Impostura antiprivatizadora y riesgos colaterales

ERIKAErika Brockmann QuirogaComienzo confesando mi aversión a los fundamentalismos privatizadores y estatizadores que han ordenado el péndulo de nuestra historia pasada y reciente. Y es que al igual que el dogmatismo privatizador, la corriente contraria tiene efectos perversos sobre la convivencia plural en democracia. Lo constatamos a la hora de analizar la confrontación política y de ideas a pocas semanas del referendo modificatorio de la Constitución. De hecho, la amenaza del retorno de la antipatria y de los malos bolivianos ‘privatizadores’ es un eje discursivo recurrente a fin de neutralizar el No contrario a la repostulación, por cuarta vez consecutiva, de Evo Morales a la Presidencia.Coherentes con esta línea de pensamiento simplista y caricaturesca, el régimen creó en su momento la Comisión Especial Mixta de Investigación de la Privatización y Capitalización (1989-2000), encargada de identificar y llevar al cadalso a los herejes que, de una u otra manera, impulsaron la transferencia de recursos públicos a favor de gestores privados. Desde esta perspectiva, el MAS ha impulsado el juicio de responsabilidades a Samuel Doria Medina, por haber autorizado la transferencia de recursos públicos originalmente asignados al programa estatal de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas) a favor de la Fundación para la Producción (Funda-Pro) para la creación de microempresas. Esta medida se habría dado en el contexto del proceso de condonación de deuda bilateral de más de $us 200 millones con EEUU, aplaudida en su momento por progresista e innovadora. De hecho, la transferencia de ese dinero fue condición del acreedor, siempre y cuando se destinaran al fomento de pequeños productores. 25 años después Funda-Pro sigue funcionando con similar fin.Sin embargo, el desborde emocional, retórico y mediático antiprivatizador desvela muchas contradicciones, ignorando que más allá de las nacionalizaciones propugnadas en estos 10 años el Gobierno impulsa y convive con lógicas privatizadoras no siempre virtuosas. Curiosamente, el caso Fondioc ilustra este extremo. Contradictoriamente, los voceros del Sí persisten con la cantaleta antiprivatizadora aun cuando ellos mismos propician transferencias público-privadas.Desde una perspectiva pragmática, privatización y nacionalizaciones no son malas ni buenas en sí mismas. El problema está en la impostura política, en la bipolaridad discursiva que deriva en la judicialización de la política, en dogmatismo e intolerancia sectaria aun a riesgo de reabrir heridas y despertar viejas tensiones el día después de un referendo que nunca debió convocarse.El Deber – Santa Cruz