Alertan que más periodistas y medios fueron agredidos en 2011. Las crecientes agresiones se están “generalizando y creando una especie de cultura” de parte del Gobierno y otros sectores.
ANP: Están en impunidad 46 agresiones a periodistas
INFORME 2012. Alertan sobre las crecientes agresiones a periodistas y medios de comunicación en el país, porque se están “generalizando y creando una especie de cultura” de parte del Gobierno y otros sectores.
Los Tiempos – 4/04/2012
En pasado año se registraron 46 agresiones verbales y físicas a periodistas, hubo tres detenciones, un refugio forzado y la destrucción de dos medios de comunicación, hechos que a la fecha no han sido esclarecidos y están en la impunidad, según el informe sobre el “Estado de la Libertad de Expresión 2011” presentado ayer por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
El director ejecutivo de la ANP, Juan León Cornejo, quien dio a conocer ayer el reporte, alertó sobre el incremento de las agresiones contra los periodistas y medios de comunicación ante “el olvido, la impunidad, la reincidencia y la retardación de justicia, enemigos de las libertades de prensa y de expresión”.
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Según denuncias recibidas y documentadas por la red de monitoreo de la ANP, organización que agrupa a 20 medios impresos del país, el pasado año hubo 19 ataques físicos a periodistas, seis más que en 2010, y entre los principales agresores aparecen los policías seguidos de las turbas.
“Este crecimiento marca una peligrosa tendencia de sectores en conflicto a descargar su enojo, justificado o no, sobre reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cumplen su tarea específica de informadores”, advirtió León.
La mayoría de los casos no fue debidamente esclarecida y los pocos que llegaron a tribunales no merecieron fallo alguno. “El análisis de esta situación parece reflejar una lamentable falta de interés no sólo para aclarar lo sucedido, sino sobre todo para sancionar a los responsables de agresiones violentas a periodistas en el ejercicio de sus tareas informativas”, señala el informe.
Agrega que las agresiones físicas y verbales a los periodistas se produjeron en un ambiente dominado por el discurso gubernamental contrario al trabajo de la prensa. El informe recuerda que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, durante el año pasado, insistieron en sus mensajes en tipificar a los periodistas y los medios de comunicación como “el principal opositor” a sus políticas de Estado.
León sostuvo que las crecientes agresiones son "altamente preocupantes" porque "se están generalizando y se ha creado una especie de cultura" de ataque a los medios, no sólo de parte del Gobierno, sino desde "todos los sectores".
"La tarea fiscalizadora de la prensa siempre ha de encontrarse con la crítica u oposición de los gobiernos (…) El problema es que se está instalando en la sociedad el criterio de que los periodistas somos los responsables de todo lo que ocurre mal", dijo.
En noviembre, un canal de televisión y una radio de Yapacaní (Santa Cruz) fueron destruidos por grupos afines al Gobierno por denunciar irregularidades en la Alcaldía, en manos del oficialismo. Asimismo, hubo destrucción de material y equipos de prensa, restricciones al trabajo periodístico, amenazas, detenciones e intimidaciones e incluso la exclusión de dos medios de la publicidad estatal.
León agregó que este año comenzó con "mucha más violencia" para la prensa con el asesinato en febrero de dos hermanos, periodistas de El Alto, en circunstancias aún no aclaradas, pese a la detención de dos personas.
Normas que coartan la libertad
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, por otra parte denunció que la Asamblea Legislativa aprobó el pasado año cuatro normas que "dificultan el acceso a la información pública y el trabajo periodístico".
Pidió garantías al Gobierno para la preservación y defensa del derecho constitucional a las libertades de información, expresión y opinión, base de una democracia plena y participativa.
El informe, recuerda el compromiso que asumió el presidente Evo Morales el pasado 14 de febrero, ante los directivos de organizaciones periodísticas, de no alentar la modificación de la actual Ley de Imprenta.
