Por el sobreprecio en la compra de un inmueble en la ciudad de Oruro. Marlene Ardaya deberá presentarse el próximo 10 de octubre ante estrados judiciales.
Marlene Ardaya, presidenta de la Aduana Nacional, en conferencia de prensa. Foto Anf
La Presidenta de la ANB se presentará a su audiencia de medidas cautelares
La Paz, Sept. 20 (ANF).- La presidenta a. i. de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, anunció este martes que el próximo 10 de octubre se presentará a la audiencia de medidas cautelares que versa sobre la denuncia en su contra por el sobreprecio en la compra de un bien inmueble en la ciudad de Oruro; no obstante, puntualiza que esas "medidas" fueron solicitadas por el Directorio que la denunció y no así por la Fiscal asignada al caso.
En conferencia de prensa, la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya, señaló que el próximo 10 de octubre se presentará ante estrados judiciales para someterse a la investigación en curso sobre irregularidades en la compra de un bien inmueble en la ciudad de Oruro.
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"El 10 de octubre yo me voy a presentar", dijo Ardaya en la conferencia de prensa, al mismo tiempo puntualizó que "las medidas cautelares no fueron pedidas por la Fiscal, porque solo está con una calificación provisoria, lo que implica decir que ha abierto este proceso para seguir investigando".
"Los que han pedido (las medidas cautelares) es el Directorio y no es la Fiscalía; y están en su derecho", reconoció la Presidenta de la ANB.
El pasado viernes 16 se debía llevarse adelante la audiencia de medidas cautelares en contra de Ardaya y los otros imputados, pero el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de La Paz, Rolando Sarmiento se excusó de llevar adelante esta audiencia y la postergó para octubre próximo.
En la conferencia en instalaciones de la ANB, Ardaya hizo distribuir un folder con toda la documentación que revela el proceso que se siguió para la designación de un Responsable del Proceso de Contratación (RPC), al amparo del Decreto Supremo No. 181, que establece las responsabilidades, quienes lo asumen y cómo lo asumen.
En ese sentido, sostuvo que "la Presidencia de la ANB -en el marco del DS 181- hace una delegación de responsabilidades a un Responsable del Proceso de Contratación".
Puntualizó que una vez que se delega la responsabilidad a un RPC, no puede intervenir, porque se puede considerar como tráfico de influencias, por eso la Presidenta "se aparta del proceso".
También aclaró que "el 24 de agosto, el Directorio es el que pide la detención preventiva de la Presidenta de la ANB, eso que quede claro; porque no es el Ministerio Público".
También aclaró que "el patrocinio de la defensa técnica de la Presidenta de la ANB se realiza con abogado particular, no se realiza con abogados de la ANB".
Finalmente, sostuvo que "los aspectos de Auditoría están sujetos a evaluación de la Contraloría, es decir está en manos aún de un tercero que va a dirimir si los informes de auditoría son o no razonables ó indicará de acuerdo al artículo 15 que se amplíe o modifique estos informes".
"En ningún momento la presidenta de la Aduana Nacional se mantiene y se va a mantener siempre, no firmó, no estuvo dentro del proceso de licitación, sí active todos los mecanismos de control como corresponde, las auditorías, los procesos penales y también la rescisión de contrato", sostuvo.
Actualmente, el directorio de la ANB denunció a Marlene Ardaya y a Eva Quino Valdez, gerente general de la ANB, por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en la compra de este inmueble.
A raíz de ello, el pasado 8 de agosto el Ministerio Público emitió una imputación formal en contra de la presidenta interina de la Aduana Nacional, Marlene Ardaya y Eva Quino, por "haber encontrado los indicios suficientes" de presunta culpabilidad en la compra de este inmueble.
Además se imputó también a otros seis funcionarios de la ANB: Luis Jiménez Suárez, Hilda Ventura Fernández, Ernesto Zaconeta Quintana, Amílcar Pérez Hurtado, Adolfo Pérez Machicado y Ramiro Chávez, a quienes con "probabilidad serían autores de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes", de acuerdo a la imputación del Ministerio Público que tuvo acceso ANF.
Se imputó además a Adolphe Gunnard Bulinck Machicado, por ser "con probabilidad autor del delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado".
Quino, Fernández, Pérez, Chávez y Paola Salas Melgar forman parte de la Comisión de Calificación encargada del proceso de contratación para la compra de este inmueble, señala el informe de Auditoría de la ANB.