Justicia destruida, una herencia de Evo Morales

Diego Ayo Saucedo

Fue el Gobierno de Evo Morales el que destruyó la justicia. El motivo reside en el uso político que se hace del Poder Judicial. Me voy a concentrar en recordar los ‘méritos’ del Gobierno en la destrucción de la institucionalidad judicial. Dos componentes deben ser tomados en cuenta: la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Tribunal Constitucional (TC).

La CSJ sufrió una paulatina pero certera agresión desde el Gobierno. Los hitos se suceden cronológicamente:

1. Rodríguez Veltzé contra las cuerdas. Ya en marzo de 2006 el presidente Morales estuvo muy empeñoso en culpar al expresidente Rodríguez por haber autorizado la desactivación de los misiles chinos sin aprobación congresal. El ataque cesó una vez que el presidente de la CSJ decidió renunciar.

2. Renuncias por amedrentamiento. Desde marzo de 2006 se propiciaron ciertas renuncias en la CSJ: Villafuerte abandonó el cargo preocupado por la salud de su esposa; Rocha Orozco renunció en abril por la reducción del 32% del salario; en mayo Ruiz Pérez hizo lo mismo por problemas de salud; en mayo de 2007 Gonzales Ossio renunció alegando estar molesto por los constantes ataques del presidente Morales refiriéndose a ellos como corruptos. Hasta ahí quedaron 7 de 12 miembros

3. Juicios contra los jueces contestones. En 2007 se inicia un juicio de responsabilidad a las magistradas Rosario Canedo y Beatriz Sandóval por haber favorecido a Chito Valle, ex prefecto de La Paz, con sentencias “amañadas”. No se probó nada, pero la agresión gubernamental fue permanente.

4. Fin de gestión sin renovación. En marzo de 2008 terminaron su gestión Ampuero García, Arraya Gutiérrez y Sandóval Parada. La CSJ se quedó solo con 4 magistrados, con el agravante de que el Gobierno decidió no elegir a nuevos magistrados hasta que se apruebe la nueva Constitución. Se generó pues un vacío judicial enorme.

5. Masacre en Porvenir. En septiembre de 2008, 19 personas fueron asesinadas en Porvenir y se culpó de este hecho al gobernador Leopoldo Fernández. El señor fue apresado y llevado a La Paz donde el fiscal de distrito lo procesó por crimen. Se le negó la posibilidad de ser juzgado a través de un juicio de responsabilidades. Su defensa apeló a la Corte Suprema de Justicia y ésta dijo que el caso debería ser manejado por el Fiscal General. El Gobierno inició inmediatamente una interpelación contra los magistrados que aprobaron esta resolución: Irusta y Morales Baptista. Irusta aceptó la recusación y Morales Baptista fue excluido del caso.

6. Presidente de la CSJ obligado a renunciar. En mayo de 2009, Eddy Fernández el presidente de la Corte, fue culpado por demorar el Juicio de Responsabilidades contra Gonzalo Sánchez de Lozada. Se le inició un juicio de responsabilidades.

7. Hotel las Américas. En agosto de 2009 se propicia un nuevo ataque. Los cinco terroristas asesinados en el Hotel las Américas en Santa Cruz, condujeron a que el fiscal de distrito inicie la investigación en Santa Cruz. El Gobierno negó esta posibilidad y exigió que el caso sea manejado en La Paz. Como no hubo acuerdo, se esperó la decisión de la Corte, que tomó partido por Santa Cruz, lo que era correcto pues el caso se originó allá. El Gobierno condenó la decisión judicial y solicitó una interpelación a los 7 magistrados (tres titulares y cuatro suplentes). Hasta febrero de 2010, los cargos seguían pendientes en el Congreso.

8. En noviembre de 2009 se le hace un juicio interpelatorio a Rosario Canedo, acusada de negligencia en el caso de la quiebra del Banco Sur. Se aprobó en Congreso un juicio contra ella con 66 de 77 votos.
Estas acciones quebraron completamente a la CSJ. ¿Qué sucedió con el TC?

9. El LAB. A causa del pésimo estado del LAB, el Gobierno solicitó su intervención en marzo de 2006. Sin embargo, el TC denegó esta demanda favoreciendo a la empresa. El presidente Morales los acusó de haber sido favorecidos con sobornos. El magistrado Salame Farjat amenazó con llevar a juicio a Evo Morales a la Corte Interamericana de Derechos si Evo persistía en la acusación.

10. Renuncias y cooptamiento. Ese mismo mes el magistrado Durán Ribera renunció y su colega Tredennick aceptó al cargo de embajador en Brasil, motivo por el que en noviembre de 2006 renunció. Por esta razón hasta diciembre de ese año el TC operó con 2 titulares y 3 suplentes.

11. Jueces interinos. A diciembre de 2006 el TC estaba funcionando solo con 8 miembros y el Congreso se veía incapaz de elegir a nuevos. Precisamente frente a ese vacío de poder y aprovechando la vacación judicial de julio de ese año, el presidente promulgó el decreto supremo 28993 que llena esas vacancias. El TC acepta a estos nuevos miembros, dando carácter constitucional a la medida presidencial pero aceptando su vigencia solo por 90 días. Morales no acepta esa provisionalidad y manda iniciar juicio de responsabilidades.

12. Más renuncias. En octubre de 2007 el Senado los absuelve de toda culpa, pero la intimidación permanece latente. No en vano las magistradas Íñiguez y Martha Rojas prefieren renunciar alegando difamación contra ellas, persecución pública y ausencia de independencia judicial. Lo propio sucede en diciembre con Wálter Raña quien afirma que recibe amenazas, motivo por el cual decide renunciar, quedando el TC sin mayoría. En marzo de 2008 Arias Romano hace lo propio diciendo que “está cansado de la manipulación judicial”.

13. El Robinsoe Crusoe de la justicia. Quedó solo Salame Farjat, dedicado a emitir decretos “recordando” la importancia de la justicia. Su más controversial decreto de junio de 2008 buscó anular la convocatoria al Referéndum Revocatorio. Por esta razón, se le inició una interpelación que lo llevó, finalmente, en mayo de 2009, a renunciar.

El TC fue pues desmantelado. Ya en 2010 se procede con las elecciones judiciales que terminan por sellar la profunda injerencia gubernamental. La eficiencia nunca fue buscada. Solo el control político

Fuente: eldeber.com.bo

Categorías Opinión