Gobierno descarta derecho preconstituido a cooperativas

El sector que haya lucrado con subarrendamientos junto a las empresas privadas serán revertidas. Se respetarán las cooperativas solidarias

La bancada opositora en la Asamblea Legislativa cuestionó ayer a las autoridades de Gobierno durante la interpelación por el conflicto minero

La bancada opositora en la Asamblea Legislativa cuestionó ayer a las autoridades de Gobierno durante la interpelación por el conflicto minero

Miguel Ángel Melendres



El vicepresidente Álvaro García Linera descartó que se aplique el respeto al derecho preconstituido, que contempla la Constitución Política del Estado (CPE), sobre los contratos firmados por las cooperativas mineras con empresas privadas; por lo que concede vía libre a la aplicación del Decreto Supremo 2891, que revierte al Estado las áreas mineras que tuvieran contratos con privados.

“El sistema cooperativo tiene el principio de solidaridad, no afán de lucro. Pero cuando se agarra lo que dio el Estado para que sea trabajado por usted en un sistema solidario y lo entrega a un extranjero para lucrar, deja de ser cooperativista. Ahí no pueden ampararse en ningún derecho preconstituido”, explicó, tras la interpelación de los ministros Carlos Romero, de Gobierno, y César Navarro, de Minería, por el problema cooperativo que derivó en seis muertes.

De tomar esa actitud, dijo que la entidad se convierte en una empresa camuflada con el nombre de cooperativa.
Con esa afirmación, el Gobierno puso fin al debate que las federaciones de cooperativas preveían exigir para defender los contratos de riesgo compartido que firmaron con la Comibol y con privados.

La Constitución
El artículo 369 de la CPE establece que “el Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que de-sarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos preconstituidos” y la VIII Disposición Transitoria señala que “el Estado reconoce y respeta los derechos preconstituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social”.

El DS 2891 revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubieran suscrito contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas nacionales o extranjeras.

En ese sentido, García Linera afirmó que el sistema cooperativo que trabaja personalmente la producción, que se rige bajo normas de solidaridad, “tiene sus derechos garantizados”.

No hará falta otra norma
Para aplicar el DS 2891, la Corporación Mineral de Bolivia (Comibol) aseguró el martes que el Gobierno prepara otras normativas que complementen el decreto y lo hagan viable.

Sin embargo, el vicepresidente aclaró que no será necesario tomar ninguna otra norma para su aplicación.
“Lo que se ha emitido como decreto y se ha enviado a la Asamblea, consideramos que ya es suficiente”, finalizó

Fuente: eldeber.com.bo