La compensación que realizará el Estado será de $us 65 millones. Se anunció que con Albertis no se pactará.
Harán millonario pago a eléctrica española
EL DEBER
El Estado pagará $us 65 millones a la empresa Red Eléctrica de España (REE) luego de llegar a un acuerdo por la nacionalización, en mayo de 2012, de su filial Transportadora de Electricidad (TDE) en Bolivia.
Ayer, el gabinete ministerial aprobó el decreto 2156 que autoriza al Ministerio de Hidrocarburos suscribir un acuerdo transaccional definitivo con la empresa española, para saldar dicha expropiación.
“La empresa había presentado un arbitraje ante la Corte de la Haya, por $us 200 millones por la nacionalización. Luego de un proceso de negociaciones se llegó a un acuerdo para que la empresa sea compensada con un monto económico por debajo de la exigencia”, dijo el procurador general del Estado, Héctor Arce.
Este acuerdo eliminará el arbitraje y ayuda a sanear y consolidar la nacionalización.
No obstante, el procurador aclaró que de los $us 65 millones, el Estado boliviano descontará obligaciones a la compañía española. Por ejemplo, se descontará $us 26 millones por una deuda con la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), $us 3,5 millones por obligaciones tributarias y regulatorias. Lo que se va a pagar en efectivo, serán $us 36 millones.
Según Arce, aún está pendiente la negociación con la empresa Pan American Energy, por la expropiación de sus acciones en la firma petrolera Chaco y espera resolver de la misma forma, con Iberdrola, que tenía acciones en Electropaz.
Sin embargo, Arce fue enfático en señalar que con la española Albertis que debía administrar terminales aeroportuarias, el Estado boliviano no pactará porque considera que hubo “daños económicos y actitudes incorrectas de la empresa en Bolivia”
La REI será indemnizada con $us 65 millones
Bolivia pagará casi un tercio de lo que demandaba Red Eléctrica. Acuerdo. Será indemnizada con $us 65 MM, aunque solo se le pagará $us 36 MM.
Cochabamba. Los ejecutivos de REI y el embajador de España (der.) salen de las oficinas de la TDE. Fernando Cartagena-Archivo.
La Razón / La Paz
Bolivia indemnizará con $us 65 millones a Red Eléctrica Internacional (REI) por la expropiación de sus acciones en su filial Transportadora de Electricidad (TDE). La cifra significa el 32,5% de los $us 200 millones que pedía la firma. En el caso de Iberdrola, el Gobierno dijo que hay avances.
De los $us 65 millones, la compañía española debe pagar una deuda que tiene con la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) por $us 26 millones y $us 3,5 millones por obligaciones tributarias y regulatorias. Por lo que, al final, el Estado boliviano le pagará aproximadamente $us 36 millones.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, informó que el gabinete de ministros aprobó el Decreto Supremo 2156 que autoriza al Ministerio de Hidrocarburos y Energía y a ENDE suscribir en las próximas semanas un “convenio transaccional y definitivo” con la firma española REI para que se consolide la nacionalización de la TDE en favor del Estado boliviano.
Afirmó que la medida es parte del mandato de la Constitución Política del Estado (CPE), que reconoce “el acceso de la energía eléctrica como un derecho fundamental de las personas”.
Negociación. Arce explicó que el acuerdo con la compañía española se logró luego de un largo proceso de negociaciones encarado por la cartera de Hidrocarburos, ENDE y la Procuraduría General del Estado (PGE). Precisó que con la “solución amistosa” a la que se llegó con Red Eléctrica Internacional se compensará a la firma con $us 65 millones, “que representa una tercera parte de lo que ellos pretendían cobrar” con el arbitraje.
La autoridad recordó que el Estado boliviano recibió, el 26 de febrero de este año, la notificación de arbitraje internacional interpuesto por la compañía española ante el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, en la que exigía una indemnización de $us 200 millones por la nacionalización en la gestión 2012 de su paquete accionario en su filial TDE. Con la disposición, sostuvo, se elimina el arbitraje internacional y se evita una situación de confrontación que puede prolongarse por meses o años.
El Procurador especificó que de los $us 65 millones, la empresa española debe pagar varias obligaciones. De ese total, detalló que debe cancelar una deuda de $us 26 millones que tiene con ENDE y otros $us 3,5 millones por obligaciones tributarias y regulatorias. “Aproximadamente lo que pagará el Estado boliviano son $us 36 millones, el cual es un monto conveniente para Bolivia y también para la empresa”.Arce reveló ayer que el Gobierno de España tiene una participación del 20% en Red Eléctrica Internacional.
La autoridad resaltó que la firma española se suma a las empresas en el sector eléctrico con las que se llegó a un convenio por las expropiaciones efectuadas en las acciones de sus filiales. Dijo que el Estado llegó a acuerdos con la británica Rurelec por la nacionalización de Guaracachi y con la francesa GDF Suez por la expropiación de Corani y Valle Hermoso.
En el caso de Iberdrola, el Procurador manifestó que existe un proceso de negociación abierto y que existen “importantes avances”, aunque todavía no se tiene la certeza de haber logrado un convenio por la expropiación, el 29 de diciembre de la gestión 2012, de sus cuatro filiales bolivianas: Electropaz, ELFEO, CADEB y Edeser.
Con PAE hay un acuerdo
Convenio
Arce ratificó ayer que en las próximas semanas se firmará un acuerdo similar con Pan American Energy (PAE). En agosto, la autoridad dijo que la firma recibirá menos del 30% ($us 498 millones) de la compensación que exigía ($us 1.493 millones).
Desconocen jurisdicción de la CCI en caso Jindal
El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que el Estado boliviano no reconoce la jurisdicción de la Corte de Comercio Internacional (CCI) en el segundo arbitraje presentado por la siderúrgica Jindal Steel & Power (JSP). “Nosotros hemos contestado formalmente este segundo arbitraje y vamos a hacer valer la inexistencia de una jurisdicción, la imposibilidad de que en esta vía pueda ser demandado el Estado boliviano”, aseguró la autoridad.
Con base en declaraciones de Jorge Valda, abogado de la india Jindal Steel Bolivia (JSB), subsidiaria de JSP en el país, el 24 de septiembre La Razón publicó que la segunda demanda presentada ante la CCI es por un monto de $us 100 millones, por daños y perjuicios, en la que esta vez el proceso involucra al Estado boliviano.
Arce ratificó que la Procuraduría General del Estado ya asumió defensa en la segunda demanda que la JSP presentó ante la CCI, esta vez contra el Estado, debido a que éste “no es parte del contrato y no puede ser demandado”. Reiteró que la primera demanda presentada por Jindal Steel Bolivia ante esa corte fue en contra de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y que es una firma estatal independiente, por lo que el Estado no asumirá defensa.
‘No se negociará pago con Abertis’
El Gobierno confirmó ayer que no negociará el pago de una compensación con el consorcio Abertis y la Agencia Española de Navegación Aérea (AENA) por la nacionalización de su filial Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) en 2013 y aseguró que se defenderá del arbitraje presentado en su contra por esta sociedad.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, afirmó que la posición del Estado boliviano es “muy firme” porque el consorcio cometió “daños económicos muy grandes” y tuvo “actitudes incorrectas”. En esa línea, indicó que esas irregularidades se demostrarán en el proceso de arbitraje, que tendrá una audiencia la primera semana de diciembre de 2014.
“El Estado boliviano, la Procuraduría en particular, demostrará con mucha firmeza todo el atropello, el abuso y las acciones incorrectas, desde todo punto de vista, principalmente económico, que hizo Abertis a su paso por Bolivia”.
El 18 de febrero de 2013, el Estado nacionalizó, vía decreto supremo, las acciones de Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA con el argumento de que incumplió un plan de inversiones para la mejora de las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal. El 5 de mayo de 2011, el consorcio ya interpuso un arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional y pidió una compensación de $us 90 millones.
Arce reiteró que la española no vino a Bolivia a invertir, ni trabajar, ni desarrollar los aeródromos, sino que vino como otras firmas, a “pretender enriquecerse indebidamente”. Por ello, reiteró que no se negociará un acuerdo con el consorcio porque en los casos donde “hubo ineficiencia en el servicio, mala intención, abuso de una empresa” se busca demostrar esos hechos y se asumirá defensa.