Una sui géneris campaña contra la corrupción

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Maggy Talavera

Este artículo bien podría titularse Hipocresía y cinismo institucionalizado II, en alusión al publicado el domingo pasado. Pero como dicen que segundas partes no suelen ser tan o más buenas que las primeras, preferí nomás bautizarlo diferente, aunque ya verán que, en el fondo, trata de lo mismo: la imposición de una moda perniciosa en la actuación tanto de gobernantes, de aliados y de ocasionales contrincantes, así como en la de gobernados. Es la moda de la hipocresía y del cinismo, que tanto rédito da a las imposturas.

Esta vez, el ejemplo viene de la mano del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y de su nueva campaña para combatir y prevenir este mal, que provoca gran deterioro en la sociedad. La acción está dirigida a maestros y estudiantes de secundaria, y se traduce en la publicación de una serie de diez cuadernillos con temas de transparencia, ética y lucha contra la corrupción, cuyo fin es fortalecer en ese público el rechazo “a toda forma de deshonestidad”, sobre todo en el manejo del bien común y patrimonio público.

Tal vez se preguntarán por qué pongo como ejemplo de hipocresía institucionalizada una iniciativa que suena tan bien. Pues, por eso, porque solo es un sonido agradable al oído tan necesitado de buenas nuevas, pero carente de contenido práctico, como el que da el hecho concreto o la experiencia vivida. Pregunto, ¿cómo pretende convencer a jóvenes y maestros para que rechacen la corrupción si a diario se atragantan con noticias que dan cuenta de la discrecionalidad con que se manejan desde el poder las denuncias de malos manejos y el aliento que suele dar a los corruptos para que queden impunes?

No estoy pensando solo en los escándalos del Fondo Indígena y del caso Evo-Zapata (en este último, la propia titular de Transparencia y Lucha contra la Corrupción ha tenido un rol vergonzoso y contrario a derechos fundamentales), sino también en los que enturbian las gestiones de otros niveles de gobierno y avergüenzan a los administradores de justicia. Antes que maquillar la lucha contra la corrupción, desviándola a actores secundarios, ese ministerio está obligado a justificar su existencia exigiendo ¡transparencia, ya! a sus jefes y socios de gabinete.

En otras palabras: que esas cartillas pedagógicas lleguen primero a los gobernantes y funcionarios públicos, y luego bajen recargadas a la sociedad civil.

El Deber – Santa Cruz

 

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