Corrupción Fondioc: exministra Ramos está en prisión y senador Choque tiene detención domiciliaria

Corrupción en el Fondo Indígena de Bolivia. La audiencia del exdirigente campesino Damián Condori se realizará hoy a las 11.15

Envían a prisión a Ramos y Choque tendrá detención domiciliaria



Proceso. Julia Ramos (izq.) junto a sus abogados en la audiencia.

Proceso. Julia Ramos (izq.) junto a sus abogados en la audiencia. Wara Vargas.

La Razón / La Paz 

El juez 1° de Instrucción Anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto, ordenó la detención preventiva de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos en el Centro de Orientación de Obrajes. Para el senador del MAS Jorge Choque ordenó la detención domiciliaria con arraigo y fianza.

La autoridad jurisdiccional resolvió en primera instancia la situación de la exministra Ramos, esto se dio en la audiencia cautelar de ayer, realizada en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que empezó a las 11.15 con una acción de libertad presentada por la defensa de Ramos, pero rechazada por Pinto.

El acto judicial duró al menos seis horas. Luego se inició la causa en contra del senador Jorge Choque, a las 18.20, en la que su abogado presentó un incidente de actividad procesal defectuosa que observaba acciones ilegales en contra de su condición de legislador, pero el recurso también fue rechazado por el juez.

Presión. La audiencia cautelar se realizó bajo la presión de sectores sociales que pedían la libertad de Choque. Por ello, se desplegó al menos 50 efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para evitar conflictos en el acto procesal.

El fiscal asignado al caso, Ángelo Saravia, informó que el juez “determinó detención preventiva en el penal de Obrajes a pedido de la Fiscalía, ya que se vio que existe riesgo de fuga y peligro de obstaculización en la investigación”. Saravia indicó que Ramos es acusada de recibir recursos para nueve proyectos “fantasma”. Los delitos por los que se la imputó son: contratos lesivos al Estado, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, además de conducta antieconómica.

Paulo Gutiérrez, abogado de Ramos, anunció que apelará la decisión del juez, debido a que considera que se vulneraron los derechos de su defendida, por lo que presentará la acción en las próximas horas. Ramos, Choque y el disidente del MAS Damián Condori permanecieron en calidad de aprehendidos por cinco días en celdas judiciales de La Paz y El Alto, luego de que declararon ante la comisión de fiscales que investiga el caso del extinto Fondo Indígena.

Este caso comenzó en febrero, luego de que la Contraloría General del Estado denunció un daño económico al Estado de Bs 71 millones por 153 proyectos inconclusos o no ejecutados. Por esto, el Gobierno intervino el Fondo por seis meses y en el trabajo de revisión de las 1.100 obras, se detectó 38 proyectos “fantasma” que causaron un daño de Bs 24,5 millones, que podría subir, ya que falta la verificación de más proyectos.

En la audiencia del senador Choque, el juez determinó medidas sustitutivas  y aplicó la detención domiciliaria, su arraigo y el pago de una fianza de Bs 40.000, informó su abogado, Andrés Zúñiga. “Al ser senador, él tiene autorización sin límite para desempeñar estas funciones”, agregó el jurista, sin embargo, esta autorización se dará cuando garantice un domicilio legal.

Zúñiga denunció que la Fiscalía demandó inicialmente una detención preventiva de Choque, pero luego solicitó medidas sustitutivas debido a que en el numeral 152 de la Constitución Política se señala que no está permitida la detención en la cárcel de los legisladores. En tanto, por decisión del juez, la audiencia del exdirigente campesino Damián Condori ingresó en cuarto intermedio hasta hoy a las 11.15, en el mismo salón judicial.

Se anotan los bienes

Proceso

El fiscal asignado al caso, Ángelo Saravia, informó ayer que se solicitó la “anotación de bienes” de los imputados en el proceso del Fondo Indígena: la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos, el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jorge Choque y del disidente del MAS Damián Condori. También se solicitó informes a la autoridad de bancos.

