Pruebas. Los fiscales del caso dicen que estas pruebas son facturas, la comunicación vía e-mail y otros que serán utilizados contra 22 imputados. Por otra parte, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que mañana definirá si Marcelo Soza continúa o no en el juicio por el caso Terrorismo, iniciado en 2009.
Hay 150 evidencias contra acusados del caso Rózsa
Página Siete, La Paz
Una audiencia en el juicio por el caso Rózsa, en 2012. Archivo digital
La comisión de fiscales del caso Rózsa afirma que tiene 150 evidencias, todas validadas por el juez Sixto Fernández, que prueban que los 22 imputados pertenecieron a la organización acusada de alzamiento armado y terrorismo.
“Yo tengo los elementos suficientes para demostrar que los delitos de alzamiento armado y terrorismo existieron, y elementos suficientes para demostrar quienes participaron en esa organización. Son alrededor de 150 pruebas que se han presentado”, indicó uno de los fiscales de este caso, Sergio Céspedes.
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La autoridad explicó que dichas evidencias en el proceso ya fueron avaladas por el juez de la causa, Sixto Fernández, cuando los investigadores del Ministerio de Gobierno las entregaron.
“El juez (Sixto Fernández) determinó que fueron legalmente obtenidas y se quedaron en el juzgado y en cuidado de los jueces”, informó Cespedes.
Según Marco Antonio Rodríguez, otro de los fiscales de la comisión, esas pruebas demuestran que existió “una red de comunicación mediante e-mail o verbalmente” entre los imputados con Eduardo Rózsa, el cabecilla del presunto grupo terrorista-separatista, “probando así que pertenecieron a esa organización e incurrieron en los delitos de alzamiento armado y terrorismo tipificados en el artículo 133 de Código Penal”.
También dijo que los 22 imputados merecen una sentencia de 15 a 20 años si se prueba su culpabilidad, porque “de manera deliberada, directa o indirectamente proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, negociare o gestionare fondos, bienes recursos o derechos, sea mediante el ejercicio de actividades legales o ilegales con la intención de que se utilicen a sabiendas de serán utilizados”.
Las 150 evidencias fueron recabadas en su mayoría en el stand de COTAS, en el campo ferial de Santa Cruz y en las habitaciones del hotel Las Américas donde se capturó a Mario Tadic y Elod Toasó y en los cuartos donde murieron Eduardo Rózsa, Arpad Magyarosi y Martin Dwyer, el 16 de abril de 2009.
Otro de los fiscales, Iván Ortiz, explicó que los investigadores del Ministerio Público se encargaron de recabar el resto de las evidencias como las facturas de los pasajes de avión a Brasil de Eduardo Rózsa, que fueron pagadas por Alejandro Melgar, quien actualmente reside en Uruguay, declarado rebelde.
El fiscal Céspedes dijo que se está pidiendo la extradición de Melgar para que responda por estas acusaciones.
Ortiz y Rodríguez están supliendo al fiscal Marcelo Soza quien dejó el caso tras renunciar a su cargo como consecuencia de unas grabaciones en las que supuestamente se escucha su voz; no obstante, el fiscal general Ramiro Guerrero, dijo que éste gozaba de 60 días de vacación.
Hoy se conocerá si Soza continúa como fiscal de este caso.
Los delitos de alzamiento armado y terrorismo tienen una pena de 30 años según el artículo 133 del Código Penal para los responsables directos. En este caso serían Elod Toaso, Mario Tadic e Ignacio Villa Vargas quienes, según declaraciones, participaron de forma indirecta o directa en el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.
“El caso terrorismo se manifiesta físicamente con la explosión de la bomba en la casa del Cardenal y nuevamente en la investigación se develó que las dinamitas encontradas en el stand de COTAS eran las mismas del atentado” dijo Rodríguez.
El juicio oral por este caso se reanudará el lunes 20 del presente mes en el edificio del Palacio de Justicia en la ciudad de Santa Cruz a partir de las 15:30.
Consultor técnico realizará auditoría
Se habilitó al consultor técnico Flavio Díaz Portelo como fiscalizador de las evidencias informáticas que probarían la conexión de imputados en el caso Rózsa, pero su posesión fue objetada por uno de los fiscales del caso, Sergio Céspedes. “Mi trabajo consiste en auditar las evidencias presentadas por los peritos. Debo revisar que las pruebas hayan sido obtenidas conforme a la ley, se encuentren físicamente y tengan todo lo que los peritos dicen que contienen”, explicó. Díaz fue habilitado para realizar este trabajo vía la resolución 600/2006 por la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz.
Céspedes dijo que Díaz no tiene credencial para esta labor, aunque trabajó con él en 2006 en un caso de secuestro.
Fiscalía decide mañana sobre caso Soza
Investigación sobre terrorismo. El fiscal general, Ramiro Guerrero, anunció que se pronunciará el jueves 16 desde Tarija.
EL DEBER
Marcelo Soza enfrenta un proceso interno por incumplir funciones. Foto: APG
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que mañana definirá si Marcelo Soza continúa o no en el juicio por el caso Terrorismo, iniciado en 2009. Hoy se cumplen los 30 días de vacación solicitada por Soza después de su renuncia irrevocable, del 19 de marzo, por motivos familiares y por supuestas amenazas de muerte que recibió.
El martes 7 Guerrero dijo que Soza cumplía sus vacaciones el 14 de mayo y que el 15 daría a conocer su decisión, la que ayer postergó por un día.
“Este miércoles 15 (por hoy) se cumplen sus vacaciones (de Soza) y hablaré el 16 de sobre este tema. Ofreceré una conferencia de prensa desde Tarija donde viajaré por razones de trabajo”, afirmó Guerrero.
Otra investigación
Por otro lado, el fiscal anticorrupción Enrique Montaño amplió por 90 días el plazo de la investigación penal contra Soza por presunto abandono de funciones en el juicio por el caso Terrorismo I, e incumplimiento de instructivos de la Fiscalía General para que entregue un inventario como director funcional del proceso. El plazo inicial estaba previsto para el 15 de mayo, pero también hubo cambios.