Hallan autos ilegales cerca de ente policial

De 36 vehículos, 8 tenían placa ilegal, uno era robado.

Policías amenazan con recurso judicial: Miembros del servicio pasivo están molestos con la transferencia.

image En La Paz. El frontis de la Escuela Superior de Policías, en la calle Iturralde de Miraflores.



La Razón – Ernesto Calizaya

Hallan carros y motos ilegales alrededor de escuela policial

Diprove. De 36 vehículos, ocho tenían placa ilegal, uno era robado

El 11 de mayo, dos investigadores de Diprove descubrieron que el 80% de las motocicletas y el 25% de los vehículos estacionados alrededor de la Escuela Superior de Policías de La Paz tenían irregularidades, como placas hechizas y clonadas. Incluso uno estaba reportado como robado.

Fue a las 08.50 de ese día que dos investigadores de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) revisaron los motorizados que estaban estacionados alrededor del centro policial, en la avenida Iturralde de Miraflores. Posteriormente, los uniformados presentaron un informe al entonces director departamental de la Diprove, coronel Carlos Quiroga.

El informe señala que “de las 24 motocicletas revisadas, 19 no se encuentran registradas en el sistema del RUAT”, además que de los 36 vehículos que inspeccionaron en las proximidades de esa institución policial, “seis se encuentran con placas que no les corresponden y dos se encuentran con placas hechizas ‘gemeleadas’”.

Irregular. El término “gemeleadas” hace referencia a las denominadas matrículas clonadas, como las que se encontró en la camioneta Dodge, modelo Dakota, que fue descubierta el 5 de mayo en cercanías de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz y que actualmente es motivo de una investigación promovida por el Ministerio de Gobierno. Se presume que el dueño de ese vehículo es el cabo Germán Loza, exestafeta del ahora excomandante de la Policía, general Ciro Farfán.

Fue precisamente a raíz del escándalo provocado por la aparición de esa camioneta Dodge que se realizó la revisión de los motorizados parqueados frente a la Escuela de Policías. La instrucción fue dispuesta a través del “Memorándum Circular Fax N° 082/2011”, enviado por el general Jorge Santiesteban, quien en esa fecha era el subcomandante general de la Policía Boliviana, según la documentación a la que tuvo acceso La Razón.

Orden. En el citado memorándum, Santiesteban ordena que “se encuentra terminantemente prohibido que el personal policial, en sus diversos grados, estamentos y jerarquías, conduzca y/o tenga en su poder vehículos indocumentados (chutos, gemelos y de otra procedencia ilegal)”.

El informe de la revisión realizada en cercanías de la escuela policial de Miraflores fue remitido al entonces director nacional de Diprove, coronel Jorge Águila Céspedes, y éste, a su vez, lo hizo llegar al general Farfán, el mismo día del operativo, resaltando que “se evidenciaron dos vehículos con placas ‘gemeleadas’, uno con reporte de denuncia de robo y seis vehículos que no se encuentran registrados en el sistema del RUAT”, además que se habría instruido la investigación de los tres primeros y que se informe sobre la situación del resto a la Aduana.

Farfán, el 13 de mayo, cinco días antes de ser destituido, pidió a la Dirección Nacional de Diprove que “en el día” se le haga llegar un informe pormenorizado sobre los propietarios de esas motos y vehículos, pero tras la intervención de las oficinas de Diprove y el alejamiento de Farfán del comando, no se supo en qué quedó esa solicitud y el correspondiente proceso de indagación.

Gustavo Torrico advirtió

“Si se dan una vuelta los medios o la Aduana por donde está el Comando de la Policía, Diprove o un centro policial, de los 20 vehículos de la Policía, 19 y medio son clonados”, afirmó Gustavo Torrico.

Llorenti reitera que hay red de clonadores

El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, reiteró ayer que existe una red de clonadores de placas para vehículos y que ésta tiene a policías implicados.

“Yo estoy convencido de que sí existen redes, que no solamente trafican con placas clonadas, con vehículos indocumentados y con vehículos robados. Por supuesto, esto tiene que desenmarañarse y los responsables ser identificados y procesados”, sostuvo Llorenti.

La autoridad reveló que se convocó al actual responsable de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), que es el interventor, y a todos los directores departamentales de esa repartición, para que brinden un informe sobre los casos que han descubierto y cuáles son las conclusiones iniciales de este proceso de intervención.

El trabajo de los jefes policiales debió haberse realizado los últimos días y debe ser presentado esta semana. El Gobierno intervino Diprove el 18 de mayo, en todo el país, tras descubrirse los vínculos de algunos uniformados con una red y el escándalo de una camioneta con placas clonadas.

Policías amenazan con recurso judicial

Miembros del servicio pasivo están molestos con la transferencia

La Razón

De aprobarse en el Legislativo la ley que transfiere las oficinas de Identificación y Licencias a entidades civiles, los policías jubilados advirtieron con presentar un recurso de inconstitucionalidad, porque aseguran que este cambio  atenta contra la Carta Magna.

“Estamos esperando a que se apruebe la ley. Estamos trabajando con un consorcio de abogados para presentar un recurso de inconstitucionalidad. Los 185 años (que maneja la Policía Boliviana estos servicios) lo quieren borrar de un plumazo”, manifestó el coronel (r) Carlos Camberos, presidente de la Asociación Nacional del Servicio Pasivo Policial.

Dijo que sólo piden “el respeto a la institución y el derecho a la profesión”, que se le quiere quitar con la transferencia de ambos servicios.

Camberos se basó en el artículo 251 de la Carta Magna, que establece que la entidad uniformada “ejercerá la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, conforme a la Ley Orgánica de la Policía Boliviana y las demás leyes del Estado”.

El recurso, según el representante de los jubilados, se presentará al Tribunal Constitucional o, en todo caso, “apelaremos ante un órgano judicial competente en el país”.

Dijo estar representando a todos sus camaradas del servicio pasivo, pero al mismo tiempo a todos los policías en actuales funciones que por la Ley 101 (de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana) “están amordazados sin derecho a abrir la boca” bajo condena de no recibir sus sueldos.