Muertos en diferentes conflictos alcanzan a 57 en el gobierno de Evo

La represión policial causó 22 muertes entre 2006 y 2012. La indagación de estos hechos, en algunos casos, avanza lentamente o permanece estancada. Es el caso de las dos muertes en Caranavi o La Calancha.

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La represión policial causa 22 muertes entre 2006 y 2012

Página Siete / La Paz – 13/01/2012

La intervención policial a conflictos sociales que se registraron en los dos gobiernos del presidente Evo Morales dejó un saldo de 22 muertos, según un relevamiento realizado por este matutino.



No obstante, la investigación sobre estos hechos está estancada o avanza lentamente.

El miércoles, durante un enfrentamiento entre policías y civiles murieron tres personas: dos por impactos de perdigones y uno por choque eléctrico.

En septiembre de 2006 se registró la muerte de dos cocaleros en Yungas de Vandiola por tropas que erradicaban el arbusto.

El 17 de abril de 2007 falleció una persona por conflictos entre dos provincias del Chaco tarijeño y el 28 de septiembre de ese mismo año murió un estudiante de la normal de maestros de Vacas, en Arani, Cochabamba.

La lista de eventos que se saldaron con muertos durante intervenciones policiales es larga, así como los muertos en diferentes conflictos que se produjeron en los dos gobiernos de Morales: éstos suman en total 57.

No obstante, en el relevamiento que se realizó se separaron las muertes ocurridas estrictamente durante intervenciones policiales a conflictos sociales como el enfrentamiento entre mineros asalariados y cooperativistas en Huanuni que se produjo el 5 y 6 de octubre de 2006.

Este hecho se produjo en una refriega entre ambos bandos, lo que dejó un saldo de al menos 16 muertos, pero la fuerza pública intervino después de las muertes ocurridas y luego de un proceso de negociación previo.

Lo mismo ocurrió con la muerte de dos cocaleros y un civil en la ciudad de Cochabamba el 11 de enero de 2007 cuando los primeros intentaron tomar la Prefectura cochabambina con la demandad de la renuncia del entonces prefecto opositor Manfred Reyes Villa. En este caso, fue un enfrentamiento entre civiles porque la Policía se vio rebasada.

En total se contabilizó la muerte de 54 civiles y tres uniformados, entre ellos el policía “sin techo” Santiago Orocondo, quien murió por impacto de bala en junio de 2007 en Oruro durante un operativo de cumplimiento de amparo constitucional para una propiedad que fue tomada.

La masacre de Porvenir tampoco puede ser atribuida al Gobierno porque fue un choque entre civiles; no obstante, no se descarta que en este hecho haya existido una inducción oficialista como denunció la oposición.

Entre los hechos en los que se produjeron muertes durante operativos efectuados por las fuerzas del orden se destacan las muertes de Fidel Mario Hernani y David Callizaya Mamani en una represión policial a pobladores de Caranavi en 2010.

No obstante, las investigaciones para aclarar estos acontecimientos avanzan lentamente y hasta ahora no se pudo dar con los autores materiales ni intelectuales de los asesinatos.

Otra investigación que también está estancada es la muerte de tres civiles en La Calancha, Sucre. En este tema, el Gobierno rechazó tener responsabilidad.

La violenta represión policial a indígenas del TIPNIS, donde no se registró ni una sola muerte, también afronta una dilación, pues no se define cuál será la jurisdicción en donde se investigará este suceso.

Después de las muertes en Yapacaní, el Gobierno pidió una exhaustiva investigación a la Fiscalía para dar con los autores de las muertes y las heridas tanto a civiles como a uniformados.

Sobre este punto, el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín lamentó que estas investigaciones no se desarrollen,

Piden renuncia de la jefa policial

Guiver Campero, dirigente del Comité Interinstitucional de Yacapaní, acusó ayer a la comandante de la Policía de Santa Cruz, Lili Cortez, de disparar contra la primera persona que falleció la víspera del enfrentamiento y pidió la renuncia del ministro de Gobierno, Wilfredo Chávez, por los tres muertos y más de medio centenar de heridos en las filas civiles.

“La propia comandante, Lili Cortez, ha sido quien ha realizado el primer disparo que ocasionó el fallecimiento del señor Abel (Rocha), por eso nosotros hemos pedido al diputado Franklin Garvizú que intervenga con el Ministerio Público para que le haga la prueba del guantelete a la comandante, porque tenemos más de 50 jóvenes testigos que la han visto (disparar)”, sostuvo.

Asimismo agregó “no estamos conformes con la renuncia de David Carvajal, también queremos la renuncia del ministro (de Gobierno) y de las autoridades que han ordenado esta masacre, porque aquí la Policía no ha venido a resguardar la Alcaldía, ha venido a matar y a masacrar tal como ha sucedido”.

El dirigente remarcó que en las próximas horas, luego de realizar el entierro de los fallecidos, se tomarán las medidas que permitan dar con los autores de los disparos. Señaló que no se descarta el bloqueo de carreteras como medida de presión si las autoridades no se pronuncian por las muertes. (ERBOL)