Fernando Molina
La Corte Suprema ha dictado sentencia contra los siete procesados en el caso que la prensa bautizó como “Octubre Negro”, para referirse a la represión de la insurrección popular que derrocó a Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, y que causó alrededor de 60 muertes. El caso involucra a otras personas, entre ellas al propio ex Presidente, pero los siete condenados son los únicos que no escaparon del país.
De la sentencia puede decirse que logra algo aparentemente incongruente: ser un resultado razonable de un proceso discrecional y politizado. Las causas de esta incongruencia son, como veremos, debatibles.
Se condenó con penas de 11 y 15 años de prisión a los jefes militares que tenían responsabilidad directa en la represión a los insurrectos que “bloqueaban” a La Paz desde las colinas que la rodean y que por un capricho administrativo se consideran otra ciudad: El Alto. Aunque los manifestantes actuaron con agresividad y usaron dinamitas y piedras, la dureza de la represión no admite justificativos. Es evidente que en esos trágicos días el Estado usó la fuerza de forma desaprensiva y por encima de lo necesario, en parte seguramente por cierta tendencia de los oficiales bolivianos, ya observada en la Guerra del Chaco, de mandar tropa bisoña al frente, mientras ellos, los profesionales, se plantaban con sus binoculares en la retaguardia.
Dos ex ministros de Sánchez de Lozada, los únicos que no se habían exiliado, recibieron tres años de prisión, es decir, una pena por complicidad. Esto contradijo fuertemente la acusación de la Fiscalía, que había puesto en igualdad de condiciones a los miembros del gabinete que nada tenían que ver con la seguridad (como estos dos, que eran ministros de Trabajo y Desarrollo Sostenible) y a los protagonistas de lo sucedido (los militares, los ministros de Defensa y Gobierno y el Presidente). Esta pretensión de la Fiscalía era uno de los aspectos más exagerados del juicio y ahora esta sentencia lo ha corregido.
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Por estas razones puede calificarse el veredicto, entonces, como moderado, lo que no significa que resultara de un debido proceso. Todo lo contrario: este juicio ha sido y es aún el más conspicuo ejemplo del “populismo penal” que está vigente en Bolivia y que consiste en convertir las investigaciones de índole pública en escenificaciones en las que se recrea el acto fundacional del régimen, esto es, el triunfo de los desheredados del país, representados por el oficialismo, que aparecen como puros y sedientos de justicia, sobre aquellos que encarnan el pasado neoliberal de felonía y corrupción, y que con su caída expían, más que delitos, “pecados” políticos.
Véase los titulares de los periódicos a lo largo del juicio. Léase en ellos las promesas (el sustantivo es exacto) del Presidente y de varios de sus ministros a su audiencia electoral, a la que le aseguraban que conseguirían la condena de los imputados (y, constitucionalmente hablando, todavía ciudadanos inocentes). Compruébese la movilización de todo el Estado, que incluyó un distanciamiento nacional del Perú cuando éste decidió dar asilo a algunos de los ex ministros acusados, para lograr que estos ciudadanos no sólo fueran juzgados, sino también condenados. Obsérvese la conducta errática –en ocasiones simplemente escandalosa– de los fiscales. Anótese cuántas veces se incumplieron los requisitos procesales. Tómese en cuenta la presión constante sobre los juzgadores, sobre los que pendía la amenaza del “juicio por prevaricato” (es decir, por no sancionar conforme a lo esperado, que es un recurso constante del poder en este país). Recuérdese que el partido que tiene como una de sus banderas la “cárcel para los asesinos” es también el que decide qué abogados pueden participar como candidatos en las elecciones judiciales de octubre, el que designa y aún designará fiscales y jueces, etc. En fin.
No son las condiciones para un debido proceso. El primero en hacerlo notar debió haber sido el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en lugar de ello consideró lo ocurrido “una hazaña”, en otro de sus muchos disfuerzos para congraciarse con el Gobierno de Evo Morales.
No fue por nada que todos los acusados que pidieron asilo en el extranjero lo obtuvieran sin problemas. Ahora, claro está, una sentencia draconiana hubiera dado razón a los que se hallan en este trance. En cambio la que efectivamente se produjo los deja como descentrados y favorece la versión del Gobierno de que el Poder Judicial actuó de forma independiente. Pero hay sectores oficialistas que no están contentos.
No es posible probar nada, pero se intuye en el fallo la influencia de magistrados con mayor conocimiento e integridad, que no estuvieron dispuestos a plegarse al “linchamiento judicial” que pedía la Fiscalía. Este factor puede explicar (para otros, el mero cálculo político) que se haya rematado con cierto equilibrio un proceso que en los demás aspectos resultó aberrante.
Sea de una u otra manera, lo cierto es que en general la política impuso sus necesidades y sus cautelas sobre lo que en realidad debería importar.
Página Siete – La Paz