La política en la ‘U’ se calienta y se judicializa sin congreso

Por acciones como esta hay tres estudiantes y un catedrático procesados por la Fiscalía



Pablo Ortiz

De a poco, el ambiente político en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno comienza a hervir.  Al cierre de esta edición, tres huelgas de hambre denunciaban la judicialización de la política interna, mientras el ala izquierda de los estudiantes trataba de tomar la sesión del Ilustre Consejo Universitario y protestaba frente al paraninfo. Las cenizas de la toma y quema del campus universitario, ocurrida en julio del año pasado, durante las elecciones de rector, aún vuelan en el ambiente. Tres universitarios y un catedrático están siendo procesados en la justicia ordinaria por los destrozos de la lucha política interna, algo que, según los que conocen la historia de la Gabriel, nunca había sucedido. Ahora, la palabra miedo ronda en la boca de los que participaron de las protesta y prefieren guardar silencio ante el anuncio de que 11 estudiantes más están en la mira de la Fiscalía para ser procesados.

“Se ha perdido la institucionalidad universitaria y hoy el término autonomía no existe”, dice Arturo Martínez, estudiante, puntero político del frente Renovación, que ganó las elecciones de la Federación Universitaria Local hace unos meses y que, según sus contrarios, tenía nexos con Demócratas. Martínez asegura que, al no haber sintonía política entre el rectorado y la FUL, se ha desatado una persecución que comienza con el encarcelamiento y liberación del dirigente Peter Erlwein y que continúa con un supuesto hostigamiento en las aulas a los dirigentes por parte de los catedráticos.

Oswaldo Ulloa, vicerrector de la Gabriel, niega que haya persecución política. Asegura que lo que ocurre hoy son las consecuencias de lo vivido en julio del año pasado, que la denuncia no fue interpuesta por el actual rector, Saúl Rosas, sino por el rector en ejercicio de ese entonces. Además, asegura que a los administradores de la universidad no les quedaba otra que sentar una denuncia ante la Fiscalía, caso contrario podrían ser acusados de incumplimiento de deberes y procesados judicialmente. Es justamente esa la justificación que el jueves por la noche dio el rector Rosas a Sara Vásquez, universitaria que se encontraba en huelga de hambre en el Rectorado. No podía retirar la denuncia, pero sí ofreció conformar una comisión de abogados para ayudar a los universitarios a librarse del proceso. Vásquez, que junto a Erlwein firmó el acta de entendimiento que puso fin a la toma de la universidad en julio pasado, no quiso levantar su huelga de hambre hasta que no haya un documento firmado.

Incluso desconfía de la firma del rector. El acta de entendimiento de 2016, que fue rubricada con la mediación de la Federación de Juntas Vecinales y la Defensoría del Pueblo, sirvió como prueba de cargo a la Fiscalía para pedir prisión preventiva contra Erlwein. La lista de procesados la completan la universitaria María José Herrera y el docente Miguel Cadima, que se abstuvo de declarar cuando fue citado por la Fiscalía. 

Para el catedrático y politólogo Luis Andia, esta es la primera vez que se lleva ante la justicia a estudiantes y catedráticos que lideraron una toma, pese a que este tipo de acciones políticas son las que han generado cambios en la U. Recuerda que el goce de la autonomía es producto de una toma, que fue este mismo instrumento el que se utilizó para expulsar a un rector de la dictadura y volver a la democracia interna.  Recuerda que los estatutos de la Gabriel tienen los mecanismos jurídicos para procesar internamente a sus estudiantes y catedráticos y que luego estos mismos estamentos tienen la facultad de elevar ante la justicia ordinaria delitos que consideren que deben pasar a este ámbito. En el caso de la toma, estos estamentos internos no fueron activados.

Cuando se le consultó sobre su situación, aseguró que los plazos procesales de la denuncia ya fenecieron, por eso no dijo su verdad ante el fiscal. Sin embargo, cree que los verdaderos responsables de la revuelta no están siendo enjuiciados. Aseguró que hubo candidatos que se sabían derrotados y querían suspender las elecciones de rector, que ellos fueron los que contrataron a barrabravas de Oriente Petrolero y de Blooming para que provoquen desmanes y que tanto estudiantes como Policías fueron víctimas de estos violentos bajo contrato. Cuando terminó de acusar, Cadima pidió por favor que si había utilizado algún término ofensivo sea quitado de su declaración. Cree que el proceso en su contra es una espada de Damocles, que puede ser activado en cualquier momento.

El congreso En teoría, todo el movimiento político que terminó con la universidad en llamas fue para forzar un cambio de rumbo a través de un congreso universitario, una especie de constituyente interna que refundaría la institución, pero hoy, cuando el Tribunal Electoral Permanente ha fijado el congreso para el 10 de octubre venidero, ya no hay mucha fe en que esta sea la vía del cambio.

Ulloa cree que todos estos movimientos políticos de las últimas semanas obedecen a intentos de posicionamientos de estudiantes para mostrarse como potenciales congresistas. Aún sin una convocatoria, se prevé que haya 100 representantes estudiantiles y un número similar de docentes, es decir, cinco docentes y cinco estudiantes por facultad. 

Sin embargo, el problema es que una parte de los docentes y de los alumnos ya no confían en que el congreso cambie profundamente la institución. “No tenemos confianza en la corte. Es la misma que administró las alecciones del año pasado y solo ha habido un cambio de roles entre las mismas personas. Queremos un congreso en el que haya voto igualitario entre docentes y estudiantes, que introduzca cambios profundos. Hoy, Rosas controla el ICU y el congreso podría ser un saludo a la bandera, no un cambio real”, denuncia Vásquez. Sin embargo, hay docentes que dudan que dentro de la política estudiantil haya una pretensión de cambio real, que busque la excelencia académica y romper aislamiento universitario del resto de la sociedad. Daniel Valverde, catedrático de las facultades de Derecho y Humanidades, ve una corriente de catedráticos que han reaccionado, que buscan ser puntuales y mejorar sus métodos de enseñanza. No niega que aún tenga muchos colegas que tratan de vivir de la universidad con poco esfuerzo, pero también denuncia el continuo interés de la dirigencia universitaria de bajar el nivel académico, de buscar mesas evaluadoras para tener un método más de aprobar materias reprobadas, de inscribir materias troncales en cursos de verano o de cursar carreras paralelas sin cumplir con los requisitos académicos. 

Mientras tanto, Andia asegura que la comisión nombrada por el ICU para establecer las bases del congreso guarda silencio y no se hace sentir en la universidad. El politólogo cree que en la medida que el tiempo transcurra y se acerque octubre, esto puede ser el germen de nuevos conflictos. Ulloa, por su parte, cree que al final habrá un congreso pacífico. Está de acuerdo en que se quite la posibilidad de reelección a los rectores, que se aumenten los requisitos para ser catedrático, pero también que se endurezca el sistema de ingreso para los estudiantes. En eso anda hoy la discusión del congreso para reformar una institución que ardió en julio, que hoy se calienta a fuego lento con poca esperanza de cambio verdadero.

Fuente: eldeber.com.bo