Exasesores narran pugnas en la cúpula del Gobierno de Evo Morales

Detenidos acusan pugnas en el MAS. Desde Palmasola, exfuncionarios del Gobierno y exfiscales relatan disputas en el Gobierno de Evo Morales y solicitan formular sus declaraciones.

Exasesores narran pugnas en la cúpula del Gobierno

TRAS LA PISTA DE EXABOGADOS DEL GOBIERNO. Los hombres que estuvieron en la estructura de poder ahora desvelan desde la cárcel peleas en el Gobierno. Hablan de su vida en Palmasola. Un ministro reconoce que hay corrupción.

imageRibera, Gómez, Aguilera, Achá, la diputada Echeverría y Villegas en Chonchocorito



EL DEBER, Santa Cruz

Los exabogados del Ministerio de Gobierno que manejaron los casos más sonados en el país perdieron poder, viven mal en Palmasola, pero creen que aún tienen mucho por revelar. Boris Villegas y Fernando Ribera, los hombres que vestían trajes de etiqueta, viajaban en avión y ejercían el poder desde altas esferas del Gobierno acusando en uno y otro caso hasta tener entre rejas a los involucrados, ahora andan de chinelas, bermudas y poleras en los pasillos del pabellón B de Chonchocorito, una mole de cemento frío con pocas ventanas que apenas dejan ver los rayos del sol.

Quienes fueron parte de esa estructura de Gobierno ahora aseguran que todo ha sido armado con fines políticos y económicos. EL DEBER accedió a declaraciones, cartas y fotografías. Según dicen, el gabinete jurídico integrado por los ministros Nardi Suxo y Rubén Saavedra; los exministros Wilfredo Chávez y Sacha Llorenti, además del exdiputado Héctor Arce, es gente que se ha dedicado a la ‘manipulación’ de los temas llamados entre comillas ‘de seguridad del Estado’, como los casos de extorsión y terrorismo, entre otros. Villegas incluso los conmina a decir la verdad, a asumir sus responsabilidades y a que ‘no se escuden ni se laven las manos’.

Es más, Villegas desvela que existe una pelea interna entre los miembros de ese gabinete, pero también dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS) por proyectarse en diferentes espacios de poder. Sin embargo, apunta en particular al ministro de Gobierno, Carlos Romero, y lanza la pregunta: “¿Qué busca él con el fin de desacreditarnos a nosotros? Por ejemplo, en el tema terrorismo está buscando desacreditar a Alfredo Rada y a Sacha Llorenti. Todo esto es un tema de poder, intestinamente hay peleas y nosotros somos chivos expiatorios (…) Llorenti es intocable porque me imagino que tiene mucho que decir”.

Reitera que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, es parte de un consorcio de abogados incrustados en los supuestos casos de extorsión y corrupción, con un afán económico en el que habría ‘mucho dinero’.

EL DEBER buscó al ministro Romero y el viceministro Pérez, pero no respondieron.

Reclama un médico

Ribera lleva poco más de 16 meses detenido acusado de ser parte de la banda de extorsionadores que habría recaudado $us 10.000 por la venta del arroz incautado al estadounidense Jacob Ostreicher y de haber pedido $us 50.000 a este ciudadano para favorecer su libertad.

El abogado, más cauto aunque seguro de lo que dice, habla de una venganza política contra ellos y un supuesto informe clandestino que habría presentado el capitán P. A. B. para que lo detengan el 27 de noviembre de 2012. Niega que haya habido extorsión y que todo lo que pasó con Ostreicher fue ‘negligencia’ de sus propios abogados. También cree que hay ‘encubrimiento’ por parte de la Fiscalía con relación a su caso, pues de los casi 30 requerimientos que presentó, ninguno tuvo respuesta. Hoy espera una nueva audiencia, mientras reclama la atención de un médico por problemas con su vista.