Sectores sociales piden liberar a dirigentes

Afiliados a la Federación de Campesinos Túpac Katari y Bartolina  Sisa (La Paz) realizaron una protesta en los juzgados paceños para pedir la libertad del senador Jorge Choque (MAS) y de la exministra de Desarrollo Rural Julia Ramos. Los sectores instalaron una vigilia en puertas del Salón Rosado, en el hall del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, con el fin de presionar a las autoridades judiciales para que se deje en libertad a los acusados por el caso Fondo Indígena.

David Quispe, dirigente campesino, anunció que las medidas de presión se mantendrán si es que el proceso continúa en contra de estas personas, ya que no hay pruebas suficientes para acusarlos. Incluso aseguró que los técnicos del Fondo Indígena en Liquidación no fueron a los lugares donde se ejecutaron los proyectos.

“Vamos a aplicar la justicia comunitaria en contra de Rafael Quispe (denunciante) porque está en la Constitución, ya que se considera que él traicionó a su organismo, incluso pediremos la expulsión de su comunidad y la expropiación de sus tierras”, dijo Quispe.  El diputado Rafael Quispe, de Unidad Demócrata (UD), es querellante en el caso Fondo Indígena.

En la plaza principal de la ciudad de Tarija, más de 20 mujeres afiliadas a la Federación de Mujeres Bartolina Sisa realizaron una marcha para exigir la liberación de su dirigente Julia Ramos. Ellas portaban pancartas en las que exigían justicia. En Sucre, seguidores de Damián Condori anunciaron movilizaciones para exigir que se libere al excandidato a la Gobernación de Chuquisaca. El hijo del político lloró para exigir que se deje en libertad a su padre, según un reporte de la red Uno.

Morales exige pruebas documentadas

Ante críticas de la oposición, en sentido de que las últimas detenciones son una “cortina de humo” para no enjuiciar a autores intelectuales dentro del caso Fondo Indígena, el presidente Evo Morales exigió pruebas para que éstas sean enviadas a la Justicia y se sancione a los culpables.

“La Justicia tiene que ver con todos, ¿qué cortina de humo? (dicen los opositores), todavía no están llegando los autores intelectuales (indican), que presenten pruebas de dónde están los autores intelectuales, que no solamente lo digan por los medios de comunicación. Y si hay pruebas documentadas, dejamos en manos de la Justicia y que la Justicia juzgue”, sostuvo el Jefe del Estado en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Gobierno.

Advirtió que ante la ley todos somos iguales, sin distinción de cargo. “Quien robe un peso o dos pesos, si está documentada la denuncia, ésta tiene que estar en manos de la Justicia, pero que no se juzgue por calumnias”, añadió. Destacó el hecho de que actualmente ya no hay inmunidad para asambleístas que hayan cometido delitos, dentro de la lucha contra la corrupción.

