Radio noticias. 35 personas van a proceso por el caso terrorismo separatista en Bolivia.
La Paz.- Se cumplen tres años de la ejecución del caso separatismo en la ciudad de Santa Cruz en donde un grupo de mercenarios habían sentado un cuartel apoyados logísticamente por un grupo de personas que además aportaron recursos económicos para su mala intención, con objetivos de desestabilización del gobierno y con el objetivo principal de dividir el territorio boliviano.
El senador, René Martínez, a pocos días de que se lleve el juicio correspondiente, afirmó que el Estado boliviano reaccionó oportunamente puesto que existía un manifiesto afán de separatismo, de secesión de un territorio, por parte de un denominado grupo llamado “Media luna”, lo que correspondía era actuar y rápido ya que primeramente están los intereses del Estado boliviano
“Creo que la reacción del Estado estaba acorde a la gravedad de estos hechos, aunque no hayamos hecho conciencia nacional institucionalizada en ese momento por la celeridad de los acontecimientos. Está claro de que sí había un (objetivo) manifiesto de separatismo, de secesión de un territorio llamado Estado boliviano, hoy por hoy con una condición cualitativa plurinacional, no podíamos permitir porque se estaba atentando contra nuestra integridad territorial, en este caso estamos hablando de grupo armado y que además no solamente venia a atentar contra el orden establecido sino que también determinaba que la presencia de un grupo armado estaba vinculado a un objetivo político separatista”.(Patria Nueva)
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Costas: “Hubo terrorismo de Estado”
Santa Cruz.- Hoy 16 de abril se recuerda 3 años de la matanza del Hotel Las Américas donde un operativo policial tomó por asalto el cuarto piso del Hotel y mató a Michael Dwyer, Árpád Magyarosi y al boliviano Eduarzo Rózsa, capturando al húngaro Elod Toazsó y al boliviano croata Mario Tadic, actualmente presos en San Pedro.
Al respecto el gobernador Rubén Costas comenta.
“Está claro que fue una ardid, que usaron a esta gente de una u otra manera, que lograron hacer colapsar un movimiento democrático extraordinario que había, pero hay que también reconocer que se insertaron radicales de derecha para tratar de desvirtuarlo”.
El denominado caso Rozsá está dividido en 3 procesos; el primero de alzamiento armado y sedición tiene 39 acusados de alzamiento armado, el segundo busca a los responsables del supuesto financiamiento del presunto grupo terrorista que tiene 45 investigados y, el tercero, el soborno al testigo clave del primero Ignacio Villa Vargas.
“Pero con el fin de ajusticiar políticamente a sus adversarios, porque esto es terrorismo de Estado. Hay mucha gente que ha tenido que irse del país, mucha gente que está presa sufriendo pero sobre todo a gente que no solamente se la atemoriza sino que se la chantajea”. (ATB