El Gobierno de Bolivia está de acuerdo con acumulación de penas. Proponen que las gobernaciones aporten el 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para el plan de seguridad.
Redada. La Policía detuvo a varios supuestos atracadores. Hay reincidentes
Se vienen cambios a códigos
EL DEBER y Erbol
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Con la finalidad de frenar la ola delictiva, el Gobierno pretende poner en marcha una serie de medidas y hacer cambios a algunas leyes, como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Entre los cambios que plantea está la acumulación de las penas en contra de los antisociales y el fortalecimiento de la Policía a través de la implantación de ‘ciberpolicías’ con instrumentos de última tecnología.
En una entrevista a la red Erbol, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que la estrategia contempla cuatro factores fundamentales: el fortalecimiento de la Policía, el de-sarrollo normativo (cambio de leyes), las políticas sectoriales y el dispositivo interinstitucional.
Con respecto a las reformas al Código Penal, Romero recordó que en la actualidad una persona delinque e incurre en dos o tres tipos penales, pero se la procesa solo por el tipo penal más grave.
La Constitución establece que la máxima sanción penal es de 30 años para los delincuentes. La propuesta es que los procesos y las sanciones sean independientes y acumulativos. Lo que generaría sanciones más duras.
Esto significa que si alguien incurre en asesinato, además de violación y también en hurto, todas esas penas tendrían que ser sancionadas como si fueran independientes.
El ministro también anunció cambios al Código de Procedimiento Penal para agilizar la administración de la justicia y aplicar sanciones de prevaricato no solo para jueces, sino también para los fiscales.
Iglesia: No a la pena de muerte
El cardenal Julio Terrazas, en la misa celebrada ayer en la catedral, se refirió a la petición de pena de muerte de algunos sectores y recordó que uno de los mandamientos de Dios dice: No matarás.
“Nos estamos acostumbrando a escuchar palabras necias: muerte para este, muerte para el otro. Y las leyes y responsables del país a veces no saben qué camino tomar frente a una cultura de muerte que se va introduciendo peligrosamente en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestro pueblo”, dijo y añadió que Dios no quiere la muerte dada por las leyes humanas, que pueden cometer injusticias, ni la muerte que toman algunos por sus propias manos.
Gobierno propone sancionar a fiscales e intensificar patrullajes
Dentro los mecanismos para hacer frente a la inseguridad ciudadana, el Gobierno plantea la modificación del Código de Procedimiento Penal, en el que se establecen sanciones por prevaricato no sólo a jueces sino también a fiscales. Anuncian la implementación de medidas de calle.
Reunión. El Ejecutivo en su conjunto se reunió en Coroico para impulsar la agenda del Gobierno. Foto: ABI
La Razón / Iván Paredes / La Paz
Así lo hizo conocer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien ratificó que se ejecutarán reformas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para agilizar la administración de la justicia. Esta decisión emergió, dijo, del gabinete ampliado que se desarrolló entre el 9 y 10 de marzo en la localidad de Coroico, La Paz.
“(Se quiere implementar) sanciones por prevaricato no sólo para jueces sino también para los fiscales, porque un operador de justicia atrapa al delincuente, (pero) luego el administrador de justicia lo deja libre, entonces es un problema muy grande”, explicó Romero a la radio Erbol.
La autoridad remarcó que la intención del Ejecutivo apunta a que se establezcan mecanismos de agilización de la aplicación de los procedimientos. Dijo que se debe procesar a fiscales cuando éstos ponen en libertad a delincuentes que tienen delitos cometidos y sobre los cuales existen pruebas.
Romero ratificó que es preciso establecer nuevos mecanismos jurídicos para afianzar la lucha contra la delincuencia, que en los últimos días motivó protestas de vecinos de El Alto y comunarios de tres provincias paceñas que exigen pena capital para asesinos y violadores.Una de las iniciativas de la estrategia gubernamental es modificar el Código Penal —además del de Procedimiento Penal— para que las condenas contra los delincuentes sean acumulativas, es decir que cada delito sea juzgado de forma independiente para que el mayor no pese sobre el resto de los ilícitos cometidos por el antisocial.