Con relación a este tema, el informe destaca la resolución adoptada por dos magistrados, que en reconocimiento de la vigencia de la Ley de Imprenta, desistieron de procesar a periodistas en las ciudades de Sucre y Potosí en un juicio penal ordinario.
También destaca la decisión del fiscal de materia de Potosí, Antonio Leniz, que el 5 de abril de 2011 declinó competencia para iniciar una querella por desacato contra el periodista de Radio Kollasuyo Mario Caro, al estar vigente la Ley de Imprenta, defendida por la prensa boliviana.
Aumentan agresiones anónimas a periodistas
Según la Asociación Nacional de la Prensa. Informe. El año pasado se registraron 46 casos de ataques verbales y físicos, aún no esclarecidos.
EL DÍA, 4 de Abril, 2012
Ref. Fotografia: Denuncia. El director de la ANF, Juan León Cornejo, durante el informe a los medios.
El director de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, denunció ayer que cada día crecen las agresiones anónimas a periodistas en Bolivia, y precisó que hubo 46 casos el año pasado.
"Pedimos garantías porque aumentan las agresiones anónimas", dijo en conferencia de prensa donde se presentó un Informe del Estado de la Libertad de Expresión en 2011.
También pidió que el Gobierno garantice el acceso a la información. "Tiene que cesar la cultura de la agresión. No es justo culpar al mensajero del mensaje", agregó.
Se registraron 46 agresiones no esclarecidas en 2011. Hubo 46 agresiones verbales y físicas, tres detenciones, un refugio forzado y la destrucción de dos medios de comunicación el año pasado, según la unidad de monitoreo y vigilancia de la libertad de prensa y expresión en Bolivia que depende de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que conforman unos 20 medios escritos del país.
"La mayoría de esos casos, que fueron de conocimiento público, no fue debidamente esclarecida y los pocos que llegaron a tribunales no han merecido todavía fallo alguno", destaca el informe.
También se constató que las agresiones físicas aumentaron de 13 a 19 el año pasado respecto a 2010.
Los medios como ‘principal opositor’. El informe de la ANP, por otra parte, recuerda el compromiso que hizo el presidente Evo Morales el 14 de febrero pasado de no alentar la modificación de la actual Ley de Imprenta.
Pero el mandatario y el vicepresidente Álvaro García Linera, en varios actos públicos, ante la ausencia de la oposición política, acusó a los medios de comunicación de ser "el principal opositor".
Las críticas y argumentos empleados por los funcionarios de gobierno tienden a negar una facultad del periodismo que es informar, ayudar a esclarecer hechos de interés público, indagar y comentar, señala el comunicado de la ANP.
Agresiones físicas de diversos sectores. El informe señala que los responsables de las agresiones físicas a periodistas fueron sindicalistas, choferes, personas particulares, lecheros, loteadores de tierras, entrenadores de fútbol, policías, padres de familia y activistas de derechos humanos.
Entre los casos reportados por la unidad de monitoreo de la libertad de prensa se destaca lo ocurrido con la periodista Mónica Oblitas, del diario Los Tiempos, de Cochabamba, quien buscó refugio para su hijo en un país extranjero, tras "sufrir una sostenida campaña de amenazas anónimas, como efecto de la denuncia sobre corrupción".
Detalles
La denuncia de los casos de agresiones es el mejor castigo
Reclamo. La ANP reiteró su reclamo enérgico para el esclarecimiento del asesinato del periodista Carlos Quispe, quien a fines de marzo de 2008, cayó víctima de la brutal golpiza ejercida por comunarios opositores al alcalde de la población de Pucarani, en el altiplano de La Paz.
Denuncia. La ANP considera que hasta ahora, la denuncia, registro y recuento de los casos de agresiones físicas y verbales representa la mayor sanción social frente al poco interés del gobierno, fiscales y jueces por esclarecer los hechos denunciados, pese a la obligación señalada por la Constitución.