Elecciones judiciales: ¿Otra pantomima?

Roberto MéndezDesde febrero de 2009, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece –en sus artículos 182.I, 188.I, 194.I y 198- que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y hasta del Consejo de la Magistratura, deben ser elegidos por sufragio universal, de una lista de candidatos establecida previamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero, después de una amarga experiencia en 2011, luego que el Gobierno nacional, cantara a los cuatro vientos que se trataba de un hecho inédito y revolucionario en la historia, hoy en el 2017, estamos en el umbral de continuar con la misma fórmula, en otra aparente pantomima.Precisamente fueron 56 las autoridades elegidas, de los cuatro altos tribunales judiciales, una mayoría de los cuales, a partir de su juramento, dejaron sacos, corbatas y vestidos, y se ataviaron con prendas indígenas, porque uno de los requisitos era pertenecer a una organización indígena-originaria-campesina o ser avalados por ellos, e inclusive no faltó uno que dijo inspirarse en la lectura de las hojas de coca, antes de emitir un fallo.Casi la mayoría de los magistrados electos fueron un desastre. Lejos de solucionar los problemas de retardación de justicia, corrupción y manipulación política, se vieron envueltos en escándalos internos para ocupar las presidencias, líos de acoso sexual, peleas a puño limpio en los tribunales, y terminaron o destituidos, o “renunciados” o procesados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque tuvieron la osadía de observar una Ley del Notario promovida por el actual régimen.Y como experiencia tenemos que, algo que empezó mal, acabó peor, situación que fue reconocida por los mismos militantes del partido en función de Gobierno, pues, entre los errores previos a las elecciones, se observó que estos no tenían legitimidad pues, más de un 50 por ciento de ellos, terminaron asumiendo el cargo, sin legitimidad, a pesar de haber sido derrotados por los votos del abstencionismo y los nulos.Porque las reglas estuvieron mal encaminadas, pues a los candidatos no se les dio la oportunidad de darse a conocer abiertamente y sin restricciones, en los medios de comunicación social. De ahí que estos eran, como lo dijeron varios analistas políticos, tristes desconocidos.Y porque también, los candidatos que quedaron al final, fueron cernidos de tal manera, que quedó establecido claramente que pertenecían o respondían a los lineamientos políticos del actual régimen.Hoy, en 2017, preparamos la nueva elección judicial, cuando aún tenemos en la retina al magistrado contestatario Gualberto Cusi, pidiendo que “de una vez lo eliminen”, pues enfrenta un proceso en la Asamblea Legislativa y denuncia que, todo puede esperar, pues un Ministro de Salud reveló que padece una enfermedad terminal y eso lo ha fulminado civilmente.Comicios judiciales en los que se pretende repetir la misma historia, y los mismos errores, a pesar que se ha anunciado la incorporación de académicos de las universidades bolivianas en la selección de candidatos y en la calificación meritocrática, quienes tendrán la oportunidad de seleccionar a los candidatos que vayan a las comicios, sigue siendo la Asamblea Legislativa, gobernada por el partido de Gobierno.El Gobierno nacional debe saber que se encuentra ante una oportunidad histórica de nombrar a los mejores juristas de Bolivia y pedir la presencia de veedores internacionales que garanticen el proceso.Y lo fundamental, dejar de instrumentar a la justicia para perseguir a opositores políticos, como lo han denunciado exaltos mandatarios de Estado y autoridades en función municipal, hace poco en un manifiesto en el que piden democracia, libertad y justicia.El Día – Santa Cruz