Sectores ven un manejo abusivo y político de Ley contra el Racismo en Bolivia

Acosados. Citan como ejemplo los recientes casos del líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado y de la presentadora de televisión, Milena Fernández.

Sectores observan un manejo forzado y político de Ley 045

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EL DIARIO, La Paz



Foto: Milena Fernández es acusada por la Alcaldía de Oruro de racismo y discriminación a la ciudad de Pagador.

La Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación 045 habría caído en una interpretación “forzada” e incluso “politizada”, coinciden analistas, oficialismo y oposición. En ese sentido, se ejemplifican los recientes casos de la presentadora de televisión, Milena Fernández, y del líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan del Granado.

La Ley 045 se promulgó en octubre de 2011 tras una férrea defensa de los medios de comunciación y representantes de la prensa, que observaron riesgos en la manipulación de la norma.

Del Granado se ganó la amenaza de juicio bajo la Ley 045 tras haber dicho que el actual presidente Evo Morales es un “inquilino de Palacio de Gobierno” y por tanto debe “preparar sus maletas” para un eventual cambio de mando en 2015.

La presentadora de televisión, a su vez, fue querellada por decir que Oruro, capital del folklore nacional, es una ciudad descuidada y “fétida”, lo que provocó la reacción de la ciudadanía orureña y las acciones legales desde la Alcaldía.

El abogado constitucionalista William Bascopé, señaló que los administradores de justicia en Bolivia no cumplen sus funciones a cabalidad y en más de las veces caen ante las presiones políticas para aplicar leyes como la 045 que fue diseñada para que ninguna persona sea discriminada.

“Lamentablemente, la Fiscalía a veces actúa por influencia política y estos e suma a que actualmente no existe institucionalidad, no se respetan las leyes que son elaboradas para aplicar las políticas de un Estado y siu los fiscales siguen actuando así no podemos esperar mayores cambios en nuestra sociedad”, expuso.

Bacopé recordó que existe otra norma superiror que es la CPE que establece que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

En contra criterio a lo afirmado, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, opina que en el caso de Fernández se puede aplicar “la conciliación”, es decir, la solución entre una persona y una ciudad.

Milena Fernández se presentó ayer en la Alcaldía de Oruro para tratar de hablar con la autoridad edil Rossío Pimentel, quien interpuso la demanda, pero no fue recibida. Reiteradamente y por diversos medios, desde la televisión o la red Internet, la presentadora de televisión pidió disculpas por sus palabras y luego fue defendida por las organizaciones de la prensa que piden se ventile el caso en la Ley de Imprenta y no en la justicia ordinaria.

Consultada sobre el tema, ayer, la presidenta de la Cámara Baja, Betty Tejada, respondía a los medios de comunicación que la labor informativa no puede ser judicializada cuando se habla de los problemas que toda ciudad o departamento presenta, porque el marco de la Ley 045 se aplica a los ciudadanos y no a los objetos, en este caso lugares.

“En primer lugar, yo tengo una opinión muy personal, los periodistas tienen todo el derecho de ir a nuestras ciudades y decir este techo se está cayendo, esta agua está sucia, y la Ley 045 contra toda forma de discriminación, de ninguna forma tipifica discriminación hacia una ciudad, en este caso la señora periodista en ningún momento ofendió a ningún orureño, lo que la periodista hizo fue observar lo que siempre observamos en carnavales en nuestras ciudades, aquí yo leo en artículos, hasta yo los escribo en su momento después de carnaval, borracheras, basura y todo”, declaró.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, dijo la semana pasada en Santa Cruz que el caso contra Fernández no tiene fundamento y cuestionó la forma “forzada” con la que algunas autoridades judiciales pretenden aplicar la norma antirracismo.

“La señora Milena Fernández no se ha referido a ninguna persona, a ningún ser humano, que sí debe ser protegido por la Ley, y por ello hacer un análisis forzado de ese acápite es inaceptable. El haberla dañado en su honor por haber emitido un criterio, aunque sea equivocado, no se puede castigar con cárcel de siete años al criterio de un ser humano”, dijo.

image Juan del Granado fue advertido por el Pacto de Unidad con ser procesado por decirle al presidente "inquilino".

Sobre Del Granado, el denominado Pacto de Unidad analiza instaurar un proceso por “racismo y discriminación”, porque ven “afectado” al primer mandatario.

“Como Pacto de Unidad nos vamos a reunir y vamos a sentar una denuncia contra este señor por discriminación, porque no puede estar hablando así libremente para los pueblos indígenas, insultando también al presidente de todos los bolivianos, nosotros como pacto de unidad vamos a tomar las acciones”, advirtió la presidenta de la facción oficialista de la Confederación de pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Melva Hurtado.

El vocero del MSM, Edwin Herrera, lamentó las amenazas de los sectores oficialistas y dijo que existe un "evidente nerviosismo en el Gobierno" por la caída de popularidad de Morales y por ello se acude al insulto y la "divulgación de mentiras" como decir que juan del Granado es aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada.