Acusados se quejan por el abandono de gobernador, políticos y cívicos de Santa Cruz

Caso Rózsa-terrorismo: Presos en la cárcel de Palmasola, de Santa Cruz, y San Pedro, de La Paz.

Acusados se quejan por el abandono de Costas y cívicos

El gobernador Rubén Costas dijo que no se olvidó de ellos y que el 16 de abril de 2009 fue el primero en salir a denunciar la ilegalidad del operativo.

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Acusados posan en el intermedio de una audiencia en Santa Cruz.

Página Siete / La Paz

Los cruceños detenidos preventivamente en San Pedro y Palmasola, acusados de terrorismo, se quejaron por el abandono del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, de legisladores cruceños y cívicos de su región.

En una visita que realizó Página Siete a los penales de Palmasola y San Pedro,   los acusados afirmaron que durante su encierro no recibieron ni una visita de las autoridades cruceñas. 

«Es una pena cómo Costas, cívicos y legisladores se olvidaron de nosotros. Ni siquiera nos visitaron para saber si necesitamos una aspirina. Nos duele que nuestras autoridades se olviden de nosotros”, reclamó Juan Kudelka, quien se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

En la misma línea, Zvonko Matkovic (hijo), detenido en el penal de San Pedro, lamentó que Costas y líderes cívicos no se pronuncien para que se conozca la verdad de los hechos.

«Estamos acusados injustamente, pero las autoridades de Santa Cruz no se pronuncian ni nos visitan. A cinco años del caso no hubo ni una llamada a nuestros familiares. Se olvidaron que su gente está injustamente encerrada”, manifestó Zvonko.

Empero, Matkovic admitió que Roly Aguilera, secretario general de la Gobernación de Santa Cruz, fue la única autoridad que se contactó con ellos para expresarles su respaldo.

«Hay que ser hidalgos. Roly fue el único que por lo  menos preguntó por nosotros”, indicó.

Mientras Gelafio Santiesteban, quien también está detenido en San Pedro, pidió a las autoridades cruceñas «recordar que el Gobierno acusó y encerró a su gente de forma injusta e ilegal”.

En tanto que Juan Carlos Guedes, detenido en Palmasola, pidió a los cruceños «sacar a luz la verdad, gritar por justicia porque el caso terrorismo fue el caballo de Troya del Gobierno para descabezar a líderes cruceños que lucharon por la autonomía”.

Por otra parte, los acusados destacaron -por separado- el apoyo de la senadora por Pando Carmen Eva Gonzales.

«Una senadora pandina es la  única que nos ayuda para que se conozca la verdad del caso terrorismo”, destacó Kudelka. En respuesta, el gobernador Costas aseveró por correo a Página Siete que está haciendo seguimiento y que no se olvidó de los cruceños involucrados «sin pruebas” en el caso terrorismo.

«Cómo nos vamos a olvidar de los compañeros que están perseguidos. El mismo día del ajusticiamiento, fui el primero en salir a la opinión pública para referirme sobre el caso y denunciar que en el operativo a Las Américas no participó un fiscal”, indicó.

Acusan a canciller por carta de Soza

Gary Prado, abogado de los acusados en el caso terrorismo I, denunció que la Cancillería boliviana se niega a realizar el reconocimiento de firmas de los funcionarios de Itamarati de Brasil que legalizan la carta que dejó el exfiscal Marcelo Soza para obtener el refugio de 180 días hasta que el Consejo Nacional de Refugiados (Conare) resuelva su solicitud.

«La Embajada de Bolivia en Brasil ha remitido en consulta los documentos a la Cancillería en La Paz y esta entidad instruyó que detenga este trámite hasta que no se resuelva la situación jurídica de Marcelo Soza”, informó Prado.

Denunció que el objetivo del Gobierno es evitar que la carta de Soza sea presentada en la etapa probatoria del juicio oral,  como prueba de que el caso terrorismo fue un montaje del Gobierno para «descabezar” a líderes cruceños.

Elío descarta  cualquier proceso contra la «comisión de la verdad”

Agencias  / La Paz

El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, (MAS), descartó ayer iniciar algún proceso contra los miembros de la denominada comisión opositora de «Justicia y Verdad”, que iniciaron una investigación de los casos red de extorsión y terrorismo I.

Empero, Elío reiteró que la comisión no fue legalmente conformada como establece el reglamento de la Cámara Baja, por lo que las acciones de la misma serían «una franca usurpación abierta de funciones a título político”, con la intención de frenar el juicio por el caso terrorismo.

«No hemos tomado en cuenta iniciar ningún proceso, ni judicializar el tema. Nosotros, como Cámara, no hemos conformado ninguna comisión especial y, en ese entendido, nos tiene sin cuidado lo que vayan a hacer”, manifestó Elío.

En un carta enviada el pasado 4 de abril -según ABI- al ministro de Gobierno, Carlos Romero, Elío señala que las actuaciones de la comisión opositora «podrían generar responsabilidades, ya que estarían ejerciendo funciones sin haber cumplido las formalidades establecidas por el marco legal vigente que rige la actividad parlamentaria”. 

Por otra parte, el líder de Unidad Nacional (UN) y promotor del Frente Amplio (FA), Samuel Doria Medina, aseveró que el juicio oral está estancado y «no tiene sentido” retener en la cárcel a los acusados de terrorismo.

«Son 1.826 días que Santa Cruz es acosada, es perseguida, es extorsionada  bajo la acusación de que son separatistas, de que querían separar el país. Está clara la consigna: se tiene que lograr la libertad de todos los presos para que se puedan defender en pleno uso de su libertad después de cinco años que ese proceso no avanza”, indicó Doria Medina.

El líder de UN realizó esa declaración en el foro-debate que se realizó en Santa Cruz.

«Comisión de la verdad” tramita visita a exfiscal Soza

La diputada de oposición Norma Piérola (CN) informó ayer que iniciaron un trámite ante la Cancillería de Brasil para que autorice a la comisión de la «Justicia y Verdad” una entrevista con el exfiscal Marcelo Soza, quien tiene refugio temporal de 180 días en ese país.

«Queremos hablar con Soza para consultarle sobre el contenido de su carta”, dijo la legisladora, que anunció que la comisión viajará la próxima semana a Santa Cruz para visitar a los acusados del caso red de extorsión.

Piérola también informó  que mediante memorial  pidieron al Tribunal de Justicia de La Paz que solicite a los medios de comunicación escrita una copia de la factura de la solicitada que publicó el Ministerio de Gobierno en medios escritos.

Con las copias, «que se convertirán en prueba judicializada” -dijo Piérola- presentarán una querella contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por los delitos de calumnia, injuria y difamación.

Aclaración

Página Siete informó el miércoles, aludiendo a una solicitada, que el Ministerio de Gobierno «acusó a los miembros de la Comisión de  Justicia y Verdad de estar relacionados con una célula separatista y de recibir financiamiento de prófugos que se encuentran en EEUU y Brasil”. Sin embargo, esa solicitada no incluye tal información.