nueva autoridad cumplirá el mandato del Presidente de erradicar la corrupción.

Los detalles

Investigaciones El Ministerio de Gobierno realiza investigaciones sobre los grupos corruptos que operan en el interior de la Policía.

Infiltrados Los agentes encubiertos en el interior de las filas policiales ya estarían operando. Ésta es una de las innovaciones incluidas en la Ley de régimen Disciplinario Policial.

Anuncio El ministro Sacha Llorenti afirmó que en las próximas semanas se conocerán nuevos casos de corrupción por el trabajo que viene realizando su despacho.

Proyecto de ley fue enviado a la Asamblea

Página Siete / La Paz

El Ministerio de Gobierno envió ayer al Órgano Legislativo el proyecto de ley para que la recaudación y administración de recursos provenientes de trámites de identificación personal y licencias de conducir pasen a manos de civiles, confirmaron fuentes oficiales en La Paz, según la gubernamental ABI

El proyecto de ley “ya fue enviado” para su tramitación a la Asamblea Legislativa Plurinacional, precisaron a la agencia estatal ABI. “El servicio estatal en vez de que esté en manos de nuestros policías, va a estar en manos de funcionarios del Estado, pero del ámbito civil”, complementó el vicepresidente Alvaro García Linera, en declaraciones efectuadas en la ciudad de Santa Cruz.

La medida fue adoptada luego de que el presidente Evo Morales relevara el miércoles al general Ciro Farfán, envuelto en una gran corruptela, dos meses de echar, también por corrupción, a su predecesor Óscar Nina.

La recaudación y administración de fondos provenientes del pago, por civiles, se mantuvo en manos de la Policía desde la década de los 50.

La Policía opuso tenaz resistencia en 2007 cuando, en medio de denuncias de corrupción en la otorgación de cédulas de identidad, se negó a retirarse de la formulación de tales trámites que dejan en las arcas policiales recursos que, además de financiar el pago de nóminas salariales, crearon ambiciones personales.

Norma anunciada

Anuncio El proyecto de ley que prevé la reestructuración de la Policía fue anunciado el miércoles por el presidente Evo Morales, quien explicó que la decisión asumida desde su Gobierno será muy importante para mejorar la conducta y la imagen de toda la institución.

Posesión La orden presidencial se hizo a tiempo de posesionar al nuevo comandante de la Policía Nacional, Jorge Santiesteban Claure, y destituir al general Ciro Farfán, quien fue identificado en un caso de corrupción con una placa clonada en una camioneta. Morales también pidió transparentar el ingreso a la Anapol.

Reformarán el currículo de instituciones de formación

El Gobierno conformará un Consejo Ciudadano para que modifique la currícula de las instituciones de enseñanza de la Policía boliviana, a fin de que esa instancia elabore la nueva doctrina de la institución policial, que estará vinculada a la “Policía comunitaria, de acercamiento al ciudadano”.

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó que ese consejo reformulará la currícula de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y de otras instituciones de formación policial, como las escuelas básicas.

“Ahí van a estar expertos de la Policía formados para este tema y también personalidades, estará el ministro de Educación, la CUB, estará Reymi Ferreira, me encantaría que participe Antonio Peredo”, afirmó.

La finalidad de elaborar una nueva doctrina, dijo el ministro, es para “darle prestigio a nuestra Policía, que el uniforme sea un sinónimo de admiración, de respeto, de cariño, de consideración, de amparo”.

El Gobierno comenzó a encarar una serie de reformas de la institución policial a raíz de una serie de actos de corrupción que fueron conocidos en el último tiempo. El Gobierno prevé devolverle a la entidad policial su rol constitucional, cuales son los temas de orden y seguridad.