Concejalas de Bolivia proponen 52 días para resolver casos de acoso político

Cada mes, cuatro o cinco concejalas denuncian acoso y violencia en el país. 

Acobol propone 52 días para resolver casos de acoso político

La Ley 243, aprobada hace un año y cinco meses, no ha cumplido su misión de sancionar a quienes ejercen violencia o acoso contra autoridades mujeres.

Página Siete /  La Paz



image Marcha pide castigo contra la violencia y el acoso hacia las mujeres que hacen política. Foto archivo ABI.

La Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) plantea en un proyecto de reglamento de la Ley contra el Acoso y  Violencia  Política a las Mujeres que los procesos por la vía administrativa sean resueltos en un máximo de 52 días.

La Ley  243, contra el acoso político, que fue  aprobada hace un año y cinco meses, no ha cumplido hasta ahora su principal misión de sancionar a quienes ejercen violencia o acoso a las autoridades electas y designadas porque carece de reglamentación.

La Acobol sugiere que desde la denuncia, las notificaciones a las partes denunciadas, la emisión de resoluciones, la interposición de revocatoria y la apelación ante la autoridad jerárquica no debieran pasar más de 52 días.

"Hay casos que día a día denuncian las concejalas, que hasta ahora no son resueltas”, reclamó la directora ejecutiva de Acobol, Jessy López, quien también expresó  que hay una preocupación porque no se aplica la ley.

De 786 concejalas en el país, la entidad realizó una encuesta a 205 autoridades electas titulares, de ellas 121 denunciaron que sufren violencia o acoso.

El tipo de violencia o acoso que sufren mayormente es la presión para que renuncien a sus cargos,  la difamación pública, la  discriminación, la negativa a proporcionarles información en el marco del ejercicio de su mandato, entre otros (ver infografía).

Según la ley,  a petición de la denunciante  en el plazo de 24 horas el juez del proceso puede pedir que "cesen” los actos de acoso o de violencia.

Esta ley, que tiene como objetivo frenar la violencia contra las autoridades mujeres electas o designadas, fue impulsada después de que  la concejala de Ancoraimes (La Paz) Juana Quispe fuera asesinada en marzo de 2012, luego de sufrir un largo proceso de acoso sistemático y hasta violencia de sus colegas. El caso aún no fue esclarecido en las instancias judiciales y no se sancionó a los autores del asesinato.

Según las estadísticas de la Acobol, cada mes se registran al menos cuatro o cinco  concejalas de diferentes municipios que denuncian acoso y violencia; sin embargo,  no hay sanciones para los responsables de atropellar  los derechos de las mujeres.

Según López, en las instituciones públicas existen las vías para sancionar internamente a los responsables; sin embargo, no en materia de violencia y acoso.

"En un caso de unas concejalas de un municipio señalan que estaban haciendo la denuncia por acoso y violencia política, pero el Ministerio Público  les dijo que la ley no tenía reglamento”, dijo.

Las sanciones por la vía administrativa varían desde una llamada de atención hasta un mes de suspensión de la actividad sin goce de haberes.

Los castigos por esta vía no evitan el inicio de procesos por la vía penal, que tiene penas más estrictas como la cárcel.

image Crece participación política, pero hay violencia

La participación política de las mujeres en el nivel municipal en seis años aumentó de 343 concejalas a 786, según las estadísticas de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol).

De acuerdo con los datos proporcionados por esta entidad, en 2004 las concejalas electas eran 343. La Ley de Participación Popular  establecía una cuota del 30% de mujeres en los concejos y según la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas, ahora la participación femenina debe ser del 50%.

En 2010, esta cifra prácticamente se duplicó y alcanzó  a 786 concejalas titulares en todo el país, que según la entidad responde a la aplicación de la Constitución,    que establece  criterios de participación en equidad y en igual de condiciones.

Sin embargo, aunque se advierte un significativo crecimiento de participación política de las mujeres al amparo de todo un andamiaje normativo, en la práctica la labor de las mujeres se "ve interferida por actos de acoso y violencia política”, señala un  diagnóstico  de la asociación de concejalas sobre la situación de las mujeres autoridades.

Las mujeres en la mayoría de los casos son presionadas a renunciar y a abstenerse de ejercer su mandato como corresponde.