Accidente aéreo: ¿responsables?

Marcelo S. Dabdoub

dabd La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) fue creada en 1967. La Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia Nº 2902 de 2004 dispone que el Estado, a través de Aasana, planifica la construcción, mejoramiento y mantenimiento de aeródromos destinados al servicio público, para lograr una adecuada infraestructura, que sea la base del desarrollo del transporte aéreo interno e internacional.

Con la Constitución de 2009, los legisladores distribuyeron las competencias entre los distintos niveles de gobierno de una manera muy desatinada: Según el Art. 298 I 14, el control del espacio y tránsito aéreo, en todo el territorio nacional, así como la construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos internacionales y de tráfico interdepartamental, es una competencia privativa del nivel central del Estado. Resumiendo, sin necesidad de citar las competencias departamentales y municipales, con la redacción "tráfico interdepartamental" el legislador nos comunica en realidad, de una manera poco transparente, que el nivel central a través de Aasana, es el titular de todos los aspectos relacionados al transporte aéreo en el país. Sucede que la mayoría de los aeropuertos en Bolivia, tienen al menos una ruta que conecta a dos departamentos. Con la redacción del artículo 298, el nivel central del Estado garantizó centralizar todo lo relacionado al transporte aéreo en el territorio nacional.



El poder y la concentración del mismo, no solo significan satisfacción y beneficios para el que lo ostenta. El poder es una responsabilidad, una promesa de servicio a sus semejantes.

Si el nivel central del Estado tuvo la previsión de centralizar la competencia antes descrita, también tuvo que haber previsto proveer fácticamente el servicio.

La tragedia aérea que resultó en el deceso de 8 pasajeros y 10 heridos durante el aterrizaje de la aeronave CP 2477 de la aerolínea Aerocon, evidenció el precario estado y administración de los servicios aéreos y aeroportuarios en el territorio nacional.

Las reacciones no se dejaron esperar, siendo las de los funcionarios públicos las más precipitadas y severas. Éstos declararon acerca de la sospecha de un avión en mal estado, de un piloto irresponsable, también se hicieron promesas de acciones penales contra la aerolínea. Todo lo anterior antes de que se presentase un peritaje oficial por parte de la DGAC.

Declaraciones irresponsables como "La DGAC presume que en este accidente han existido errores humanos (…)" no debieron haber sido realizadas, puesto que el profesionalismo de un piloto y la seriedad de una aerolínea se ven afectadas por las mismas. Éstas podrían incluso desencadenar acciones legales en un futuro cercano.

Hasta que llegue el peritaje de las dos cajas negras desde Brasil solo se puede especular sobre los motivos del lamentable aterrizaje. Certidumbre solo hay sobre lo siguiente: Que después de que el avión se estrellase sobre la pista del aeropuerto, todos los ocupantes seguían con vida y, que la administración del Aeropuerto (Aasana) no contaba con el personal ni los equipos necesarios. De haber habido un carro de bomberos, el desenlace de la tragedia en Riberalta haya sido con gran probabilidad, más afortunado.

La discusión, por el momento, no debería solamente revolver entorno a la aún supuesta responsabilidad del piloto y de la aerolínea. La sociedad civil y los distintos grupos de interés deberían, más bien, tornar su atención sobre lo que hay certidumbre, la responsabilidad de Aasana y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sobre lo ocurrido.

La administradora de aeropuertos nacionales es, mediante Decreto Ley Nº 12965 de 15 de Octubre de 1975, una Administración Pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda según el Decreto Supremo Nº 29894 del 7 de febrero de 2009.

Consecuentemente, sería coherente exigir la inmediata renuncia de ejecutivos de distintas áreas de Aasana y del Ministro correspondiente. En países limítrofes a Bolivia, no se podría esperar otra reacción por parte de sus autoridades.