Por Juan León C., periodista
Los bolivianos tenemos una extraordinaria capacidad para improvisar y buscarle salidas, no siempre ortodoxas, a los líos que creamos. La más común es la del “yo no fui”. Y cuando no podemos culpar al otro, lamentamos el “error”. Bajar la cabeza permite, además, vestir de hidalguía la disculpa. El tema es que muchos de esos líos afectan a toda la comunidad o a todo un proceso.El caso de la próxima ¿elección? de jueces es emblemático. Dar igualdad de oportunidades a los candidatos es correcto. Pero, ¿por qué tiene que ser el Órgano Electoral, cuya misión específica es otra, quien reglamente lo que la prensa debe o no informar sobre esos candidatos? Es la primera vez, ojalá sea la última, que “se autoriza” a la prensa a “hacer entrevistas e informar libremente” sobre los candidatos. ¿Hay acaso alguna norma legal que las prohíba? ¿Desde cuándo?Las entrevistas dependen sólo del medio, del entrevistado y del interés del público, cuya inteligencia no se puede insultar. Y lo mismo sucede con las preguntas y las respuestas. Lo contrario coarta las libertades de expresión y opinión. Hay por eso normas básicas de ética, derechos constitucionales y, sobre todo, sentido común. Vamos por el absurdo. Si un canal entrevista a cada uno de los 126 candidatos durante 10 minutos, necesitará 21 horas de programa. ¿Podrá hacerlo? ¿Y si alguno se considera discriminado, porque su entrevista se difundió en viernes y no en sábado, o a la medianoche y no en horario estelar?El Gobierno reconoció ya que el canal estatal no puede transmitir todas las entrevistas a los postulantes “porque implicaría llevarlo al colapso económico”. Los diarios podrán editar suplementos. ¿Los editores harán de censores de eventuales respuestas que salen del reglamento? ¿Y si alguien dice: —“me publicaron 2.700 caracteres (el espacio de esta columna) y al otro 3.000”? Suena ridículo, pero cierto; y, sobre todo, podría crear un peligroso precedente.Otro lío es el de los autos chutos. Cabe preguntarse si quiénes promovieron su legalización tenían idea de su cantidad, ¿se los podrá legalizar correctamente en 90 días? Al margen, ese lio abre muchas interrogantes. Si la legalización de cada uno cuesta en promedio $us 5.000, la suma total rondará los $us 600 millones. ¿De dónde saldrá y a dónde irá tanta plata? Si los autos chutos ya estaban en el país, ¿cómo es que los encargados de custodiar fronteras o los agentes del tránsito en las ciudades y los caminos no lo percibieron?Alguien dijo que los vivos le encuentran siempre una salida a los problemas en que se meten. Los inteligentes, en cambio, son los que evitan meterse en esos problemas. El hecho es que la mayoría de esos problemas afectan a todos, pero sólo unos cuantos los crean, y sus efectos persistirán, aunque se supere la coyuntura. (Fracasó el amuleto en Jujuy)
Fuente: www.la-razon.com