Senador del MAS, acusado de maltrato familiar, retorna a su labor y descarta solicitar licencia

El senador del oficialista MAS, Adolfo Mendoza, retomó ayer a su labor como presidente de la Comisión de Constitución tras la polémica generada por la denuncia de su aún esposa sobre maltrato familiar.

Mendoza retorna a su labor y descarta solicitar licencia

image

EL DIARIO, La Paz



El senador acompañado de Marcelo Poma y Elvio Díaz, representantes del legislativo tarijeño.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adolfo Mendoza, retornó ayer a sus labores como presidente de la Comisión de Constitución tras la polémica generada por la denuncia de su aún esposa sobre presunto maltrato familiar. El legislador pidió no “confundir” las cosas y descartó que vaya a solicitar licencia para asumir defensa en el Ministerio Público. La oposición reprocha su actitud.

Mendoza retornó al Senado y también volvió a asumir el cargo delegado para investigar los procesos de capitalización de la década de los años noventa, en el marco de la investigación encargada por el vicepresidente Alvaro García.

Consultado si dejaría el curul, mediante licencia, para asumir defensa ante el caso conocido por la opinión pública, el senador oficialista contestó: “En absoluto. No hay que confundir los problemas institucionales con otros de otra índole, yo estoy a cargo de la comisión mixta que investigará el proceso de privatización y de la comisión de Constitución”.

Mendoza fue acusado por su conyugue, de quien se encuentra en proceso de divorcio, de haberla agredido el 14 de septiembre en su domicilio de Sacaba llegando a dejarla con cuatro días de impedimento, según certificado forense. El senador cochabambino negó los cargos y pidió “respetar a su familia”, sin agregar mayores comentarios.

Para la oposición su retorno no sólo significa un hecho de “soberbia e impunidad” sino que se deploró lo que consideran como “encubrimiento” a un caso de agresión a la mujer.

Mendoza reapareció para recibir a los representantes tarijeños Marcelo Poma y Elvio Díaz, que presentaron su documentación sobre la privatización de la fábrica de cemento El Puente en 1996 que habría beneficiado a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), además de denunciar que el gasoducto para esas instalaciones no llegaría a beneficiar al resto de la población.

Finalmente, el diputado de Alianza Social (AS), Wilman Cardozo, desmereció esa acusación y dijo que los asambleístas de Tarija sólo buscan protagonismo con este caso.