La exministra Ramos va a la cárcel por el caso Fondioc

En otra audiencia cautelar, el senador masista Jorge Choque recibió detención domiciliaria. Anotan los bienes de todos los imputados.La exministra Ramos va a la cárcel por el caso FondiocLa exministra fue conducida a Obrajes tras la audiencia.Página Siete / La PazEl juez anticorrupción de El Alto, Ricardo Pinto Olmos, determinó ayer la detención preventiva de la exministra y dirigente de las bartolinas, Julia Ramos, en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, mientras la Fiscalía tramita la anotación preventiva de bienes de todos los imputados  por el caso  del Fondo Indígena.El juez dictó la resolución tras  una audiencia que comenzó a las 11:00 y duró siete horas. La demora obedeció a que Ramos presentó una acción de libertad por  detención indebida, pero ésta  fue denegada por el juez.»Demostramos ante el juez que había los peligros de riesgo de fuga y obstaculización a la investigación y Ramos será remitida a la penitenciaría de Obrajes”, informó ayer el fiscal Anghelo Saravia, quien salió apresurado del salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se programaron las audiencias de medidas cautelares de Julia Ramos, del senador Jorge Choque Salomé (MAS) y del exdirigente campesino Damián Condori.Al menos 20 efectivos policiales custodiaron la audiencia  porque  miembros de las «Bartolinas” y de la Federación de Campesinos de La Paz «Túpac Katari” intentaron ingresar por la fuerza a la sala. Además, amenazaron con «chicotear” (azotar) al diputado  Rafael Quispe y a la interventora Lariza Fuentes, ambos querellantes.»Le vamos a quitar sus tierras a Rafael Quispe, traidor de los campesinos, y  aplicaremos justicia comunitaria. Similar medida asumiremos contra Lariza Fuentes, le estamos dando 72 horas para que explique por qué denunció a nuestros hermanos”, advirtió ayer el dirigente de Túpac Katari, David Quispe.La exministra de Justicia y Desarrollo Rural y Tierras es acusada por contratos lesivos al Estado,  enriquecimiento ilícito e  incumplimiento de deberes  por  proyectos «fantasma” por  7,5 millones de bolivianos.Tras la lectura del fallo, Ramos no quiso realizar ninguna declaración,  pese a la insistencia de los periodistas; luego    fue llevada al penal de mujeres de Obrajes, donde   también está detenida desde hace nueves meses la primera directora ejecutiva del Fondo Indígena, Elvira Parra.El fiscal del caso, Anghelo Saravia, declaró que tramitan la anotación preventiva  de bienes de todos los imputados en el caso del Fondo Indígena.»La Fiscalía está haciendo los actos de investigación para pedir la anotación preventiva de bienes de todos los imputados hasta el momento. Ya tenemos la resolución y la remitimos al Consejo de la Magistratura de Sucre”, afirmó la autoridad en declaraciones a los periodistas.Por el caso Fondo Indígena están detenidos los exdirectores ejecutivos Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, además del exfuncionario  Édgar Foronda, entre otros, por incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícitos,  entre otros delitos.ExpulsiónEl presidente de la Brigada Parlamentaria de Chuquisaca, Elmar Callejas, informó ayer que presentará, junto a su colega Francisco Gutiérrez, una nota a la bancada nacional del MAS que pide la expulsión de los culpables del mal manejo de los recursos del Fondo Indígena.Según un boletín institucional, el legislador afirmó que las personas involucradas en esos malos manejos  «no sólo traicionaron al pueblo o al presidente Evo Morales, sino también los principios fundamentales del proceso de cambio”.»Es una injusticia que se esté generalizando, por eso exigiremos expulsiones”, dijo Callejas.Daño  económicoInforme  Desde  2009, el directorio del Fondo Indígena -integrado por representantes de sectores sociales y de cinco ministerios- aprobó 3.177 proyectos; de éstos,    1.100  recibieron al menos un desembolso para su ejecución y 2.077 no recibieron recursos.Proyectos  De los 1.100 proyectos que recibieron financiamiento, se identificaron 30 «proyectos fantasma” y otros 713 no fueron concluidos. Según la liquidadora del Fondo Indígena, éstos generaron un daño económico de 102.253.728 bolivianos.Denuncias  En el Ministerio Público  hay denuncias contra 90 personas, entre ellas los dirigentes disidentes del MAS Damián Condori, Adolfo Chávez, Félix Becerra y otros.»La justicia tiene que caer a todos”El presidente Evo Morales afirmó ayer que «la justicia tiene que caer a todos” los responsables de los actos de corrupción en el Fondo Indígena y aseguró que no se trata de ninguna  cortina de humo las recientes aprehensiones.»La justicia tiene que caer con todos, dicen ‘cortina de humo’, ‘que aún no se detuvo a los actores intelectuales’, entonces que presenten pruebas, dónde están los autores intelectuales, que su denuncia no sea solo para los medios de comunicación y si hay pruebas documentadas, dejamos en manos de la justicia y la justicia que juzgue”, dijo Morales.Según Morales, la ciudadanía exige justicia, pero cuando las autoridades judiciales aprehenden a presuntos responsables, «protesta”, y cuando la justicia no hace nada «afirman que hay protección del gobierno”En febrero de este año, la Contraloría reveló un daño económico al Estado de 71 millones de bolivianos por 153 proyectos «fantasma” e inconclusos del Fondo Indígena. En agosto la interventora confirmó un daño de 102 millones por 30 proyectos «fantasma” y más de 200 proyectos irregulares.