Sin embargo, Romero explicó que la pena máxima alcanzará los 30 años de privación de libertad, lo cual está estipulado en la Constitución Política del Estado. Aumentar el castigo para criminales requeriría la modificación constitucional, que por ahora está descartada por el Gobierno.
Patrullaje. Sobre las iniciativas que se ejecutarán en la calle para enfrentar la ola de inseguridad, Romero informó que se instalará una central telefónica —similar al 911 de Estados Unidos— para atender las demandas y emergencias de la ciudadanía. La línea será gratuita y el número, el 110.
Ejemplificó que una persona podrá llamar al 110 para verificar si el conductor y el vehículo en el que se transporta están debidamente inscritos en los registros de la Policía Boliviana.
Otras iniciativas para el control policial en las calles es la instalación de más cámaras de seguridad en las zonas o ciudades con mayores índices de actividad delincuencial, la implementación de una policía aérea y la conformación de ciberpolicías para que puedan patrullar en la red.
Para ejecutar la estrategia de seguridad ciudadana, el gabinete ampliado decidió que las nueve gobernaciones deben entregar el 10% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que les corresponde; mientras que aquellos municipios que tengan hasta 50.000 habitantes deberán aportar el 10% del IDH al plan integral y el resto, el 5%.
10 Leyes de seguridad
Propuesta: Dentro el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana se establece la aprobación de 10 normas para combatir la ola delictiva. Entre ellas están la ley de restricción de expendio de bebidas alcohólicas y la de control de venta de armas.
Las siete medidas
Ley de Seguridad Ciudadana
Se enviará el proyecto de norma a la Asamblea Legislativa. La iniciativa reúne los mecanismos para enfrentar la inseguridad ciudadana.
Normas penales
Se hará una reforma al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal para aumentar penas y agilizar la administración de justicia.
Inteligencia
Se creará el centro interinstitucional de inteligencia en aeropuertos y fronteras.
Datos en línea
Se hará la informatización y generación de base de datos compartida de delitos para el seguimiento de la reincidencia criminal.
Transporte público
Se implementará la tarjeta de identificación de conductor en taxis, radiotaxis, minibuses y GPS en transporte interdepartamental.
Control ciudadano
Se ejecutará un plan de contingencia para realizar patrullaje en zonas de mayor incidencia delictiva.
Alcoholismo
Se elaborará un proyecto de ley destinado a combatir el alcoholismo .
Darán GPS a transporte interdepartamental
El gobierno de Evo Morales anunció que dotará del sistema GPS al transporte público interdepartamental como una medida para aumentar los controles y frenar la ola delictiva en el país.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que esta iniciativa será ejecutada en una primera instancia sólo en el transporte interdepartamental. “Es una iniciativa para hacer un mejor control de la ubicación de vehículos, entre otras facilidades”, explicó.
El sistema GPS permite rastrear en tiempo real, entre otras virtudes, la ubicación de una persona, animal o vehículo desde cualquier sitio. La intención es prestar auxilio si es que se cometió algún acto delictivo. El método funciona con la instalación de un dispositivo que pueda emitir algún tipo de señal —ya sea de radio o telefónica— que permita su localización.
Otra iniciativa es la implementación de la tarjeta de identificación de conductor en taxis, radiotaxis y minibuses. Romero explicó que el pasajero tendrá la potestad de exigir la visibilidad del documento.
La autoridad anunció, además, que se fortalecerá la capacidad técnica-operativa de la Policía Boliviana. “Tenemos que dotarles de infraestructura que responda a un enfoque de seguridad ciudadana integral, donde estén los operadores de justicia, pero también los administradores de justicia, la Policía, el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional en sus niveles de atención de causas menores y las defensorías”.