La diputada Jéssica Echeverría (PPB-CN) visitó a los exasesores, los exfiscales y exfuncionarios públicos detenidos por supuesta extorsión y corrupción, y recibió unas cartas dirigidas a la diputada Rebeca Delgado y al defensor del Pueblo, Rolando Villena, pidiendo que les tomen declaraciones porque están dispuestos a hablar. Hoy las presentará.

Las misivas también fueron firmadas por la exfiscal Jeanette Velarde, que imputó a Ostreicher y que desde hace un año y cuatro meses está en el penal de mujeres de Palmasola, acusada de uso indebido de influencias. Lamenta que siendo madre soltera deba tener alejada a su única hija y que en todo este tiempo solo se la haya convocado a una audiencia. Según ella, solo cumplió con su trabajo de fiscal y pide a los operadores de justicia no dejarse manejar por intereses políticos.

Un golpe a su familia

El exfiscal Roberto Achá, que está recluido acusado de incumplimiento de deberes en el caso Ostreicher y por una supuesta extorsión al alcalde de Warnes, Mario Cronenbold, siente que los más perjudicados en este proceso son sus hijos. Se queja de que por uno u otro pretexto sus audiencias se pararon y lamenta que los ministerios de Gobierno, de Transparencia y de la Presidencia no hayan constituido domicilio legal en Santa Cruz, lo que significa mayores gastos para hacer los trámites hasta La Paz. Él está convencido de que ‘si quisieran que se esclarezca (estos casos) no hubiesen favorecido o beneficiado que salga Ostreicher del país’.

El exjefe de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), Moisés Aguilera, también detenido en el mismo pabellón, remueve todo un fólder lleno de papeles e insiste en que no tiene responsabilidad en la desaparición de las 5.623 toneladas del arroz de Ostreicher, sino que fueron otros exfuncionarios y los ingenios que las compraron a ‘precio de gallina muerta’.

Su exsubalterno Ramiro Ordóñez, también preso desde 2012 por el mismo caso, ya envió  un memorial a la Asamblea de Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo y a la Cámara de Diputados quejándose de que recién después de cinco meses llegó un dentista al pabellón. Dice usar unas gotas porque su vista quedó reducida en uno de sus ojos, pero lamenta que el médico los visite casi nunca

EN EL PABELLÓN B DEL PC-7 

SIN ELECTRODOMÉSTICOS

Los detenidos piden que les provean de un refrigerador para poner remedios y alimentos.

LAS CELDAS

Miden como un metro y medio de ancho por tres de largo. Ahora pueden salir al pasillo.

LOS PRIMEROS DÍAS

Según dicen, durante 60 días los tuvieron encerrados, no había agua potable ni energía eléctrica.

UN EXFISCAL AHORA DEBE LIDIAR CON SU SALUD

De caminar lento y con varios kilos menos, el exfiscal de Distrito Isabelino Gómez Cervero lleva un rosario que deja entrever bajo su camiseta blanca. El hombre que solía dar órdenes de autoridad ahora habla despacio y su mirada divaga de rato en rato como pensando en quién sabe qué. Un informe de la médica Éricka Claro, del 5 de septiembre del año pasado, señala que tiene diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia renal y venosa, lo que le provoca hinchazón en la cara, adormecimiento y manchas oscuras en brazos y piernas por la tromboflebitis.

Así lleva más de nueve meses detenido, acusado de un supuesto cohecho de $us 80.000 denunciado por Crescencio Pinto Costas y por ser presunto miembro de la red de exfuncionarios públicos que extorsionaron al estadounidense Jacob Ostreicher.

Gómez insiste en que es inocente y se limita a pedir que la Fiscalía dicte su sobreseimiento como un derecho que tiene, sobre todo por su estado de salud. En el pabellón no les permiten tener ningún electrodoméstico (solo una radio) a diferencia de otras secciones del penal.

Todos los días su madre de 60 años peregrina hasta el PC-7 con sus medicamentos para la diabetes, porque como no tienen refrigerador no puede conservarlos en el lugar. La mujer camina más de un kilómetro a pie y a la intemperie, bordeando otros pabellones en medio de matorrales, tierra y, cuando llueve, un barro profundo en que los pies se hunden.